La pandemia del coronavirus ha sido la excusa perfecta del gobierno de Donald Trump para suspender el proceso de asilo a los migrantes que llegan a su frontera sur huyendo de violencia y persecución, la mayoría proveniente del Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), así como de estados mexicanos como Guerrero y Michoacán.
El pasado 20 de marzo, cuando la Casa Blanca anunció el cierre de la frontera con México a “viajes no esenciales”, el secretario de Salud, Alex M. Azar II, dijo que los migrantes representaban un peligro para la salud de los patrulleros fronterizos y de los centros de detención. Lo que Azar se calló es que, justo ese día, Estados Unidos contaba con más 17 mil casos confirmados de coronavirus, mientras que en México y en el Triángulo del Norte de Centroamérica había sólo 201.
En la primera parte de este ensayo explicamos cómo el cierre parcial de la frontera por el coronavirus es la culminación de los esfuerzos incesantes del gobierno de Trump por frenar el derecho a la protección humanitaria para los migrantes que llegan a su frontera sur. En la segunda parte exponemos cómo Washington ha logrado exportar la responsabilidad de los migrantes que solicitan asilo a las ciudades mexicanas de la frontera y cuáles son las implicaciones sanitarias de esa población varada en México.
El muro de metal y el muro de cristal
El gobierno de Trump está edificando dos muros: la barda metálica que se refuerza en Tijuana y Tecate, o que incluso, en estos días de distanciamiento social, se sigue construyendo a marchas aceleradas en Arizona; y otro muro invisible, confeccionado por varios programas y políticas para impedir que los migrantes sigan llegando a la frontera sur a solicitar asilo.
La última medida –el cierre parcial de la frontera por el coronavirus– es la joya de la corona de su plan. Todos los migrantes que crucen a Estados Unidos sin documentos, incluso los que lo hacen para entregarse a la autoridad y pedir asilo, serán expulsados en caliente. El gobierno estadunidense ha instrumentado más de 10 acciones para impedir el acceso al asilo.
Destacamos tres por su mayor impacto: la separación de los niños de sus padres, el método de conteo para solicitantes de asilo y los protocolos de protección al migrante –programa Quédate en México o MPP, por sus siglas en inglés.
A mediados de 2018, segundo año de gobierno de Trump, el flujo migratorio que llegaba a la frontera México-Estados Unidos mostraba una composición singular: la mayoría eran familias o niños no acompañados provenientes del Triángulo del Norte de Centroamérica en busca de protección humanitaria. Tradicionalmente, el flujo migratorio había sido prácticamente de varones jóvenes. En 2012, por ejemplo, los adultos solteros representaron 90% del total de detenciones de la patrulla fronteriza.
Las familias significaron un reto especial para la Casa Blanca. La patrulla fronteriza sólo podía confinarlos durante 20 días en los centros de detención. La resolución de 1997 conocida como Flores prohibió que los niños permanecieran más tiempo en los centros de detención pues carecían de las condiciones adecuadas. Esto implicaba que, una vez que las familias iniciaban su proceso de asilo, fueran liberadas en territorio estadunidense con un rastreador para esperar su audiencia migratoria. Esta podría tardar hasta dos años. Los adultos, en cambio, esperaban todo el proceso dentro de los centros de detención.
El gobierno de Trump acusó a la resolución Flores de motivar a los polleros a traer migrantes centroamericanos con hijos. Después de arduas deliberaciones entre los departamentos federales de Seguridad Interior y Justicia, Jeff Sessions, el primer procurador general de Trump, anunció en abril de 2018 que habría cero tolerancia para quienes cruzaran la frontera sin documentos –incluso para los solicitantes de asilo– y que, además, enfrentarían consecuencias penales. Eso dio pie a que los niños empezaran a ser separados de sus padres y enviados a sedes habilitadas para ellos en distintas partes del territorio estadunidense. Los papás, finalmente adultos, permanecerían en los centros de detención durante todo el proceso de asilo.
Una tormenta mediática se le vino encima a la Casa Blanca. Se publicaron fotografías y grabaciones de niños desolados y cautivos en jaulas metálicas. El gobierno se vio orillado a cancelar el programa a las seis semanas. La medida no sólo era inhumana; se instrumentó tan mal que todavía hay cientos de niños perdidos, sin que exista un sistema para rastrearlos.
En el verano de 2018 se implementó el método de conteo –metering, en inglés– en todos los cruces de la frontera con México. La autoridad migratoria de Estados Unidos declaró “falta de capacidad” para procesar a todos los migrantes que llegaban a pedir asilo. De manera que cada día la agencia de Aduanas y Protección de la Frontera (CBP, por sus siglas en inglés) empezó a emitir el número de solicitantes que podían procesar.
El conteo provocó que se formaran largas filas en las ciudades mexicanas de la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros. Nuestro centro de investigación, junto con el Strauss Center de la Universidad de Texas en Austin, ha documentado el volumen y la composición de las filas cada trimestre. En Tijuana, la lista más larga fue de 5 mil solicitantes de asilo en noviembre de 2018, justo después de que llegó la caravana de Honduras. En Ciudad Juárez, el número llegó a 6 mil en el verano de 2019, pero ha ido disminuyendo.
Aun así, los flujos compuestos por familias llegando a la frontera seguían aumentando. El pico se dio en mayo de 2019. La patrulla fronteriza detuvo a 144 mil personas, 69% era familias o niños. De seguir ese ritmo, se romperían todos los récords. Por supuesto, Trump montó en cólera y amenazó vía Twitter:
Estados Unidos impondrá un arancel de 5% a todas las mercancías de México a partir del 10 de junio si no colaboran para frenar a los migrantes ilegales que transitan por México. Los aranceles seguirán aumentando hasta que el problema de migración ilegal se resuelva.
AMLO despachó a Washington al canciller Marcelo Ebrad, quien una semana después anunció un acuerdo: México enviaría a la novel Guardia Nacional a las fronteras sur y norte para impedir el paso de centroamericanos. También reafirmó su compromiso de que los migrantes centroamericanos esperaran su proceso de asilo en México a través del programa MPP, al que había accedido a unos cuantos días de estrenarse como canciller.
A partir de junio de 2019 el programa MPP entró en vigor en toda la frontera, incluso en las ciudades más peligrosas de Tamaulipas, como Nuevo Laredo y Reynosa. Así, todo solicitante de asilo que hable español sería reenviado a las ciudades fronterizas mexicanas para esperar su proceso. En pocas semanas, el número aumentó de manera exponencial. En agosto de 2019 sumaban 38 mil devueltos a través del MPP y 26 mil estaban en las listas de espera del programa de conteo; es decir, un total de 64 mil solicitantes de asilo en las ciudades mexicanas fronterizas.
El equipo diplomático de Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a dar resultados en 90 días. Cumplió. Para agosto de 2019 la patrulla fronteriza estadunidense sólo hizo 63 mil detenciones; es decir, casi una tercera parte del pico de mayo de ese mismo año.
Desde finales de 2019 los flujos de centroamericanos han disminuido por tres motivos. Primero, sus posibilidades de obtener asilo son muy bajas. Según el análisis de la Universidad de Syracuse, sólo 0.01% (481 de 43 mil 65) solicitudes de asilo proceden. A los indocumentados les es muy difícil conseguir abogados y sin éstos es prácticamente imposible lograrlo. Segundo, les es costoso, peligroso y muy largo permanecer en las ciudades mexicanas. Y tercero, por la disuasión que ejerce la autoridad mexicana a los migrantes en tránsito por México.
A raíz de la pandemia del coronavirus la mínima posibilidad de obtener asilo ha desaparecido. A partir del 20 de marzo pasado, todo migrante que ingrese sin documentos, así sea para entregarse a la autoridad, es expulsado en caliente a su país de origen. Las cortes migratorias permanecen cerradas desde entonces.
En conclusión, la crisis del coronavirus a Trump sí le vino como anillo al dedo: es la excusa perfecta para blindar su frontera.
Los impactos en nuestras ciudades
de la frontera
Las políticas del gobierno de Trump han trasladado la responsabilidad de encargarse de los solicitantes de asilo a las ciudades mexicanas de la frontera. Los varados y los retornados significan un sinfín de retos y ajustes tanto para autoridades como para organizaciones de la sociedad civil y religiosas que protegen a los migrantes.
Decenas de miles de ellos, la mayoría con familias, tienen que esperar un largo proceso de asilo en condiciones inhóspitas que, con las cortes migratorias abiertas, rondaba los 10 meses. Durante la espera, los migrantes requieren todo tipo de servicios: alojamiento y alimentación, así como apoyo para la salud, trabajo, educación y seguridad.
El bienestar de los migrantes que esperan –tanto por el programa MPP, como por el conteo– varía mucho según la ciudad fronteriza en que se encuentren. En Tijuana, por ejemplo, existe una red de más de 15 albergues, así como centros para proporcionar trabajo, sobre todo en el sector de la construcción y en maquiladoras. Con el aumento de familias llegando a esa ciudad, la Casa del Migrante –el primer albergue no sólo local sino de todo México– tuvo que cambiar su tradición de recibir sólo a varones y atender a familias completas para evitar que se quedaran a la intemperie. En el otro extremo de la frontera, en Matamoros, se habilitó un campamento informal en el que conviven más de 2 mil personas sin servicios, como agua y luz.
Pero no sólo hay que atender las condiciones en las que esperan. De hecho, la violencia se ha agudizado en estas ciudades. La organización Human Rights First ha documentado más de mil casos de abuso, secuestro, tortura, violación o asesinato de los migrantes varados en México bajo el programa MPP. En Nuevo Laredo, las condiciones son más precarias y el crimen organizado encontró un nuevo nicho para secuestrar y delinquir, por lo que muchos retornados se han trasladado a Monterrey, donde esperan sus audiencias.
Como si lo anterior fuera poco, ahora llegó la pandemia. A Estados Unidos primero y a México unas semanas después. Habría que reflexionar entonces sobre cuáles serán las consecuencias inmediatas y a mediano plazo del cierre parcial de la frontera y de la crisis del coronavirus, en particular para los migrantes varados en las ciudades fronterizas.
La primera consecuencia es la de un marcado descenso en la actividad económica. En la frontera la pandemia pega doble. Por un lado, la política de distanciamiento social ha hecho que, al igual que en todo México, algunos negocios cierren y crezca el desempleo. Por otro, la vibrante economía transfronteriza esta apabullada. Los flujos fronterizos regulares disminuyeron en forma drástica. Por ejemplo, en la garita más importante de toda la frontera, San Ysidro –uno de los tres cruces entre Tijuana y San Diego, por donde transitan a diario en ambas direcciones 300 mil personas–, observan una reducción de 85%.
México sufre estos días y los más vulnerables –los migrantes– la pasarán peor. No sólo falta trabajo, sino que menguan las donaciones en especie y el flujo de voluntarios que a diario llegaban de Estados Unidos a los albergues y otros centros de ayuda a migrantes a lo largo de la línea fronteriza. En Tijuana, nos dice Claudia Toran, directora del Desayunador del Padre Chava, los californianos no pueden cruzar para dejar las típicas generosas despensas.
La segunda consecuencia es el temible potencial de contagio entre la comunidad migrante en la frontera mexicana e incluso de la población de esas ciudades. Es posible un escenario en que la frontera entre México y Estados Unidos permanezca cerrada de forma indefinida. La pandemia que apenas está por llegar a su pico en las demarcaciones del sur de Estados Unidos, muy probablemente se propagará del otro lado de la frontera. Por geografía, son las ciudades del lado mexicano las más expuestas al covid-19.
De propagarse el virus en el norte de México, la Casa Blanca ya no tendrá sólo una excusa para cerrar la frontera como lo hizo el pasado 20 de marzo. Donald Trump contará con dos poderosos motivos: la salud y la seguridad de los estadunidenses. No es descabellado vislumbrar un escenario de Trump en campaña para la elección del próximo 3 de noviembre presumiendo a sus bases –¡Gracias a mis dos muros en la frontera he logrado cero migraciones de México y Centroamérica¡
* Rafael Fernández de Castro M. es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD); Savitri Arvey es investigadora principal de migración del mismo centro.
