Después de semanas de declaraciones erráticas del gobernador Enrique Alfaro sobre la brutal represión de las manifestaciones que exigían justicia por el asesinato de Giovanni López a manos de policías, el caso ya no es suyo. La autoridad federal atrajo la investigación y, además de los videos y los reportes de los defensores de derechos humanos que desmintieron desde el principio la versión del mandatario jalisciense, empiezan a conocerse los crudos testimonios de los detenidos.
GUADALAJARA, Jal.- A pesar de que en las manifestaciones del jueves 4 al sábado 6 en esta ciudad hubo más de un centenar de detenciones arbitrarias por parte de la policía ministerial, en especial el viernes 5, sólo se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) 14 denuncias contra la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esta dependencia la encabeza Gerardo Solís, quien como procurador tiene más de 5 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y 31 observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales fueron ignoradas.
Semanas después de las manifestaciones para pedir justicia por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, la escasa proporción de denuncias se debe al temor de muchas de las víctimas, reconoce el titular de la FECC, Gerardo de la Cruz Tovar.
Este semanario obtuvo testimonios de personas detenidas ilegalmente por agentes de la FGE cerca de sus instalaciones. La mayoría coinciden en que, tras arrestarlos sin motivo, policías vestidos de civil los llevaron a la dependencia, donde robaron sus pertenencias, los agredieron físicamente y los sometieron a torturas psicológicas, incluyendo amenazas de desaparecerlos o matarlos.
A condición de que no se revelen sus nombres, debido a las amenazas que recibieron, varias personas narraron que el viernes 5 se dirigían a la manifestación para pedir justicia por el asesinato de Giovanni López y la liberación de 28 inconformes aprehendidos el día anterior, pero no alcanzaron a llegar.
Torturados, enjaulados, robados
Una de las víctimas –a quien llamaremos Laura– narró que iba con cinco personas, dos de ellas mujeres que llevaban cartulinas con consignas. A unas cuadras de la sede de la FGE alrededor de seis policías empujaron violentamente al grupo contra una valla.
Ella preguntó por qué los detenían y la respuesta fue: “Cierra el hocico o te partimos la madre”. Tras decirles que se les acusaba de vandalismo y de revoltosos, con golpes y jalones los subieron a una camioneta roja sin logotipos oficiales. Laura gritó para que los transeúntes se percataran de la detención arbitraria, pero los policías la golpearon a ella y a sus compañeros y les advirtieron que debían quedarse agachados.
Incluso unos agentes se sentaron sobre una de las mujeres, que lloraba, tendida en la caja de la camioneta. Las agresiones físicas y verbales siguieron durante el trayecto a la FGE.
La declarante confirma otros testimonios al señalar que los metieron a las instalaciones policiacas por la puerta trasera y los concentraron en un patio. Se estima que era un centenar de detenidos, en su mayoría jóvenes. A todos los despojaron de sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares, algunos de los cuales supuestamente fueron enviados al área de inteligencia. Después los policías pusieron a los detenidos contra la pared y se burlaban de ellos. E insultaban y golpeaban a quien intentara voltear a verlos.
Laura quiso dialogar con los policías, que “por alborotadora” la metieron a una jaula colocada en el mismo patio, donde había entre 15 y 20 personas, entre ellas algunos menores de edad. Una mujer armada con algo parecido a un “fémur de caballo” siguió golpeando e insultando a los encerrados en la jaula.
En todo ese tiempo a nadie le preguntaron sus datos ni le tomaron declaración. En cambio, los ministeriales les advirtieron que iban a vengar a su compañero de la policía municipal de Guadalajara que el día anterior fue quemado por un manifestante cerca del Palacio de Gobierno. Aunque les prometieron regresar los celulares (porque, dijeron, son “puercos pero no rateros”), incumplieron y en algunos casos usaron información del aparato para intimidar a amigos y familiares de sus víctimas.
Transcurridos unos 40 minutos desde su detención, les avisaron que los iban a liberar, pero “si nos volvían a ver, ya no la íbamos a contar”. Tuvieron que salir de la jaula con la cabeza agachada, pues si miraban a alguno de los policías “nos iban a dar una putiza”.
Por “meterse con el gobernador”
Un estudiante de la Universidad de Guadalajara, que pidió el anonimato, señala que los ministeriales: “Nos dejaron muy en claro que eso nos estaba pasando por meternos con el gobernador… Constantemente nos repetían que nos iban a desaparecer y que nuestros familiares nunca nos iban a encontrar”.
Él se percató de que en las instalaciones de la FGE, aparte del patio, había detenidos en al menos seis cuartos, cada uno con aproximadamente 30 personas. Afirma también que en ese operativo no participaron sólo 15 policías, como declaró el fiscal Solís: “Eran como 50 en la entrada principal, y en las demás calles no tengo idea de cuántos eran… Entrando a los corralones había como 20 policías cateando y retirando las pertenencias” de los detenidos.
Un profesor de filosofía relata que iba en su bicicleta cuando trató de defender a una joven a la que agredían cinco encapuchados con palos o tubos. Lo derribaron con un golpe muy fuerte en la cabeza y después lo levantaron brutalmente. Como trató de ver la cara de sus victimarios, éstos le dieron otra golpiza y lo subieron a una camioneta, donde hombres con chalecos antibalas, algunos armados, le apalearon las piernas y, tras empujarlo, le arrojaron encima su bicicleta. Para entonces ya se había dado cuenta de que el vehículo no traía placas.
El profesor, quien pidió la reserva de su nombre, recuerda literalmente los insultos que repetían los agentes en el patio de la Fiscalía. Algunos de ellos: “Ya se los cargó la chingada, hijos de su puta madre, por sediciosos se los va a carga la verga”. Un encapuchado, muy corpulento, les ordenó callar. “Nos dijo que nos iban a descuartizar –indica–, que en estos tiempos es muy fácil hacerlo, que si nos desaparecen, nadie se iba a dar cuenta”.
Al parecer nada se improvisó. Todos los testigos que aceptaron hablar para Proceso describieron su liberación de forma similar.
Los subieron a vehículos –en un caso, una camioneta que parecía la de un servicio de banquetes o de pastelería–, con cinco detenidos en cada uno. Dos policías en la caja los mantenían agachados y otros dos iban en la cabina. En el trayecto, los agentes de la FGE los amenazaron: si hablaban de lo sucedido “nos matarían, que ya nos tenían identificados”. Los abandonaron en zonas periféricas o despobladas, no sin antes darles otra golpiza.
A los testigos les preocupa otro hecho. En muchos casos sus familiares recibieron visitas intimidantes de policías, algunos de los cuales insistieron en obtener la dirección de las víctimas.
A la luz del día
María González, coordinadora del Área de Defensa de Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (Imdec), y Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), consideran que en la investigación y reconstrucción de los hechos ocurridos entre el 4 y el 6 de junio en Guadalajara deben participar instancias nacionales e internacionales, como la CNDH, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y periodistas.
Las representantes de Cepad e Imdec atestiguaron que el jueves 4 se detuvo arbitrariamente a 28 jóvenes (seis menores de edad, dos mujeres y 20 hombres), así como a cuatro periodistas. El viernes 5 se percataron de que hubo más de 60 “levantones” y desapariciones forzadas, además de 11 arrestos ilegales y agresiones a tres reporteros. Además denunciaron seis detenciones arbitrarias el sábado 6 y documentaron dos agresiones contra medios por parte de las policías estatal y de Guadalajara.
María González detalla que fueron testigos de que la autoridad estatal no aplicó protocolos adecuados para manejar sin violencia las movilizaciones, por lo que se cometieron detenciones ilegales y tortura. Señala que el viernes 5 la Policía Ministerial dio muestra de por qué ocupa el primer lugar en desapariciones y el tercer lugar en feminicidios, al haber levantado a jóvenes a plena luz del día y en presencia de medios, con monitoreo de defensores de derechos humanos y con las redes sociales activadas.
Para ella, los argumentos que usó Alfaro para justificar la desaparición forzada y la violencia hacia los jóvenes “son muy peligrosos”. Recuerda que el primer día de las manifestaciones culpó al gobierno federal y a gente “de fuera”, luego aseveró que los policías ministeriales recibieron órdenes del crimen organizado. Posteriormente presumió que con su actuación “se evitó otro Ayotzinapa”. A su vez, Denisse Montiel lamenta que el gobernador no reconozca su responsabilidad y se la achaque a terceros.
El miércoles 10 la Fiscalía General de la República atrajo la carpeta de investigación que se abrió el viernes 5 por los abusos que cometieron policías estatales contra los manifestantes.
La FECC se hará cargo de la otra carpeta de investigación que se abrió ese mismo día contra dos policías ministeriales. Los dos únicos señalados hasta el momento son Salvador Perea Rodríguez y Raúl Gómez Mireles, quienes ya fueron vinculados a proceso y como medida cautelar se les dictó prisión preventiva por tres meses.
Al respecto el fiscal Solís enfatizó que ninguna de las dos carpetas será responsabilidad de la FGE, a fin de “garantizar la total y eficaz transparencia en la investigación y asegurar llegar hasta las últimas consecuencias”.
Sin embargo María González solicitó que se destituya a Solís así como al secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Pacheco, y se sancione a todos los policías que participaron en el operativo.
De acuerdo con el primer visitador de la CEHDJ, Eduardo Sosa Márquez, con base en los primeros testimonios recabados se estableció que en el operativo participaron al menos 100 elementos de diferentes corporaciones del estado y municipales.
A su vez De la Cruz informó que sólo se han recibido 14 denuncias, debido al temor que las autoridades provocaron en las víctimas al privarlas de la libertad y maltratarlas. Por esa razón se dictaron medidas para protegerlas ahí donde se encuentren y se acordó no proporcionar sus datos personales a los imputados ni a sus defensores.
De la Cruz refiere que se solicitaron videos privados y públicos, tanto de las inmediaciones de la fiscalía estatal, cuando se dieron los levantones, como del posible trayecto que siguieron los vehículos de los policías cuando iban a liberarlos y del momento en que lo hicieron. Además ya cuentan con fotografías de los agresores, algunos con el rostro descubierto, y otros podrán ser identificados por sus características corporales.
No obstante, el fiscal especial no quiso “aventurar” un plazo para concluir la investigación e invitó al resto de los afectados a interponer su denuncia, para que también reciban justicia y una reparación integral del daño.
