Las plataformas de Pemex en Campeche se convirtieron en un gran foco de infección. Los trabajadores petroleros y sus familias reprochan a la empresa que en aras de la productividad se haya omitido el resguardo domiciliario para quienes padecen enfermedades crónicas. El resultado es un alto índice de contagios y fallecimientos, que orilló a un grupo de afectados a tomar acciones legales contra la petrolera y su sindicato.
Ciudad del Carmen, Camp.- Tras el contagio masivo de coronavirus en las plataformas petroleras de Pemex, que ya le costó la vida a medio centenar de trabajadores, personal vulnerable inició acciones legales contra la empresa y su sindicato.
Su propósito es beneficiarse del resguardo domiciliario que la Secretaría de Salud otorgó desde el 31 de marzo con motivo de la contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19 y exigen que se les aplique la cláusula 43 del contrato colectivo.
La Secretaría de Salud dispuso que todas las dependencias públicas enviaran a sus casas a trabajadores mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, obesos y con enfermedades pulmonares o inmunosupresoras, así como mujeres embarazadas o en puerperio inmediato. La cláusula 43 les permite suspender labores sin perjuicio para el trabajador. Pemex sólo aplicó esas medidas a su personal administrativo y de guarderías.
El 22 de mayo el diputado independiente Luis Alonso García Hernández, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, denunció por esa omisión al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ante la Fiscalía General de la República. También lo responsabilizó, junto a cualquier otro funcionario que resulte implicado, por las muertes de obreros de plataforma a causa de covid-19 en la Sonda de Campeche y por la expansión del contagio, que atribuye a la falta de medidas preventivas y de control sanitario.
Hasta el miércoles 10, Pemex reconocía entre su personal 2 mil 138 casos confirmados de contagio y 356 defunciones: 113 trabajadores activos, 126 jubilados, 114 familiares y tres externos (de ellos, 226 hombres y 130 mujeres). Además se reportaron 8 mil 674 casos sospechosos y se realizaron 3 mil 671 pruebas de diagnóstico, con las que se descartaron mil 533 casos.
El cómputo de la Secretaría de Salud de Campeche correspondiente al mismo día alcanzó 947 casos confirmados, 432 de ellos en el municipio de Carmen y 114 en el área de plataformas. Se informó de 117 defunciones, sin precisar dónde ocurrieron.
En vista del rápido avance de los contagios en la entidad, el gobernador Carlos Miguel Aysa González lanzó el pasado 14 de abril “un enérgico llamado” a las empresas del sector para que extremaran sus medidas de prevención y atención a la pandemia. Advirtió que “de no actuar con responsabilidad, el brote podría salirse de control”.
Romero Oropeza aplacó al mandatario. Envió representantes a las reuniones del gobierno estatal para trabajar “de cerca” en la estrategia contra la pandemia, donó equipos médicos e insumos de protección para los trabajadores de la salud a nombre de Pemex y sus contratistas; y empezó a enviar reportes cotidianos sobre el conteo de casos y sus acciones de prevención, contención y atención a la pandemia.
Y el 26 de mayo, en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores para preparar el retorno a la “nueva normalidad”, Aysa pidió al gobierno federal aplicar en Campeche un parámetro de evaluación diferente al que establece el semáforo epidemiológico. Explicó que debe separarse el grado de riesgo que implica la industria petrolera y el del resto del estado, pues en caso contrario éste será el último en iniciar su reactivación económica.
Protestas, amparos, testimonios
El primer caso de coronavirus en Campeche se registró en Ciudad del Carmen: un plataformero que a mediados de marzo viajó a Europa con su esposa, su hija –también empleada de Pemex–, y su nieta de seis meses. Una semana después regresó enfermo, aunque supuestamente nadie de esa familia tuvo contacto con otros trabajadores y se aislaron en su domicilio.
El brote en las plataformas comenzó en el complejo de producción Abkatún-Alfa, donde el 7 de abril se confirmó el primer caso positivo. El virus cundió por las plataformas Abkatún-A, Abkatún-K, Zaap-C, Akal-Folgo, Akal-J, Akal-H, Mase 801, Akal-Romeo y Pol-Alfa.
Lo mismo sucedió en buques al servicio de Pemex, como el Blue Pioneer, que fue puesto en cuarentena con sus 180 ocupantes al detectarse varios contagios, y el Reforma Pemex, cuyo administrador fue bajado a tierra en estado grave y horas después falleció. Aunque estrictamente ninguno murió a bordo, en la lista de fallecidos hay trabajadores de Pemex y de compañías contratistas.
En su visita a Campeche el miércoles 3, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “aunque son pocos casos, un porcentaje mayor se registra en Ciudad del Carmen por los trabajadores de las plataformas; aunque ya hay una atención especial, nada se ha salido de lo previsto y sí hay atención especial. Pero sí es por el trabajo en las plataformas y tiene que ver más con Ciudad del Carmen”. Enseguida cambió el tema.
Con 27 años de servicio en Pemex, Jesús Barradas ofrece su testimonio por escrito, por las complicaciones respiratorias que padece.
Refiere que dados sus antecedentes clínicos, de los que Pemex tiene constancia, a mediados de abril solicitó acogerse a la cláusula 43. Al no obtener respuesta pidió la mediación sindical, pero se le negó y tuvo que presentarse a sus labores. En la rutina previa al abordaje notificó su condición de diabético al personal de los arcos de desinfección del helipuerto de Ciudad del Carmen y la terminal marítima de Dos Bocas, quienes respondieron que no había restricciones para que subiera a trabajar.
El 25 de abril cayó enfermo. El médico de la plataforma le recetó paracetamol y reposo. Al terminar su rol, el 30 de abril bajó con sus compañeros de turno, la mayoría asintomáticos. El 1 de mayo Jesús pagó por su cuenta los análisis que confirmaron el diagnóstico: positivo a covid-19. Dada su complicación, finalmente se le aplicó la cláusula 43.
“Pemex sabe perfectamente quién de su personal tiene condiciones de riesgo. Sin embargo, en aras de la productividad, no aplicó los protocolos de protección –señala–. Esto se salió de control por gente que toma las decisiones sólo pensando en números, sin tener en cuenta que los trabajadores no somos de acero.”
Otro trabajador, diabético e hipertenso, es Jorge Luis Ríos Robles, quien se convirtió el 12 de mayo en el primero que obtuvo un amparo federal para resguardarse en su domicilio con goce de sueldo y prestaciones, aunque esto sucedió después de que se contagió.
Supervisor electrónico en Abkatún-Alfa y con 29 años de antigüedad en Pemex, Ríos Robles fue de los primeros infectados de las instalaciones marítimas. Al agravarse su estado fue bajado de urgencia para recibir atención médica. El 8 de mayo, a media convalecencia, se le obligó a reintegrarse al trabajo. Desde la plataforma tuvo que presentar una demanda de amparo contra esa orden que puso en peligro su vida. El 11 de mayo el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Campeche, resolvió a su favor el amparo 113/19-2020 y le dio a Pemex un plazo de 24 horas para bajarlo de la plataforma y regresarlo a su casa.
El afectado relata que la cadena de contagios comenzó por un par de trabajadores que, al volver de Europa, subieron a las plataformas a mediados de marzo sin someterse a ningún control sanitario. Pese a sus síntomas estuvieron varios días a bordo, porque el médico les impidió bajar. Para el 8 de abril más de una docena trabajadores empezaron a enfermar. Cuatro días después, con más de 30 personas contagiadas de “gripe, dengue e influenza”, lanzaron un grito de auxilio a través los medios porque no había medicamentos a bordo. Sólo así se comenzó a extraer a los más graves.
“Nos han reportado que hay una gran cantidad de trabajadores en plataformas y embarcaciones donde no se guarda ni siquiera el protocolo de la sana distancia, y como ellos están en espacios en confinamiento, el riesgo de contagio es mayor”, señala Emmanuel Quiroz Parrilla, uno de los abogados ocupados en atender los trámites legales que trabajadores afectados han emprendido, los cuales van en varias vías, pero en principio lo que urge es proteger las vidas de los que están en riesgo.
Miembro del colectivo Justicia Covid-19, explica que por la vía administrativa su grupo ha conseguido el resguardo domiciliario absoluto bajo la cláusula 43 para más de 20 trabajadores petroleros en situación de vulnerabilidad, en su mayoría de las plataformas marinas, pero también de instalaciones en Poza Rica y Minatitlán, en Veracruz. Y siguen tramitando más recursos por esta vía.
