Los recortes en la enseñanza, la investigación y la cultura resultan contradictorios en un gobierno progresista. Las propias instituciones de educación superior y las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Cultura (SC) enaltecen la fuerza cultural de México. Para los especialistas Ricardo Pérez Monfort, del CIESAS, y Juan Carlos Domínguez, del Instituto Mora, no puede hacerse “tabla rasa” de las instituciones académicas sin un estudio profundo, práctica que se ha vuelto tradición de todos los gobiernos en épocas de crisis.
Pese a que el gobierno reculó en su idea de recortar 75% del presupuesto en gastos operativos a los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), su interés en los campos de la educación, la ciencia y la cultura quedó en entredicho.
Frente a las crisis económicas, siempre han sido los primeros sacrificados, sobre todo en las administraciones de derecha. Sorprende ahora que –con el argumento del combate a la corrupción– la iniciativa proviniera de quienes llegaron al poder con la promesa de una agenda social y progresista.
En ello coinciden los académicos Ricardo Pérez Montfort, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y Juan Carlos Domínguez, del Instituto Mora, quienes concuerdan también en la necesidad de fiscalizar los recursos, pero no en aplicar “tabla rasa” a todos los fideicomisos culturales por las faltas de algunos. Y piden impulsar y fortalecer los campos cultural y académico, particularmente en estos momentos.
“¿En qué lugar, si no es en la educación, está la posibilidad de transformación de este país? Si se quiere realmente que la famosa 4T trascienda, tendrá que estar muchísimo más preocupada por la educación y por la cultura”, dice Pérez Montfort, doctor en historia por la UNAM, especialista en el estudio de la cultura, los movimientos populares, el cine y otros temas.
El pasado 2 de abril –como se recordará–, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la extinción de cerca de 300 fideicomisos públicos carentes de estructura orgánica, con el fin de recuperar 250 mil millones de pesos que contribuirían a superar la crisis derivada de la pandemia. La disposición incluyó los relacionados con la investigación y la cultura. A la desazón causada por esta noticia se añadió el anuncio del recorte presupuestal de 75%, a los capítulos 1000 y 3000, referentes esencialmente a la contratación, como eventuales, de trabajadores e investigadores, así como al 4000, destinado a programas de becas.
La movilización de los propios creadores e investigadores logró detener la propuesta, pero no como parte de una política educativa o cultural general, sino casi de forma individual: La intervención de los cineastas premios Oscar, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu ayudó a mantener el Fidecine. Las comunidades académicas ayudaron al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y al Instituto Mora.
Pero, hasta el cierre de esta edición, la espada de Damocles aún pendía sobre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah) desapareció. Y el recorte de 75% a su presupuesto seguía en pie, no obstante que se lograron reunir 6 mil 152 firmas de solidaridad de académicos de instituciones nacionales y extranjeras (las universidades de Princeton en Estados Unidos, La Sapienza de Roma, Complutense de Madrid y Sorbonne de París, entre otras), en una carta rechazada en Palacio Nacional, que el investigador Bolfy Cottom calificó de “rechazo burocrático”, tras participar en una videoconferencia de prensa realizada por los investigadores del INAH el miércoles 10 de junio.
En ella, Eduardo Flores Clair dijo que “quizá no tenemos un Oscar como Iñárritu, pero los libros y trabajos de mis compañeros son multipremiados”. Ahí mismo se enfatizó que, de consumarse el recorte, la institución vivirá la peor crisis de su historia. Y se solicitó una extensión presupuestal.
Ignorancia criminal
Autor de una amplia biografía en tres tomos del general Lázaro Cárdenas, Pérez Montfort cuestiona que en el discurso oficial, tanto del gobierno de la 4T como de las propias instituciones de educación superior y las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Cultura (SC), se hable de la fuerza, la importancia y valor de la cultura, pero se haga poco por apuntalarla:
“Hay un discurso bastante contradictorio, se dice que México es centro de la cultura mesoamericana, se reivindica una mexicanidad medio chovinista contra la invasión de España y ese tipo de cosas. Y, por otro lado, hay un menosprecio hacia la educación superior y los centros de investigación. Afortunadamente se dio marcha atrás en el recorte de los CPI del Conacyt, pero el INAH requerirá de un apoyo más decidido, que compete a la SEP, Cultura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”
Disiente de la idea de que los creadores artísticos sean privilegiados, como se ha manejado. Tampoco lo son los investigadores, quienes desde hace unos 20 años no han tenido un aumento de sueldos significativo, mientras mecanismos como el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) ayudan a complementar sus salarios.
Muchos investigadores están en edad de retirarse o jubilarse, pero tendrían apenas 15% de su salario actual, por ello prefieren seguir trabajando. Eso impide un “recambio generacional”. Dice de plano que, si un investigador joven quiere ganar 6 mil ó 10 mil pesos al mes, “mejor se van a manejar un Uber”, porque hay un atraso dramático.
Es una situación que han denunciado los académicos del INAH. En un comunicado, la SC habló de que la solidez de la institución no podría entenderse “sin las generaciones de investigadores”. Lo cierto es que los jóvenes egresan de la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia sin posibilidad de ocupar plazas en el instituto, pues si alguien se jubila o renuncia, se congela la plaza, y son pocos los que lo hacen debido a las bajas pensiones.
El historiador juzga que las grandes aportaciones al país provienen de la cultura: las expresiones artísticas, literarias, musicales, y por ello “apuntalarla debe ser tan prioritario como el combate a la pobreza, la desigualdad, no se puede generar más desigualdad y pobreza en el área cultural”.
Pone en claro que no desea entrar a la “moda” de la crítica destructiva o detractora de la 4T, pues considera que hay aciertos, pero pareciera que en la cultura y la educación superior, si no es desdén, cuando menos hay un “profundo desconocimiento”. No se distinguen las trayectorias de artistas e investigadores sociales pues todo parece reducirse a lo partidista:
“En ese sentido, por más conservador que sean Juan Rulfo y Octavio Paz, no se les pueden quitar sus méritos literarios.”
En opinión de Pérez Montfort la tradición de recortar presupuesto a la cultura y la educación en las crisis debe cambiar. Constituye un problema estructural y es muestra de una política errática basada en el desconocimiento y no en un estudio profundo del aporte de las instituciones.
Vuelve entonces para subrayar la situación del INAH, al cual –sin temor de exagerar– considera “igual de importante que Pemex, en términos de generación de riqueza, no material, pero sí de riqueza cultural. Es una inversión elemental para este país y debería ser una prioridad, igual que la SC y que las universidades.
“El recorte es una injusticia monumental hacia el instituto y hacia los mexicanos. El hecho de tener centros arqueológicos cerrados, que no haya investigación arqueológica, histórica, porque están cerrados los centros de documentación, que no se difunda el conocimiento porque no hay dinero para publicar trabajos, es tremendamente dramático. El daño que se le hace es criminal. ¡No puede ser que un país abandone de esa manera uno de sus centros de preservación del patrimonio, de fomento cultural y de generación de conocimiento más importantes! Es como si dijeran vamos a cerrar la UNAM o Pemex, aventarse una cosa de ese tipo es tener muy poco conocimiento de lo que es este país.”
La gran diferencia
Economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro y doctor en Estudios sobre el Desarrollo por la Universidad de Oxford y director del Instituto Mora de enero de 2016 a mayo de 2019, Juan Carlos Domínguez suscribe que si hay fideicomisos con manejos inadecuados deben supervisarse con reglas claras, decisiones colegiadas y candados, y coincide en que no se justifica aplicar “tabla rasa” a todos:
“Sin duda, es muy difícil defender prácticas nocivas que existieron en administraciones pasadas y propiciaron corrupción e ineficiencia. En ese sentido, el error de esta administración no ha sido la iniciativa de cambiar, sino instrumentar reformas y medidas de política pública sin estar precedidas por un diagnóstico exhaustivo. En el caso de los fideicomisos, basta con transparentarlos, poner reglas claras, llevar a cabo auditorías; en fin, se puede garantizar su buen funcionamiento. No dudo que haya fideicomisos redundantes o con malos manejos en el pasado, pero no se puede generalizar.”
Celebra que el recorte en el CPI del Conacyt se haya revertido, pero lamenta que no sea la primera vez que la presente administración lo propone (el año pasado también lo hizo). Y ha sido la movilización de los directores de los 26 centros, de las autoridades del Conacyt y de la comunidad científica la que ha convencido a Presidencia y la SHCP de dar marcha atrás.
Recuerda el investigador que, en los últimos años, los CPI como el Mora no han tenido aumentos presupuestales. Ello representa una caída en términos reales, pero no se había vivido una propuesta de recorte de esta magnitud. Y aunque está la promesa por escrito de que los centros se excluirán del decreto de extinción de fideicomisos, se deberá vigilar que se cumpla.
Asimismo, espera que no se reduzca o cancele el capítulo 4000, correspondiente al programa de becas de formación y titulación, como ocurrió en la crisis de 1982. Y destaca que lo importante no es saber si ya había ocurrido, “sino que no debería suceder en el contexto de una administración con una agenda social y progresista como la actual. El parámetro de este país no puede ser el pasado, sino el futuro”.
Como Pérez Montfort, el economista puntualiza que los recursos de los CPI no son privilegios, son para pagar servicios básicos, como agua, luz, vigilancia, apoyo secretarial, tecnologías de la información. Comprende que en estos momentos se utilicen recursos para amortiguar los efectos económicos de la pandemia, pero en su opinión, “en el escenario actual, el gasto público y su efecto multiplicador en la demanda agregada constituye uno de los pocos instrumentos que tenemos disponibles para lograrlo. Utilizar el gasto público como instrumento macroeconómico no es neoliberalismo; al contrario, es keynesianismo puro”.
Lo que no comprende es la idea de reducir presupuesto a la ciencia y la tecnología, y que se mantengan los “proyectos insignia” de infraestructura:
“El más sorprendente es la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. No es el momento de invertir en un sector que se ha transformado radicalmente en los últimos años, que no es intensivo en mano de obra y que, además, está localizado en el lugar erróneo desde el punto de vista ambiental, técnico y estratégico.”
En cuanto a los efectos que el recorte tendría en ciencias sociales y humanidades, destaca la docencia y la operatividad de instituciones como el propio Mora, El Colegio de San Luis y el CIESAS. Añade que para los tecnológicos “podría ser desastroso”, pues deberían seguir trabajando e innovando.
“Estamos hablando de investigación y desarrollo que podrían servir para atender de manera directa las causas y los efectos de la pandemia actual, de futuras pandemias y de otras amenazas que no nos imaginamos.”
Se le pregunta en qué pueden y deben contribuir disciplinas como la filosofía, la antropología, la historia, la etnología:
“La pandemia actual nos obligará a replantearnos las coordenadas y los marcos teóricos desde los cuales analizamos los problemas que aquejan a las sociedades actuales. Me parece que antes de la pandemia había una tendencia muy nociva en la academia, en México y en todo el mundo, hacia la super especialización. Las circunstancias actuales nos plantean el reto de volver a romper esas fronteras de la especialización, de los guetos académicos, y a generar diálogos entre las ciencias exactas, las ciencias sociales y las humanidades en general.”
–En el caso de las disciplinas a las cuales se dedica, ¿no es momento de escuchar a los especialistas de la infraestructura, energía, medio ambiente, desarrollo económico y social, tan necesarios para el plan de recuperación que nuestro país necesita?
–Si hay un área en la que podemos ayudar es en la planeación, en el diagnóstico a partir de herramientas de análisis multidisciplinario, la previsión y evaluación de impactos, la construcción de escenarios, el diálogo con la historia para no cometer los mismos errores, en el análisis de los impactos en actividades presenciales que son vitales, en fin. Hay mucho por hacer.
“Sin embargo, a veces parece que la administración actual prefiere las descalificaciones fáciles en lugar del diálogo y el debate de mayor nivel. No es una cuestión de privilegios, sino de construir un país distinto aprovechando todos los recursos disponibles. Aunque suene trillado, la ciencia y la tecnología bien orientadas pueden hacer una gran diferencia.”
