Documentos del gobierno mexicano confirman que la administración de Felipe Calderón fue informada de los operativos estadunidenses de trasiego “controlado” de armas. Revelan además que la DEA no sólo asesoró a la PGR para instalar y operar un “centro de intercepción de comunicaciones”, sino que definió la estrategia para espiar a ciudadanos mexicanos.
Washington.- El gobierno de Felipe Calderón no sólo sabía de las operaciones de tráfico de armas de Estados Unidos a México, sino que instaló aquí, con ayuda de la DEA, un sistema de espionaje.
En vísperas de la reunión que tuvieron en la Ciudad de México a principios de octubre de 2011 la entonces titular de la PGR, Marisela Morales, y su par estadunidense, Eric Holder, se elaboró una circular respecto a los asuntos que ambos revisarían.
El documento –cuya copia tiene Proceso– fue elaborado el 10 de junio de 2011 por Enrique Escamilla, consejero de la embajada de México en Estados Unidos, y está dirigido a Arturo Sarukhán, entonces embajador ante Washington. “Se destaca –indica de entrada– que existen dos temas que, en este momento, repercuten en los congresos de ambos países, los cuales se abordarán en la reunión”.
Y con letras en rojo añade una “observación”:
“a) Rápido y Furioso: incluir Wide Receiver, así como cualquier otra operación en la que se pudiesen haber utilizado mecanismos de investigación como los usados en estos dos casos. Se debe insistir en la necesidad de contar con información y resultados precisos sobre las investigaciones.
“b) Supuesta inmunidad de Vicente Zambada Niebla (hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García).
“‘Observación’: la información difundida en medios de comunicación refleja la estrategia de la defensa de Zambada.”
Antes de este encuentro, celebrado el 4 y 5 de octubre de 2011, se había dado a conocer en Estados Unidos que la oficina regional en Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), llevó a cabo en secreto tres operaciones “controladas” de tráfico de armas a México: Gunrunner, Wide Receiver y Fast and Furious, las cuales fueron un fiasco.
La oficina de ATF en Phoenix reclutó a ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos con el propósito de comprar legalmente armamento al mayoreo para luego entregarlo a conocidos traficantes de armas, quienes a su vez lo enviarían a México.
La idea original de la ATF en Arizona era rastrear las armas para detectar, ubicar y arrestar a quienes se encargarían de introducir y distribuir el arsenal en México. Resultó contraproducente: miles de rifles y pistolas semiautomáticas terminaron en manos del Cártel de Sinaloa.
El escándalo por el fracaso de las operaciones de la ATF explotó tras el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry el 14 de diciembre de 2010; y se agudizó con el homicidio del agente de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata, el 15 de febrero de 2011 en San Luis Potosí.
El FBI corroboró que las armas usadas en los asesinatos de Zapata y Terry eran parte del tráfico controlado en Gunrunner, Wide Receiver y Fast and Furious.
En su momento y hasta la fecha Calderón y otros funcionarios que trabajaron en su sexenio niegan haber estado enterados de que la ATF llevaba a cabo el tráfico ilegal supervisado de armas a México.
“Se estima conveniente que los temas que al gobierno mexicano le interesan sean impulsados a través del embajador de México y el agregado legal de la PGR en Estados Unidos”, indica el documento consultado por Proceso.
Asesoría de la DEA
De entre los asuntos sobre seguridad que Morales y Holder tenían agendados destaca uno sobre el espionaje en México, en el cual era notoria la exigencia de la colaboración y asesoría por parte de la DEA.
El punto que abordaron los dos procuradores en la capital mexicana se denominó “Intervención de comunicaciones con orden judicial” y, según el documento oficial del gobierno de Calderón, “la Procuraduría General de la República aplicará las medidas necesarias para desarrollar el uso de la intervención de comunicaciones con orden judicial a través de la creación de una unidad especializada en el tema”.
En tres incisos, con sus respectivas categorías, el plan elaborado por el gobierno calderonista detalla la estrategia para espiar legalmente a ciudadanos mexicanos.
“A –Instalaciones y equipo
“1.– Establecer un Centro de Intervención de Comunicaciones en cumplimiento con las disposiciones vigentes en la legislación nacional para la investigación en materia de delincuencia organizada.”
En este punto señala que el gobierno de Calderón ya había creado un centro de espionaje por medio de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO): “A partir del 16 de agosto de 2011 entró en vigor el acuerdo de la C. Procuradora (Marisela Morales) en donde se crea formalmente el Cuerpo Técnico de Control de la SIEDO, responsable de la ejecución de las intervenciones de comunicación privada”.
“2.– La DEA apoyará a la PGR/SSP (Secretaría de Seguridad Pública) para identificar dónde situar y la logística de uso del nuevo equipo para las intervenciones de comunicaciones con orden judicial y proporcionará asistencia técnica. Se está trabajando.
“B –Personal
“1.– Nombrar un coordinador del área de intervención de comunicaciones como responsable de la operación y monitoreo de la aplicación de los protocolos para el uso del equipo e instalaciones.”
El documento anota que la PGR ya había elegido al jefe del espionaje: “En agosto de 2011 fue designado Avigaí Vargas Tirado como director del Cuerpo Técnico de Control de la SIEDO”.
Vargas Tirado fue uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón. De hecho, en agradecimiento a sus servicios el panista lo ascendió de teniente coronel a coronel. Lo hizo 10 días antes de terminar su mandato (Proceso 1891).
Sigue el documento:
“2.– Desarrollar un programa piloto para un número reducido de intervenciones, así como proporcionar capacitaciones que incluyan el análisis de llamadas, protocolos para el uso del equipo y el manejo de las pruebas.
“3.– En la segunda quincena de agosto, se realizará una reunión con personal de la embajada para efecto de trabajar sobre el tema.
“C –Desarrollo de Protocolos Internos de Intervención de Comunicaciones/Posible Legislación
“1.– Crear una Unidad de Intervención de Comunicaciones con orden judicial que esté bajo la supervisión directa de la titular de la SIEDO, como área responsable de las investigaciones y los procesos de conformidad con la ley mexicana en materia de Delincuencia Organizada. El Cuerpo Técnico de Control a que se hace referencia se encuentra adscrito a la SIEDO (este organismo va a ejecutar todas las intervenciones privadas de la institución).
“2.– El Departamento de Justicia (estadunidense)/División Penal y la DEA proporcionarán asistencia en el desarrollo de protocolos adecuados para el uso de intervenciones con orden judicial (por ejemplo, cómo almacenar las copias maestras, cómo se realizan las copias, quién tendrá acceso al material, quién tiene acceso a la sala de intervenciones, demora en la obtención de copias, cadena de custodia, etc.). Pendiente para el otoño de 2011.
“2b.– Desarrollar con la asistencia de los Estados Unidos de América protocolos para usar la intervención de comunicaciones (reproducción y almacenamiento de copias maestras, controles de acceso al material, lineamientos para acceso y uso del cuarto de grabado de intervención, plazos para la obtención de una copia, cadena de custodia, etc.). El Cuerpo Técnico de Control trabaja en la elaboración de protocolos para el almacenamiento, procesamiento y ejecución de las órdenes de intervención de comunicaciones privadas.
“3.– Desarrollar protocolos que permitan la integración del programa de intervención de llamadas de la SSP con el programa de intervención de la PGR. Se realizará una reunión con personal de la embajada y de la SSP para efecto de conocer el programa de intervención de llamadas.
“4.– Desarrollar la legislación y/o los protocolos para la captura de comunicaciones electrónicas (cuentas de e-mail, mensajes de texto, etc.). La ley ya permite la intervención de comunicaciones privadas (correos electrónicos, mensajes, mensajes de pin a pin, etc.), sin embargo se tienen reuniones con algunos concesionarios para efecto de obtener la información de los mensajes de texto.”
Rastreo de armas
El documento proporciona los detalles sobre el tráfico de armas a México del que Morales habló con Holder: “La Procuraduría General de la República en coordinación con la Procuraduría General de los Estados Unidos de América buscará desarrollar mecanismos de colaboración para que en el ámbito de sus facultades apoyen la reducción en el uso de armas de fuego”.
El objetivo era profundizar el Sistema de Rastreo de Armas de Fuego (e-Trace) –firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos desde septiembre de 2010– en medio del tráfico ilegal y supervisado de armas de fuego que llevaba a cabo la oficina de la ATF en Phoenix.
Morales y Holder hablaron de desplegar el e-Trace en todas las delegaciones de la PGR en el país para iniciar su operación total.
Morales pidió el adiestramiento en el uso del sistema de rastreo y el acceso a la base de datos de e-Trace. Además, la SIEDO solicitaría el apoyo del gobierno estadunidense para la capacitación de por lo menos cuatro agentes del Ministerio Público Federal.
“Observación: Tema prioritario. Es necesario evaluar los resultados obtenidos hasta el momento en la instrumentación del sistema e-Trace en México a fin de determinar: 1) si la capacitación que se está brindando a agentes mexicanos ha tenido impacto en la calidad de información recabada e ingresada al sistema; 2) el nivel y calidad de información que están recibiendo las autoridades mexicanas en respuesta a las solicitudes de rastreo ingresadas al sistema; y 3) si ésta ha tenido impacto en la capacidad de investigación y persecución del delito de tráfico de armas por parte del gobierno de México”, indica el documento.
El e-Trace se debía compartir con la SSP y el entrenamiento de los funcionarios y agentes mexicanos correría a cargo de personal de la ATF.
Como indica la copia de otro documento obtenido por Proceso, fechado el 8 de septiembre de 2010, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR notificó a John Feeley, ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en México, la firma del “Memorándum de Entendimiento sobre e-Trace”, por parte de Arturo Chávez Chávez, entonces titular de la PGR.
La carta de entendimiento cuya copia también consiguió este semanario, subraya como objetivo “establecer los términos y condiciones conforme a los cuales la PGR podrá tener acceso y hacer uso del sistema e-Trace”.
Gracias a ese memorándum el gobierno calderonista debió rastrear e identificar las armas que se enviaban ilegalmente a México por parte de la ATF en sus operaciones Gunrunner, Wide Receiver y Fast and Furious. Con e-Trace, la PGR y la SSP podían solicitar y realizar el rastreo de armas de fuego en un módulo computarizado de análisis a través de una conexión codificada en internet.
“Mediante el envío de solicitudes y obtención de información sobre armas de fuego a través del sistema e-Trace, la PGR podrá identificar mejor los patrones de tráfico de armas de fuego y la distribución geográfica de las zonas con altos índices de actividad delictiva, y los posibles orígenes de las armas de fuego ilícitas”, resalta el memorándum.
El Centro Nacional de Rastreo de la ATF fue designado receptor y depositario central de toda la información incorporada en la herramienta e-Trace. La PGR encargó al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia coordinar y administrar la información generada por e-Trace.
“La información obtenida en virtud de este Memorándum de Entendimiento podrá ser utilizada en un procedimiento judicial o administrativo, sólo de conformidad con las leyes, reglamentos y procedimientos legales respectivos de cada uno de los participantes”, sostiene como condición el documento, lo cual, si se coteja con lo que eventualmente se descubrió en el operativo Rápido y Furioso, ambos gobiernos violaron.
Tal como lo exponen los documentos consultados, sobre todo el de la embajada mexicana elaborado el 10 de junio de 2011, el entonces presidente Calderón permitió técnicamente a diversas agencias federales estadunidenses marcar las directrices en materia de seguridad nacional y combate al narcotráfico en México.
