En el contexto de la pandemia de coronavirus hay un lugar de confinamiento que no ofrece protección: las prisiones. Sus ya conocidas condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, carencias materiales, deficiente alimentación, autogobierno de reos e insuficiente atención médica, eleva al máximo los riesgos de contagio para internos y custodios.
Clara es madre de un interno del Cefereso 13 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. No tiene reposo desde que el brote de covid-19 llegó a ese penal de alta seguridad. Su hijo forma parte de la población de riesgo, pero carece de las medidas de protección necesarias para enfrentar la enfermedad.
“Mi hijo tiene artritis reumatoide, psoriasis, está perdiendo la vista y tiene principios de diabetes. Mi temor es que se contagie con el covid-19. Si eso ocurre, mi pobre hijo no la va a contar, no es justo”, dice Clara, nombre ficticio con que fue renombrada para evitar represalias contra ella o su hijo, sentenciado por homicidio a 23 años, de los que ya cumplió 17.
Sin posibilidades de visitarlo por las medidas sanitarias impuestas por el penal, Clara se comunica cada cuatro días con su hijo, quien le confirma que comparte con 11 personas una celda diseñada para cinco, que no le han concedido la consulta médica que solicitó hace dos meses ni le han dado medicamentos, aunque “se siente muy mal”.
La señora no tiene datos precisos, pero su hijo le contó que en el Cefereso 13 hay varios internos enfermos de covid-19 y que el mal fue propagado por custodios “que entran y salen”.
Esa situación fue advertida por los medios locales al menos desde el 13 de abril, cuando se difundió que una custodia del penal fue trasladada al Hospital Regional del ISSSTE Presidente Juárez, en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, por presentar síntomas de covid-19, pero al poco tiempo se reintegró a sus labores.
Clara ha tratado de comunicarse con las autoridades penitenciarias para saber qué están haciendo para garantizar el derecho a la salud de su hijo, pero no le han respondido. En las llamadas telefónicas ella le indica que se lave las manos con frecuencia y utilice una camiseta para protegerse el rostro porque en el Cefereso 13 no tienen acceso a cubrebocas.
“Sólo nos queda suplicar que nos apoyen con algo, lo que sea, sobre todo que les lleven cubrebocas y que les apliquen las medidas de libertad”, apunta Clara. Se refiere a que su hijo ya purgó más de la mitad de la sentencia, pero se le niega el derecho a liberación anticipada o condicionada que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Datos inconsistentes
El testimonio de Clara es uno de decenas que ha recopilado la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y que forman parte de la campaña #VocesQueCuentan, para evidenciar la tragedia sanitaria que se vive en algunas de las 295 prisiones del país.
“Intentamos dar rostro al trabajo que venimos realizando de contabilizar los casos de infecciones y fallecimientos por coronavirus; que se visibilice lo que están sufriendo la población penitenciaria y sus familias, completamente olvidadas en la emergencia sanitaria”, dice José Luis Gutiérrez, director de Asilegal.
Antes de esta campaña la organización creó en su sitio web un micrositio con el “Mapa Penitenciario Covid-19”, que retoma información pública sobre los contagios y fallecimientos entre internos y personal penitenciario, incidentes violentos ocurridos desde abril pasado –cuando empezaron los brotes en prisiones–, así como las liberaciones de reclusos en los estados.
Hasta el jueves 11, Asilegal había registrado 548 contagios por covid-19, de los cuales 444 corresponden a personas privadas de la libertad y 91 a custodios; en cuanto a los fallecimientos, se tiene un registro de 69, de los cuales 42 eran internos y 27 personal penitenciario, en tanto que, durante el periodo de la contingencia sanitaria, han ocurrido 16 incidentes de violencia.
Desde el primer balance del 30 de abril a los siguientes 42 días, los reportes de Asilegal muestran un incremento de afectaciones por covid-19 en prisiones de manera exponencial: el nivel de contagios creció 750.68% y los fallecimientos a 3 mil 450%, pues su conteo inició con 73 infectados y dos muertos.
Para Gutiérrez es muy probable que no se llegue a conocer del todo la gravedad de la pandemia en los centros penitenciarios, porque no hay transparencia de las autoridades penitenciarias, ni siquiera ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que, reconoce, ha compartido información con Asilegal.
“Incluso la metodología de la CNDH es distinta a la nuestra, porque nosotros contabilizamos personal que trabaja en los centros penitenciarios, lo que el organismo no hace”, destaca.
La propia CNDH es inconsistente en sus datos. En su último reporte sobre la situación penitenciaria, publicado en su cuenta de Twitter el viernes 5, la Dirección General y Pronunciamientos Penitenciarios de la Tercera Visitaduría General incluye una gráfica sobre el registro de 395 casos positivos a covid-19 y 59 decesos, sin embargo, en una acotación de la imagen se indica que “los 55 (sic) decesos corresponden tanto a casos sospechosos (39 defunciones) como a casos positivos (16 defunciones) por Covid-19”.
El tuit señala que de las 395 personas privadas de la libertad positivas a covid-19, 357 estarían en penales estatales, 37 en centros federales y uno en prisión militar. Se incluye el dato de 232 personas sospechosas de portar el virus: 176 en penales estatales, 49 en federales y siete en prisiones militares, en tanto que 77 internos se habrían recuperado.
La comisión también hace referencia a tres motines o riñas desde que en abril empezó a dar seguimiento a la pandemia en prisiones.
Vulnerabilidad extrema
José Luis Gutiérrez recuerda que hasta febrero pasado había en México 203 mil 393 personas privadas de la libertad, de las cuales 10 mil 696 son mujeres y 192 mil 697, hombres, de los cuales 76 mil 475, es decir, 33%, estaban en prisión preventiva.
Agrega que en el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, presentado en noviembre pasado, se determinó que de los 295 penales del país, 110 tenían condiciones de sobrepoblación y hacinamiento; en 71 de 154 revisados había autogobierno; la calificación en una escala del uno al 10 en materia de salud era de 6.19 en promedio y en cuanto al nivel de atención a presos adultos mayores era de 5.75.
El diagnóstico agrega que 75% de los penales no garantiza una alimentación adecuada y en 62.84% había condiciones alarmantes de higiene y salubridad.
“Este contexto prepandemia es importante tenerlo en cuenta cuando el 8 de abril el doctor Hugo López-Gatell da a conocer un protocolo aplicable para centros penitenciarios federales y algunos estatales, que proponía la sana distancia donde impera el hacinamiento y la sobrepoblación, y la sanitización, que si bien es cierto que en algunos estados se sanitizaron las áreas comunes y las celdas, el contexto en que viven las personas privadas de libertad es sin agua potable, sin jabón, sin cloro, sin recursos específicos para poderle hacer frente a la pandemia.”
Al señalar que los insumos de limpieza son suministrados a los reos por sus parientes, Gutiérrez advierte que ante la medida de suspensión de visitas familiares, necesaria para evitar la propagación del virus, debía tomarse “bajo reserva de que el centro penitenciario estatal y nacional se hicieran responsables de dar los insumos mínimos para mantener estos espacios”.
Alerta que en materia de salud ni siquiera los centros penitenciarios federales se salvan de carencias, pues al comunicarse con autoridades de los penales le han comentado que “no tienen médicos, y que como afuera se canceló el Seguro Popular, ya no tienen dónde llevar a la persona infectada por covid-19, a ello se suma que no se están haciendo pruebas al interior de los centros, por lo que es probable que haya un subregistro”.
Mientras la pandemia cobra vidas y pone en riesgo a miles de presos, los registros de Asilegal refieren que hasta el jueves 11 sólo habían sido puestos en libertad 3 mil 539 reos de penales estatales. A la cabeza de esas liberaciones está el Estado de México con 2 mil 583; lo siguen la Ciudad de México (321), Durango (275), Guerrero (217), Quintana Roo (46), Coahuila (39), Chiapas (34), Oaxaca (15), Chihuahua (8) y Aguascalientes (1).
Las puestas en libertad son ajenas a la Ley de Amnistía aprobada el 22 de abril por el Senado, que fue presentada como la clave para despresurizar el sistema penitenciario para evitar la propagación del covid-19, pero hasta ahora no hay visos de su aplicación.
Al señalar que Asilegal está de acuerdo con el espíritu de la Ley de Amnistía, que había estado congelada en la Cámara de Diputados desde el 18 de septiembre del año pasado, Gutiérrez advierte que el Ejecutivo “se preocupó más por que se aprobara la ley que por que se aplicara”.
Corresponde a la Secretaría de Gobernación implementar esa ley a partir de la creación de una comisión revisora de casos, que deberán someterse a los jueces de ejecución. De cumplirse los tiempos establecidos en la ley, “estaríamos viendo a las primeras personas amnistiadas en diciembre, pero como vemos, las autoridades no tienen urgencia”.
Lamenta que mientras las cárceles siguen llenas, se mantiene como letra muerta la Ley Nacional de Ejecución Penal que permitiría despresurizarlas de manera efectiva. De aplicarla, “25 mil personas podrían verse beneficiadas, tanto a nivel federal como estatal”.
Esa ley prevé, como condiciones de liberación, que los reos hayan compurgado entre 50 y 70% de sus condenas o bien que sea parte de una política penitenciaria, como ocurre en el caso del Estado de México, “donde hay penales con más de 400% de sobrepoblación”, apunta Gutiérrez.
“Sin contar las liberaciones del Estado de México, lo que vemos es que han sido mínimas, lo que tiene que ver también con que los jueces de ejecución penal están de cuarentena, cuando deberían estar haciendo su chamba y revisando casos.”
