En medio del confinamiento domiciliario al que nos obliga la pandemia desde hace varias semanas, se consumó la “reasignación” de mil 850 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la Comisión Nacional de Vivienda para destinarlos al programa de mejoramiento barrial. Contra toda lógica, en este contexto de emergencia sanitaria el titular de la secretaría, Román Meyer Falcón, prioriza la estética urbana sobre el derecho a la vivienda.
Por instrucciones del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, se eliminó el subsidio que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) iba a destinar a la remodelación o construcción de 13 mil 160 casas. Ahora, esos recursos se canalizarán al programa de “mejoramiento barrial” de la secretaría.
El reajuste presupuestal de la partida, equivalente a mil 850 millones de pesos etiquetados para el subsidio de vivienda urbana popular, ocurrió el pasado 19 de marzo, ocho días después de que la OMS declaró la pandemia de covid-19 y en coincidencia con los primeros llamados de las autoridades mexicanas a quedarse en casa.
La reasignación de recursos se aprobó ese mismo día en la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Conavi, organismo descentralizado que dejará de cumplir sus metas en 2020, de acuerdo con el acta de la reunión celebrada en el arranque de la contingencia sanitaria.
El propósito es destinar esos recursos al Programa Integral de Mejoramiento Barrial de la Sedatu, el cual está enfocado al mejoramiento de la infraestructura urbana de colonias populares y la construcción de parques en perímetros de alta incidencia delictiva –si bien esos jardines no se pueden ocupar debido a la recomendación sanitaria de quedarse en casa– para disminuir la cifra de contagios por infección de SARS-Cov2.
Durante la sesión del 19 de marzo un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el consejero suplente Ramón Mariaca Méndez, comparó el recorte al gasto de vivienda con el escenario de un médico que se enfrenta a la escasez de medicamentos y la atención que debe recibir un enfermo terminal para así poder salvar la vida de otros pacientes.
“Qué hace un médico cuando tiene carencia de medicamentos y tiene pacientes que sabe que ya no va a poder salvar, sino solamente va a prolongar su agonía varias semanas; el juramento hipocrático indica que debes aplicarle todos los medicamentos posibles, pero a pesar de todo va a morir el paciente.
“Tú, como médico, ¿qué harías?… Dejar de atender a esta persona que de todos modos va a fallecer en varios días porque está en una fase terminal o aplicas estos medicamentos a quienes todavía lo necesitan”, argumentó el funcionario ante los asistentes al evento.
Un representante de la Secretaría de la Función Pública se opuso al recorte que la Sedatu planeaba desde el pasado 27 de febrero (Proceso 2262), pero a diferencia de la primera votación sobre el tema, la directora general de la Conavi, Edna Elena Vega Rangel, ya no expresó su rechazo y acató la decisión de Meyer Falcón.
Durante el debate Mariaca pidió “no caer en una interpretación legalista” de la normatividad hacendaria ante la escasez de recursos que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Incluso reconoció que la actual administración no resolverá el problema de acceso a vivienda popular. “Es cierto, la vivienda es necesaria, pero el rezago que tenemos en México no se va a componer en este sexenio totalmente”, sentenció.
El titular del Órgano Interno de Control de la Conavi, Daniel Lejarazu Gaona –cuyo nombramiento es responsabilidad de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval– reprochó la analogía utilizada por el funcionario de la Semarnat y reiteró su insistencia en que la reasignación de recursos en temas prioritarios como la vivienda es una facultad legislativa.
“Lamentablemente las personas morirán enfermas en pisos de tierra con paredes de carrizo, pero con un parque muy bonito. Esa es la analogía que aquí se está usando”, respondió.
La discusión en materia legal que se dio en el primer debate para aprobar el reajuste presupuestal en esta ocasión no encontró obstáculos.
Previamente, la Secretaría de Hacienda ya había avalado la maniobra mediante diversos oficios de la Subsecretaría de Egresos que fueron presentados ante la Junta de Gobierno de la Conavi y aprobados de manera unánime por los consejeros con voz y voto.
Lejarazu no pudo votar debido a que sólo tiene derecho a voz en las sesiones de la Junta de Gobierno, pero ratificó su oposición al recorte de fondos para vivienda, argumentando una violación al artículo cuatro de la Constitución.
“El derecho a una vivienda adecuada está por encima del derecho a un espacio (público), que en este caso sería mejoramiento de barrio; es decir, no lo aniquila, lo subsume… Es primero la vivienda; no está en igualdad de condiciones el derecho a la vivienda a un espacio de mejoramiento urbano”, concluyó.
Empleos y metas canceladas
De acuerdo con el acta de la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Conavi, cuya copia consultó Proceso, por la reasignación presupuestal de mil 850 millones de pesos la Conavi canceló sus metas en acciones de vivienda previstas en el Programa de Mejoramiento Urbano, además de que sus recursos para este año fiscal cayeron 30%.
En consecuencia, las 13 mil 160 familias que iban a mejorar sus condiciones de habitabilidad con el subsistido a vivienda urbana popular no verán mejoradas sus condiciones de vida en medio de la pandemia que requiere de confinamiento domiciliario.
“Con fundamento en los artículos 23 fracción XIII de la Ley de Vivienda y 57 párrafo segundo de la Ley de Entidades Paraestatales y en términos de la documentación presentada, la Junta de Gobierno de la Conavi toma conocimiento de que con la devolución de recursos por un monto de 1,850,023,900.00 pesos de la vertiente de Vivienda en ámbito urbano del Programa de Mejoramiento Urbano, no estará en posibilidades de cumplir las metas registradas para 2020 en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), por lo que realizará el ajuste correspondiente”, señala el acuerdo.
Vega Rangel admitió que la caída de 30% de su presupuesto causará recortes de personal en el organismo, por lo que la comisión deberá presentar una propuesta de reorganización en las próximas semanas.
“Hay una reducción muy importante de la plantilla de personal, al reducirse las metas también se reduce la estructura organizacional”, explicó la funcionaria ante la Junta de Gobierno de la Conavi.
Para aminorar las críticas por el recorte a los recursos de vivienda social, la subsecretaria de la Sedatu Carina Arvizu hizo hincapié en que el gobierno de López Obrador tiene previsto implementar más de 800 mil acciones de vivienda durante el presente año fiscal.
La cifra, explicó, incluye los préstamos que se otorgan a través del Infonavit, Fovissste, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, así como los cofinanciamientos que otorga la propia Conavi con los institutos de vivienda estatales.
“Estamos trabajando también, a solicitud del presidente de la República, en distintas opciones en donde este reajuste se refleje en más acciones de vivienda, tanto para la población urbana como para la población rural”, insistió la subsecretaria.
En 2019 la Conavi otorgó 18 mil 453 subsidios en acciones de vivienda en el Programa de Mejoramiento Urbano, 69% de los cuales beneficiaron a mujeres jefas de familia. En 2020 este mismo programa, con su nuevo presupuesto de cero pesos, no beneficiará a nadie.
