A finales de abril el Instituto Nacional de Migración, a instancias de una medida cautelar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, liberó a cientos de extranjeros indocumentados de todas sus estaciones. No se trató de repatriaciones ni deportaciones: simplemente se les abandonó a su suerte. La situación es particularmente grave para los migrantes en el sur, con la frontera guatemalteca cerrada –excepto para el comercio ilegal–, los trámites migratorios atorados en la burocracia digital y el coronavirus al acecho.
TAPACHULA, Chis.- En medio de la pandemia, miles de migrantes centroamericanos, haitianos, cubanos y africanos quedaron varados en la frontera sur mexicana. Regresar a sus países de origen es imposible para muchos centroamericanos, pues ante la contingencia sanitaria el gobierno de Guatemala selló su frontera.
Hacia el norte tampoco pueden avanzar por los retenes policiacos y migratorios; además se exponen al contagio, pues en ese trayecto es mayor el riesgo de contraer coronavirus.
El estancamiento causó que miles de migrantes se aglomeraran a primera hora del pasado 27 de abril a las puertas del Instituto Nacional de Migración (INM). Los agentes de la Guardia Nacional intentaban poner orden, pero la multitud de cubanos, haitianos, centroamericanos y africanos no respetó la sana distancia y pocos usaban cubrebocas.
Los agentes migratorios les dijeron a los indocumentados que si quieren hacer sus trámites de manera presencial, tienen que esperar después de mayo. Por ahora el INM sólo los realiza vía electrónica en su plataforma digital. Sin embargo, aun quienes lo hicieron así ya están desesperados porque la respuesta a su petición, que debía llegarles por correo en 20 días hábiles, no aparece todavía.
La Estación Migratoria Siglo XXI, construida en el sexenio de Vicente Fox, parece vacía. Ya no están los agentes federales y de la Guardia Nacional que la custodiaban desde el primer éxodo masivo de migrantes en octubre de 2018.
En Tapachula, el pasado 23 de marzo se registraron un motín y la fuga de migrantes, principalmente centroamericanos, que exigían su pronta repatriación, lo que no fue posible por el cierre de la frontera guatemalteca.
En tanto, haitianos y cubanos exigían el oficio de salida del país o la regulación de su situación migratoria en la frontera sur.
El 6 de abril más de 500 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron abandonados unos días por el INM en la línea fronteriza de México con Guatemala, luego de que el gobierno de ese país rechazó su ingreso. En consecuencia, ante los observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), agentes de la Guardia Nacional y del INM perdieron el control de un proceso de deportación masiva que pretendían hacer por el paso fronterizo de Talismán, municipio de Tuxtla Chico.
No fueron funcionarios municipales, estatales ni federales, ni autoridades sanitarias o policiacas, sino los pobladores de Frontera Talismán, quienes instalaron un retén con filtro sanitario. Nadie pasa si no reside en ese poblado, donde están la aduana y uno de los ocho pasos fronterizos legales.
Consultados, algunos lugareños dijeron que esa medida obedece a que el pueblo vecino del lado guatemalteco, Frontera El Carmen, tampoco deja pasar a nadie. La actividad aduanal y comercial está muerta en ese lugar.
Virgilio Castillo Cortés, habitante de Frontera Talismán que encabeza el filtro sanitario, dice que aún a los del pueblo se les toma la temperatura y se fumiga su vehículo. Y confirma que instalaron el retén a partir de que el INM dejara a su suerte a cientos de migrantes traídos de varias estaciones migratorias.
Según los pobladores, el retén funciona, ya que hasta ahora nadie entre las mil 800 familias de Frontera Talismán se ha contagiado de coronavirus. En cambio, puntualizan, el vecino municipio de Cacahoatán registró un brote de la enfermedad tras una fiesta con 300 invitados.
El 26 de abril el INM liberó a todos los extranjeros retenidos en las 65 estaciones migratorias del país, a causa de una medida cautelar de la CNDH, para no exponerlos al hacinamiento y al consiguiente riesgo de contagio de coronavirus.
Algunos de los más de 3 mil 600 migrantes así liberados recibieron ayuda para repatriarse; la mayoría quedaron a su suerte afuera de las estaciones. Sin dinero ni comida, empezaron a vagar por las calles, como lo hacen ahora en Tapachula, pidiendo una moneda o alimentos.
Entre la pandemia y la frontera cerrada
Yelitza Guadalupe Ruiz Villalta, encargada del albergue para migrantes Jesús El Buen Pastor, en Tapachula, señala que los 250 refugiados que están allí quedaron atrapados por las medidas oficiales contra la pandemia, aunque no están contagiados.
Normalmente, dice Ruiz, se les ofrecen unas semanas de refugio, pero debido a la crisis sanitaria se les ha permitido quedarse mucho más tiempo, observando estrictamente las reglas preventivas.
Cuando nuevos migrantes llegan a pedir refugio, pasan dos semanas en una sección de aislamiento para verificar que no desarrollen síntomas de coronavirus; después se les ubica en los grupos correspondientes: mujeres, varones, madres con hijos o personas de la tercera edad.
La fundadora del albergue, Olga Sánchez, que en el sexenio de Vicente Fox fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, no entra a las instalaciones por precaución. En cambio, hace las gestiones necesarias para conseguir víveres.
Ruiz Villalta, quien administra el lugar con su hija, señala que con la pandemia y tantos refugiados los víveres llegaron a agotarse, pero que todavía reciben apoyo de algunas instituciones y benefactores.
Aun así, la situación es difícil. Todos los días llegan migrantes a tocar la puerta. Unos piden comida y se van, otros quieren un espacio donde pasar la noche, y se quedan días, semanas…
Muchos deambulan por Tapachula. Por la tarde salen a caminar y ver a otros como ellos, los pocos que alcanzan a pagar un cuarto en una posada. Hacen largas filas en las casas de cambio o en locales donde hay envíos de dinero, para esperar lo que pueden mandarles sus familiares desde su lugar de origen o desde Estados Unidos.
Como se cerró la plaza central, donde normalmente se aglomeraban para convivir o contactar con polleros, caminan por los alrededores, principalmente en el mercado, que sigue abierto.
Otros migrantes tienen la suerte de encontrar trabajos esporádicos, ya sea cargando bolsas en los mercados, lavando autos o cosechando mango, plátano, mamey, rambután u otras frutas tropicales.
En Suchiate la actividad parece normal, pues los guatemaltecos siguen ingresando para comprar víveres; pero no cruzan la frontera legalmente, sino en balsas. La aduana ubicada en el Puente Rodolfo Flores o Paso Fronterizo Suchiate 2, está cerrada por decisión del gobierno de Guatemala. Eso no detiene a los balseros.
Cientos de guatemaltecos pasan cada día, por turnos y en grupos, a comprar abarrotes, enseres domésticos, medicamentos y todo lo que puedan llevar en las balsas. Un quetzal guatemalteco vale ahora más de tres pesos mexicanos y para los chapines es más redituable comprar aquí, pese a que deban pagar 10 quetzales por el paso en balsa.
A la vista de agentes de la Guardia Nacional y del INM, casi todos ingresan a México con cubrebocas, pero pronto descubren que las medidas sanitarias mexicanas son más relajadas: mientras que en Suchiate nadie utiliza el accesorio, en el poblado fronterizo guatemalteco de Tecún Umán no traer cubrebocas es motivo de una multa de mil quetzales. El Ejército y la Policía Nacional Civil patrullan las calles y las carreteras de aquel país para hacer respetar las restricciones.
Incluso los balseros dicen que la pandemia les ha bajado el negocio. Las autoridades guatemaltecas les prohibieron laborar, pero después de una semana de protestas de ellos y los comerciantes, prosiguieron sus actividades, pero ahora alternándose en grupos.
El flujo de migrantes de Honduras, El Salvador o Nicaragua ya se detuvo, porque la frontera sur de Guatemala también está cerrada.
El éxodo que viene
Irineo Mujica, líder de la organización civil Pueblos sin Fronteras, señala que de ser “ciudades-cárcel” –como anteriormente calificó a las de la frontera sur, en particular a Tapachula– se convirtieron en “trampas de muerte” para los migrantes, por las aglomeraciones masivas que provocó el gobierno al liberarlos masivamente sin garantizar que todos fueran repatriados de forma segura y ordenada.
Salva Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordóñez (que forma parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos), dice que de por sí los migrantes vivían en condiciones de discriminación y xenofobia, lo cual se agudizó con la pandemia porque ahora sufren malos tratos de la sociedad, de las instituciones migratorias y de las corporaciones policiacas y militares.
Añade Lacruz que el mensaje del gobierno mexicano de “quédate en casa” no tiene sentido para un migrante, que no tiene un lugar seguro donde aislarse. Además, en su condición, no pueden quedarse encerrados porque tienen que ganarse la vida.
Por ese motivo, señala el activista, los defensores de los derechos humanos de los migrantes demandan al gobierno mexicano que las políticas públicas tomen en cuenta la diversidad de la población que está en el país, principalmente en la frontera sur.
Finalmente advierte que, si la pandemia causó fuertes daños económicos a México, a los países centroamericanos les irá peor, lo que puede causar otros flujos migratorios masivos desde Centroamérica una vez que pase la crisis sanitaria.
