La costosa propaganda del gobernador jalisciense Enrique Alfaro, que derrocha millones de pesos en contratos para un puñado de empresas y medios capitalinos en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, sólo se explica por sus aspiraciones presidenciales. Lo mismo que sus confrontaciones con el presidente, el pago a las calificadoras internacionales de deuda y sus alianzas políticas.
Enrique Alfaro fue negociador clave para consolidar la alianza del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano (MC) que en 2018 postuló al panista Ricardo Anaya a la Presidencia de la República; y desde entonces no tenía duda de que sería gobernador de Jalisco ni se descartaba como presidenciable en 2024.
–¿También quiere ser presidente de la República? –le preguntó el reportero, en noviembre de 2017, en su despacho de alcalde de Guadalajara.
–No, por lo pronto.
–¿Y después de ser gobernador?
–No está en mis prioridades de vida. Me gustaría más, después de haber cumplido con mi estado, ser entrenador de futbol. Ese es mi plan hoy, ya veremos después qué sigue.
Lo que siguió después de ganar las elecciones y asumir como gobernador, hace 19 meses, fue la construcción de un proyecto político que trasciende Jalisco y que está cimentado en el contraste con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también, a la manera de Enrique Peña Nieto, en el tejido de alianzas con la élite del país y millonarios recursos para medios de comunicación de alcance nacional.
En efecto, la imagen de Alfaro se construye con abultados presupuestos publicitarios que se destinan sobre todo a los medios de la Ciudad de México –Televisa y TV Azteca al frente–, sede también de las élites política, económica y cultural que lo impulsan como alternativa al proyecto de López Obrador.
De estirpe priista, uno de los “jóvenes del PRI” con el candidato presidencial Francisco Labastida, en 2000, impulsor como alcalde de Tlajomulco y Guadalajara de cuestionados proyectos inmobiliarios de sus familiares y amigos, así como irascible servidor público que insulta a sus gobernados y se ha proclamado elegido de Dios, Alfaro no escatima dinero público para su proyección nacional.
El año pasado el único gobernador de MC destinó oficialmente 134 millones 791 mil pesos a gastos de comunicación social y en 2020, pese a la emergencia sanitaria, ya acumula –hasta mayo– 108 millones 129 mil pesos, cuyos principales beneficiarios son los medios televisivos, radiofónicos, escritos y digitales de la capital del país, que son monitoreados y analizados por empresas contratadas con ese fin.
Alfaro se desdijo de su promesa de no adquirir “ni un solo peso” de deuda, y acumula más de 33 mil millones de pesos con los que hipotecó a Jalisco hasta después de 2040, pero en vez de recortar los gastos de promoción por la pandemia de covid-19, que repunta en el estado, los incrementó.
Sólo el año pasado Televisa recibió del gobierno de Alfaro 40 millones de pesos del presupuesto de comunicación social, pero el contrato más jugoso fue a través de su filial, Operbes S.A. de C.V., por el que obtuvo 2 mil 663 millones de pesos para la instalación de internet inalámbrico en todo el estado.
A TV Azteca le destinó, sólo el año pasado, 16 millones de pesos, y hasta mayo de este año le contrató otros 6 millones; a Grupo Imagen, 5 millones de pesos; Milenio, 4 millones 500 mil pesos, y Radio Fórmula, 3.5 millones de pesos. Diarios de la Ciudad de México, como Milenio, El Universal (3.5 millones de pesos) y El Financiero (3 millones de pesos) también han sido beneficiados con cantidades millonarias, algunas de ellas aún no hechas públicas por el gobierno de Alfaro.
A la revista Nexos, que fundó el historiador Héctor Aguilar Camín, el gobierno de Alfaro le otorgó, sólo el año pasado, 5 millones 715 mil pesos, mientras que a la revista Letras Libres y Editorial Clío, empresas del también historiador Enrique Krauze, les ha dado más de 5 millones de pesos.
El dinero público a Krauze lo reveló, con base en los contratos, Álvaro Quintero, miembro del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción, después de que Krauze respaldó a Alfaro en la acusación a López Obrador y Morena de ser los instigadores de las protestas por el asesinato del albañil Giovanni López.
“El gobernador Enrique Alfaro honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno. Y pasó a la historia por resistir”, opinó Krauze en su cuenta de Twitter, pero ni una palabra escribió sobre las desapariciones forzadas y las detenciones ilegales y arbitrarias de policías estatales vestidos de civil.
“Nunca olvidaré estas palabras de un hombre al que admiro y respeto”, respondió Alfaro al día siguiente, el sábado 6, cuando emprendió otra de sus habituales rondas de entrevistas en medios capitalinos, sin presentar las pruebas que dijo tener sobre la participación del gobierno de López Obrador y Morena en las manifestaciones del jueves 4 y viernes 5, cuya violenta disolución reprobó hasta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Millones a sus asesores
Pero si Alfaro no conoce la austeridad para promoverse en los medios, no conoce límites con las empresas consultoras que fabrican y difunden su imagen. Todos los contratos, además, son asignados por adjudicación directa.
Tres en especial son las empresas de los amigos de Alfaro, coordinadas por su consultor Rafael Valenzuela, que lo han acompañado desde las presidencias municipales de Tlajomulco y Guadalajara y que en los dos años de gobierno estatal han sido beneficiadas: La Covacha, Eu Zen e Indatcom. Las tres han obtenido contratos por más de 120 millones de pesos.
Sólo el año pasado La Covacha, Gabinete de Comunicación S.A. de C.V., especialista en producción audiovisual, creatividad y branding, obtuvo 22 millones 205 mil pesos; Indatcom, S.A. de C.V., que da servicio de gestión y administración de pauta digital, 13 millones 650 mil pesos; y Eu Zen Consultores, S.C., encargada del diseño de la estrategia de comunicación integral, 16 millones 500 mil pesos.
Y este 2020, según información oficial, La Covacha obtuvo 20 millones de pesos; Eu Zen Consultores, 18 millones, e Indatcom consiguió dos contratos: uno por 17 millones 635 mil pesos y otro por 16 millones 254 mil pesos.
Indatcom obtuvo el primer contrato para ser “gestor e intermediario” del gobierno de Alfaro ante Facebook, Twitter y YouTube, y el segundo tiene el objetivo de proporcionar “asesoría, desarrollo y seguimiento a la estrategia de comunicación digital” del gobernador.
Como parte de la estrategia de difusión del gobierno y de Alfaro más allá de Jalisco, se contrató también un servicio de “monitoreo y análisis de prensa, radio, televisión y medios digitales a nivel nacional”, que realiza la empresa Piban, S.A. de C.V., que sólo el año pasado cobró 3 millones de pesos; para conocer audiencias contrató a Nielsen Ibope a un costo de 730 mil pesos.
El despilfarro de Alfaro llama la atención en Jalisco, sobre todo ante la emergencia sanitaria que tiene al estado en los cinco primeros lugares en contagios en el país, pese a que el gobernador se anticipó al gobierno federal en las medidas de aislamiento.
“Desde luego que el gasto en comunicación social, en las proporciones que las está ejerciendo Alfaro, no es un gasto prioritario. No se justifican de ninguna manera esos montos”, expresa Bernardo Masini, miembro de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, capítulo Jalisco.
“De hecho él solía esgrimir el argumento de que hacía un gasto más eficiente en esa materia cuando era un político de oposición. Como alcalde de Guadalajara hizo recortes sustanciales porque, en vez de dar dinero a los medios tradicionales, resolvía sus necesidades de comunicación a través de las redes, gastando mucho menos.”
En ese sentido hay un cambio notable, advierte Masini: “Las empresas que lo acompañaron en esa carrera ahora reciben contratos jugosísimos, a todas luces inflados. Cobran sus servicios a precios que pueden llegar a ser 10 veces más elevados que las tarifas promedio de otros prestadores de esos mismos servicios. Pero él está abusando de las adjudicaciones directas, particularmente en el contexto de la contingencia sanitaria”.
–¿La orientación del dinero público a medios de la Ciudad de México obedece a su proyecto presidencial?
–Desde que comenzó su gestión como gobernador, Alfaro ha sido esquivo no sólo con los medios locales; también con las organizaciones de la sociedad civil y en general con quienes lo buscamos para intercambiar ideas.
“Es claro que gobierna Jalisco, pero con la mira puesta en algo más grande, que no se ubica en el estado. Eso me parece un gran error. Incluso si se confirman sus aspiraciones presidenciales, difícilmente podría construir una plataforma sólida si no amarra primero una base sólida en el lugar que gobierna.”
Tan desproporcionado e irregular ha sido el uso del dinero público y la asignación de contratos que hace casi un año, el 25 de julio de 2019, el experto Álvaro Quintero presentó una denuncia ante la Contraloría estatal, porque las adjudicaciones directas de las empresas de los amigos de Alfaro violan la Ley de Compras Gubernamentales de Jalisco.
En el caso específico de Indatcom, por el contrato de 13 millones 650 mil pesos en 2019, se adjudicó de manera directa por “no existir bienes o servicios con características similares a los solicitados”, una de las excepciones de la ley para evitar la licitación, pese a que existen decenas de prestadores de servicios similares.
Quintero argumentó en su denuncia que los sevidores públicos involucrados mintieron y, al asignar recursos públicos en contraposición a las normas aplicables, cometieron una falta administrativa grave: desvío de recursos públicos, previsto en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Pero a casi un año de presentada la denuncia, el viernes 12, la Unidad de Transparencia de la Contraloría estatal le informó que solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Administración el informe sobre avances, “porque desde diciembre no les han notificado novedades, y que si encuentran que el OIC no le ha dado seguimiento, atraerán el caso para hacer la investigación directamente desde Contraloría”.
Alfaro puede usar el presupuesto de manera discrecional en comunicación y particularmente en publicidad oficial, porque el Congreso no legisló en la materia, como debía hacerlo por mandato legal, dice Quintero.
“Las lagunas legales están ahí y Alfaro lo que ha hecho es explotarlas y beneficiar a empresas aliadas y de sus amigos. No me sorprendería que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano también tenga contratos con esas empresas, lo que nos hablaría de esa necesidad de proyección nacional.”
La orientación del dinero público prioritariamente a medios de la capital del país sugiere, dice Quintero, un proyecto más allá de Jalisco.
Millones a calificadoras
En plena promoción en medios de comunicación de la Ciudad de México, y aun en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, Alfaro también pagó millones de pesos a las calificadoras internacionales.
En marzo, el gobierno de Jalisco pagó 14 millones 617 mil pesos a tres calificadoras: A Fitch, 6 millones 345 mil 200 pesos; a Moody’s, 4 millones 368 mil 560 pesos; a HR Ratings, 3 millones 903 mil 400 pesos.
En mayo, dos meses después de la contratación, la agencia Fitch mejoró la nota de las finanzas estatales, que de “AA menos” subió a “AA”, celebrado por Alfaro como todo un acontecimiento: “Para quienes han intentado engañar a la opinión pública diciendo que Jalisco ha hecho mal uso de sus finanzas, que le sigan. Como siempre, son los resultados y el tiempo los que ponen todo en su lugar”.
El secretario de Hacienda estatal, Juan Partida Morales, dijo que la contratación de las calificadoras internacionales era para incrementar la deuda del estado, cuyo más reciente crédito fue de 6 mil 200 millones de pesos: “Era necesaria para la contratación reciente del endeudamiento”.
Alfaro también ha buscado congraciarse con sectores antagónicos a López Obrador, como las empresas que invierten en energía en México, por lo que el martes 16 presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que invalide el acuerdo emitido por la Secretaría de Energía.
Esta decisión, dijo, la tomó en acuerdo con los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Colima, antagónicos a López Obrador.
En su política de alianzas, que aceleró tras las violaciones a los derechos humanos cometidas contra manifestantes en Guadalajara, Alfaro anunció también la contratación de un grupo de expertos para las decisiones a tomar ante el aumento de los contagios en el estado.
Uno de ellos es José Narro, secretario de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien dejó 326 hospitales inconclusos, y la otra es Beatriz Pagés, exdiputada priista y directora de la revista Siempre!
Narro ha sido crítico del manejo de la pandemia por parte del gobierno de López Obrador, especialmente del subsecretario Hugo López-Gatell, y ha hecho mancuerna con el secretario de Salud de Vicente Fox, Julio Frenk, y Salomón Chertorivsky, director del Seguro Popular y secretario de Salud de Felipe Calderón.
Chertorivsky Woldenberg, quien fue coordinador de Propuesta y Programa de Gobierno de la campaña presidencial de Anaya y secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, preside el Consejo Consultivo de MC.
