El penal de Papantla estaba contemplado como el de “supermáxima seguridad”. Sería la obra cumbre del proyecto carcelario que ideó el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y que tuvo luego el aval del gobierno de Peña Nieto; un modelo de asociación pública-privada en el que se entretejen intereses de exfuncionarios y empresarios y en el que hay demoras en los plazos de entrega y sobreprecios millonarios.
El 22 de junio de 2018, mientras toda la atención, energía y pasión de la sociedad mexicana estaban enfocadas en el inminente “día D” de las elecciones presidenciales, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó un contrato por un monto estimado de 3 mil 959 millones de pesos para concluir la construcción de la cárcel de “supermáxima seguridad” de Papantla, Veracruz, y operarla hasta 2042. La beneficiaria es Grupo Lauman, dirigida por Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, también dueño del periódico El Financiero.
En el consejo de administración de la empresa contratista figura Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el último año del gobierno de Vicente Fox, y quien repitió en el cargo entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, al final de la administración de Felipe Calderón.
Con esta asignación otorgada por adjudicación directa –es decir, sin pasar por un proceso de licitación pública–, el gobierno de Peña Nieto dio luz verde al proyecto carcelario de Genaro García Luna, el inamovible titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Calderón, que convirtió el sistema carcelario en un gran negocio privado.
El proyecto, copiado del modelo estadunidense y aterrizado por Protego Asesores –empresa del exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella–, consistió en construir nuevos Centros Federales de Readaptación Social y concesionar aspectos de su gestión a empresas durante 20 años, por un costo final que rebasará los 219 mil millones de pesos.
García Luna fue detenido el pasado 9 de diciembre en Estados Unidos, donde se le acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa desde 2001 y cobrar sobornos millonarios; su juicio se llevará a cabo ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, la misma que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán a principios de 2019.
En el esquema de renovación del sistema penitenciario ideado por el “superpolicía” de Calderón, el penal de Papantla tenía un lugar especial, pues a diferencia de los otros ocho ceferesos, cuya construcción se subrogó a privados mediante contratos de prestación de servicios, este complejo de 28.1 hectáreas, que prevé 2 mil 160 celdas de niveles de mediana, máxima y “súper máxima” seguridad, se gestiona bajo un esquema de asociación público-privada (APP).
El mencionado contrato de APP, con duración de 22 años, fue adjudicado por la extinta Comisión Nacional de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Alfonso Navarrete Prida, a una empresa ad hoc llamada Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, SA de CV, cuyos socios son Comtelsat y Grupo Lauman Holdings, ambas propiedades de Arroyo Rodríguez.
El acta constitutiva de Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, cuya copia tiene Proceso, muestra que fue incorporada el 11 de junio de 2018 y tiene como presidente al abogado José Enrique Uruñuela López, quien antes de entrar a Grupo Lauman trabajó con el despacho Ramos, Ripoll & Schulster y previo a ello fue director jurídico de Grupo Dragón, la empresa energética de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
El contrato plantea el inicio de las obras en julio de 2019 para que el penal esté terminado en noviembre de 2020. Además de la construcción, la empresa equipará el recinto carcelario con “tecnologías de última generación”, así como con “vehículos, equipo y mobiliario”, y proveerá diversos servicios, como el mantenimiento del centro de control, la alimentación y la salud. También prestará un “Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria de acuerdo a los estándares pactados”, cuyos detalles son confidenciales.
Consultado por este semanario, Navarrete Prida –quien encabezó la Segob entre enero y diciembre de 2018– dice que no tiene claro este contrato, “porque los temas de penales se manejaban en un órgano desconcentrado”, en referencia al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
La sombra del superpolicía
En su página en internet, Comtelsat se exhibe principalmente como una empresa proveedora de servicios de “alta tecnología” para televisoras y en materia de telecomunicaciones; aparte, indica que brinda “soluciones de transporte y vigilancia para fuerzas del orden federal y local”.
En entrevista con Proceso, Uruñuela afirma que Comtelsat tiene “más de 15 años dedicándose a temas de seguridad”, incluidos “temas penitenciario”. Pero precisa: “No te puedo compartir los contratos porque todos, al igual que éste, tienen cláusulas bastante complejas de confidencialidad”.
Añade: “Digamos que Comtelsat tiene parte importante (de sus contratos) en el sector privado, que es lo que generalmente se conoce en el mercado, y otra gran parte importante en el grupo es toda la parte de seguridad tanto para privados como para gobiernos”. No ofrece más detalles.
En Veracruz, el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares contrató a Comtelsat por mil 100 millones de pesos para instalar 6 mil 476 cámaras que formarían el Sistema Estatal de Vigilancia; sin embargo, cuando el morenista Cuitláhuac García llegó al poder, se percató de que la tercera parte de las cámaras estaba inservible y abrió una investigación por fraude.
En mayo de 2012 García Luna había otorgado por adjudicación directa un contrato de 773 millones de pesos a Comtelsat para instalar cámaras en cárceles federales; seis años más tarde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el proceso estuvo amañado y, luego de señalar la existencia de “irregularidades”, emitió un exhorto para que se sancionara a los funcionarios que “en su gestión no vigilaron el adecuado seguimiento a los procesos de contratación”.
Uruñuela niega rotundamente que Grupo Lauman tenga una relación especial con García Luna; sin embargo reconoce que durante un tiempo el grupo contrató a Glac Security Consulting Technology Risk Management, SC (Glac), una de las empresas de García Luna con las que el exfuncionario facturó al menos 4 mil millones de pesos a entidades públicas –entre ellas la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong y el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera– y los dispersó a través de sociedades de papel en varios países, según reveló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Bajo el contrato al que refiere el abogado, El Financiero y su canal de televisión publicaban el “índice GLAC”, una serie de indicadores sobre temas de seguridad desarrollados por la empresa, al menos hasta julio de 2019. En diciembre pasado, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, reveló que Glac elaboraba el índice con base en un software de espionaje –llamado NiceTrack, según se supo más tarde–, que García Luna adquirió con recursos públicos mientras dirigía la SSP y entregó a su empresa cuando pasó al sector privado.
De hecho, en el estudio televisivo de El Financiero el índice era presentado a menudo por Facundo Rosas Rosas, otrora comisionado de la Policía Federal de García Luna, quien desde 2013 labora como “analista” en Glac, según su perfil de LinkedIn. Rosas forma parte del grupo de excolaboradores cercanos de García Luna a los que investiga la UIF por su presunta responsabilidad en enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El 19 de abril de 2018, García Luna eligió a El Financiero para realizar su reaparición pública, después de una ausencia de más de cinco años, durante los cuales vivió un exilio dorado en Miami. Ese día platicó con su amigo López Buitrón –quien se incorporó a Grupo Lauman después de dejar el Cisen– sobre los errores en la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto.
Privatización de cárceles
En marzo de 2009 García Luna anunció la construcción de dos penales especiales: uno para secuestradores, que se ubicaría en Guasave, Sinaloa, y otro para “reos de extrema peligrosidad” en Papantla, el cual contaría con un “módulo de súper máxima seguridad, que es un nuevo concepto que se maneja ahora en el sistema penitenciario”, dijo el entonces encargado de la seguridad en el país.
Tres meses después, el OADPRS adjudicó de manera directa el contrato de la construcción del penal de Papantla a las empresas Tradeco Infraestructura –de Federico Alberto Martínez Urmeneta–, Promotora, Desarrolladora Mexicana (Prodemex) –de Olegario Vázquez Raña– y Desarolladora y Constructora de Proyectos Integrales TYPP, por 2 mil 88 millones de pesos.
Las obras del penal de Papantla se alargaron, no se tramitó la licencia de construcción y debía quedar terminado en diciembre de 2012. En febrero de 2015 la ASF observó que la cárcel seguía inconclusa, con un avance de 85%, y detectó que del proyecto inicial derivaron 15 contratos que absorbieron 3 mil 935 millones de pesos, es decir, un monto cerca de dos veces superior al planteado.
En su informe GB-030, la ASF observó que el penal no estaba funcionando “ni en vivienda ni en los edificios administrativos”, y abundó: “Existe infraestructura en obra negra e instalaciones inconclusas, y en la actualidad no hay operaciones de reclusión de internos”. La construcción se detuvo durante el resto de la administración de Peña Nieto.
En el sexenio de Calderón, Tradeco fue una de las principales contratistas del gobierno federal; su historial estuvo manchado con señalamientos por corrupción hasta que en septiembre de 2016 la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó. La empresa y su vicepresidente, Carlos González Macías, están siendo investigados en Estados Unidos en el juicio por narcotráfico que el Departamento de Justicia sigue contra Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
De hecho García Luna otorgó otros 535 millones de pesos a Tradeco para construir en la avenida Constituyentes el búnker que albergaría la Plataforma México, un proyecto multimillonario de la administración de Calderón que fue abandonado en el sexenio siguiente.
Veinte meses después del proyecto de Papantla, García Luna lanzó la segunda fase de su megaproyecto carcelario: mientras la sangrienta “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón entraba en su cuarto año, las cárceles estaban desbordadas, con una sobrepoblación de 42 mil personas, y Calderón planteó la necesidad de crear más celdas para encarcelar a las personas acusadas de delitos federales.
En noviembre de 2010 la SSP diseñó un programa para que empresas privadas construyeran 12 nuevas cárceles y que el gobierno federal les pagara mensualidades durante 20 años, por un costo total de 270 mil 76 millones de pesos.
Tras una revisión del proyecto, la Secretaría de Hacienda autorizó sólo ocho cárceles, pero por un monto total de 199 mil 476 millones de pesos, el cual incluía un sobrecosto de 41 mil 26 millones de pesos que “no fue justificado por la entonces SSP o el OADPRS”, según detectó la ASF en un informe de auditoría publicado en febrero de 2019.
Enseguida García Luna adjudicó de manera directa los contratos para construir los penales: dos fueron para ICA, de Bernardo Quintana, otros dos para Prodemex; otro para Tradeco, de Federico Martínez; uno para Arendal, de Adrián García Pons, otro para GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero –cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari–, y el último para Homex, de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, aunque este penal –el 16, en Morelos– pasó luego a control de Ideal, de Carlos Slim Helú.
De los ocho penales, el de Coahuila –otorgado a Tradeco– no fue entregado sino hasta 2018 y los gastos se dispararon con el tiempo. En 2017 el OADPRS pidió un presupuesto 6.4% superior al programado, por un monto de 212 mil 258 millones de pesos, y el total de la subrogación de penales se eleva actualmente a más de 219 mil millones de pesos.
En septiembre 2016 un colectivo encabezado por la organización Documenta elaboró un estudio sobre la privatización del sistema carcelario mexicano; determinó que “la ejecución de esta medida parece estar más enfocada a satisfacer las necesidades de las empresas que de las personas usuarias, considerando a aquellos que están privados de su libertad y sus familiares”.
Y señaló: “Hay aspectos que constitucionalmente son la base de la reinserción social, como la educación, la cultura y el trabajo, que desafortunadamente en estos esquemas son inexistentes y aparecen en los últimos lugares de las prioridades para las poblaciones internas”.
