Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres lamentan que las autoridades federales no tengan entre sus prioridades las acciones para prevenir la violencia intrafamiliar y para atender a las víctimas de este flagelo que se ha recrudecido durante la contingencia sanitaria causada por el covid-19. Pero no sólo cuestionan la pasividad oficial para atender el tema, sino el hecho de que le quiten recursos a las organizaciones, como las Camis, que dan refugio y apoyan a las víctimas para que denuncien a sus agresores.
Desde Sihó, una pequeña comunidad maya del municipio de Halachó, en la frontera entre Campeche y Yucatán, Nelsy Ku Chay disiente del discurso presidencial sobre la supuesta “fraternidad” y el reencuentro familiar durante el confinamiento domiciliario para evitar la propagación del coronavirus.
“Desconocemos qué es lo que conlleva la palabra fraternidad, la palabra armonía familiar de la que habla el presidente”, dice esta defensora comunitaria que es coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente, que agrupa 35 espacios en el país conocidos como camis, que apoyan de manera multidisciplinaria a las mujeres, particularmente a las que padecen violencia.
Encargada de la cami de su comunidad, llamada “Tooj óolal Puks’ik’aal”, que en maya significa “Sanando el corazón”, dedicada a la atención de la salud integral y prevención de la violencia, Nelsy Ku sostiene que, contrario a la imagen pacifista de los pueblos originarios, entre 80 y 90% de las familias indígenas jóvenes viven la violencia de manera cotidiana, situación que se ha agravado durante la cuarentena sanitaria.
“Fraternidad es lo que queremos, pero todavía sigue siendo algo imaginario, no es lo que estamos viviendo”, insiste la defensora de 44 años, la mitad de ellos dedicados al trabajo comunitario.
Advierte que en las zonas indígenas de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Veracruz y Chiapas se ha reportado un aumento de la violencia contra las mujeres durante estos dos últimos meses, situación que se padece, incluso, en Yucatán, donde fueron denunciados tres feminicidios en abril, cifra muy elevada para ese estado que habitualmente tiene bajos índices de violencia.
A Nelsy le resulta incomprensible que en este contexto de emergencia –y más adverso para las mujeres– el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decida fortalecer los recursos contra la crisis sanitaria cancelando la entrega de presupuesto a las camis, que el año pasado fueron de 30 millones de pesos para atender a unas 29 mil indígenas.
Las camis reciben financiamiento del Programa de Derechos Indígenas, dependiente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a dicho programa se le asignaron 199.75 millones de pesos, mientras el año pasado fueron 310.7 millones.
“Por primera vez en 17 años las camis tienen un recorte presupuestal. En el fondo, a las indígenas se les está negando el derecho a tener un acompañamiento para acercarse a instancias de gobierno, porque cuando van al Ministerio Público a denunciar violencia intrafamiliar, les dicen: ‘Pues no atendiste a tu marido o qué le hiciste… Tienes que atenderlo’. A veces esas mujeres no tienen dinero para ir a Mérida o a Umán a denunciar, y es cuando nosotras las apoyamos.”
Ku Chay advierte que a causa del recorte, algunas camis están por cerrar. “La cancelación de los fondos refleja que no estamos siendo consideradas como un sector esencial para la Cuarta Transformación, y esa es una forma de violencia, un atentado a nuestros derechos como mujeres indígenas”.
En espera de que López Obrador acuda a Cancún para dar el banderazo de salida a las obras del Tren Maya, Ku Chay expresa: “En la emergencia para enfrentar el covid-19, ¿en verdad la única bolsa que se requería como un asunto de vida o muerte para atender esta problemática era la de las camis?
“Sorprende que para este gobierno la vida y la seguridad de las mujeres indígenas no sean esenciales, como sí lo son otros programas, como el Tren Maya, que siguen recibiendo recursos.”
Alza de casos
El cuestionamiento sobre los recursos públicos para atender la otra pandemia, la de la violencia contra las mujeres en el seno familiar, sobre todo en el contexto del confinamiento por el brote de coronavirus, surge a partir de la constatación del incremento de las agresiones a mujeres y niños en el país, tal como se ha reportado en otros países, advierte el informe How covid-19 is changing the world: a statistical perspective (Cómo el covid-19 está cambiando el mundo: una perspectiva estadística), elaborado por la iniciativa The Committee of the Coordination of Statistical Activities –en el que participan 36 oficinas de la ONU– y que fue presentado el miércoles 13.
En el capítulo correspondiente a ONU-Mujeres, “Mujeres en la primera línea, pero la equidad de género en riesgo”, se alerta que el confinamiento y el distanciamiento social “han tenido un efecto negativo en las mujeres para acceder a algunos servicios, empeorando su vulnerabilidad”.
Además, reportes preliminares confirman que “la violencia contra ese sector de la población se ha intensificado hasta transformarse en una pandemia bajo la sombra”.
El informe de los organismos de la ONU registra el incremento de las denuncias por violencia doméstica. En Francia los casos aumentaron 30% a partir del confinamiento decretado el 17 de marzo, en Chipre y Singapur las líneas de auxilio han registrado un aumento de 30 y 33%, respectivamente, en las llamadas de emergencia; en Argentina los casos de violencia doméstica subieron 25% desde que fue decretado el encierro el 20 de marzo, mientras que en países como Canadá, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos también han sufrido un alza en la violencia doméstica, así como en las solicitudes de ingresos a albergues o refugios de emergencia.
El informe no incluye la situación de México, pero el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta del incremento de la violencia en los hogares, especialmente contra mujeres y niñas, una tendencia que se venía advirtiendo desde los primeros meses del año (Proceso 2267).
De acuerdo con la información de las 32 fiscalías estatales del país, en el primer cuatrimestre de este año se iniciaron 68 mil 468 carpetas de investigación por violencia familiar. En marzo, el primer mes de la cuarentena, fueron abiertas 20 mil 232 carpetas, la cifra más alta registrada desde 2015.
En abril la suma de expedientes abiertos fue de 14 mil 591, que representan mil 687 carpetas menos que en el mismo mes de 2019. Sin embargo, para las defensoras de los derechos la mencionada reducción refleja las limitaciones para denunciar ante el Ministerio Público.
Sobre los casos de violencia extrema, en el primer cuatrimestre se registraron 308 carpetas de investigación por feminicidios, los cuales representan 314 víctimas, prácticamente la misma cantidad de reportes que los registrados en el mismo periodo de 2019, año en que se abrieron 305 averiguaciones, con 321 víctimas. En tanto, el número de víctimas por homicidio doloso creció de una manera preocupante al acumularse en ese periodo 987 registros, 103 más de los registrados en el mismo periodo del año pasado: 884.
En cuanto a las llamadas de auxilio por incidentes de violencia familiar, en el primer cuatrimestre se registraron 230 mil 757 al número de emergencia 911, cifra superior 6.5% a lo reportado el año pasado. Sin embargo, resalta marcadamente el incremento registrado de febrero a marzo de este año, al pasar de 52 mil 858 llamadas a 64 mil 858, lo que significa un aumento de 22%, aunque después la cifra se redujo en abril, al reportarse 60 mil 543 llamadas de auxilio.
Incertidumbre
Ante el incremento de la violencia contra las mujeres durante la cuarentena y la falta de certeza sobre las previsiones presupuestales para atender la problemática, pues en el decreto presidencial del 23 de abril no se toma en cuenta la atención a las mujeres en ninguno de los 38 programas esenciales que no se verán afectados financieramente –como las el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles–, defensoras de los derechos humanos sostuvieron un encuentro virtual, el viernes 22, con representantes del gobierno federal, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En entrevistas por separado, Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios (RNR), y Tania Reneaum, directora para México de Amnistía Internacional, “incertidumbre” es la palabra que define el resultado del encuentro con el gobierno federal.
Ambas reconocieron la disponibilidad de las funcionarias que acudieron a la reunión virtual, así como la aparente imposibilidad legal para que se recorten fondos destinados a la atención de las mujeres en situación de violencia. No obstante, en ellas aumentó la preocupación sobre los recursos debido al antecedente sobre el ajuste de presupuesto contra las camis y la carencia de contundencia de la propia secretaria de Gobernación para garantizar los fondos públicos.
“Me parece que el gobierno federal en turno no está haciendo una valoración de las prioridades ante la contingencia por el covid-19. Por supuesto que es importante y le están dando prioridad a los programas insignia del presidente, entre ellos al Tren Maya y a la refinería, pero están dejando sin recursos a las camis.
“En el tema de los refugios lo que nos preocupa es que, si bien ya se ha destinado 50% de la primera ministración de un poco menos de 50% de los refugios que presentaron proyectos, lo que se nos dice es que ‘hasta ahorita’ no tienen ninguna instrucción de que no se opere la segunda administración. Si dejas abierta esa ventana de ‘hasta ahorita’, resulta alarmante”, sostiene Figueroa.
Al señalar que los 69 refugios que están en la RNR atienden a 25 mil víctimas de violencia al año, en promedio, Figueroa expone que en el encuentro con Sánchez Cordero la funcionaria habló de buscar fondos en representaciones diplomáticas de la Unión Europea, lo que para ella demuestra que las mujeres “no estamos en el centro de la actuación gubernamental, y que se está dando prioridad a megaproyectos, como los mencionados, que no garantizan la vida y la seguridad de las mujeres ni disminuyen las brechas de desigualdad”.
Tania Reneaum detalló que la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, explicó que para 2020 se etiquetaron más de 103 mil 500 millones de pesos que corresponden al anexo 13 del PEF, denominado “Erogaciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres”. De ese fondo los montos más fuertes corresponden a los programas de la Secretaría de Bienestar y que “tienen entre 30 y 50% de beneficiarias mujeres”.
Si bien la funcionaria les aseguró que 90% de los recursos del anexo 13 estaban asegurados, Reneaum advierte que “sólo 1% de los más de 103 mil millones, poco más de 629 millones de pesos, contempla programas específicos para atender la violencia contra las mujeres”.
La representante en México de Amnistía Internacional lamenta que hasta ahora no se haya visto la actuación de la Cámara de Diputados –que tiene atribuciones para vigilar las modificaciones al presupuesto– como contrapeso del Poder Ejecutivo.
“Lo que no percibimos es un plan de acción, vemos con mucha preocupación el orden de prioridades en el contexto de la pandemia, no estamos seguras si va a haber dinero para atender la violencia contra las mujeres”, lamenta Tania
Reneaum.
