En enero de 2018 funcionarios de la administración de Peña Nieto “condicionaron” la entrega de partidas federales para el estado de Chihuahua a cambio de frenar la investigación que el gobierno del estado realizaba sobre el desvío de recursos públicos para la campaña del PRI en las elecciones locales de 2016. Temían que las investigaciones alcanzaran a Alfonso Isaac Gamboa Lozano, quien desde la Secretaría de Hacienda presuntamente participó en ese desvío y supo quién lo ordenó… Pero nunca pudo testificar. Fue ejecutado el jueves 21 en Temixco, Morelos.
Chihuahua, Chih.- En el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzaron a preocuparse cuando el gobierno de Chihuahua, encabezada por el panista Javier Corral Jurado, inició una investigación por corrupción que pudiera alcanzar a Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La detención, el 20 de diciembre de 2017, de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general adjunto del PRI cuando Manlio Fabio Beltrones estuvo al frente del partido, desató una serie de acciones del gobierno peñista para obligar al gobierno de Corral a informar sobre la investigación y para que ésta fuera atraída por la justicia federal.
En enero de 2018 el gobierno federal condicionó por lo menos dos convenios firmados con el gobierno de Chihuahua para depositarle una partida que le permitiría concluir el ejercicio fiscal 2017, toda vez que el mandatario panista recibió la administración en bancarrota.
Los convenios fueron incumplidos por el gobierno federal y Gustavo Madero Muñoz, coordinador del gabinete de Corral, cuestionó vía telefónica al entonces titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, si la represalia económica era por la detención de Gutiérrez.
“Delante de mí, Madero preguntó directamente al secretario de Hacienda: ‘A ver Pepe Toño, ¿no se está mezclando esto con otra agenda?’. El secretario contestó: ‘Hay que platicar, hay que platicar’”, dijo Corral aquel año.
Los convenios que correspondían a depósitos de 900 millones de pesos fueron firmados seis días antes de la detención de Gutiérrez, a quien se acusó del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua a campañas electorales del PRI en 2016.
Corral dio detalles de la reunión del 4 de enero de 2018, cuando denunció que les estaban condicionando la partida económica para Chihuahua, a la entrega de información de la investigación contra Gutiérrez porque les preocupaba que fuera investigado Gamboa Lozano, quien fue asesinado el jueves 21 en el fraccionamiento Brisas de Temixco, Morelos, junto con tres hermanos y su mamá.
En aquella reunión participaron el entonces titular de la SHCP, González Anaya; Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la dependencia; el procurador fiscal Max Diener; y Gamboa Lozano; por parte del gobierno estatal estuvieron Corral, Madero y Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda de Chihuahua.
Los funcionarios federales les dijeron a sus interlocutores que la investigación por peculado contra Gutiérrez ponía en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos y por eso se incumplió el convenio, un pretexto que Corral consideró un despropósito.
González Anaya les preguntó directamente si la investigación involucraba a Gamboa Lozano, a quien los funcionarios estatales no conocían personalmente, sólo sabían de él por su firma en los convenios recientes y en el gobierno de César Duarte, relató Corral.
Patrón de conducta
Al conocer del homicidio de Gamboa Lozano, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, externó que ese personaje –clave en las indagatorias sobre corrupción– se llevó a la tumba mucha información que hubiera ayudado en las investigaciones de la Operación Saneamiento Financiero (Safiro), que investiga la red de corrupción que desvió cantidades millonarias del erario hacia el PRI o a cuentas privadas mediante la simulación de contratos con empresas fantasma.
“Gamboa era el responsable de autorizar y decidir a qué estados se canalizaban los recursos del fondo para el fortalecimiento para las entidades federativas. Es decir, son las ministraciones adicionales que el gobierno federal destinaba de manera discrecional a los estados. En el caso de Chihuahua se asignaron recursos por esa oficina de la Secretaría de Hacienda, los cuales, se supo después, fueron ejercidos a través de contratos simulados celebrados con ‘efos’ –empresas que facturan operaciones simuladas; es decir, empresas fantasma– y que, según testigos, se fueron a financiar campañas políticas”, explicó Peniche.
La investigación está frenada por una serie de movimientos jurídicos que hicieron la defensa de Gutiérrez y el gobierno federal. Ello impidió que Gamboa compareciera ante la justicia chihuahuense; sin embargo aún están pendientes seis amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista con Proceso, Peniche expone las preguntas que habría formulado a Gamboa: “¿Con cuántos estados más se hizo? (la canalización de fondos federales de manera irregular), ¿qué cantidades se destinaron a la Operación Safiro?, ¿quiénes le dieron la instrucción para esa acción?”.
La forma en la que operaron para el desvío de esos fondos, dice, es la simulación de los desvíos que hicieron en la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que se deduce que se trata de una acción sistemática en la administración federal anterior, la de Peña Nieto, para el desvío de recursos.
“Este patrón de conducta en la investigación vimos que se repitió en otros estados de la República en los que no se inició ninguna investigación. De la investigación realizada se desprendió que Isaac Gamboa era pieza angular en esta práctica pues tenía capacidad de decisión”, insiste Peniche.
El funcionario estatal denuncia que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y el gobierno federal anterior hicieron todo, “incluso torcer la ley”, para arrebatar a Chihuahua esa investigación que aún pende de un hilo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Gamboa Lozano ingresó al gobierno federal cuando Luis Videgaray era titular de la SHCP; siguió en la dependencia con José Antonio Meade y con José Antonio González Anaya. Su jefe inmediato era Miguel Messmacher Linartas, quien, como Gamboa y Videgaray, cursó economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Gamboa fue quien firmó los convenios con el gobierno de Chihuahua y operó para que no se efectuaran las transferencias; también fue el principal operador de las transacciones financieras entre el gobierno federal y el gobierno de Duarte, hoy prófugo.
El cuñado de Peña Nieto
En otro proceso penal que se le sigue a Ricardo Yáñez Herrera –titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte durante la administración de Duarte–, Marcelo González Tachiquín –uno de los exfuncionarios sentenciados en la Operación Safiro– señaló en una audiencia que Yáñez involucró a Juan José Chimal, cuñado del expresidente Peña Nieto, en el presunto desvío de 23 millones 200 mil pesos del erario de Chihuahua.
De acuerdo con el Ministerio Público, el exfuncionario simuló un contrato para obtener servicios de asesoría técnica y financiera al presupuesto del Fondo de Aportación para la Educación, en abril de 2015, por la cantidad mencionada. El dinero fue desviado por medio de la empresa Explocean, presuntamente relacionada con el cuñado de Peña Nieto.
El gobierno de Chihuahua ha procesado a cuatro exfuncionarios estatales (dos están sentenciados) y uno federal, por el desvío de 250 millones de pesos entregados por la federación al gobierno estatal, que estaban etiquetados para el rubro educativo, pero se desviaron a campañas electorales del PRI.
Los contratos con empresas fantasma están fechados de febrero a abril de 2016 (casusa penal 780/2017) y son los siguientes:
Uno es para aplicar talleres para padres de familia, por 55 millones de pesos, otorgado a la empresa Servicios Accesorios Samex; otro fue para la capacitación de docentes de nivel básico, por 55 millones, en favor de la empresa Servicios y Accesorios Cimax.
El tercer contrato está relacionado con temas ambientales, por 46 millones de pesos, que beneficiaron a la empresa Servicios y Accesorios Cisas, y el cuarto para el diseño e implementación de software, por 90 millones de pesos que fueron pagados en el despacho de Profesionistas Futura.
Alejandro Gutiérrez está acusado de gestionar la transferencia de los recursos federales a Chihuahua para otorgarle el dinero al PRI posteriormente, así como de utilizar dos de sus empresas en la otra causa penal, por la que fue sentenciado a tres años en libertad condicional.
Gerardo Villegas Madriles, en su calidad de director de Administración de la Secretaría de Hacienda, fue detenido el 28 de marzo de 2017 por suscribir y elaborar los contratos.
Antonio Enrique Tarín García, familiar del exgobernador Duarte y director de Adquisiciones y Servicios durante la gestión del priista, enfrenta nueve causas penales; en el caso de los 250 millones desviados, él autorizó los pagos.
Karina Areli Jurado Bafidis, quien fue sentenciada a tres años, era la directora administrativa de la Secretaría de Educación y Deporte. Se declaró culpable por autorizar los contratos pagados a través de depósitos bancarios el 6 de abril de 2016.
Por lo que atañe a Yáñez Herrera, detenido el 28 de marzo de 2017 y sentenciado el 11 de noviembre de ese mismo año, también se declaró culpable y aportó información a las autoridades.
En ese caso, el gobierno de Chihuahua veía la oportunidad de solicitar la declaración de Gamboa, para develar de dónde vino la orden para desviar el dinero hacia las campañas del PRI por medio de los gobiernos estatales.
Los pendientes
En el proceso que se le sigue a Alejandro Gutiérrez, el juez federal Gerardo Moreno desconoció al gobierno estatal en febrero de 2018 como víctima en el caso de peculado agravado contra Gutiérrez. Desde ese día comenzó una lucha en los juzgados para acreditar la competencia del gobierno estatal, hasta llegar a la SCJN.
El consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, dio a conocer que se encuentran pendientes seis recursos promovidos ante la Corte y considera que el asesinato de Gamboa Lozano no afecta la investigación que realizan en Chihuahua, porque hay pruebas suficientes para acreditar el desvío y la responsabilidad de los implicados.
Peña Nieto promovió en 2018 una controversia constitucional para impedir que continuaran las diligencias que podrían alcanzar a más funcionarios de su gobierno. El entonces ministro Eduardo Medina Mora admitió el recurso en octubre de ese año. El gobierno estatal lo impugnó.
En junio de 2019, la Segunda Sala Penal de la SCJN eliminó la prohibición de investigar a funcionarios o exfuncionarios federales en delitos de carácter local en el caso del desvío de los 250 millones del erario de Chihuahua.
La Segunda Sala desechó la controversia constitucional promovida por el gobierno federal, lo que permite al gobierno de Chihuahua continuar con la investigación, sin importar si los presuntos implicados son o fueron funcionarios estatales o federales.
Sin embargo, aún faltan más amparos por resolver para determinar si le reconocen a Chihuahua su carácter de víctima, se le restituye como parte actora de la investigación y si se revoca el sobreseimiento del caso de Alejandro Gutiérrez que ordenó un juez federal.
Después del asesinato, en entrevista con medios nacionales, Corral reconoció que hoy hay una mejor colaboración con las instancias de gobierno federal respecto de la Operación Safiro, un caso en el que la Unidad de Investigación Financiera también ha avanzado.
“Debe llamar al gobierno a una investigación amplia por la relevancia del personaje, que fue señalado con toda claridad en investigaciones ministeriales por su vínculo en operaciones totalmente ilícitas de la operación de recursos públicos, además de que la mayoría de esos convenios, si no es que todos los convenios del ramo 23, eran firmados por él”, dijo el mandatario estatal.
Corral agregó que, más que la Fiscalía de Morelos, la investigación del asesinato llama a indagar a la Fiscalía General de la República, a través de sus unidades de investigación especializada, por la relevancia de los datos que obran en las investigaciones del gobierno de Chihuahua, que deberán ampliarse para que el crimen no quede impune.
