Acostumbrados al apapacho gubernamental con Enrique Peña Nieto como gobernador y luego como presidente, los dueños de las empresas Mota-Engil y Mota-Engil México siguieron con su buena suerte en los negocios con la Cuarta Transformación. Vía asociaciones con personajes locales –varios de ellos cuestionados por el propio Andrés Manuel López Obrador–, la compañía de origen portugués sigue ganando contratos millonarios. El último de ellos es el primer tramo del Tren Maya, por 15 mil 538 millones de pesos.
Mota-Engil, constructora de origen portugués que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se convirtió en una de las principales contratistas y concesionarias del gobierno federal, vivió una transición alegre con la llamada Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador: la empresa lideró el consorcio ganador del contrato para el primer tramo del Tren Maya, por un monto de 15 mil 538 millones de pesos.
También obtuvo del gobierno poblano de Miguel Barbosa Huerta un contrato para la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, por 4 mil millones de pesos; está por arrancar su Central de Ciclo Combinado Jorge Luque 100, una de las que construyó con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vía Generadora Fenix, y continúa un megaproyecto turístico en Nayarit con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que le adjudicó el contrato del Tren Maya el 23 de abril último.
En el sexenio pasado, Mota-Engil agregó a sus raíces portuguesas el ADN priista de la familia Miguel; esta unión le abrió en grande a la empresa europea las puertas de la administración pública federal, creó su filial Mota-Engil México en sociedad con Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) y la dejó en manos de José Miguel Bejos, quien, aparte de ser compañero de golf del expresidente Peña Nieto, fue su contratista durante su mandato como gobernador del Estado de México. Incluso, en el periodo de transición le rentó al entonces presidente electo una casa ubicada en la calle Virreyes 1130, en Lomas de Chapultepec.
Actualmente, Prodi detenta 49% de las acciones de Mota-Engil México –según el informe anual de la empresa portuguesa– y José Miguel Bejos es su presidente; éste tejió alianzas con empresas y personajes vinculados con el PRI y bajo su dirección la empresa creó más de 48 sociedades en el país. Los efectos de la mutación fueron impactantes: durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la empresa había conseguido una sola concesión carretera –en 2008 para operar la autopista Perote-Xalapa junto con la española Isolux–, pero con Peña Nieto le llovieron los contratos multimillonarios.
Como muchos empresarios a los que López Obrador equipara con la “mafia del poder”, Alfredo Miguel Afif, padre de José Miguel Bejos, consolidó la fortuna que heredó de su padre –José Miguel Nader– al amparo del poder durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Obtuvo por ejemplo un contrato con Pemex en 1992 y se le ligó con el “profesor” Carlos Hank González, quien lo invitó a formar parte del Consejo de Administración del Banco Interacciones.
En 1997, mientras Alfredo Miguel Afif encabezaba el comité de financiamiento de la campaña de Alfredo Del Mazo González para la regencia del entonces Distrito Federal, su grupo Infomin se benefició de un doble rescate del Fobaproa y el contrato con Pemex derivó en el año 2000 en una conciliación ante la Corte Internacional de Arbitraje, a raíz del cual la petrolera –entonces dirigida por Rogelio Montemayor Seguy, artífice del Pemexgate– pagó 127 millones de dólares a la empresa de los Miguel.
Alianzas exitosas
Entre 2013 y 2014 Mota-Engil fue inundada de contratos: 260 millones de pesos para el distribuidor vial La Pigua, dos contratos para la Línea 3 del Metro de Guadalajara por 10 mil 316 millones de pesos, obras en la carretera Manzanillo-Minatitlán por 358 millones de pesos, una asignación de mil 20 millones de pesos para el Libramiento Poniente de Acapulco, una participación conjunta –con Cemex y Gami– en el Arco Oriente de la Ciudad de México por 2 mil 740 millones de pesos, un tramo de la carretera Tuxpan– Tampico con una inversión calculada en 4 mil 471 millones de pesos y otro tramo en la carretera Cardel-Poza Rica por 5 mil 982 millones de pesos.
En su informe anual 2014 la empresa destacó que “México, con una cartera de mil 260 millones de euros, es actualmente el país con una mayor cartera de pedidos”.
Páginas abajo el grupo se felicitó de que “2014 fue un año de excelencia en México (…) El éxito alcanzado no sólo deriva de la excelencia de ejecución y competencias ya demostradas en otras regiones, sino también de la estrategia del grupo en establecer acuerdos con empresas locales reconocidas en el sector”.
Los socios mexicanos de Prodi tenían acceso al presidente. Uno de ellos estaba, incluso, en la nómina del gobierno federal, Javier García Bejos, pues fungíó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2016 y 2018, y, además, pactaron con empresas vinculadas con priistas para obtener contratos.
En septiembre de 2013, Mota-Engil se asoció con las empresas Servicios de Construcciones Técnicas Geoclasa e Importaciones Marktorne para crear la empresa Autopista Urbana Siervo de la Nación, que en 2014 obtuvo la concesión de esa carretera por 46 años, con una inversión proyectada en 6 mil 755 millones de pesos.
En su consejo de administración figura –al menos hasta abril de 2018– Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, bajo sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de haber sido testaferro del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa en empresas fantasma usadas para desvíos del erario; Ojeda, quien negó las imputaciones, se desempeña actualmente como secretario de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos.
En octubre de 2016 la compañía portuguesa se presentó en consorcio con Calzada Construcciones para crear la empresa APP Coatzacoalcos–Villahermosa, SAPI de CV, que obtuvo la concesión de la carretera entre ambas ciudades por 10 años, con una inversión de 2 mil 246 millones de pesos.
Calzada forma parte de Grupo Hycsa, propiedad de Alejandro Calzada Prats, quien es hijo del priista tabasqueño Feliciano Calzada Padrón, otrora secretario particular de Roberto Madrazo Pintado, fracasado candidato presidencial del PRI en 2006.
En junio de 2018, para conseguir la concesión de la carretera Ciudad Victoria-Tampico, con una inversión superior a 5 mil 194 millones de pesos, Mota-Engil selló una alianza con Grupo R, del polémico empresario petrolero tamaulipeco Ramiro Garza Cantú. Ambos grupos crearon las empresas APP Tamaulipas, SAPI de CV, y Trans Tamaulipas. En mayo de 2019 crearon otra, llamada Operadora Maritima Matamoros, SAPI de CV.
Garza Cantú, también dueño del periódico La Razón, es un empresario moldeado en el PRI de los setenta. Su imperio como contratista de Pemex se basó en su amistad con Joaquín Hernández Galicia La Quina, entonces líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Aparte de Mota-Engil, las empresas de la familia Miguel obtuvieron contratos federales por más de 2 mil 571 millones de pesos, según una revisión a los portales de los contratos gubernamentales y a un reportaje publicado en 2013 en Univision.
En 2019, si bien Mota-Engil informó a sus socios en Portugal que los proyectos bajarían en México debido al cambio de gobierno, también advirtió sobre las posibilidades de negocios en la 4T.
De hecho, en su informe financiero 2019, publicado el 21 de abril pasado, el grupo portugués recalcó su interés en participar en los megaproyectos que impulsa el gobierno de López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto de Santa Lucía y los caminos rurales en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Tras ganar la licitación del Fonatur para el primer tramo del Tren Maya, Mota-Engil y los demás integrantes del consorcio crearon una sociedad ad hoc llamada Consorcio Lamat Tramo 1, SAPI de CV. La filial mexicana de la constructora portuguesa es socia mayoritaria, con 580 acciones, la paraestatal China Communication Construction Company tiene otras 350 y el resto, 70 acciones, está dividido entre tres empresas más.
Fonatur y el PRI
Desde que empezó a promocionar el Tren Maya como un proyecto “social” y pensado para las comunidades marginadas, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez, director general del Fonatur, ha insistido en que el megaproyecto no replicará el “modelo Cancún” en el resto de la Península.
Hace 50 años Cancún fue el primer “Centro Integralmente Planeado” (CIP) del Fonatur: una ciudad creada a partir de la nada, con la única finalidad de atraer el turismo a las playas del Caribe mexicano. Medio siglo después el resultado es desastroso: la especulación inmobiliaria trajo consigo un crecimiento urbano desmedido y caótico; creó un cinturón de miseria y fomentó la devastación ambiental en la ciudad costera, la cual se convirtió en una de las ciudades más violentas del país –con 367 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en 2019 y otras 121 por agresión con arma de fuego–, con actividades de prostitución y lavado de dinero.
En los últimos cinco años, Mota-Engil se lanzó en la construcción de megaproyectos turísticos, para ello reclutó en 2015 a Juan Rafael Lang Uriarte, al que incorporó como director de Mota-Engil Turismo. Entre 2000 y 2014 Lang fue director de Puerto Cancún, desarrollo inmobiliario y turístico erigido sobre 343 hectáreas que el Fonatur tenía en el centro de la ciudad, parte de las cuales estaban cubiertas por manglares.
Durante los primeros años, el estadunidense Michael Eugene Kelly Hodgson impulsó el megaproyecto hasta que en 2006 fue detenido en su país por defraudar a miles de jubilados. Las autoridades estadunidenses lo obligaron a vender sus propiedades para resarcir los daños. Lang se encargó de las de Puerto Cancún y en 2012 las adquirió el fondo de inversión estadunidense Black Creek Group, que operó en México de la mano con Jerónimo Gerard Rivero, cuñado de Salinas de Gortari.
Si bien nació en Mexicali, Lang tiene vínculos profundos con la Península de Yucatán: es hijastro de Francisco Labastida Ochoa, quien durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue embajador de México en Portugal –de donde es Mota-Engil– y en 2000 se convirtió en el primer candidato del PRI en perder una campaña presidencial.
Durante dicha campaña por Los Pinos –coordinada por Esteban Moctezuma Barragán, actual titular de la Secretaría de Educación Pública–, Labastida viajaba en aviones de su amigo… Alfredo Miguel Afif.
Labastida fue uno de los fundadores de Cancún. En septiembre de 1969 el entonces joven director de Inversiones en la Secretaría de Programación y Presupuesto viajó a Quintana Roo junto con otros funcionarios –entre ellos Miguel de la Madrid Hurtado, entonces subsecretario de Hacienda– y juntos eligieron la playa virgen donde 50 años más tarde vivirían millón y medio de habitantes entre torres, hoteles y suburbios.
A pocos meses de regresar a la Ciudad de México, el grupo diseñó un sistema para financiar el polo turístico. Ello desembocó en la creación del Fonatur en 1974 y su primera misión consistió en crear Cancún.
En las décadas siguientes la dependencia impulsó desarrollos turísticos de lujo en las playas de Huatulco, Ixtapa, Los Cabos, Cozumel y Loreto, y recientemente en la Península de Yucatán con el megaproyecto del Tren Maya.
Con la explosión del turismo y la especulación en los sitios de interés en los años noventa, el Fonatur se convirtió en una institución codiciada y por ella pasaron algunos priistas íntimamente ligados a De La Madrid y Salinas, y también quienes participaron de manera directa o indirecta en el regreso del PRI a la Presidencia con la figura de Enrique Peña Nieto.
Entre ellos estuvieron el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, el exsenador Emilio Gamboa Patrón –quien en 2016 fue exhibido mientras aterrizaba en un helicóptero de Alfredo Miguel Afif sobre un arrecife protegido–, el exgobernador Alfredo Del Mazo González –padre de Alfredo Del Mazo Maza– y Jacques Rogozinski Schtulman, quien encabezó el proceso de privatización en el sexenio de Salinas y fue titular de Nacional Financiera (Nafin) en el gobierno de Peña Nieto.
En 2016 el Fonatur y Mota-Engil establecieron un fideicomiso para crear un nuevo CIP sobre 255 hectáreas en la Rivera de Nayarit, llamado Costa Canuva. El megaproyecto plantea erigir siete hoteles de lujo, 30 lotes de condominio, 450 lotes unifamiliares, plazas comerciales y un campo de golf de 18 hoyos; lo anterior, sobre la playa virgen y los terrenos aledaños.
Este proyecto siguió en pie con la llegada de la 4T. Así, durante el año y medio previo a otorgar a Mota-Engil el contrato del Tren Maya, los funcionarios de Fonatur estuvieron trabajando como socios con la constructora portuguesa y Rafael Lang sobre el proyecto nayarita.
En junio de 2019 Lang creó junto con Prodi –pero sin Mota-Engil– la empresa Comercializadora Costa Canuva, SA de CV, que tiene por objeto social construir y urbanizar la zona de Fonatur; entre los edificios que pretende erigir, cita: “Casas habitación, centros comerciales, locales, clínicas, centros de esparcimiento, complejos turísticos o industriales, hoteles, condominios, villas, posadas, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas”.
En otras palabras: un “modelo Cancún” en Nayarit, bajo los auspicios de Fonatur.
