La incertidumbre y el terror
en el gremio han dado pie a un éxodo silencioso…
Regina Martínez
(Veracruz, octubre de 2011)
El 28 de abril se cumplieron ocho años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, sin que las autoridades hayan llevado ante la justicia a los responsables. Su caso es uno de los cinco más representativos que Reporteros Sin Fronteras presentó a la Corte Penal Internacional para visibilizar la impunidad de los asesinatos de periodistas en México; dicha impunidad se mantiene en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo discurso “es contradictorio”, pues “por un lado dice defender la libertad de expresión y por el otro hostiga a medios, como Proceso”, dice Balbina Flores, representante de RSF. Y explica: “No es el papel de un presidente calificar o descalificar a los periodistas o a los medios, sino garantizar la libertad de expresión y de prensa”.
GUANAJUATO.- Bajo la mirada de la Corte Penal Internacional –el tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves como genocidios o delitos de lesa humanidad– se encuentra el reporte especial Sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas en México entre 2006 y 2018 entregado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), para visibilizar a nivel internacional la impunidad en los asesinatos de periodistas en México.
El reporte, que enumera 106 casos de asesinatos y desapariciones de periodistas en México en esos años, presenta de manera detallada cinco casos –ninguno de los cuales ha sido resuelto– precisamente por lo representativo de las y los colegas asesinados y por el manejo desaseado de las investigaciones.
Uno de estos casos es el de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurrido el 28 de abril de 2012 en el sexenio del priista Javier Duarte, quien actualmente está en prisión acusado de delitos patrimoniales (Proceso 1853).
“En el caso de Regina Martínez, para nosotros quedan muchas cosas que investigarse y muchas cosas por resolverse sobre su muerte. No lo hemos olvidado, sigue siendo un gran reto”, dice a Proceso la representante de RSF en México, Balbina Flores.
Los otros cuatro son los homicidios de Miguel Ángel López (Milo Vera), subdirector del periódico Notiver, ejecutado junto con su esposa e hijo en el puerto de Veracruz; Gregorio Jiménez de la Cruz, asesinado en febrero de 2014 en Coatzacoalcos; Esther Aguilar, desaparecida el 11 de noviembre de 2009 en Zamora, Michoacán; y Ramón Ángeles, desaparecido el 6 de abril de 2010 en Paracho, Michoacán.
Investigación misógina
La Corte Penal Internacional da seguimiento al reporte y aunque “estos procesos en los ámbitos internacionales no son cortos, ya están allá y esperamos las directrices que se van a indicar en estos casos”, señaló la representante de RSF en México.
A ocho años de este crimen, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 –otra organización defensora de periodistas y libertad de expresión–, afirma que el asesinato de Regina no sólo “empezó a marcar el periodo más brutal y sangriento de la violencia contra la prensa fuera del norte del país”; también mostró claramente que los periodistas no eran, como se pretendió hacer en el sexenio de Felipe Calderón, “víctimas colaterales” o que fueron asesinados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En realidad fueron víctimas de la violencia sistematizada que involucró al propio Estado.
“Ya no se podía decir que los asesinatos o desapariciones de periodistas estaban directamente relacionados con el crimen organizado, sino que había una violencia totalmente intencionada, con un propósito específico: matar al mensajero.”
A esto se añadió otra forma de agravio, particularmente en los crímenes contra periodistas mujeres: los estigmas. “Asegurar que la mataban por ser una mujer, por estar (supuestamente) enamorada de un malo, porque estaba en un mal momento. Se niega a las periodistas esa calidad y se antepone la de esposa o pareja de alguien; eso también deriva en la impunidad”
Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), avala esa versión. Recuerda la reacción del gobierno de Javier Duarte al abrir la investigación oficial por el crimen, “completamente misógina”, al poner en tela de juicio la vida personal de la periodista, “lo que se hace para minar la credibilidad de su trabajo profesional. Ese fue el mensaje para las mujeres periodistas”.
Lagunes Huerta considera que ese fue también un mensaje “para el periodismo independiente, de investigación, profesional, que se hace y que incomoda a los gobernantes, a las élites políticas y a los grupos criminales que perviven en el país”.
A eso atribuye que hasta ahora “no tenemos la verdad de lo que ocurrió, no tenemos justicia como sociedad y esa verdad sobre el asesinato de Regina sigue siendo una de las deudas del sistema mexicano de justicia”.
Lagunes habla de los otros daños, las otras secuelas:
“Regina era una maestra del periodismo en Veracruz, tuvo un impacto en el gremio, que dio voz a las poblaciones más marginadas, más empobrecidas del estado. Ocho años después, su trabajo para colocar esa agenda, las demandas de los grupos indígenas, de los colectivos, de la corrupción de los gobiernos en Veracruz, se perdió. Pocas periodistas lo han hecho como ella lo hacía; esa población se quedó sin la posibilidad de tener su voz en los medios, en la agenda pública.”
Puerta abierta a la impunidad
En la revisión histórica en este ominoso aniversario y frente a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, este domingo 3, las representantes de RSF, Artículo 19 y Cimac destacan los vacíos que el Estado –encarnado en los gobiernos de Veracruz y en los gobiernos federales de 2012 al actual– ha dejado en la investigación, que obstaculizan el acceso a la verdad y a la justicia en este caso.
Uno de ellos ha sido evadir la actividad de Regina como periodista, su trabajo, como la posible causa o motivo de sus asesinos.
“Si las investigaciones no abundan en ese trabajo periodístico que hizo Regina, difícilmente podremos conocer los motivos de su asesinato. Con Duarte preso, nadie, ninguna autoridad lo ha señalado, interrogado o investigado por el homicidio de Regina y de los demás periodistas asesinados en su sexenio”, advierte Flores.
“Casos como el de Regina no se deben olvidar nunca –pide–. Medios, organizaciones, sociedad, tenemos que responsabilizarnos de que no queden en el olvido. Hay que recordarlos por su trabajo, pero también por el hecho de que la justicia ha fallado, no ha llegado para los familiares de estos periodistas”.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General de la República, agrega, tendría que desempolvar el expediente sobre el asesinato de Regina y retomar la investigación, “hacer su trabajo en la atracción del caso”, sobre todo porque en los años posteriores las cosas no han cambiado, y menos en Veracruz, que en 2012 llegó a ser el lugar más letal del mundo para el periodismo y donde 24 comunicadores fueron asesinados de ese año a la fecha.
Sobre todo, coinciden las entrevistadas en charlas por separado, porque el contexto actual no es muy distinto, particularmente en el nivel de impunidad de asesinatos y agresiones contra periodistas.
RSF tiene un registro de 12 periodistas asesinados presuntamente por su labor en el año y cinco meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
RSF, Cimac y Artículo 19 reconocen avances en los casos de Javier Valdez y Miroslava Breach, ambos corresponsales del diario La Jornada en Sinaloa y Chihuahua, respectivamente, asesinados en 2017, pero centran sus observaciones en la omisión, generalizada en los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas: la autoría intelectual.
“Hace casi dos décadas se decía que la impunidad en México era la puerta abierta de las agresiones a periodistas, y esa puerta no se ha cerrado. En la mayoría de los casos no se tiene a los autores materiales, y los autores intelectuales siguen ocultos bajo un velo de impunidad por un sistema que no quiere tocarlos”, sostiene Lagunes.
Y agrega: “Hay alguien más arriba. Llegar a ellos es tarea fundamental del sistema de justicia; entonces sí la puerta de la impunidad se cerrará. Si no, siempre habrá otro sicario que esté dispuesto a ejecutar las órdenes de esos poderosos”.
Pero esto no se ve fácil frente al discurso contradictorio del actual gobierno federal, “que por un lado dice defender la libertad de expresión y por el otro hostiga a medios, como Proceso, y estigmatiza a periodistas como enemigos, conservadores, como la prensa que no es la que el presidente quiere”, opina Flores; aclara que “no le toca a un presidente, no es su papel descalificar o calificar a los periodistas o a los medios, sino garantizar la libertad de expresión, de prensa”.
Lagunes cree que hace falta también que el sistema de justicia en el país dé “el gran salto” para garantizar la justicia y la verdad para los y las periodistas agredidas. Considera un ejemplo vergonzoso el hecho de que mientras el exgobernador de Puebla Mario Marín tenga una orden de captura en su contra y siga libre, la periodista Lydia Cacho esté exiliada para proteger su vida.
El diálogo que falta
En cuanto a López Obrador, la directora de Cimac plantea que “tendría que mostrar una mayor apertura para construir un diálogo diferente con los medios, convivir con la crítica y no satanizar a medios y periodistas. Porque él puede tener una postura, pero, más allá, tiene un mandato que es respetar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”.
La actual contingencia de salud derivada de la pandemia por el covid-19 está colocando en primer término para la población el derecho a la información, a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. El periodismo tiene el gran reto de separar a las audiencias de la desinformación, pero los gobiernos deberían reconocer como función esencial la del periodismo, como lo hacen con la labor del personal médico, plantea Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19.
Por el contrario, expone, “la estigmatización y campañas de desprestigio que ha hecho el presidente se han replicado en estados de la república y eso ha generado agresiones por parte de particulares”, así como bloqueos informativos por parte de gobiernos estatales y autoridades municipales, incluso en el contexto de la actual contingencia.
Entonces, si ahorita, en un momento en el que es tan importante para la gente informarse, “el presidente sigue estigmatizando a los medios, diciendo que unos son malos y discriminándolos porque no le gusta lo que dicen, estamos un poco perdidos, porque no se está reconociendo la esencialidad del periodismo para que la gente tome decisiones para evitar el contagio”.
