Cuando los habitantes del pueblo peruano de Choropampa vieron en el suelo una especie de plata líquida se apresuraron a recogerla y llevarla a sus casas. Algunos creyeron que ese raro metal tenía poderes curativos y otros pensaron que podrían extraer oro al calentarlo. Sin embargo, lejos de ser una bendición, el derrame de mercurio ocasionado por la empresa Ransa en el año 2000 ha sido una maldición para quienes se atrevieron a tomarlo con las manos y para los campesinos de la zona que, tras la tragedia, fueron engañados por la empresa y abandonados por el gobierno.
LONDRES.- El 1 de junio de 2000 un camión cisterna de la empresa Ransa S.A., subcontratista de la multimillonaria Minera Yanacocha S.R.L., derramó al menos 151 kilos de mercurio en el pueblo peruano de Choropampa, a 61 kilómetros de Cajamarca, causando graves trastornos de salud en más de un millar de personas, la mayoría niños.
A 20 años de esa catástrofe ambiental, una de las peores en la historia de Perú, cientos de campesinos siguen padeciendo las consecuencias del accidente en su salud, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian, dada a conocer el jueves 2.
El transporte comercial en cuestión viajaba hacia Lima desde la mina de oro de Yanacocha en Cajamarca, la más grande de América Latina.
El mercurio se extendió aproximadamente por 27 kilómetros de carretera, desde el distrito de San Juan, cruzando por el centro poblado menor de San Sebastián de Choropampa, con consecuencias devastadoras para la población local, según el reporte del rotativo y de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Una semana después del incidente, y ante los efectos nocivos del mercurio, centenares de personas empezaron a ingresar a diversos centros de salud de Cajamarca con síntomas similares: ronchas en la piel, malestar del cuerpo, náuseas, vómitos y diarreas.
Al menos 755 personas, incluidos niños y embarazadas, fueron atendidas por intoxicación, requiriéndose la hospitalización de muchos de ellos por la manipulación o recolección del mercurio sin las condiciones de seguridad.
Esas personas tenían en su orina niveles de mercurio cinco veces superiores a los permitidos por la OMS.
Desde entonces, la población sigue reportando la existencia de temblor corporal, insomnio, irritabilidad del carácter, pérdida de memoria, fuertes dolores articulares, sarpullido intermitente, epistaxis o hemorragia nasal, desmayos intempestivos, aparición de casos de ceguera e intensos dolores renales, detalla el diario.
Una de las afectadas fue Francisca Guarniz Imelda, quien recogió con sus manos ese metal, creyendo que tenía poderes sanadores. La mujer llevó el mercurio en una botella plástica a su humilde casa de adobe en Choropampa, y lo dejó al lado de su cama. Con el calor, parte de ese metal tóxico se evaporó, contaminando las paredes y el techo de la vivienda.
“En un principio creíamos que ese metal tenía valor. El líquido brillaba y los niños inmediatamente comenzaron a recogerlo con las manos”, contó Guarniz a The Guardian, al indicar que sólo cinco días después la empresa Minera Yanacocha S.R.L., les informó que el mercurio era tóxico y que debían deshacerse de él.
Desde entonces, Guarniz dice tener problemas para caminar, además de estar perdiendo la vista y sufrir problemas renales. Otra campesina, Luisa Arribasplata Mestanza, terminó en estado de coma y está en un hospital de Lima.
Decenas de campesinos de la zona también sufrieron por el derrame de mercurio; esas personas, desde entonces, han tenido muchos inconvenientes para vender sus cosechas debido al temor de los consumidores de que los granos estén envenenados.
Muchas familias decidieron abandonar Choropampa y los campesinos que permanecen en el lugar denuncian no haber recibido asistencia o compensación alguna del gobierno.
Negligencia
En los últimos meses al menos cinco personas murieron por complicaciones de salud relacionadas con el derrame de mercurio.
El alcalde de Choropampa, Ronald Mendoza, dijo al medio británico que su poblado está muriendo por segunda vez. “Estamos enterrando a nuestros habitantes uno por uno. La pregunta es quién será el próximo”.
Lo cierto es que un reporte sobre el derrame, elaborado por la Corporación Internacional de Finanzas del Banco Mundial (IFC), concluyó en 2000 que los contenedores que transportaban el mercurio no estaban asegurados correctamente al camión cisterna y que uno de ellos se ladeó, causando el derrame.
Pese a la evidente responsabilidad de Yanacocha, sólo se abrió un proceso penal por lesiones culposas contra el chofer de Ransa que transportaba el metal líquido y se le sentenció a dos años de prisión.
En el momento del derrame la IFC era dueña de 5% de la Minera Yanacocha, que a su vez es propiedad de la empresa estadunidense Newmont Corporation, la peruana Buenaventura Mining Company y la japonesa Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. La IFC vendió sus acciones en 2017.
La minera Yanacocha inició una campaña para recuperar el metal, puso carteles donde ofrecía entre 100 y 300 nuevos soles por kilo de metal recuperado. De todos modos, y según un informe de la Defensoría del Pueblo de Perú publicado en 2000, sólo un tercio del mercurio fue recuperado.
Esa investigación también determinó que las botellas de mercurio que se enviaban de la mina no tenían rótulos que indicaran su contenido y la peligrosa índole de éste, y que la Newmont Mining Corporation, como principal accionista y casa matriz de la compañía, no aplicaba normas globales al manejo y transporte de materiales peligrosos en su mina de Yanacocha.
Para entonces ya era demasiado tarde. Algunas personas habían calentado el mercurio, esperando poder extraer oro de él. Otras lo dejaron en contenedores abiertos, donde se evaporó a temperatura ambiente contaminando el interior de sus viviendas.
La exposición a largo plazo del mercurio no sólo causa problemas en el sistema nervioso central, sino también en el sistema digestivo, el sistema inmune y el sistema renal de las personas. El mercurio es, además, particularmente peligroso para embarazadas porque puede llegar a la placenta y afectar al feto.
Tanto minera Yanacocha como la compañía de transporte Ransa acordaron pagarle una compensación a los campesinos afectados, a cambio de que estos abandonaran las demandas judiciales en su contra. Dichos acuerdos insistían que las compañías no eran responsables por el derrame y pedían que no se hicieran demandas judiciales contra ellas.
Minera Yanacocha también acordó proveer a los campesinos con seguros de salud para enfermedades vinculadas al derrame de mercurio. La mayoría de los pobladores, de los cuales 87% era analfabeto, firmó ese documento; incluso algunos estamparon sus pulgares por no saber firmar.
No obstante, desde que ocurrió el derrame surgieron entre los pobladores otras enfermedades no cubiertas por el plan de salud acordado inicialmente, que dejaron a los afectados sin poder pagar por el tratamiento que necesitaban.
En marzo de 2008 el Ministerio de Salud de Perú confirmó en un informe que aún había mercurio en las viviendas de Choropampa y que, de un total de 18 casas evaluadas, siete resultaron contaminadas por mercurio elemental con valores mayores de los establecidos.
Ese informe señaló, además, que alrededor de mil 600 habitantes se expusieron al derrame de mercurio, indicando que sólo 49.1 kilos del metal fueron recuperados, 17.4 se perdieron en el suelo, 21.2 se evaporaron y 63.3 no fueron recobrados.
También concluyó que la asistencia médica que recibieron los pobladores de Choropampa fue “insuficiente” y que, por ende, debía ser mejorada; además recomendó investigar más sobre la amplitud y consecuencias de la contaminación. Sin embargo, no se ha realizado ninguna investigación.
Gobierno mudo
La esposa del alcalde Mendoza, Alicia Errera Asañero, tenía 14 años cuando ocurrió el derrame, regresaba del colegio cuando pasó el incidente. Ella recogió el mercurio en un contenedor abierto y lo llevó a su casa.
La mujer estuvo hospitalizada 15 días, periodo en que se le suministró penicilina como parte del tratamiento. Ahora Errera Asañero sufre problemas en los huesos, pérdida de memoria y tiene la enfermedad púrpura trombocitopénica inmunitaria, una condición que se caracteriza por la destrucción prematura de plaquetas.
Ella considera que sus problemas de salud se deben al mercurio que mantuvo en su habitación cinco días, aunque no tiene manera de comprobarlo.
Muchos pobladores de Choropampa se sienten atados de pies y manos porque consideran que fueron una trampa los contratos que les hicieron firmar.
La opción de demanda legal contra la minera es sólo posible ahora para unas 80 familias que no firmaron el contrato. En la actualidad hay unas 36 demandas penales en Perú contra la Minera Yanacocha.
En un comunicado oficial, la minera indicó que trabajó en conjunto con las autoridades peruanas para hacer frente al impacto por el derrame. Asegura que una investigación de riesgo medioambiental, que realizó dos años después del incidente, “mostró y confirmó que una vez que se hicieron los trabajos para remediar la situación en las zonas afectadas, no hubo peligro de contaminación para los habitantes o para el medio ambiente en las áreas donde tuvo lugar el accidente”.
La compañía asegura que está al tanto de la salud de la gente y de la protección del medio ambiente. “Es por ello que Yanacocha no escatimó esfuerzos o recursos para resolver los problemas causados por el accidente y prevenir que un hecho similar ocurra en el futuro”, continuó el documento.
La compañía detalló que destinó más de 15 millones de dólares en programas de monitoreo, cuidados médicos, recuperación de mercurio, protección medioambiental y limpieza, así como en programas de compensación para individuos y la comunidad.
Mirtha Vásquez, abogada y secretaria ejecutiva de Grufides, organismo que defiende los derechos de las poblaciones afectadas por las actividades mineras, asumió en enero último como legisladora por Cajamarca en el Congreso Nacional, trabaja ahora en una propuesta de ley que proteje a los afectados por la contaminación de metales tóxicos.
La jurista espera que finalmente exista en Perú una ley que ayude a las víctimas de derrames de metales tóxicos y que la Minera Yanacocha y Ransa paguen a los campesinos afectados la compensación que merecen.
Por su parte, un análisis que realizó el Instituto de Defensa Legal Justicia Viva, publicado el 25 de marzo de 2009, sostuvo que el Estado peruano no puede ser impasible.
“Hay una evidente violación al derecho a la salud. El derrame de mercurio ha ocasionado daños graves y permanentes, lo que exige un tratamiento costoso, en tanto que el monto de la indemnización (que otorgó Yanacocha) es irrisorio en comparación con el costo del daño ocasionado”, indicó el documento elaborado por las expertas Yastin Ramírez y July Zegarra que fue titulado Derrame de mercurio en Choropampa y sus consecuencias en el desarrollo de los conflictos socioambientales en el Perú.
“Las transacciones extrajudiciales firmadas entre la empresa Yanacocha y las poblaciones carecen de efectos legales por contravenir derechos fundamentales”, dice el documento.
Denuncia que el Estado peruano ha sido un actor, por lo menos, “mudo” al no haber participado activamente en la protección de los derechos de los afectados.
“(El gobierno) fue casi un aliado de la empresa, no inició, siquiera, acciones por delito ecológico, otorgando en bandeja de oro no sólo la concesión sino la salud de su población menos favorecida”, agrega.
