Sin un anuncio oficial a la comunidad bursátil sobre el rediseño de su plan de negocios, después de que dos agencias calificadoras bajaron el grado de riesgo de su deuda, Pemex recibió de parte de la Secretaría de Hacienda un estímulo fiscal por 65 mil millones de pesos y decidió recortar sus inversiones en Pemex Exploración y Producción (PEP), según consta en documentos que Proceso pudo consultar.
Mediante su Dirección Corporativa de Finanzas, encabezada por Alberto Vázquez García, la Dirección General de Pemex determinó que ante la coyuntura geopolítica que desde marzo pasado impacta al mercado mundial del petróleo, se ajustará el programa de inversión de PEP.
En un oficio fechado el 13 de abril, la Dirección de Finanzas notificó a Francisco Javier Flamenco López, encargado de la Dirección General de PEP, que el recorte a la inversión de la principal unidad de negocios de la petrolera mexicana será de 40 mil 500 millones de pesos respecto del presupuesto anual aprobado de 269 mil 859 millones de pesos. De esta forma, el nuevo techo de inversión para PEP será de 229 mil 359 millones de pesos, lo que significará un ajuste de 15%.
La Dirección Corporativa de Finanzas explicó a Flamenco López –quien ocupa la dirección de PEP transitoriamente, luego de la destitución de Miguel Ángel Lozada, inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública en diciembre de 2019– que este recorte se aplica tomando en consideración que los compromisos en materia presupuestal para el ejercicio 2020 se establecieron con el supuesto de un precio promedio anual del petróleo de 49 dólares por barril.
Para atenuar los efectos negativos en el balance financiero de Pemex se “ha tomado la determinación, entre otras medidas, de implementar una disminución de 40 mil 500 millones de pesos en el presupuesto de inversión de Pemex Exploración y Producción”, puntualizó el director de Finanzas.
Apoyo fiscal
El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de abril –con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020–, excluye a Pemex del pago del derecho por la utilidad compartida, previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Así, en medio de la crisis provocada por la sobreoferta de petróleo y el aislamiento social ante la pandemia del coronavirus, Pemex recibe el único apoyo fiscal aprobado hasta ahora por el gobierno federal para la empresa productiva del Estado.
El estímulo fiscal otorgado a Pemex se podrá acreditar dentro de las obligaciones fiscales de la petrolera, como lo establece el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Pemex enfrenta así una situación inédita que, según las calificadoras, se ve agudizada por su débil gobierno corporativo y la dependencia de las transferencias y apoyos por parte del gobierno federal en medio de la caída en los precios del crudo.
López Obrador aseguró que en tanto no mejoren los precios del petróleo, sólo se procesará un millón de barriles diarios y no 1.7 millones, como se alcanzó en marzo pasado, lo que representó un incremento de 1.67% respecto al mismo mes del año pasado.
Un analista internacional explica a Proceso que al ajustarse el precio del barril de petróleo, las reservas probadas de Pemex también sufren un descalabro, lo que afecta su balance contable y la pone en riesgo de un proceso de descapitalización, lo que hace necesario que su único accionista, el gobierno federal, la apoye con recursos.
Pemex, no obstante, corre el riesgo de seguir necesitando inyecciones de capital en un escenario volátil y complejo para los precios del petróleo.
Para Pemex, en las actuales circunstancia, se impone la necesidad de quedarse con las áreas rentables; sin embargo, puede ser un plan que escape a la visión que hoy tiene el gobierno federal y que incluye la construcción de la refinería de Dos Bocas. “Dejar la producción de petróleo en los campos que sean rentables, por ejemplo”. De otra forma, insiste, se dan sólo paliativos.
“Cambiar el régimen fiscal para que Pemex no pague tantos impuestos y producir sólo 1 millón de barriles diarios y no 1.7 millones, son medidas que pueden apoyarla; sin embargo, es una mala noticia el ajuste en sus calificaciones de deuda, porque ahora Pemex podría estar, sin mayor problema, refinanciando sus propios pasivos”, explicó la legisladora Dolores Padierna.
El gobierno federal debe responder por la deuda de Pemex y, por ello, la metodología de la calificadora Standard & Poor’s, al considerar a la petrolera con una responsabilidad implícita del gobierno federal, no ha generado, hasta ahora, cambios en la calificación. Los bonos de Pemex, sin embargo, ya perdieron el grado de inversión.
En entrevista, George Baker, editor de México Energy Intelligence, consideró que es preocupante que las decisiones de Pemex respondan a un proyecto presidencial y no a factores de mercado. “López Obrador está apostando su prestigio al incremento de la producción de Pemex”. También consideró que al posponer más de un año el nombramiento del nuevo director general de PEP, ante el proceso de inhabilitación de Miguel Ángel Lozada, también se afecta la toma de decisiones estratégicas y oportunas.
Otro tema que preocupa a Baker, más allá de la caída del precio del petróleo, es la relación que el gobierno mexicano tiene con la iniciativa privada, como es el caso de la compañía estadunidense Talos, lo que está exacerbando la preocupación en torno a los compromisos previamente asumidos en campos petroleros.
Es cierto, reconoció Baker, que fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando a la petrolera Talos Energy se le permitió participar en el proceso de descubrimiento del yacimiento Zama, considerado el octavo más importante del país. Talos Energy espera una definición por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
