En plena pandemia las acciones económicas del gobierno de López Obrador son disonantes; tras plantearlas, hace “ajustes” que desconciertan a sus propios colaboradores. Así sucedió con la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante la cual propone un ahorro superior a los 622 mil millones de pesos, suprimiendo 10 subsecretarías y recortando el sueldo “a los altos funcionarios públicos”. Más aún, la iniciativa faculta al Ejecutivo a reorientar el gasto bajo sus criterios y no conforme al Presupuesto de Egresos aprobado por los diputados.
La “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador –renovada por una de las medidas del “plan económico” para enfrentar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y por el desplome de los precios del petróleo– ha transitado por un atropellado proceso de instrucciones, un decreto y una iniciativa que, de aprobarse, le permitirían a su gobierno reorientar 622 mil 556 millones de pesos.
Aunque no tiene facultades para hacerlo, las órdenes están giradas a las dependencias y entidades para que se empiecen a ejecutar los “ahorros”, en espera de que se apruebe la iniciativa de reforma que adiciona un artículo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante el cual el presidente podría disponer de esos y otros recursos con discrecionalidad.
Las medidas de austeridad plantean que los recursos destinados al pago del personal, contratación de pequeños proveedores, profesionistas y prestadores de servicios que dependen del gobierno sean dirigidos a los programas de ayuda social para paliar la crisis económica, si bien dejan inoperantes la mitad de las áreas gubernamentales que no tienen atención al público o se relacionan con sus proyectos y programas emblemáticos.
Además, radicalizan la disminución originalmente anunciada de 50% pues aspira a 75% de reducción en el gasto operativo gubernamental; presiona políticamente a la alta burocracia para que “de manera voluntaria” se reduzca el salario y renuncie al aguinaldo, pero no lo ordena jurídicamente (librando así una ilegalidad); y suspende no sólo nuevas contrataciones de insumos y servicios, sino también las comprometidas que aún no se han liquidado. Eso sí. El plan deja a salvo de cualquier alteración presupuestal los programas y proyectos insignia; es decir, los creados por la actual administración.
López Obrador pormenorizó el plan el miércoles 22, cuando anunció la eliminación de 10 subsecretarías (sin despedir funcionarios), así como la reducción salarial desde el nivel de subdirector hasta el de él mismo y la supresión de aguinaldos. La nueva etapa de “austeridad republicana” fue anunciada por el presidente en su “informe” del domingo 5, como una extensión a su oferta verbalizada en la frase recurrente: que sea el gobierno “quien se apriete el cinturón y no el pueblo”.
Una serie de oficios emitidos entre el miércoles 8 y el lunes 13, así como las declaraciones del mandatario sobre los recortes en gastos, habían generado confusión incluso dentro de la administración por diferentes problemas de legalidad, facultades y competencias en materia presupuestaria, administrativa y laboral, hasta que finalmente el jueves 23 el mandatario emitió un decreto dejando claro, en el artículo segundo de los transitorios de la mencionada ley, que enviaría una iniciativa a la Cámara de Diputados para su urgente aprobación.
Discrecionalidad y excepción
La iniciativa de reforma, enviada la tarde del mismo jueves 23, incluye la adición de un artículo –el 21– a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La propuesta, en resumen, consiste en autorizar al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a reorientar de manera discrecional el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en una situación de emergencia económica.
La reorientación, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo propuesto, contempla que los recursos disminuidos a dependencias y entidades federales sirvan para fomento económico, así como para atender emergencias de salud y para programas de beneficio para la sociedad.
De aprobarse la iniciativa, el gobierno podría reorientar el gasto bajo sus propios criterios y no conforme al PEF aprobado por los diputados.
Volviendo al decreto, que incluye proclamas ajenas a la técnica jurídica, quedan a salvo los empleos ya contratados, así como todos los programas y proyectos creados en la actual administración; además prevé, como ya estaba anunciado discursivamente, la excepción a la Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.
En resumen, el plan plasmado en el decreto por el presidente no tocará los programas y proyectos creados en su administración, que califica de “prioritarios”, entre ellos en primer lugar la pensión universal para adultos mayores y las pensiones para personas con discapacidad; las becas para niñas y mujeres trabajadoras, así como el programa de becas Benito Juárez.
Tampoco afecta la construcción de las 100 universidades públicas, los programas La Escuela es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro; ni las “tandas del bienestar”, los precios de garantía para el campo, la distribución de fertilizantes y el apoyo a pescadores.
Asimismo deja a salvo los proyectos de infraestructura a los que apuesta el éxito de su administración, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la de Dos Bocas, así como lo proyectado para aumentar la producción petrolera.
La lista de lo que no se moverá incluye la modernización de hidroeléctricas; mantenimiento y conservación de carreteras, caminos y caminos rurales, así como las carreteras que ya están en construcción. De igual manera prevé mantener el Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México; la terminación del Tren Interurbano México-Toluca y la de presas y canales; el programa de mejoramiento urbano; el parque ecológico del lago de Texcoco, donde se construía el aeropuerto ideado en la pasada administración; además del programa nacional de reconstrucción.
Y por supuesto incluye el Tren Maya, el plan de “internet para todos”, el plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec; la zona libre de la frontera norte; el proyecto cultural de la exresidencia oficial de Los Pinos y la integración del Bosque de Chapultepec, así como su programa de defensa de derechos humanos. Todo lo anterior es parte central de su plan de gobierno anunciado desde el 1 de diciembre de 2018.
La vigencia del decreto se extendería durante 2020, generando la parálisis de numerosas áreas de gobierno, ya que en la medida IV establece que cerrará la mitad de las oficinas gubernamentales, excepto las de atención al público, “las que son esenciales para el bienestar del pueblo”. El periodo, prevé el decreto, servirá para dejar de rentar inmuebles y vehículos.
Y en la medida V añade: “Se posponen las acciones y el gasto del gobierno” para dar paso a la excepción en sus programas y proyectos insignia.
Un proceso atropellado
Los días que siguieron al domingo 5 quedaron marcados por las instrucciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al gabinete legal y ampliado, en el que les ordenaba una reducción de 50% de los gastos de operación y contratación de servicios generales, materiales y profesionales; es decir, de empresas y profesionistas proveedores del gobierno.
El impacto de esa orden es para los contratistas que aspiraban a nuevas asignaciones que, en el decreto presidencial, se agrava con la instrucción de reducir hasta 75%.
Un seguimiento a declaraciones y oficios permite advertir que el “ahorro” se aplicará a los gastos previstos en los capítulos 1000, 2000 y 3000 del PEF, que enlista el tipo de proveedores de materiales y servicios, así como de servicios generales, entre los que se encuentran técnicos, científicos y profesionales de distintos ámbitos con cierto nivel de especialización o para los que el gobierno no cuenta con personal de base.
A lo anterior se suman dos órdenes de la SHCP, emitidas el lunes 13, que en síntesis plantean frenar las contrataciones de personal de base, eventual o por honorarios en la administración pública federal, una restricción que se impone también a todas las dependencias y entidades gubernamentales, esto es, lo que contempla el Capítulo 1000 del PEF.
Las medidas de la SFP y de la SHCP fueron previas al anuncio del miércoles 22 en el que López Obrador dio a conocer adicionalmente la supresión de las 10 subsecretarías y la reubicación de su personal.
En su discurso del domingo 5, López Obrador recurrió a la fórmula discursiva de diferenciarse del pasado: terminando de borrar la corrupción, dijo, acabando con lujos y ostentaciones para reducir el costo del gobierno a la sociedad.
Luego añadió: “En esta crisis transitoria a cada quien le toca hacer su parte. De manera específica informo que se bajarán los sueldos de altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el del presidente de la República. Se reducirán el gasto en publicidad del gobierno, la partida de viáticos, los gastos de operación y se ahorrará más en compras a proveedores y en los costos de las obras públicas que se contratan con empresas constructoras o de servicios”.
El seguimiento a esa declaración –cuya polémica por esos días se concentró en la ilegalidad de bajar sueldos y suprimir aguinaldos– tuvo como primer documento el emitido el miércoles 8 por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval (circular FP/100/02/2020), en el que solicitaba a las dependencias y entidades federales recortar 50% el presupuesto correspondiente a los mencionados capítulos de servicios generales y gastos de operación.
Lo anterior, según la circular dirigida al gabinete legal y ampliado, “a fin de liberar recursos para atender esta situación excepcional y en el entendido de que la operación del gobierno ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de insumos, les solicitamos que apliquen estas medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto, en cada una de las entidades y dependencias a su digno cargo”.
El mismo oficio establece que quienes no cumplan con las disposiciones serán sometidos a procesos administrativos sancionatorios.
Los cambios en el ejercicio del gasto implican cambiar las reglas de operación anuales y su ejecución es competencia de la SHCP por conducto de las Unidades de Administración y Finanzas (antes Oficialías Mayores) que son las que pueden limitar, reducir o redirigir gastos operativos por ahorros, por ejemplo.
Sin embargo, la instrucción de la SFP se funda, primero, en que fue una instrucción presidencial y, segundo, en las facultades que le confiere el artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
No obstante, el diseño e impacto de ese recorte se encuentra aún en análisis en cada dependencia y entidad.
Acciones apresuradas
Consultada al respecto el viernes 17, Sandoval Ballesteros afirmó que la circular es un punto de partida para que los titulares del gabinete legal y ampliado revisen cuáles son los recortes que pueden aplicar sin afectar la operación gubernamental, no cancela contratos que se hayan signado hasta antes de la emisión de la circular y no afecten derechos sociales.
Según la titular de la SFP, la reducción es a partir del gasto que no estaba comprometido; esto es, que la dimensión del recorte no es sobre los casi 134 mil 400 millones presupuestados para los capítulos 2000 y 3000, sino de lo que quede una vez descontados los recursos que ya fueron ejercidos, o bien que se hayan comprometido antes de la emisión.
Pero esto último fue revertido ya por el decreto presidencial del jueves 23 (como el incremento en el ahorro a 75%) que, establece, se suspende el gasto “supuestamente comprometido”.
En tanto, el decreto presidencial asegura que la reorientación presupuestal sería por el orden de 622 mil 556 millones de pesos, pero no específica cuáles partidas se verán afectadas, además de las mencionadas 1000, 2000 y 3000, una diferencia de 488 mil 156 millones. Proceso consultó a la vocería de la SHCP que sólo respondió: “Los detalles se darán a conocer cuando se publique el decreto”.
Respecto a los oficios de la SHCP, la orden para suspender contratación de plazas de carácter permanente, eventual, de prestación de servicios profesionales por honorarios, excepto la opinión favorable de la Oficialía Mayor de la propia dependencia, deja a salvo, no obstante, las contrataciones que surjan de emisión o reformas de leyes; plazas de nueva creación para este ejercicio fiscal; operación en consulados y embajadas; por obligaciones establecidas en legislación laboral y, naturalmente, no afecta a las secretarías de Defensa Nacional y Marina ni a la Guardia Nacional.
La medida corresponde a gastos del Capítulo 1000, cuyas especificaciones se giraron en la misma fecha (circular 700.2020.003), y surgió por la Oficialía Mayor, anexando un formato para el trámite de nuevas plazas y su justificación, conforme a las excepciones previstas en la circular de la Subsecretaría de Egresos.
En cualquier caso, la austeridad es a rajatabla, pues la restricción en el gasto ya se inició, pese a que la iniciativa presidencial aún no ha sido discutida en el Legislativo: la SHCP está a cargo de revisar y autorizar cualquier gasto en toda dependencia y entidad, sea esta central, descentralizada, paraestatal o de empresas productivas del Estado.
