Como en un madruguete de los que solían ocurrir en regímenes pasados, el presidente López Obrador decretó la extinción de los fideicomisos y mandatos públicos y análogos, sin estructura orgánica, entre los cuales se encuentran algunos de carácter cultural y científico.
Al anunciar la medida, argumentó la política de austeridad republicana, y juzgó que eran instrumentos sin control cuyo dinero se manejaba de forma discrecional (tenían sus “guardaditos”, dijo, que bien podrían utilizarse eventualmente contra el covid-19 y para la recuperación económica).
En entrevista telefónica, el especialista en derecho y legislación cultural, Bolfy Cottom, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), señala las contradicciones de la orden y lamenta que la autoridad cultural se someta a su voluntad, olvidando el principio fundamental del cumplimiento de la ley y la defensa de las instituciones.
“Ahora entiendo –dice el investigador– por qué el presidente dijo que esta crisis le venía como anillo al dedo. Porque, desde mi punto de vista, aunque suena simple y descarnado decirlo, estaba esperando un pretexto para asumir la actitud autoritaria y centralista de concentrar los recursos económicos en la Tesorería de la Federación. Y por una sencilla razón: a este gobierno le incomoda, si no es que hasta le molesta, lo relacionado con los ámbitos de autonomía”.
Considera injusto acusar de uso discrecional de los recursos a todos los fideicomisos, aplicando tabla rasa, pues con o sin estructura orgánica cuentan con un comité técnico que se encarga de discutir y aprobar sus programas. Y decir que tienen un “guardadito” es muy relativo porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que regula la asignación de recursos, es la que otorga un presupuesto a cada sector y a cada órgano regulado por la ley.
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó hace unos días que trabajaba “intensamente” para “justificar” la permanencia de los fondos Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), así como el mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso (establecido en forma tripartita con el gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México).
Dijo que hay algunos instrumentos en los cuales no aplica el decreto, como el fideicomiso de la Cineteca Nacional, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (Fonart), pero otros “no tienen ya razón de ser”, entre ellos el de la construcción del Centro Nacional de las Artes, el irrevocable de la administración Centro Santo Domingo, en Oaxaca, y el del Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México.
Observa Cottom contradicción en eliminar los carentes de estructura orgánica y, al mismo tiempo, establecer excepciones en el artículo tercero con la posibilidad de justificación para evitar la desaparición de algunos.
De ahí que la secretaria de Cultura anuncie que hará todo lo posible por que no desaparezcan el Fonca, el Foprocine y San Ildefonso, pues cuentan con estructura orgánica, lo cual significa que tienen un director del fideicomiso, personal que desempeña labores o funciones específicas, y en algunos hasta cuentan con un manual de organización y normatividad.
Sin embargo, hay otros, como el de la Conservación del Patrimonio Cultural que no tienen estructura orgánica propia y, como anunció Frausto, está en la lista de los que “no tienen razón de ser”, aunque Diego Prieto, director general del INAH, informó que presentó argumentos para su defensa.
Cottom explica que este fondo, ahora en el sector Cultura, se creó para ser operado por la Secretaría de Educación Pública a través del INAH, con el propósito de atender imprevistos relacionados con la atención al patrimonio que resulte dañado como consecuencia de fenómenos naturales, entre ellos sismos e inundaciones, y que el presupuesto anual otorgado al instituto no preveía.
“La función de un fideicomiso y su respectivo fondo es precisamente atender eso que no se prevé en el presupuesto. Obviamente todo tiene que pasar por un comité técnico que discute y aprueba en qué deben utilizarse los recursos. Eso implica criterios técnicos, no políticos. Entonces decir que es un guardadito, es realmente injusto y relativo.”
A juicio suyo, deben evaluarse los fines de los fideicomisos y qué tanto han cumplido con sus propósitos, lo cual no debe tener “mucha ciencia”, porque la Auditoria Superior de la Federación realiza auditorías.
