Al anunciar el 22 de abril la rebaja del presupuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mitad –“comprensible y necesario”–, su director, Diego Prieto pidió mayor sacrificio a los trabajadores. Pero sin duda ya lo venían haciendo desde mucho antes de la pandemia. En el sitio #YaPágameINAH reúnen sus demandas, que desembocaron hasta en manifestaciones. Proceso recogió testimonios de investigadores y de empleados que laboran en distintos centros INAH del interior del país, museos y zonas arqueológicas, así como de integrantes de la representación sindical de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Al anunciar el 22 de abril la rebaja del presupuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mitad –“comprensible y necesario”–, su director, Diego Prieto pidió mayor sacrificio a los trabajadores. Pero sin duda ya lo venían haciendo desde mucho antes de la pandemia. En el sitio #YaPágameINAH reúnen sus demandas, que desembocaron hasta en manifestaciones. Proceso recogió testimonios de investigadores y de empleados que laboran en distintos centros INAH del interior del país, museos y zonas arqueológicas, así como de integrantes de la representación sindical de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, anunció el pasado 22 de abril, por videoconferencia, un recorte de alrededor de 50% al presupuesto de la institución, que impactará la contratación de personal del capítulo 3000, y la investigación y cuidado del patrimonio cultural, entre otras actividades sustantivas.
Al pedir a los trabajadores el mayor sacrificio, comprensión y solidaridad, destacó que las medidas tomadas para enfrentar los problemas que arrastra desde antes de la pandemia son muy comprensibles y necesarias, entre ellas la extinción del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural (Fideinah), como reportó Apro el pasado 27 de abril.
Un grupo de más de 160 investigadores del INAH, entre ellos varios eméritos, coincidió a través de una carta publicada en estas páginas (Proceso 2269) en la necesidad de reorientar el gasto público, pero rechazó que los problemas se resuelvan creando otros igual de graves o “vulnerando las tareas sustantivas del Estado”.
Según Prieto, del presupuesto total, 82% –equivalente a 2 mil 951 millones de pesos– va al personal de base, “eso es lo que cuesta”; alrededor de 6.6%, 255 mdp, es para personal de confianza; y 4.5% a eventuales, dejando a la operación del instituto entre 2% y 3% del presupuesto anual, lo cual es “un desequilibro enorme”. Se subsana con los llamados autogenerados, pero se ha señalado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha retrasado en su entrega. Ahora se suma el hecho de que la emergencia sanitaria mantiene cerrados museos y zonas arqueológicas, por lo cual no se reciben esos ingresos.
La reducción de 50% que les exige la Secretaría de la Función Pública, añadió, pegará a los rubros de operación (telefonía, luz, arrendamientos, seguros); gastos por servicios personales, que es el capítulo 3000, mediante el cual se han contratado desde hace más de una década investigadores, especialistas y trabajadores a los cuales no se les ha podido dar una base. Y no se hará ahora, pues Hacienda ha puesto énfasis en que se suspende toda contratación que no esté autorizada por dicha dependencia.
Asimismo, se deben reducir los recursos de 155 mdp aprobados inicialmente para el Sistema Institucional de Proyectos en, por lo menos, 42%, y ejercer un máximo de 90 mdp, para lo cual cada centro de trabajo definirá sus prioridades.
¿Al diablo las instituciones?
Al doctor en ciencias Iván Franco Cáceres, investigador del Centro INAH-Yucatán y autor de ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural de México?, no le sorprende ya esta situación. Considera que la “debacle” del INAH inició con la creación, a instancias del grupo de Octavio Paz, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en 1988, y se reafirmó al transformarlo en la Secretaría de Cultura en 2015.
Era una institución vinculada en su origen, en el gobierno cardenista, a la educación.
“El problema –dice– es que el Estado dejó de ser educador” para convertirse, a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en un Estado mercader, “ya no era un Estado de bienestar social, sino neoliberal, y puso todas las actividades culturales en una misma bolsa, incluidas las nuestras”.
Hace una analogía con lo que ha señalado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre el sector salud, y el cultural:
“Fuimos abandonados. Fueron debilitando la concepción original de vincular aspectos educativos y culturales formativos, que complementan una forma de hacer historia, de entendernos como sociedad, y no se consolidaron las instituciones.”
Comenzó a imponerse, añade, un discurso cada vez más fuerte de grupos vinculados al concepto de economía y cultura, para dar preferencia a cierto tipo de actividades artísticas y culturales, asesores de partidos políticos, los mismos partidos políticos y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien –pese a su discurso– mantiene la aplicación de políticas neoliberales.
“No es nada distinto pues lo que le interesa es que el INAH cumpla su lógica de institución de Estado y que los investigadores se vayan a hacer salvamentos para el Tren Maya, en lugar de consolidar proyectos, sobre todo históricos y antropológicos.”
Descarta que esta disminución del presupuesto sea la muerte del instituto, pues ha vivido momentos similares. Pero pone énfasis en que, con el cambio de régimen, a lo que debería apostarse (o al menos tener una consideración mayor) es a las instituciones creadas para educar. Y sin embargo, enfatiza, “les siguen dando golpes”.
Se le pregunta por qué las autoridades del INAH han cedido, primero en la cancelación del Fideinah y ahora en el recorte de recursos. En su opinión el director y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, son en realidad aliados, y ella viene de una tradición formada con los parámetros neoliberales, que se consolidaron con el expresidente del Conaculta y fundador de la SC, Rafael Tovar y de Teresa.
Agrega el investigador que el nuevo gobierno hace alianzas pragmáticas, por ejemplo con el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, y en cambio, como hicieron Ernesto Zedillo, Felipe Calderón o Vicente Fox, termina golpeando a instituciones señeras como el INAH, que cuenta ya con 80 años de existencia.
Tren (anti)Maya
En medio de la pandemia y el confinamiento, y con un amparo en favor de comunidades de Calakmul para la suspensión del Tren Maya, sorprendió a la comunidad académica del INAH que, días antes del anuncio del recorte, la institución lanzara una convocatoria para el proyecto de salvamento arqueológico de la ruta ferroviaria.
La invitación, que circuló entre los investigadores y de la cual tiene copia Proceso, fue emitida por el coordinador nacional de Arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava, y está dirigida a los investigadores de base de los centros INAH de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán para participar en el plan U Lu’Umil Maaya Wíiniko’Ob: Un análisis regional del sureste mesoamericano, proyecto marco de salvamento arqueológico “Tren Maya”, fase de prospección, que paradógicamente ya fue aprobado por el Consejo de Arqueología.
Cabe recordar que en estas páginas y para la agencia Apro, el doctor Franco ha señalado que el Tren Maya es un proyecto neoliberal vinculado a la extracción de recursos naturales, minerales y energéticos del sureste, así como la promoción turística del llamado “Mundo Maya”, por ejemplo. Hace unos meses, en un foro de discusión organizado por académicos del instituto, cuestionó las “posturas doblegada y condescendiente” que la Dirección General, la Coordinación Jurídica y el Consejo de Arqueología han tenido frente a la destrucción del patrimonio arqueológico, artístico e histórico.
Se devastan, además, valores, símbolos asociados como el paisaje, las tradiciones. E insta por ello a que antes de que el INAH pase a ser una “institución desacreditada social y políticamente después de la inauguración festiva del Tren (anti)Maya, se luche por sacarla de la Secretaría de Recreación, mal llamada de Cultura.
Ahora, en la entrevista, destaca que el tren es uno de los “proyectos estrella” de AMLO, y quizá piense en el turismo para la recuperación económica. Pero se pregunta cuánto tiempo habrá de pasar para que la gente recupere la confianza de subirse a un avión o meterse a un tren, si se considera que en Europa y en la propia Wuhan, en China, fueron espacio de contagio:
“Habrá un quiebre en la efervescencia que existía por visitar todo el mundo y tardará tiempo la recuperación, esa situación le pega precisamente al corazón del proyecto que se pensaba como una forma de integración al turismo global para la zona.”
Continuar con el Tren Maya, añade, es apostarle al fenómeno que genera pandemias: globalización de una región o conjunto de regiones que afecta el medio ambiente, vínculos con animales, movilización de más gente. Desde su perspectiva, el gobierno de AMLO debería de invertir mejor en un solo proyecto de los que anunció inicialmente (Tren Maya, refinería y aeropuerto de Santa Lucía). Si se termina el aeropuerto, “podría darse por bien servido”.
Hace ver la contradicción –y doble discurso–, entre el hecho de que el INAH cierre como parte de las medidas solicitadas por López-Gatell de “quédate en casa” para todo el gobierno federal, y la petición que están haciendo a los arqueólogos para hacer salvamentos.
Está mal si se lo piden a los trabajadores de base –cree–, pero peor si lo hacen con gente contratada, pues ni siquiera tienen las condiciones laborales y de prestaciones para atenderse en el caso de alguna enfermedad o contagio por el virus. Y señala al director general del INAH como responsable de lo que pudiera ocurrir.
Pero va más allá al decir que hasta podría estarse aprovechando, “entre comillas”, el confinamiento, porque la gente está apanicada con el virus y no hay muchas posibilidades de moverse para generar más amparos, limitando a la población, lo cual hasta resulta “perverso”. Aunado a que llegará gente de las ciudades del sureste a trabajar a las comunidades, generando una posibilidad de contagio, que juzga como “un despiadado nivel de irresponsabilidad”.
Al respecto, a través de una carta abierta, diversas organizaciones, colectivos y comunidades consideraron preocupante que, ante la emergencia sanitaria, el gobierno federal continúe con el Tren Maya. Y ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, instaron a que se garantice la posibilidad de que personas y comunidades impugnen por la vía jurídica cualquier acto u omisión del proyecto.
Ahora un grupo de investigadores del instituto, entre ellos el historiador Felipe I. Echenique March, prepara una denuncia de hechos por la presunta destrucción de monumentos arqueológicos que propiciarán los proyectos Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec, para ser presentada ante el Fiscal General de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero, quien hace décadas trabajó en el INAH.
Impacto laboral
El problema de los trabajadores del capítulo 3000 no viene de la pandemia, sino de años atrás. Proceso recogió el testimonio de varios de ellos, que laboran en distintos centros INAH del interior del país, museos, zonas arqueológicas, integrantes de la representación sindical de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y colectivo #YaPágameINAH.
Hablan de que hay contratados con más de 15 años laborando de esta precaria manera: sin base, sin prestaciones, con contratos que no duran un año completo para que no generen antigüedad, y con el problema añadido de que sus pagos de diciembre a marzo se retrasan.
Prefieren mantener el anonimato porque, pese a esta precariedad, están a la espera de la renovación de sus contratos y temen que, como una forma de represalia, se suspenda el proceso. El caso de los arqueólogos es quizá más dramático porque a diferencia de otros profesionistas (historiadores, restauradores, profesores), la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que sólo el INAH puede intervenir los monumentos prehispánicos, así que si no son contratados por él difícilmente podrán trabajar en otra institución.
Explican que, inicialmente, hay quienes fueron contratados en el capítulo 1000, que era por proyecto. Hacia 2017 se les anunció un recorte presupuestario que obligaba al despido de personal, y se les ofreció como una forma de conservar su empleo pasar al capítulo 3000, incluso se les vendió la idea de que serían free lance y con ello podrían laborar en otro lugar para tener más ingresos.
Lo cierto es que, al final, se les obliga a cumplir con un horario, asistir a un lugar fijo de trabajo y tienen un jefe inmediato, aunque no siempre se les cumple con las necesidades materiales para su labor. Denuncian asimismo que el cambio del capítulo 1000 al 3000 se ha manejado de manera discrecional por los responsables de administración de cada centro de trabajo, pues son ellos quienes deciden a quién contratar y con qué mecanismo.
En agosto de 2018 esta agencia recogió la denuncia de investigadores en el sentido de que en los gastos de operación del INAH hay una suerte de “fuga de dinero”, por ejemplo, en renta de computadoras, inmuebles, mantenimiento y servicios informáticos, automóviles. Ahora insisten en ello y señalan como otro problema que se arrastra desde hace décadas, el hecho de congelar las plazas: Cuando un trabajador se jubila o muere, su plaza se cancela y ya no se pone a concurso.
En la ENAH prevalece la incertidumbre, pues en su página de internet se maneja la posibilidad de retomar clases hasta el próximo 1 de junio, o dejar sin efecto el semestre 2020-1 para iniciarlo nuevamente en agosto, postergando también el segundo semestre. Y la tercera, suspender el año escolar 2020. La representación sindical teme que al elegir la opción dos no se pague el semestre postergado a los adscritos al capítulo 3000, con el argumento de que no se puede pagar dos veces el mismo periodo.
Asimismo, señalan que no hay razón para cancelar un semestre o el año escolar puesto que han dado clases de manera virtual, como reconoció el propio Prieto en su videoconferencia, si bien destacaron que en muchos casos la clase virtual se da con sus propios medios, pues no todos los profesores cuentan con computadora proporcionada por la ENAH.
Los profesores eventuales tienen un salario que va de mil 100 a mil 200 pesos quincenales por materia, si cuentan con licenciatura; mil 400 si tienen maestría, y mil 500 si están doctorados. Sus salarios están por debajo de la UNAM Y el IPN.
Por solidaridad con sus colegas contratados por el capítulo 3000, la investigadora de base Hortensia de Vega Nova ofrece también su testimonio para deplorar la falta de certeza laboral y se extiendan contratos de cinco o cinco meses y medio, lo que obliga al empleado a salirse e iniciar un nuevo contrato.
Pone énfasis en que quienes padecen esa situación son ayudantes de investigación, arqueólogos, arquitectos, restauradores, que hacen análisis de materiales y a quienes se les paga “como si limpiarán los baños”, sin ningún respeto a su formación profesional. Por ello, y con el fin de poder cumplir con sus compromisos con el INAH, ella ha asumido el pago del salario mensual de su asistente, contratada desde hace cerca de 20 años sin que hasta el momento haya obtenido una base.
En su videoconferencia, Prieto solicitó ser solidarios con este tipo de trabajadores, pero a la investigadora le parece que la situación no debe ser así. Ella puede ayudar a su asistente, pero no todos, y “hay más administradores que investigadores”, dice, por lo cual pide realizarse un diagnóstico y no abandonar a los investigadores ni poner en riesgo las actividades sustantivas.
“El trabajo de los administradores debe apoyar el de investigación, pero no es así, por lo menos en el centro donde yo trabajo hay más de un administrativo por investigador.”
Cuando entró a trabajar al instituto hace más de 40 años, refiere, había poco más de 800 investigadores, y ahora no pasan de mil:
“No es posible que no abran plazas para los jóvenes. Me duele porque los egresados de arqueología de la ENAH andan vendiendo periódicos, no hay respeto a su trabajo.”
