Con la designación de Horacio Duarte Olivares al frente de la Administración General de Aduanas, el 28 de abril último, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició su tercer round contra la corrupción dentro de dicho sistema, llamado por el propio mandatario “el monstruo de mil cabezas”, porque la autoridad que controla la entrada de pasajeros, equipaje y mercancías ha sido invadida por expriistas, expanistas y servidores públicos de carrera denunciados por corruptos y que son herencia de Ricardo Peralta y Ricardo Ahued, extitulares de aduanas en este sexenio.
La corrupción en el sistema aduanal, vieja asignatura de todos los gobiernos, no se ha logrado erradicar en la administración de Andrés Manuel López Obrador. El 28 de abril último, al anunciar su tercer titular y prometer una vez más “una limpia”, reconoció en su discurso público –de manera inusual–: “No hemos podido”.
El pasado 23 de abril el veracruzano Ricardo Ahued Bardahuil renunció a la titularidad de la Administración General de Aduanas (AGA), cargo que ostentó 11 meses durante los cuales se acumularon denuncias por corrupción en esa dependencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda.
La AGA es una de las áreas que más polémica ha generado desde el arranque de la administración lopezobradorista; en febrero de 2019 Ricardo Peralta detonó un primer escándalo al invitar como director de Investigación de Aduanas a Jesús Torres Charles, exfiscal general de Coahuila y señalado –aunque exonerado– de dar protección a Los Zetas.
Torres Charles renunció un día después de difundirse su nombramiento.
Peralta dejó el cargo en mayo reciente para asumir la Subsecretaría de Gobernación que dejó Zoé Robledo en medio de los reacomodos derivados de la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS. En ese contexto llegó Ricardo Ahued tras solicitar licencia en el Senado, misma cámara que aprobó su designación al frente de las aduanas y con la cual el presidente anunció una limpia de la corrupción imperante.
El 24 de abril López Obrador confirmó la renuncia de Ahued, pero sólo explicó que éste quería regresar a su escaño. No obstante, sin venir a cuento, aseguró que se trataba de un “un hombre íntegro”, “buena gente”, y dijo que era “muy querido, muy estimado porque es buena persona”; también recordó que, siendo legislador local en Veracruz, rechazó la cuenta pública de Javier Duarte.
Los elogios presidenciales fueron reiterados el 28 de abril, cuando el mandatario anunció que el relevo de Ahued sería Horacio Duarte Olivares, a quien encomió por su integridad y, sin precisar las denuncias por corrupción que se acumularon en el último año, dijo que no habían podido limpiar y describió la entidad gubernamental como un “monstruo de mil cabezas”.
Casi al mismo tiempo en que ocurría la dimisión de Ahued, las aduanas veracruzanas de Tuxpan y Veracruz, así como de Progreso, en Yucatán, motivaron denuncias por la identificación de una red de corrupción que facilitaba el tráfico del precursor fentanilo, así como de otras drogas, armas y vehículos introducidos ilegalmente a México.
En total, el SAT ha interpuesto 80 denuncias por hechos en las aduanas durante el periodo de Ricardo Ahued, casi todas relacionadas con corrupción.
Las denuncias de los tres puertos mencionados fueron resultado de los operativos que un equipo integrado por personal de la Marina, el SAT, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera están realizando como parte de un plan de recuperación de aduanas portuarias; los tres casos corresponden a las primeras intervenciones realizadas donde estaban al frente funcionarios designados en este sexenio.
Corruptos en la 4T
Por herencia de Ricardo Peralta, primer titular de Aduanas de la Cuarta Transformación, o por incorporaciones ordenadas por Ricardo Ahued, el sistema aduanero se llenó de expriistas, expanistas o de servidores públicos de carrera que acumulaban denuncias por corrupción.
Uno de los casos más notorios es el de Alejandro Miramontes Armenta, funcionario del sector aduanero desde 2009, quien acumuló denuncias en su paso por Ciudad Juárez. Existe una investigación vigente, iniciada en 2018 (0011495/2018), por la presunta recepción de sobornos para dejar pasar mercancías a México e, inclusive, por simular un operativo. No obstante, en el actual gobierno lo designaron jefe de la aduana de Mexicali, en Baja California.
La estancia de Miramontes en Mexicali fue breve, pero suficiente para que terminara denunciado por entrometerse en apoyo a Jaime Bonilla en el proceso electoral para elegir gobernador. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas averiguaciones, entre las que destaca la acusación de haber pagado a los legisladores locales que aprobaron la ampliación del periodo de dos a cinco años, caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juzgó anticonstitucional el lunes 11.
Las acusaciones contra Miramontes incluyen a Ricardo Peralta, luego de que el 31 de mayo último el entonces líder del Congreso de Baja California, el priista Edgar Benjamín Gómez Macías, denunciara públicamente que los dos funcionarios lo presionaron y le ofrecieron 1 millón de dólares para que convocara a un periodo extraordinario y aprobara la ampliación del mandato para Bonilla.
Dichas declaraciones constan en la carpeta de investigación ocho, (expediente 0000293/2019), derivada de la denuncia interpuesta por el excandidato del PRD a la gubernatura Jaime Martínez Veloz. Para el último día de agosto Miramontes quedó fuera de la administración pública y con investigaciones en curso por introducir vehículos, tráfico de especies y droga.
No fue el único caso. Al otro extremo del país la aduana de Progreso, en Yucatán, se convirtió en una de las primeras que tuvo la intervención de la Marina, pues una red de complicidad facilitaba el tráfico de drogas.
Las denuncias fueron contra el administrador designado por Ricardo Peralta en la aduana de Progreso, Guillermo César Calderón León. En su caso, fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que dio la información sobre el uso de cuerpos de tiburones para transportar cocaína desde Costa Rica. La investigación identificó una serie de empresas fachada para la operación.
Para entonces, Guillermo César había dejado el cargo sin mayor aviso y, aunque en el portal Declaranet aparece con estatus de “conclusión”, no se establece la fecha de retiro. Medios yucatecos lo han reportado prófugo.
Calderón León es un político mexiquense de extracción priista, fue diputado local y delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Ciudad de México durante la titularidad de Rosario Robles, en el sexenio pasado.
Otro de los casos escandalosos de la AGA es el de Tuxpan, cuyo titular fue identificado como Abel Cárdenas Lara. Su nombre no aparece en ningún registro público, como en el portal Declaranet y en Nómina Transparente.
Las aduanas de Tuxpan y la de Progreso fueron las primeras en ser intervenidas por el operativo conjunto encabezado por la Marina, cuyo titular, el almirante Rafael Ojeda Durán, reveló una operación detectada en febrero –días después de que Cárdenas Lara dejara el cargo– por el ingreso de 200 millones de dólares en diésel que no fueron reportados. El caso sigue abierto.
Los asuntos de mayor escándalo apuntan a los jefes aduanales impuestos por Peralta, pero al menos uno por nepotismo compete a Ricardo Ahued: se trata de su cuñado, el veracruzano destacado en la política duartista Juan Manuel Velázquez Yunes, quien fue subsecretario de Finanzas en el gobierno de Veracruz y alcalde de Perote.
Inmerso en diferentes litigios por despojo de tierras en Veracruz, Velázquez Yunes pasó como brazo derecho de Ahued en la AGA como Administrador de Programas de Certificación y Facilitación.
Con Ahued llegaron dos perfiles importados de la política veracruzana: Miguel Martín López, diputado del PAN de 2009 a 2012, quien abandonó ese partido para convertirse tiempo después en subsecretario de Ganadería y Pesca con Javier Duarte en Veracruz.
Miguel Martín estuvo implicado en el polémico uso de un avión propiedad de Francisco Colorado Cessa, Pancho Colorado (fallecido en una prisión texana en marzo de 2018), un prominente contratista de Pemex que terminó acusado de lavar dinero para los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, identificados por el gobierno federal como líderes de Los Zetas.
Hábil en las relaciones políticas, en 2010, cuando apoyaba la campaña de Miguel Ángel Yunes Linares al gobierno de Veracruz, Miguel Martín facilitó a la entonces líder de la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, un avión de Pancho Colorado para que viajara a un acto de campaña panista de Toluca a Jalapa. La bitácora de vuelo revelada por Reporte Índigo mostró que en la aeronave viajaron la diputada con Miguel Martín y Colorado.
En 2013 Martín se incorporó al gobierno de Javier Duarte como subsecretario, aunque luego renunció anunciando su retiro de la vida política, hasta que en la actual administración se le dio un cargo en la Aduana de Cancún y en febrero pasado quedó al mando de la aduana de Guadalajara.
Otro expriista adoptado por Ahued es Oliver Aguilar Yunes, quien fue regidor en el puerto de Veracruz y dirigente del PRI municipal, oficial del Registro Civil y administrador del SAT.
Aparecía como uno de los socios de López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller en 26 empresas en las que el presidente y su esposa fueron inscritos sin su consentimiento, según reveló López Obrador el 25 de septiembre último en un extraño episodio por él atajado del que ya no se dijo más.
El tercer relevo
Originario de Pachuca, Hidalgo, pero avecindado la mayor parte de su vida en Jalapa, Veracruz, Ricardo Ahued inició su ascenso en la vida política con Fidel Herrera Beltrán, el gobernador de Veracruz entre 2004 y 2010, cuando Ahued consiguió convertirse en alcalde de la capital veracruzana y diputado federal por el PRI en 2009.
En 2013, ya con Javier Duarte como gobernador, Ahued Bardahuil consiguió una diputación local, pero su pertenencia a otro grupo político y diferentes desencuentros con el duartismo lo alejaron de la administración de manera que, en su papel de opositor dentro del sistema, votó contra la cuenta pública de Duarte en 2016, como refirió el presidente López Obrador el 28 de abril reciente en su elogio al hoy exfuncionario.
A finales de 2017, Ricardo Ahued decidió contender por Morena para un escaño en el Senado en fórmula con la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, ambos con aspiraciones de gobernar el estado, aunque se los impide una disposición local que prevé que deben haber nacido en territorio veracruzano.
Tras el desastre en la AGA, el presidente López Obrador admitió que la dependencia era “un monstruo de mil cabezas” y anunció, por tercera ocasión, una limpia enviando a uno de sus cercanos e incondicionales, Horacio Duarte Olivares.
Duarte, exalcalde de Texcoco, ha sido diputado local y federal, pero su papel más destacado desde 2005 ha sido como representante lopezobradorista ante el órgano federal electoral, primero en el PRD y luego en Morena, partido del que es fundador.
Una vez calificada la elección de 2018, en la que fue uno de los estrategas en la operación electoral, asumió la Subsecretaría del Trabajo y quedó a cargo de uno de los programas insignia de la administración, “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
Sin embargo, en diferentes coyunturas fue designado para atender cuestiones ajenas a su cargo, como los refugios para repatriados en la frontera norte y, recientemente, la coordinación gubernamental para atender la emergencia sanitaria en Tijuana.
Hoy asume la AGA, entidad del SAT con 49 aduanas desplegadas en todo el país (19 en la frontera con Estados Unidos, dos en la frontera sur, 17 aduanas marítimas y 11 aduanas interiores y aéreas) por las que transitan todas las importaciones y exportaciones que representan un ingreso importante por concepto de IVA.
De acuerdo con el último Informe Tributario y de Gestión del SAT, los ingresos fiscales por aduanas en 2019 fueron por 974 mil 58 millones de pesos, con una ligera baja respecto de lo recaudado en 2018 (1%) y es ahí donde se ubica parte de los desencuentros de Raquel Buenrostro, la titular del SAT, con Ahued, pues ha sido imposible aumentar la recaudación mientras que crece la evasión fiscal en muchos casos relacionada con la corrupción, tres aspectos incluidos en un nuevo plan presentado a finales de abril con Horacio Duarte –ahora dotado de más facultades– y Ricardo Ahued de regreso al Senado.
