Empresarios que participan en las reuniones del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades confían en que las muertes causadas por la pandemia de coronavirus no rebasarán la capacidad de las funerarias y los hornos crematorios del país. Para asegurarse de ello, dicen, su plan para el periodo de máxima incidencia contempla el posible fallecimiento de entre 500 y 600 personas por día.
Con base en proyecciones de la Secretaría de Salud sobre los avances de los contagios por coronavirus y sus porcentajes de letalidad, los integrantes de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF) se alistan para enfrentar el periodo más crudo de la pandemia del coronavirus.
Francisco Alvarado Madera y Roberto García Hernández, presidente y vicepresidente de la asociación, diseñan estrategias para distribuir insumos funerarios, realizan capacitaciones virtuales sobre el tratamiento de los cuerpos infectados y las medidas de seguridad para los empleados y deudos de las víctimas, además de sugerir a las autoridades federales medidas para agilizar el manejo de cadáveres.
En entrevista con Proceso, Alvarado Madera detalla: “Estamos alistándonos para el pico más difícil de la pandemia, que será del 21 de abril al 11 de mayo, cuando tendremos las mayores defunciones. Estamos pronosticando un aproximado de 500 a 600 defunciones por día, si no es que un poco más, en todo el país”.
Con 486 fallecimientos, 6 mil 297 casos confirmados y 12 mil 340 sospechosos hasta el reporte oficial del jueves 16, el virus alcanzó una tasa de letalidad de 7.7% a escala nacional, un punto más que el promedio global reportado en esa fecha.
El presidente de la ANDF indica que desde el pasado 1 de abril participan en las reuniones del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud dirigido por Ruy López Ridaura, “para ir monitoreando dónde está el mayor número de contagios”.
Añade que, tomando en cuenta escenarios como los de España e Italia, la ANDF realiza un censo sobre la capacidad instalada de cada municipio en materia de funerales y crematorios.
Con la estimación de que existen entre 300 y 350 crematorios y de 5 mil a 5 mil 500 funerarias –cifra aproximada a los 4 mil 918 establecimientos con ese giro registrados en 2018 por el Directorio Estadístico de Unidades Económicas elaborado por el Inegi, Alvarado Madera confía en que la capacidad de sus establecimientos no será rebasada en la pandemia.
Por lo pronto, señala que siguen de cerca la situación en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, donde podrían desencadenarse buena parte de los fallecimientos por covid-19, según cálculos “a partir del crecimiento en el número de infectados, no de la población”.
En el reporte del jueves 16, la Ciudad de México se mantenía a la cabeza en número de contagios y fallecimientos (mil 828 y 110, respectivamente), seguida del Estado de México (695 y 46), Baja California (505 y 31), Sinaloa (327 y 40), Puebla (305 y 32) y Quintana Roo (276 y 28).
Los estados que les seguían, con menos de 250 y más de 100 infectados y de 25 a menos muertes, eran Tabasco (233 y 25), Coahuila (214 y 15), Jalisco (178 y 11), Baja California Sur (166 y 6), Nuevo León (159 y 5), Yucatán (116 y 7), Veracruz (112 y 6) y Chihuahua (108 y 23).
Tomando en cuenta los datos del Inegi antes citados (de 2018), los habitantes de la Ciudad de México disponen de 370 funerarias, en el Estado de México habría 587, en Baja California 96, en Sinaloa 112, en Puebla 237 y en Quintana Roo 21.
En los otros estados con niveles de riesgos importantes, como Tabasco, hasta 2018 había una capacidad instalada de 73 funerarias, en Coahuila 146, en Jalisco 125, en Baja California Sur 30, en Nuevo León 200, en Yucatán 40, en Veracruz 295 y en Chihuahua 186.
Agilizan trámites
De acuerdo con la información transmitida en las reuniones del Cenaprece, las cifras de fallecimientos pueden dispararse a entre 500 y 600 diarios entre la tercera semana de abril y la segunda de mayo, cifra que por el momento es manejable. “Estamos en temporada baja, cuando hace calor las defunciones bajan”. Sin embargo, admite que “por el tema del covid-19 estamos tomando las medidas de seguridad y cancelando el ritual funerario”.
Al respecto, el vicepresidente de la ANDF, Roberto García Hernández, puntualiza: “En promedio fallecen al año unas 600 mil personas, es decir, diariamente mil 600 personas. Por el momento estamos al 70% de la capacidad instalada, por lo que todavía tenemos un margen de 30% para maniobrar. Pero si las defunciones se elevan a 2 mil diarias por covid-19 y otros motivos, sí nos vamos a ver rebasados para atender la demanda”.
Agrega que en las estimaciones “no se están considerando los casos diagnosticados como neumonía atípica, que también están llegando a las funerarias, y en esos casos estamos promoviendo que a los cuerpos se les dé el mismo tratamiento que a los de fallecimientos por covid-19”.
Cabe destacar que, según el último reporte del Inegi sobre mortalidad, en 2018 se registraron 722 mil 612 defunciones, de las cuales 28 mil 332 se atribuyeron a influenza y neumonía, y 23 mil 414 a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, males que ocupan el octavo y noveno sitios en las 10 principales causas de muerte en los mexicanos.
A decir de García Hernández, los empresarios del ramo explicaron en las reuniones del Cenaprece que “un cuello de botella podría ser el Registro Civil”, responsable de liberar las actas de defunción, ya que el trámite puede retrasar el proceso funerario y favorecer la saturación del servicio.
De manera cotidiana, explica, entre la defunción de una persona y el acceso de las funerarias al cadáver en el hospital transcurren entre cinco y seis horas. “Pero hay una preocupación de la Secretaría de Salud para que los cuerpos no permanezcan tanto tiempo en los centros hospitalarios”.
Por esa necesidad de agilizar trámites, añade, “se contactó de forma inmediata a la Secretaría de Gobernación y ésta se comunicó con el Registro Nacional de Población. Se bajó a los distintos directores de Registro Civil esta preocupación que les compartimos y algunos estados tomaron las medidas.
“La Ciudad de México dio instrucciones para ampliar horarios únicamente para defunción, hasta disponer de registros civiles en algunos hospitales, y en Guadalajara se autorizó que se procediera a inhumar o cremar los cadáveres únicamente con el certificado de defunción, y que los deudos tramiten el acta de defunción después.”
El manejo de los cuerpos
Ante la previsión de que “el epicentro” de los fallecimientos en el país sea la Ciudad de México, donde –apunta García Hernández– “cada año la carga de mortalidad es de 15%”, las 110 empresas de la ANDF ya elaboran un plan para optimizar el funcionamiento de los 150 hornos crematorios de los que disponen.
Alvarado Madera explica que la ANDF desarrolla “una logística de distribución de los cadáveres por si se llegaran a saturar los crematorios o los cementerios en algunas partes del país. Por eso se está estimando entre 500 y 600 defunciones para, yéndonos a un escenario alto, tener holgura”.
Agrega: “Si llegamos a llenar (crematorios o cementerios) de la Ciudad de México, planeamos irnos a Querétaro, a Hidalgo a Puebla, Morelos, inclusive a Morelia. Estamos preparando un plan de contingencia logística para poder distribuir en todo caso a las personas fallecidas”.
Agrega que entre las recomendaciones que su asociación hizo a las autoridades en las reuniones virtuales del Cenaprece está la de “disponer de terrenos para inhumaciones comunes, como en Nueva York se está haciendo. Que se tenga un plan B por si existe una saturación”.
El presidente de la ANDF indica que la cremación es el procedimiento más recomendable para disponer de los cadáveres, sobre todo en esta contingencia, pero admite que no se aplicará en casos de personas que no estén plenamente identificadas, como dispone la Ley General sobre Desaparición Forzada, y Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
La “Guía de Manejo de Cadáveres por Covid-19 (SARS-CoV-2) en México” establece medidas de bioseguridad para el personal de los hospitales que se encarga de manipular los cuerpos: tiene que depositarlos en una bolsa de traslado biodegradable en la misma habitación en que fallecieron, antes de llevarlos al mortuorio, donde se los entregarán al personal de servicios funerarios.
“La disposición final del cadáver será lo más pronto posible, preferiblemente mediante cremación; de no ser posible, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda. Si el destino final es entierro, éste se dará en las condiciones habituales. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo”, se lee en la guía elaborada por la Secretaría de Salud.
La dependencia recomienda no realizar las “actuaciones de limpieza ni intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética” ni embalsamamiento sin protección ni capacitación del personal funerario. También “se aconseja evitar la realización de rituales fúnebres” para evitar aglomeraciones; de realizarlos, deberán durar menos de cuatro horas, hacerse “con féretro cerrado y con menos de 20 personas, siempre y cuando el espacio pueda asegurar una sana distancia”.
Alvarado Madera indica que, con variantes por la zona y la empresa, los costos por inhumación o cremación rondan entre los 13 mil o 15 mil o hasta 200 mil pesos, por lo que recomienda a los deudos solicitar a las funerarias el contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, para tener garantías de que se prestará un servicio profesional con la aplicación de las recomendaciones oficiales.
Alerta además que 40% de las funerarias registradas por el Inegi no cuentan con todos los permisos de sanidad requeridos en estos momentos, “aunque tengan una licencia de operaciones expedida por un municipio”.
Finalmente, comenta que la ANDF se comprometió con las autoridades a donar féretros para las familias más humildes, como ocurrió durante el sismo de septiembre de 2017.
