Desde que el gobierno de Felipe Calderón autorizara la creación de parques eólicos para producir la llamada “energía limpia”, otros proyectos se han asentado en el país. Sin embargo, la falta de acuerdo con las comunidades y el aparente amarre de esos negocios a intereses políticos ha provocado conflictos sociales y suspicacias del actual gobierno federal. Pese a estas confrontaciones, la única salida viable para las empresas productoras de energía fotovoltaica y eólica parece ser la negociación.
En 2010 una autorización del gobierno de Felipe Calderón permitió la creación de Fuerza Eólica San Matías, un parque de “energías limpias” en el que uno de los inversionistas consiguió convertirse en comisariado ejidal de la extensión de tierras que desde tiempo inmemorial era territorio de los kiliwa, en Baja California.
Para entonces el pueblo kiliwa se aferraba, como otros de la región, a sus últimos rasgos identitarios para evitar la extinción de su cultura, pues le quedaban cinco hablantes de su lengua, sus miembros se dispersaron a través de los años y los derechos de su territorio eran adquiridos por mestizos como Federico Goettfried Blackmore, ingeniero por el Tec de Monterrey, posgraduado en la Universidad Internacional de Florida, que además de inversor energético asumió la representación ejidal.
Hoy quedan sólo tres hablantes de la lengua ancestral y su antiguo territorio, ubicado entre la Sierra Juárez y la Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada, está ocupado en buena medida por enormes aspas que irrumpen en el paisaje en filas de generadores eólicos que estaban por entrar en operación después de una década de complicaciones y conflicto social.
Identificada por Alfonso Morcos Flores, titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), como una inversión de la trasnacional española Elecnor, el Parque Eólico San Matías –localizado en el antiguo territorio kiliwa–, es uno de los que deben suspender las pruebas preoperativas a partir de que se implantara el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, del que se duelen esa y 17 centrales eólicas y fotovoltaicas y el cual ha causado polémica dentro y fuera del país.
Ese proyecto provocó un largo proceso de resistencia de la comunidad, que en 2017 finalmente alcanzó un acuerdo de indemnización por mediación de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta que en noviembre pasado lo adquirió Elecnor.
Eso ha sucedido con la mayoría de los parques eólicos y fotovoltaicos en todo el país, desde que en la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón se empezaron a dar autorizaciones con promesa de compra de la energía por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En buena medida, la entrada en operación de esos parques se ha visto frenada por amparos y falta de permisos.
Los retrasos han ocurrido incluso por contrasentidos como lo es que, al intentar construir centrales de generación eléctrica protegiendo el ambiente, lo destruyen, como ocurrió en Tepezalá, Aguascalientes, donde IEnova, filial de Sempra Energy, una trasnacional energética de origen estadunidense, inició la instalación de paneles solares para extender en la comunidad La Victoria un parque fotovoltaico que implicó tala de árboles y flora nativa sin las autorizaciones correspondientes.
Conflicto social
En Baja California IEnova instaló un proyecto de parque eólico llamado Rumorosa Solar, anunciado a la Bolsa Mexicana de Valores junto con el mencionado parque de Tepezalá.
Los generadores de La Rumorosa fueron el escenario para la definición presidencial, un primer aviso sobre lo que ocurriría justo un mes después con el acuerdo emitido por el Cenace.
El pasado 28 de marzo la discusión pública se centraba en la pandemia, así como en la resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a suspender sus actividades públicas, que incluían concentraciones masivas. De gira por el noroeste del país, hizo una parada en La Rumorosa, que consideró una de las zonas más bellas de México.
“Aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron esos ventiladores (dijo apuntando a los generadores) para producir energía eólica. Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores? Pueden decir que se genera energía eléctrica… Muy poco, la verdad.
“Además, son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas. Son de las transas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por los gobernadores del partido conservador.”
Subrayó: “Nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual. Hay que respetar la naturaleza; y además esto es patrimonio de la humanidad”.
IEnova fue una de las empresas del sector energético más consentidas por el peñanietismo y de las paradigmáticas en el fenómeno de “puertas giratorias”, es decir, del paso de políticos a ejecutivos empresariales, pues la preside Carlos Ruiz Sacristán, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Ernesto Zedillo, es primo del magnate Antonio de Valle y hermano gemelo de Jaime, el recién fallecido presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.
El entramado de relaciones familiares y de negocios es muy conocido en el sector: Ruiz Sacristán fue miembro del consejo de administración de OHL, empresa de capital español implicada en casos de corrupción tanto en México como en su país de origen, en la que compartió la mesa en el consejo con Emilio Lozoya Austin, director de Pemex en la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, hoy detenido y en proceso de extradición por el escándalo de Odebrecht en México.
El sexenio pasado Sempra y Pemex se asociaron para el proyecto más costoso del sector energético: el gasoducto Los Ramones II, creando el consorcio Tag Norte Holdings, que así consiguió escapar a los controles de transparencia y que para realizar la obra contrató precisamente a Odebrecht.
Sin embargo, el caso que ha sido expuesto por López Obrador al referirse al asunto y deslizar el proceso de “puertas giratorias” el pasado martes 19, es el de la española Iberdrola, donde fungió como consejero el expresidente Felipe Calderón, quien fuera secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox.
En el caso de Iberdrola, el acuerdo afecta la entrada en operación de su parque eólico Pier, en Chapulco-Palmar de Bravo, Puebla, cuyo objeto es abastecer de energía a Grupo Modelo.
Una vez más, la tala de árboles y la falta de consulta a las comunidades aledañas detonó un conflicto social, con amparos que combaten la conclusión de la obra, con prácticamente todos los aerogeneradores ya instalados y un proceso de inconformidad iniciado en agosto del año pasado.
El caso más documentado y de más larga data en cuanto a la oposición comunitaria es el de Fuerza Eólica del Istmo, desarrollo de Peñoles, uno de los dos gigantes mineros mexicanos, propiedad del magnate Alberto Bailleres y que, por la resistencia de las poblaciones zapotecas enfrenta una tenaz resistencia, a diferencia de otros 23 proyectos instalados en la región istmeña, la más disputada por el mercado del viento.
Amago y negociación
En la conferencia presidencial del jueves 21 se hizo por tercera ocasión la apología de la política energética del sexenio. Aunque un día antes los funcionarios del sector expresaban que la suspensión de la entrada en operación de las empresas de energías limpias era temporal, derivada de la baja en la demanda por las medidas de distanciamiento social por la pandemia, el presidente exploró otra ruta:
“Se entregaron concesiones y contratos leoninos que afectan al interés nacional (…) porque a través de influyentismo se pactó, mediante componenda entre empresas particulares y funcionarios públicos, la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidios, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, cerrar las plantas, subutilizarlas, no permitirles que generaran energía, para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobre todo extranjero.”
Las frases y el amago de ruptura de contratos previamente pactados fueron idénticos a los empleados por el mandatario respecto de siete gasoductos que contrató la CFE el sexenio pasado y cuya entrada en operación estaba detenida por los amparos y las negativas de ayuntamientos a autorizar los trazos.
Aunque en buena medida la falta de consulta a pueblos indígenas y otros procedimientos eran imputables al Estado, el 11 de febrero de 2019 López Obrador exhibió, en una presentación de Power Point, una lista de ejecutivos del sector privado que fueron antes funcionarios federales, en lo que consideró un conflicto de intereses.
La cuestión es que los contratos establecidos entre las empresas constructoras de gasoductos (IEnova, Carso, Transcanada y Fermaca) contemplaban que, ante la imposibilidad de realizar las obras por hecho fortuito o causa de fuerza mayor, la CFE tenía que pagar un monto por capacidad instalada, lo que el mandatario se encargó de acentuar durante los meses siguientes, hasta que a finales de agosto consiguió una renegociación.
El episodio sirvió entre otras cosas para anunciar una investigación sobre el entonces presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, que incluyó una exposición, también en Power Point, del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, así como de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre familiares colocados en una de esas contratistas, Fermaca.
García Alcocer renunció el 2 de junio de 2019 y hasta ahora se desconoce el desenlace de las supuestas investigaciones, que, sin embargo, le abrieron paso a la colocación de funcionarios más próximos al obradorismo en la CRE.
A diferencia de las contratistas de los gasoductos, que interpusieron incipientes demandas en instancias de arbitraje internacional, las de “energías limpias” tramitaron de inmediato amparos. La atención del caso motivó que medios extranjeros se ocuparan del acuerdo que las afectaba, por lo que se hicieron acreedoras a una larga disertación sobre el periodismo desde la tribuna presidencial el miércoles 20, que negó el resurgimiento del estatismo.
Ese mismo día el Cenace revirtió su acuerdo, autorizando la entrada en operación de 23 proyectos, y el jueves 21 el mandatario abrió la puerta a la negociación, de manera similar al caso de los gasoductos.
“No se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos. (De lo que se trata) es que no haya corrupción, porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tengan que pagar más. Entonces, lo que estamos protegiendo es el consumo de energía eléctrica y que se pueda ofrecer a precios justos.”
