A la par de la crisis sanitaria, Colima enfrenta el virus de la violencia y la inseguridad. La ejecución de siete policías estatales que el gobierno local envió a Jalisco para cuidar a empresarios mineros, así como el secuestro y homicidio de la diputada Francis Bueno Sánchez son el reflejo de la criminalidad que azota al estado. Sin embargo, para el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez la situación no es tan grave y le endosa el problema al gobierno federal.
COLIMA, Col.– La ejecución de siete policías estatales que habían sido enviados a Jalisco para cuidar a empresarios mineros, el secuestro y homicidio de la diputada colimense morenista Francis Anel Bueno Sánchez así como la creciente ola de inseguridad y violencia provocaron el enojo de diversos sectores sociales que exigen la dimisión del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.
El coordinador de Morena en el Congreso colimense, Vladimir Parra Barragán, solicitó el miércoles 10 a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar al mandatario por su presunta corresponsabilidad en el caso de los uniformados asesinados por “permitir que elementos de seguridad pública realizaran labores fuera del marco legal, lo que derivó en esas muertes”.
El domingo 7 un colectivo de organizaciones sociales convocó a una Marcha por la Paz y la Justicia, siendo el principal reclamo el juicio político contra el gobernador. “Ni felices, ni seguros. ¡Nacho renuncia!”, fue la consigna enarbolada en evidente alusión al ofrecimiento de campaña con el que llegó Peralta Sánchez a la gubernatura: “Vas a vivir feliz. ¡Seguro!”.
Dos días después de la manifestación, cerca de 300 conductores de mototaxis, provenientes de varios municipios, protestaron frente a la Casa de Gobierno. También exigieron la renuncia del gobernador porque, denuncian, incumplió su responsabilidad de garantizar la seguridad pública.
Según cifras oficiales, en los cuatro años y cuatro meses de la administración peraltista se han registrado al menos 3 mil homicidios en el estado, cantidad que duplica el total de asesinatos dolosos reportados en los tres sexenios anteriores.
En cuanto a los homicidios de mujeres existe una situación similar: mientras de 2000 a 2015 se registraron 174 casos, de 2016 a la fecha fueron contabilizados cerca de 350, pese a que en junio de 2017 se emitió la Alerta de Violencia de Género para cinco municipios.
Según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionalmente Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos y feminicidios, así como en robo a casa habitación.
En 2019 el estado reportó una tasa de homicidios dolosos de 85.40 por cada 100 mil habitantes, equivalente a casi cuatro veces la tasa nacional, que fue de 23.24. En el primer cuatrimestre de 2020 la tendencia es similar, pues la tasa de la entidad es de 27.51 frente a 7.63 de la media del país.
En relación con las personas desaparecidas, la Red Desaparecidos en Colima calcula que podría ascender a un millar el número acumulado de víctimas, más los casos que no son denunciados por temor o por desconfianza hacia la autoridad.
Durante buena parte de su gobierno Peralta se ha ubicado en los últimos lugares de aprobación ciudadana. Según el ranking de gobernadores realizado por consulta Mitofsky, en abril y mayo Peralta estuvo en el lugar 31, con calificaciones de 24.4 y 26.7%, respectivamente, sólo por encima del morelense Cuauhtémoc Blanco.
En entrevista con Proceso, el diputado Vladimir Parra considera que Colima vive en la peor crisis de seguridad que ha tenido, pues la entidad está inmersa en una espiral de violencia sin freno.
“Es preocupante que no haya una estrategia efectiva para coordinar esfuerzos y garantizar la tranquilidad y la seguridad de las familias colimenses, pese a que esta administración ha contado con el mayor presupuesto de la historia para seguridad: más de mil millones de pesos.”
Para Mario García Solórzano, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Colima ha sido “un estado fallido” en materia de seguridad, ya que en este gobierno van varios marinos y militares nombrados al frente de la secretaría (de Seguridad) y “no han funcionado porque no escuchan el clamor de la sociedad”.
El miércoles 3, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, destacó el problema de Colima en materia de seguridad pública: “Tiene el puerto de Manzanillo que puede competir con el de Lázaro Cárdenas, pero tiene una gran actividad minera que ha tenido la intervención de grupos delincuenciales que buscan el control de diversas actividades económicas. Esto ya tiene varios años, pero el secuestro de la diputada local derramó la gota. Además de los cuerpos de los policías… Es una situación inestable”.
Deslinde
El gobernador minimiza el problema y desliza la mayor parte de las responsabilidades al gobierno federal. Entrevistado por Denise Maerker en Radio Fórmula, el mandatario dijo que Colima tiene en este momento una menor cantidad de homicidios dolosos del fuero común que hace 20 años, pero “lo que nos está incrementando la estadística son los homicidios dolosos del fuero federal; es decir, aquellos relacionados con la delincuencia organizada y, por supuesto, con el narcotráfico”.
Las principales bandas delictivas que operan en Colima, justificó, “no operan desde aquí; Colima es un territorio que está siendo administrado por cárteles que están identificados en otras entidades y aquí no están los tomadores de decisiones”.
El asesinato de la diputada Bueno –previamente secuestrada por un comando y desaparecida un mes, hasta que fue localizada el lunes 1 en una fosa clandestina– se suma a una docena de crímenes de alto impacto cometidos en Colima desde 2010, cuando fue asesinado el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos y otros políticos de distintos niveles, o bien personajes que han sufrido ataques armados, como el exgobernador Fernando Moreno y la alcalde de Manzanillo, Griselda Martínez.
El caso de los siete policías asesinados está en la mira de la población por las posibles implicaciones de altos niveles de la política local, incluido el gobernador.
Lo que hasta ahora se ha determinado, de acuerdo con diversas fuentes de Colima y Jalisco, es que 10 agentes de la Policía Estatal de Colima –siete hombres y tres mujeres– recibieron la orden de brindar seguridad el 28 de mayo último a empresarios de Altos Hornos de México y de Grupo Acerero del Norte en el municipio de La Huerta, Jalisco, a donde llegarían en un helicóptero procedentes del aeropuerto de Manzanillo.
No obstante, los agentes fueron enviados sin uniformes y en vehículos no oficiales; tampoco notificaron al gobierno de Jalisco sobre dicho operativo de seguridad.
Desde el día 28, cuando se supone que regresarían a Colima, los policías y dos civiles que se incorporaron al grupo habrían sido secuestrados por presuntos miembros del crimen organizado.
El 30 de mayo por la noche aparecieron con vida los dos civiles y las tres policías de Colima; no obstante, los siete restantes fueron hallados muertos el lunes 1 en el municipio de Manzanillo.
Frente al escándalo, el Congreso colimense citó a comparecer en sesión privada al gobernador, así como a los secretarios general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez. Éste no asistió al encuentro por haber renunciado a su cargo el miércoles 3, antes de la comparecencia.
Según el comunicado oficial, el ahora exfuncionario se adjudicó la responsabilidad de haber tomado la decisión de comisionar a los policías sin informar al mandatario y se puso a disposición de las autoridades.
En la comparecencia el gobernador dio a conocer el oficio que envió la empresa, el 26 de mayo pasado, firmado por Ricardo Martínez Alfaro, subdirector de Exploración del Grupo Acerero del Norte.
El mandatario expuso: “Establece que acudirán a las visitas de campo directivos y cuerpo técnico de las empresas Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte, y también establece que los van a acompañar los señores originarios de este estado Rogelio Rueda Preciado y Salvador Rueda Sánchez, y que el suscrito como firmante será el coordinador de este grupo de trabajo.
“Establece con mucha claridad que las visitas son de origen técnico-geológico y que estarán como continuación a negociaciones que ellos tienen establecidas con empresas asociadas en minería para el desarrollo de actividades del occidente de México, apoyándose en las instalaciones del puerto de Manzanillo, Colima, en el proceso, tanto de beneficio del mineral como de embarque, lo cual implica inversiones importantes en el estado de Colima con la consecuente generación de empleo para muchos colimenses”.
La diputada Claudia Aguirre preguntó a Peralta la razón por la que se incumplió la ley al mandar a los policías vestidos de civil y en vehículos no identificados como oficiales, a lo que el gobernador se deslindó diciendo que fue una decisión tomada en la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la responsabilidad es de quien la tomó.
Dos días antes, familiares de los policías asesinados declararon que no era la primera vez que los agentes eran enviados a escoltar a los empresarios.
Cuestionado en la comparecencia, Peralta aceptó que estaba enterado de otras ocasiones en que se ofreció el apoyo de escoltas. No obstante, aunque esas no fueron solicitadas por escrito, reconoció que él pidió que se atendiera, pero que “obviamente (…) de acuerdo a lo que establecen las leyes y las normativas aplicables”.
En su exigencia a la FGE, además de investigar al gobernador, Vladimir Parra pidió indagatorias sobre las actuaciones del secretario general de Gobierno y del exsecretario de Seguridad Pública.
El legislador morenista solicitó que se diera a conocer la mecánica de los apoyos con personal de Seguridad Pública en funciones de seguridad privada y que se verifique o descarte la posibilidad de que se hubiesen generado actos de corrupción en estos procedimientos o mecanismos de autorización.
Parra externó su sospecha de que el coronel Enrique Alberto Sanmiguel actuó cumpliendo una orden del gobernador, tomando en cuenta que el mandatario antes le había pedido brindar el apoyo a los empresarios, por lo que “era lógico que la tercera vez que se solicitó el servicio, el coronel Sanmiguel ya sabía lo que se tenía que hacer, debido a las dos instrucciones previas emanadas desde el Poder Ejecutivo”.
El diputado pidió a la fiscalía que aclare si la renuncia del exfuncionario ocurrió “para ocultar información y evadir responsabilidades del gobernador y del secretario de Gobierno”.
En la entrevista, Parra dijo que igualmente deben investigarse los posibles intereses entre funcionarios estatales y empresarios.
