La trasnacional canadiense Los Andes Copper iniciará en un par de años la explotación de grandes vetas de cobre y molibdeno en Valparaíso, y para hacerlo se valió de trampas y aprovechó recovecos legales; de otro modo no lo hubiera conseguido, porque lo que está en riesgo es el ecosistema de aquella región chilena, donde hay glaciares que alimentan las principales corrientes de agua de esa zona, eminentemente agrícola y ganadera.
Valparaíso, Chile.- La reciente aprobación e inminente puesta en marcha de la fase de exploración del proyecto minero Vizcachitas, de la canadiense Los Andes Copper, dañará irreparablemente el entorno de la comuna de Putaendo, poco más de 100 kilómetros al noreste de Santiago.
Este proyecto de gran minería de cobre y molibdeno dañará la provisión de agua de los valles de Putaendo y Aconcagua, la cuenca más importante de la Región de Valparaíso y una de las principales del centro del país.
Los Andes Copper se propone obtener el permiso de explotación en 2022, con lo que podrá comenzar la construcción de la mina de tajo abierto y la explotación de los minerales.
La aprobación de perforaciones ocurre en medio de la sequía más grande que se recuerde en la zona central de Chile y de la pandemia de coronavirus, que ha derivado en la militarización del país.
De concretarse, Vizcachitas marcará un hito en la arrasadora expansión de la actividad minera que avanza con fuerza desde el norte hacia el centro y sur del país, donde se concentran la mayor parte de los yacimientos aún no explotados de Chile, primer productor mundial de cobre.
Historia de abusos
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas, de la Compañía Minera Vizcachitas Holding (filial de Los Andes Copper), fue aprobado el 20 de abril por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, presidida por el intendente (gobernador regional) Jorge Martínez e integrada casi totalmente por funcionarios de confianza del presidente chileno, Sebastián Piñera.
El proyecto aprobado corresponde a la fase de exploración y prevé una inversión de 25 millones de dólares para la instalación de 350 plataformas de sondaje, la construcción de caminos y piscinas de decantación de lodos y la construcción de un campamento para 60 trabajadores.
“El área en la que se inserta el proyecto es una zona de valor ecológico, ambiental y de diversidad que contiene humedales y vegas que determinan una elevada biodiversidad”, señaló el Servicio Agrícola y Ganadero al comentar la DIA presentada en mayo de 2019.
Y a 3.5 kilómetros del punto cero del yacimiento, en el sector Las Launas, hay un glaciar de roca que alimenta los ríos Hidalgo y Rocín, tributarios del Aconcagua, cuya cuenca cubre cerca de la mitad del territorio de la Región de Valparaíso.
Los Andes Copper había sometido su proyecto de sondajes al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en 2008 y pese a que fue rechazado, la trasnacional hizo perforaciones en el lecho del río Rocín, “sin tomar las medidas necesarias” para impedir que el agua entrara en contacto “con el mineral que allí se encuentra ni con los metales pesados que éste contiene”, denunció ante la justicia el ciudadano Ignacio Ostión Casa, en agosto de 2015.
En 2016 el laboratorio Hidrolab analizó las aguas del Rocín y dio cuenta de altas concentraciones de aluminio, cobre, manganeso y fierro, apuntando como probable responsable a la actividad minera.
Para ese año Los Andes Copper había construido al menos 89 plataformas de sondaje sin contar con ningún permiso ambiental. El 17 de abril de 2017 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) notificó a Minera Vizcachitas por “falta gravísima” al realizar trabajos de exploración y prospecciones sin contar con Resolución de Calificación Ambiental y que provocaron daños irreparables a flora y fauna y al valor paisajístico del lugar.
Pese a la gravedad de estos hechos, bastó que Los Andes Copper se comprometiera a no repetir las acciones denunciadas y a realizar obras de mitigación para que la SMA levantara los cargos en enero de 2018.
En noviembre de 2016 la Dirección General de Aguas sancionó a Minera Vizcachitas por la “extracción de aguas superficiales” de la Quebrada Cortadera, pese a no contar con derechos sobre los mismos.
Las trampas de la ley
El proceso de evaluación ambiental del proyecto de sondajes de Minera Vizcachitas evidencia las asimetrías entre las grandes mineras y las comunidades afectadas por proyectos de inversión.
El 31 de mayo de 2019 el representante de esa empresa, Anthony John Amberg, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (SEA-Valparaíso) la DIA del proyecto de sondajes.
Esa declaración fue acogida a trámite, pese a que por la magnitud del proyecto y por el hecho de emplazarse próximo a un glaciar de roca, lo procedente hubiera sido un Estudio de Impacto Ambiental, tal como se estableció en 2008 con la modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 19.300 “de medio ambiente”, que obliga a realizar ese estudio a los proyectos que puedan afectar glaciares.
El 11 de julio de 2019 la comunidad local –congregada en torno a la organización comunitaria Putaendo Resiste– hizo llegar al SEA-Valparaíso una carta con más de 2 mil firmas en la que pedía que se abriera un proceso de Participación Ciudadana (Pac), previsto en la Ley de Medio Ambiente, para exponer objeciones al proyecto minero.
Los signatarios recordaron que son usuarios de las aguas de los canales de regadío del Rocín y el desarrollo de perforaciones impedirá a los crianceros mover su ganado en las veranadas (migraciones estacionales en busca de alimento) y “quedarán imposibilitados de seguir ejerciendo esta labor”.
El SEA-Valparaíso tardó nueve meses en contestar; lo hizo el 17 de marzo de 2020 con la Resolución Exenta 076/2020, que resolvió rechazar el Pac. Todas las apelaciones a esta decisión serían rechazadas.
En oficio del pasado 15 de abril, el director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher, fundamentó las razones. Puntualizó que la normativa ambiental que regula la participación ciudadana en las DIA estipula que “para que la autoridad ambiental evalúe la posibilidad de que proceda este procedimiento (sic)”, éste debe arrojar “cargas ambientales para las comunidades próximas”.
Lo contradictorio es que, según se determina en el artículo 30 bis de la Ley 19.300, para que se considere que un proyecto genera “cargas ambientales” este debe provocar, al mismo tiempo, “beneficios sociales” como “externalidades ambientales negativas”.
A propósito de esto, Brücher sostuvo que, como el proyecto Minera Vizcachitas no produce beneficios sociales –aunque sí contaminación ambiental, como reconoció– no puede considerarse que genere “carga ambiental”. Por lo mismo, adujo, no cabe escuchar a la ciudadanía…
“Es un contrasentido que cuando hay un proyecto que genera perjuicios ambientales y ningún beneficio social, se niegue la participación ciudadana porque no se cumpla con lo dispuesto por la ley que exige que haya ‘carga ambiental’”, dice a Proceso el vocero de Putaendo Resiste, Alejandro Valdés.
El abogado ambientalista Rodrigo Pérez, al ser consultado por este corresponsal, también analizó el punto: “Todos los proyectos que se encuentran en tramitación ambiental generan impactos… pero exigir que deban establecer la existencia de beneficios sociales para determinar la presencia de ‘cargas ambientales’, y así poder acceder a la participación ciudadana, es muy oneroso para las comunidades”.
Un día después de la referida definición del SEA, su oficina en Valparaíso convocó con carácter de urgente a la sesión en la que se aprobaría unánimemente el proyecto de sondajes y que se realizaría telemáticamente –dada la cuarentena por pandemia– el 20 de abril.
Tras informarse de la aprobación de las perforaciones mineras, la comunidad putaendina emitió un comunicado en el que repudiaba “la realización de la sesión online del día de hoy convocada con menos de un día hábil de aviso y en un contexto de pandemia”. Sostuvo que “se trata de una modalidad impresentable, de espaldas a la ciudadanía, que confirma el poco compromiso de las autoridades de este gobierno por generar espacios democráticos para la toma de decisiones ambientales”.
Acusaron que con esta decisión se “abre la puerta a la gran minería en la cabecera de cuenca de un valle devastado por la sequía, poniendo en peligro su único río y la sostenibilidad de sus glaciares de roca”.
Pese a la adversidad, la comunidad no se rinde. El 21 de abril Putaendo Resiste presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección –patrocinado por el abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Álvaro Toro– con el que se busca anular la aprobación de los sondajes mineros.
El 25 de abril cientos de personas marcharon por esta pequeña ciudad del valle del Aconcagua para protestar por la aprobación inconsulta del proyecto minero. Un día después Putaendo fue copada por efectivos militares, lo que causó el malestar entre sus habitantes, muchos de los cuales salieron a las calles a encarar a las tropas.
Paradójicamente, este amedrentamiento militar, que se viralizó en redes sociales, dio a la comunidad putaendina en resistencia contra la minera la visibilidad que hasta ahora le ha sido negada por los grandes medios.
Destrucción de glaciares
La aprobación de un proyecto minero en Putaendo pone a la luz el estado de desprotección de los glaciares chilenos, que dan vida a ríos cordilleranos que abastecen de agua a 70% de chilenos y constituyen el principal reservorio de agua dulce de América del Sur.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, de la ONU) definió en 2007 a Chile central como “zona crítica” en materia de derretimiento de glaciares, y sostuvo que ello derivará en que la disponibilidad de agua se verá severamente reducida. Seis años después, este panel concluyó que la tendencia de deterioro de glaciares “sería particularmente pronunciada en los Andes y la Patagonia” y que “algunas zonas perderían en el transcurso de este siglo la mayoría de sus glaciares”.
En 2014 el IPCC anticipó que el desabasto de aguas derivado de “la disminución de la escorrentía derivada del derretimiento de glaciares y nieves” representa “un importante desafío de adaptación para muchas ciudades”, entre las que citó especialmente a la capital chilena.
Según el IPCC, Chile alberga 4% de los glaciares del mundo; 80% de los de América del Sur.
Además de los aspectos adversos relacionados con el cambio climático, en Chile los glaciares tienen otro enemigo sustancial: la actividad minera.
Según se señala en Glaciares de Chile. El lobby minero y el tortuoso camino para protegerlos (2020), de Sara Larraín, ambientalista y directora de la ONG Chile Sustentable, “en las últimas décadas (…) la actividad minera ha intervenido glaciares entre Atacama y la Región Metropolitana, provocando la pérdida de enormes reservas de agua dulce y contaminado las aguas, afectando el consumo humano, la agricultura, y los ecosistemas”.
Lo anterior ha acarreado el agravamiento de la desertificación que sufren el norte y centro del país, “haciendo más vulnerables las ciudades, la agricultura y los ecosistemas en un contexto de mayor estrechez hídrica debido al cambio climático”, como se afirma en la publicación de Larraín.
Grandes mineras –como Antofagasta Minerals, Angloamerican y la estatal Codelco– causan una desenfrenada destrucción de glaciares en sectores cordilleranos de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Coquimbo.
En respuesta al ecocidio, comunidades afectadas –en colaboración con organizaciones ambientalistas– han materializado importantes ciclos de protestas y de resistencia a la “invasión minera”, lo que ha derivado en la suspensión de megaproyectos como Pascua Lama (Atacama), Los Pumas (Región de Arica y Parinacota) y Dominga (Región de Coquimbo).
Como reacción a la pujanza ambientalista y ciudadana, las grandes mineras han promovido Valor Minero, una multimillonaria campaña mercadotécnica que desde 2014 promueve la expansión de las explotaciones hacia los Andes Centrales mientras intenta construir una identidad nacional de “Chile, país minero”, como se subraya en el libro de Larraín.
Las grandes mineras han promovido la idea de que en las zonas cordilleranas de Valparaíso y Santiago –donde está la mitad de las reservas chilenas de cobre– no podrían ser explotadas si se aprueba una ley de protección de glaciares como la que empuja hace tres lustros la sociedad civil.
“No existe la minería sustentable. Ese es el problema de fondo”, dice a Proceso la politóloga y socióloga Pamela Poo, coordinadora política de Chile Sustentable. Añade: “No hay ningún debate serio de cómo hacer minería en Chile”. Asegura que la única vez que este debate se dio fue cuando se nacionalizó el cobre, en 1971, en la presidencia de Salvador Allende. “…Y ahí tienes lo que le hicieron”, comenta, aludiendo a la intervención estadunidense para derrocar al mandatario socialista.
Agrega que el cabildeo de las mineras ha impedido que lleguen a puerto todos los intentos por dar vida a una ley de protección de los glaciares.
“Las empresas privadas sostienen que quieren, para 2035, exportar 8 millones de toneladas de cobre”, el doble de lo actual. “¿Sabes lo que es producir 8 millones de toneladas en un paño en que hay 10 millones de personas, donde hay suelo agrícola? ¡No hay ninguna posibilidad! ¡Es una locura!”, señala la ambientalista.
