Con el acuerdo que el presidente López Obrador publicó el lunes 11 para extender hasta 2024 la intervención de militares en la seguridad pública, no sólo revivió las protestas de los defensores de derechos humanos, sino que profundizó los riesgos que entraña la militarización de esas labores. A decir del director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, y de la especialista Lilian Chapa, la decisión presidencial otorga a marinos y soldados facilidades para realizar detenciones arbitrarias, alterar escenas del crimen y tergiversar los hechos a su conveniencia, sin rendir cuentas a la autoridad civil.
El acuerdo presidencial que dispone de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública en auxilio de la Guardia Nacional sumará cinco años más de intervención militar en las calles, práctica que en los últimos 13 años se ha traducido en una avalancha de 11 mil 142 quejas por presuntas violaciones graves a los derechos humanos atribuidas al Ejército y otras 2 mil 967 a la Marina-Armada.
Estas cifras no son la única preocupación de especialistas y abogados defensores: también los alarman las facultades que se otorgan a militares y personal naval para resguardar y procesar datos de prueba después de enfrentamientos y operativos, pues consideran que facilita a las Fuerzas Armadas la manipulación de escenas del crimen, como sucedió con la ejecución de civiles en Tlatlaya o el asesinato de dos estudiantes en el campus del Tecnológico de Monterrey.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, quien ha litigado casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército, afirma que el acuerdo publicado el lunes 11 “profundiza” la militarización del país, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumente lo contrario.
Aguirre Espinosa también sostiene que las facultades otorgadas a las fuerzas castrenses también podrían facilitar casos de tortura, como ocurrió con los detenidos por la Marina en el caso Ayotzinapa, cuyos testimonios inducidos se usaron para apuntalar la llamada “verdad histórica” de la PGR.
El defensor de derechos humanos recordó que en Tlatlaya, tras el primer enfrentamiento en la bodega de la comunidad de San Pedro Limón, el 30 de junio del 2014, los integrantes del Segundo Batallón de Infantería del Ejército actuaron como primeros respondientes, aseguraron la escena del crimen y realizaron las primeras entrevistas a los testigos y las víctimas. Gracias a esa intervención inicial, la milicia hizo pasar una ejecución sumaria como un enfrentamiento en el que murieron 22 civiles.
“En el caso Tlatlaya –no lo dice sólo el Centro Prodh, lo comprobó en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, ser la primera autoridad en llegar le permitió al Ejército manipular la evidencia, mover los cuerpos, sembrar armas y presionar a testigos. Todo eso permitió el montaje que disfrazó o pretendió disfrazar las ejecuciones, que después se develó mediante trabajos periodísticos y gracias al valiente testimonio de una de las sobrevivientes”, puntualiza Aguirre Espinosa.
Desde su punto de vista, con el nuevo acuerdo “se vienen a legalizar” e institucionalizar esas prácticas:
“Como es una de las 12 facultades de la Guardia Nacional que se enumeran en el artículo noveno de la ley, se le dan facultades concretas a las Fuerzas Armadas, incluyendo dos para actúen como primeros respondientes frente a la comisión de delitos. Eso es legalizar que pueden hacer lo que hicieron en Tlatlaya. Hay antecedentes de que cuando el Ejército es el primero en llegar a una escena donde se violaron derechos humanos, pues busca manipular la evidencia.”
En cuanto al otro caso emblemático, señala que “la propia experiencia muestra que hay violaciones a derechos humanos… La participación constante de la Marina en la detención de algunos de los implicados en el caso Ayotzinapa –hoy sabemos y está más allá de toda duda, puesto que hay acusaciones legales– se tradujo en actos de tortura. Son ese tipo de prácticas, muchas de ellas que ya ocurrían, ahora quedan formalizadas y legalizadas institucionalmente por vía de este acuerdo”.
La puerta a la militarización
Para la investigadora del World Justice Project, Lilian Chapa Koloffon, la aprobación de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional abrió las puertas para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles, por lo que no ve motivo para que legisladores de oposición se digan sorprendidos hoy por una decisión que aprobaron por unanimidad en 2019.
Sin embargo, advierte que se trata de una equivocación del gobierno federal, que sólo se puede explicar por el fracaso de las políticas públicas para frenar los homicidios dolosos y por los retrasos que la pandemia de covid-19 ha provocado en el reclutamiento de nuevos elementos de la Guardia Nacional, que según las últimas cifras disponibles cuenta con 80 mil integrantes.
La especialista en seguridad, que asesoró al gobierno de López Obrador para la construcción de un nuevo modelo policial –sin encontrar eco– señala que los elementos castrenses no están preparados para las tareas de primer respondiente o primera autoridad en tomar conocimiento de un delito, atribución que se les otorga en el nuevo acuerdo que extiende su trabajo en labores de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Chapa Koloffon explica que a un policía civil le toma alrededor de seis meses prepararse como primer respondiente para aprender a procesar una escena del crimen y llenar los informes de detención, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina-Armada no van a poder capacitar a su personal de la noche a la mañana en temas tan delicados.
“Si ves las facultades de la Guardia Nacional en las que van a colaborar los militares, cuánto tiempo van a tardar en preparar a ese personal en temas del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en cómo hacer una detención y el registro de la misma, así como de todos los requisitos que deben cumplir para que un procedimiento sea legal y no se caiga al momento de una audiencia o de un juicio; los van a preparar al vapor… cuando a un policía le cuesta una formación inicial de seis meses, que de todos modos es muy poco tiempo”, señala Chapa Koloffon.
A su vez Aguirre Espinosa recuerda que si bien los senadores de oposición aprobaron el uso de las fuerzas militares en labores de seguridad en auxilio de la Guardia Nacional, la sociedad civil siempre se opuso a ello, por lo que el discurso oficial de que no es una novedad resulta engañoso y pasa por alto el respeto a los derechos humanos.
“No se establece ninguna garantía –reitera–: la intervención no es extraordinaria, es para todo el territorio, no distingue delitos, tampoco tiene un esquema de fiscalización civil. El propio acuerdo dice que la supervisión quedará a cargo de los órganos internos de control de las secretarías de Defensa y Marina, que siempre han encubierto a los marinos y soldados en temas de violación a derechos humanos o de corrupción.
“Tampoco es una intervención complementaria porque la fuerza armada permanente es la principal protagonista de la función de la seguridad pública, y tampoco subordinada porque el acuerdo dice: Sedena y Marina se coordinarán con el secretario de Seguridad.”
Legalizar lo ilegal
Ante el rechazo de las organizaciones y colectivos de derechos humanos a la militarización del país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, grabó un video para justificar la decisión presidencial.
El funcionario dijo que la Marina y el Ejército han sufrido tropiezos ante instancias judiciales después de realizar operaciones relevantes contra presuntos criminales porque carecían de facultades para la captura y puesta a disposición de supuestos delincuentes ante agentes del Ministerio Público o jueces de control. Ahora, afirmó Durazo, podrán hacerlo de forma directa:
“El acuerdo le otorga a las actuaciones de las Fuerzas Armadas la condición de primeros respondientes que no tenían ante hechos de carácter delictivo. Al detener en flagrancia tenían que acudir a un elemento de cualquier cuerpo de seguridad para la entrega del presunto responsable, ello convertía al cuerpo receptor en primer respondiente, con todas las deficiencias que esto generaba.”
Por esa “debilidad” muchas detenciones importantes realizadas por militares concluyeron, “lamentablemente, en fracasos judiciales”.
Acerca de la falta de preparación de los marinos y soldados para realizar funciones que corresponden a los policías, Durazo afirmó que miles de militares fueron capacitados como primeros respondientes, en el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en la cadena de custodia y la protección a los derechos humanos.
Sin embargo, las recomendaciones que la CNDH ha emitido contra autoridades de las Fuerzas Armadas ofrecen un panorama distinto al oficial.
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se presentaron 8 mil 855 y 4 mil 749 quejas, respectivamente, contra integrantes de las Fuerzas Armadas por casos de tortura, detenciones arbitrarias, abuso sexual, desaparición forzada y ejecuciones sumarias, muchas de las cuales concluyeron en recomendaciones.
A pesar de que López Obrador ha negado que en su mandato se hayan cometido violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, hasta marzo de 2020 se habían presentado 505 quejas ante la CNDH por presuntos abusos de mandos, oficiales y soldados contra la población civil.
Aguirre Espinosa indica que existen varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano por abusos militares, fallos que la Sedena se niega a acatar 100% y en los que se niega a ofrecer disculpas públicas, tanto a las víctimas directas como al resto de la sociedad agraviada.
“Tenemos a un presidente que ordena que no se cometan violaciones de derechos humanos, eso no es menor y es relevante, pero sabemos que en el pasado no se dieron órdenes de forma explícita, entonces no es suficiente por la cantidad de abusos que tenemos. Si se va a recurrir a las Fuerzas Armadas se requeriría diseñar controles más intensivos que involucren a órganos de rendición de cuentas, que faciliten la presentación de denuncias y que garanticen que éstas no sean obstaculizadas por los propios mandos militares, en fin, una serie de medidas que fueran a la par de este despliegue extraordinario y eso no lo vemos”, lamenta.
Impugnaciones pendientes
El acuerdo emitido por el presidente López Obrador no sólo permite a las Fuerzas Armadas intervenir en delitos federales, sino también en la atención a ilícitos que son competencia de autoridades estatales y municipales.
Chapa Koloffon señala que, de acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, este tipo de colaboración sólo es posible mediante la firma de convenios con gobiernos locales, sin que la Secretaría de Seguridad haya informado de acuerdos con gobernadores y alcaldes para brindar ese tipo de servicios.
“Si no ha firmado ningún convenio con municipios ni con estados, esto quiere decidir que no se han requerido los servicios de la Guardia Nacional. ¿Entonces cómo se sostiene que ahora se necesiten más militares y marinos en la Guardia Nacional, si no están apagando fuego en municipios de Guerrero y Guanajuato?”, argumenta.
Además, prosigue, “el acuerdo no suple el mandato constitucional de que la participación de las Fuerzas Armadas se realice de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, debido a que la fiscalización queda en manos de las propias instituciones castrenses, con lo que se evita la rendición de cuentas al poder civil y se deja un vacío legal sobre las condiciones y la temporalidad de las intervenciones castrenses a niveles regional o estatal.
“Es un acuerdo, no es un decreto. Parece que este acuerdo es para cumplir una instrucción presidencial con el que aparentan cubrir el tema de la subordinación a una autoridad civil, pero un acuerdo no cubre el vacío de regulación que hay para fijar las actividades castrenses en materia de seguridad. Ellos pueden coordinarse sobre el personal necesario para determinada labor, pero falta el tema de una regulación precisa y específica. Los militares deben aplicar el CNPP y no el Código de Justicia Militar.”
En este marco, la postura de la CNDH sobre el acuerdo presidencial ha dejado dudas en las organizaciones que defienden derechos humanos. El Centro Prodh señala que aun cuando el organismo que preside Rosario Piedra ya emitió un pronunciamiento en el que califica el acuerdo como preocupante y carente de certeza jurídica para garantizar el respeto a los derechos humanos, no anunció que lo vaya a impugnar y se limitó a señalar que “dará seguimiento” a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
“El acuerdo contraviene abiertamente las obligaciones que México tiene ante la Coidh, porque es muy escueto. Con cinco artículos y dos transitorios no se garantizan las obligaciones que la Coidh impuso a México en el caso Alvarado, de abusos militares contra civiles en Chihuahua, de que la utilización de militares en labores de seguridad sea extraordinaria, complementaria, subordinada y focalizada. Quien diga que el acuerdo cumple con todo esto está tergiversando la realidad”, concluye Aguirre Espinosa.
