El más reciente informe del presidente López Obrador se ha convertido en un tema de polarización, al menos en los medios, donde la oposición y los organismos empresariales han hecho causa común para desacreditar las propuestas de la 4T. Es, por lo anterior, importante dejar en claro los puntos medulares sobre este singular debate.
Primero. La decisión presidencial de terminar los fideicomisos sin estructura del Ejecutivo federal, que no fueron creados por ley o decreto legislativo, es una medida atendible en virtud de que: a) El objetivo de muchos de ellos era satisfacer necesidades privadas con recursos del erario: apoyos a “emprendedores empresariales”, “estímulos a organismos empresariales”, privatización “de facto” del pago de derecho por importaciones que no fue enterado a la Secretaría de Hacienda, por citar sólo algunos ejemplos. Desde hace 10 años en estas páginas denuncié en varias oportunidades casos concretos de lo que aquí afirmo; b) La figura del fideicomiso fue un ardid para manejar recursos públicos en la opacidad que incentiva la corrupción. Todavía hoy, en la ley general vigente en materia de transparencia, no hay la posibilidad de consultar directamente el manejo de esos recursos. (Irma Eréndira Sandoval publicó en su oportunidad un estudio sobre el tema que puede consultarse en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2724/18.pdf) y c) Los fideicomisos fueron una salida para obviar la normativa en materia de adquisiciones y temas relativos.
Segundo. El decreto anunciado por el que desaparecerán los denominados “tiempos fiscales” para la radio y la televisión no es, como se quiere hacer ver por la oposición y algunos comunicólogos, un regalo a los concesionarios de la radio y la televisión, sino un acto de justicia que nunca debió haber tenido lugar desde el 1 de enero de 1969, cuando entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el último día de diciembre de 1968, por ser una imposición confiscatoria que no tiene precedente en la legislación comparada. Baste decir que no hay en la legislación extranjera un caso similar. Ahora se resarce una decisión equívoca, producto del autoritarismo mexicano que ha llegado a su fin.
Tercero. El programa presidencial anunciado el domingo 5 es inédito en la historia del país. No se sabe si tendrá o no éxito, pero sí se conoce que las medidas tomadas en el pasado ante casos de crisis no beneficiaron a los mexicanos y sí, por el contrario, profundizaron las asimetrías entre la sociedad. Bien dice Santayana que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y aquí hubo memoria histórica. El presidente AMLO no ha engañado a nadie. Era (es) clara su plataforma política y está actuando en consecuencia. En este rubro, conviene precisar que la reducción de sueldos y aguinaldos a los mandos medios y superiores de la administración pública federal será para quienes estén de acuerdo con esa medida, razón por la cual los juicios de amparo serían improcedentes, porque no sería una imposición arbitraria. Por otro lado, los organismos empresariales están en su derecho de llevar a cabo las acciones que a sus intereses convengan, como lo han anunciado, en cuya misión no concurren las principales empresas económicas del país que han apoyado el plan del presidente López Obrador.
Cuarto. La anunciada reducción de publicidad oficial en los medios ha generado que los juicios de valor negativos al proyecto presidencial tengan un mayor eco mediático. Esto dice poco si se considera que el consumo de estos mensajes tiene lo que se denomina un sesgo confirmatorio (es decir, que sólo son asimiladas en un mismo universo de las audiencias que tienden a reafirmar sus propios prejuicios sobre un tema determinado) y no se socializa o trasciende a las pautas de comportamiento del grueso de la población, alejada por entero de los analistas económicos que responden a intereses que no son los de la inmensa mayoría de los electores. Es verdad que un sector que votó por AMLO (el voto de rechazo a la corrupción de Peña Nieto y su gobierno) no lo hará en 2021, pero también lo es que otro sector, que se presume más numeroso, que votó por el PRI, lo hará ahora por los candidatos de la 4T, la que ha sabido aprovechar la estructura de masas que durante mucho tiempo articuló el antaño partido hegemónico.
Al final del día las cosas se miden por resultados y es probable que, contra lo que se afirma en medios, la 4T no sólo preserve el control de la Cámara de Diputados, sino que amplíe sus números en los resultados electorales. Ahora tiene varios gobernadores emanados de sus filas y otros de partidos distintos que se han acercado a sus posiciones por pragmatismo y ello es previsible que haga diferencia, habida cuenta de que sin un solo gobernador en 2018 se hizo de la Presidencia de la República y de la mayoría en el Congreso, razón por la cual es lógico pensar que esos resultados tenderán a aumentar con mayores operadores político-electorales.
Quinto. El PAN, que busca convertirse en catalizador del voto de la derecha, deberá primero resolver sus diferencias internas en sus distintos grupos, y después entre éstos y el nuevo partido del expresidente Felipe Calderón, como primera acción antes de buscar convertirse en la alternativa a la 4T, con menores márgenes económicos y una reducida capacidad de movilización electoral a escala nacional, que este proyecto de AMLO que trasciende a Morena como vía única de expresión electoral.
En esa misma lógica se inscribe la ausencia, cada día mayor, de incentivos para obsequiar al PAN y a MC posiciones en el Instituto Nacional Electoral y, por el contrario, fortalece la tesis de que debe sujetarse ese criterio a la decisión de la mayoría calificada requerida por la Cámara de Diputados para la designación de los consejeros y consejeras que serán nombrados este año. Como lo apunté en su oportunidad, la objeción a John Ackerman en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carecía de méritos jurídicos y, en consecuencia, fue desestimada por el máximo órgano jurisdiccional del país. Este es, pues, el marco en el que se desenvuelven las diferencias de percepción y de criterio entre el nuevo régimen y sus detractores.
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