Carlos Hank Rhon y su hijo Carlos Hank González (homónimo de su abuelo, el líder del Grupo Atlacomulco que a finales del siglo pasado fue denostado por López Obrador) encabezan empresas que no sólo fueron consentidas en el sexenio anterior: en los primeros meses de este año han recibido 24 contratos públicos del gobierno federal por más de 7 mil millones de pesos.
Recientemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido generoso con la familia Hank, destacada integrante de la élite empresarial enriquecida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: en los primeros tres meses de 2020, empresas encabezadas por Carlos Hank González y su padre Carlos Hank Rhon recibieron al menos 24 contratos públicos federales por un monto total de más de 7 mil 695 millones de pesos.
Estos contratos, que Proceso identificó en Compranet –la plataforma de contrataciones públicas–, convirtieron a los descendientes del “profesor” Carlos Hank González, otrora líder del Grupo Atlacomulco, en los terceros contratistas del gobierno de la Cuarta Transformación en lo que va de 2020.
Los primeros proveedores son el magnate Carlos Slim Helú –a través de su constructora Cicsa– y el consorcio formado por la empresa paraestatal china China Communications Construction Company Ltd y la portuguesa Mota-Engil –una de las empresas más favorecidas en contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto–, que obtuvieron contratos para los primeros dos tramos del Tren Maya por montos de 18 mil 553 millones y 15 mil 538 millones de pesos, respectivamente.
Según esa base de datos, Grupo Banorte obtuvo 6 mil 885 millones de pesos a través de 23 contratos por diversos seguros, y en febrero pasado La Peninsular, filial de Grupo Hermes, obtuvo un contrato de obra pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), por 809 millones 967 mil pesos; dos meses antes, la misma FIT había otorgado un contrato por 100 millones 899 mil pesos a Seguros Banorte.
Los herederos de Hank González –al que López Obrador describió en 1996 como “el gran ‘capo’ de la política mexicana”– lograron su reacomodo en el gobierno actual, a pesar de su ADN priista y de haber acrecentado su poder a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto en los sectores financiero, de la construcción, energético y hotelero.
Con un historial controversial, Carlos Hank Rhon forma parte de los 12 multimillonarios mexicanos que apareció en la lista Forbes a principios de abril: la revista estadunidense estimó su fortuna en 2 mil millones de dólares.
Su hijo, Hank González, heredó el capital político de su abuelo paterno y el Banco Interacciones de su padre –asumió la dirección de la institución en 2000, con apenas 29 años–; del lado materno, su abuelo regiomontano Roberto González Barrera le dejó Grupo Financiero Banorte y parte de Grupo Maseca, el imperio agroindustrial mexicano basado en la harina de maíz, del que es ahora vicepresidente del Consejo de Administración.
Negocio seguro
Desde el año pasado, el gobierno federal encargó las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía a la Secretaría de la Defensa, y las de la refinería de Dos Bocas a Pemex; todavía no ha asignado al sector privado los contratos de megaproyectos como el Corredor Interoceánico. Las otras grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya, están arrancando –se adjudicaron ya dos de los cinco tramos– y las inversiones privadas en el sector energético están en duda.
En cambio, la administración ya erogó miles de millones de pesos en el sector farmacéutico –la compra de medicamentos e insumos. incluso a empresas que López Obrador había vetado–, en vales de despensa, arrendamiento de vehículos, tecnologías y seguros: en este rubro los principales proveedores del gobierno federal fueron los grupos de los multimillonarios Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Baillères González y los Hank, que obtuvieron contratos por 11 mil 669 millones de pesos en conjunto.
Así, el pasado 31 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adjudicó el contrato de seguro de vida institucional para prácticamente toda la administración pública federal –ya sea secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos– a Seguros Banorte, por un monto de 6 mil 723 millones de pesos, el cual correrá hasta marzo de 2023. Se trata, hasta el momento, del contrato de mayor monto adjudicado por el gobierno de López Obrador.
Apenas el día anterior la SEP adjudicó un contrato de seguro por 969 millones de pesos a Seguros Azteca Daños, una de las aseguradoras de Grupo Salinas, encabezado por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y que tuvo a Esteban Moctezuma Barragán en su nómina durante los 17 años previos a su nombramiento como titular de la Secretaría de Educación
(Proceso 2267).
Tanto Hank González como Salinas Pliego forman parte del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador; sus bancos, Banorte y Banco Azteca, dispersan los recursos de los programas sociales del gobierno mediante las tarjetas del Bienestar, y ambos anunciaron su disposición para tramitar los créditos de 25 mil pesos que el gobierno federal otorgará a pequeñas empresas durante la pandemia de covid-19.
Desde 2019 Grupo Nacional Provincial (GNP), del multimillonario Alberto Baillères González –el cuarto hombre más rico del país, con una fortuna estimada por Forbes en 6.4 mil millones de dólares–, también participó en el negocio de los seguros del gobierno federal, con contratos por 2 mil 267 millones de pesos. En 2015, cuando la Cámara de Senadores –con mayoría priista– otorgó la medalla Belisario Domínguez a Baillères, López Obrador despotricó contra los legisladores: los invitó a irse “al carajo con el reconocimiento a los integrantes de la mafia del poder”.
Aparte, la constructora La Peninsular, de los Hank, obtuvo –en consorcio con la española Caltia– un contrato de 810 millones de pesos que ampara obras de corrección de vías ferroviarias entre Ubero y Mogoñe para el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una empresa paraestatal que la SHCP desincorporó de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para integrarla al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, otro de los megaproyectos de López Obrador, que pretende unir los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos e instalar parques industriales y aeropuertos en la zona del istmo.
Mafia del poder
Si siguiera con vida, Carlos Hank González sería la némesis de López Obrador y de sus discursos moralistas sobre la austeridad de los servidores públicos: el priista mexiquense –que la revista Forbes describió en 1996 como el arquetipo de “la interrelación corrupta entre el empresariado y el gobierno de México”– pasó a la posteridad como adepto del cínico refrán según el cual “un político pobre es un pobre político”.
En el Estado de México, Hank González destacó como líder del Grupo Atlacomulco, al que pertenecieron muchos gobernadores priistas de la entidad –Arturo Montiel, Peña Nieto y los tres Alfredo Del Mazo incluidos–, que en el sector empresarial amasó una inmensa fortuna en diversos negocios, con sospechas por parte de agencias estadunidenses de presuntas relaciones con el narcotráfico.
De sus hijos, Carlos Hank Rhon se dedicó al banco –fundó Interacciones– y la construcción, mientras que Jorge Hank Rhon se lanzó al turbio negocio de los casinos y a la política en Tijuana. En las últimas décadas ambos hermanos fueron señalados en diversos casos de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción, y en 1999 un informe de la DEA señaló a los Hank como “una amenaza criminal significativa para Estados Unidos”.
La mala fama de los Hank es tal que en 2013 el despacho panameño Mossack Fonseca se negó a incorporar una compañía en Bahamas vinculada con una cuenta bancaria en Suiza de Carlos Hank Rhon, dados los reportes que vinculaban al hombre con actividades delincuenciales, y ello a pesar de que el mismo despacho –cuyos archivos fueron la base de la investigación internacional Panama Papers– creó decenas de miles de sociedades offshore en diversos paraísos fiscales.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el poder de los Hank creció de manera desmedida. A la par, sus empresas fueron de las más beneficiadas por la administración federal, como lo documentó el reportero Arturo Rodríguez en reiteradas investigaciones publicadas en este
semanario.
Sus 35 razones sociales recibieron más de 48 mil millones de pesos en contratos, entre ellos uno de 10 mil millones para el polémico Tren México-Toluca en consorcio con la española OHL, señalada e investigada por actos de corrupción en España y México (Proceso 2139).
Ese monto no incluye que La Peninsular formaba parte del consorcio que ganó la licitación por 84 mil millones de pesos para construir la terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México –el contrato más jugoso del megaproyecto que abortó López Obrador tan pronto llegó al poder–, y tampoco abarca los diversos contratos que distintas administraciones estatales otorgaron al multimillonario.
Pero además de los contratos de obra y seguros, el sexenio de Peña Nieto propició el incremento brutal del endeudamiento de los estados y municipios, que ante la falta de liquidez contrataron créditos de corto y largo plazos para financiar su gasto corriente y sus inversiones, o bursatilizaron sus deudas.
Mediante Interacciones y Banorte los Hank promovieron activamente que varios gobiernos locales contrataran deudas subnacionales, y se convirtieron en los principales prestamistas privados de los estados y municipios del país hasta la fecha: según el Registro Público Único de la SHCP, los grupos financieros de la familia detentan 368 contratos de deuda vigentes, por un monto de 162 mil 606 millones de pesos.
En marzo de 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que los gobiernos de los priistas Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo –en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, respectivamente, durante el gobierno de Peña Nieto– desviaron miles de millones de pesos de los créditos obtenidos con instancias privadas. Todos están imputados por casos de corrupción, en los que se esfumaron cantidades gigantes de recursos públicos.
En un informe, la ASF observó que Interacciones no sólo prestaba dinero a los estados: aparte les hacía firmar contratos adicionales de “comisiones por gestión interna y mantenimiento”, una figura inédita en el sector financiero; el ente fiscalizador detectó que sólo entre 2011 y 2015 el gobierno de Borge entregó 945 millones de pesos a Interacciones bajo este concepto, sin que el banco se comprometiera a “rendir cuentas o reportar las actividades ejecutadas, por tener el carácter de internas” (Proceso 2157).
El poder de los Hank culminó a finales de 2017, cuando Banorte recibió luz verde para absorber a Interacciones con todo y activos, con lo que se consolidó como gigante financiero, número uno en la administración de afores y principal acreedor de gobiernos locales. Según Forbes, la fortuna de Hank Rhon creció 600 millones de dólares durante el gobierno de Peña Nieto.
El pasado 21 de agosto, López Obrador y Hank González enviaron un mensaje claro a la opinión pública para presumir su excelente relación: ese día el banquero recibió en el Foro Estrategia Banorte a tres secretarias del gobierno federal –Olga Sánchez Cordero, María Luisa Albores y Luisa María Alcalde Luján, de Gobernación, Bienestar y Trabajo y Previsión Social, respectivamente–, y para la clausura del foro tuvo como invitado de honor al presidente en persona.
En el templete que compartieron, el banquero cubrió al político de elogios y exhortó a los demás integrantes de la cúpula empresarial del país a sumarse al proyecto del tabasqueño: “En Banorte creemos en la Cuarta Transformación y por ello participamos con toda convicción y entusiasmo en los programas sociales más importantes de su gestión, así como en el financiamiento de la infraestructura que tanto requiere nuestro país”, dijo el magnate.
Y, dirigiéndose al presidente, abundó: “Usted decidió pasar a la historia como un presidente que verdadera y genuinamente ayudó al pueblo, siguiendo los ideales de Hidalgo, de Juárez, de Madero y de Cárdenas, para lograr ese México por el que ha luchado desde que inició su camino en Macuspana hace 50 años… Ha convocado a la participación de los empresarios para cerrar filas y lograr esta transformación. Y aquí tiene a cientos de ellos que, estoy seguro, quieren apoyarlo”.
