La reflexión y el reclamo por la justicia cobran cuerpo en los casos concretos de seres humanos que están injustamente encarcelados. Tal es el caso de Mónica Esparza, que lleva siete años en la prisión federal de Coatlán del Río (Cefereso 16).
Mónica fue detenida una mañana de febrero de 2013 en Torreón, cuando viajaba con su pareja y con su hermano a bordo la camioneta de su papá. Los policías que los detuvieron le dijeron que se llevarían a los dos varones a una “revisión de rutina” y ella, solidaria y hasta cierto punto confiada, decidió acompañarlos.
La policía los llevó a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón y ella se quedó esperando dentro de la camioneta alrededor de dos horas.
Posteriormente apareció un oficial que la sacó del vehículo y, tapándole la cara, la introdujo en una especie de bodega donde se encontraban su hermano y su pareja.
Cuando le destaparon la cara ve a militares y policías municipales, y se da cuenta de que tanto su hermano como su pareja estaban desnudos y habían sido brutalmente golpeados. Acto seguido la empiezan a interrogar y ante sus negativas, pues no sabía nada, le golpean el estómago.
Luego la sumergen en un tambo con agua hasta que pierde el conocimiento. Cuando vuelve en sí, sigue la clásica tortura de asfixia con una bolsa de plástico. Mientras tanto sus torturadores le decían que la iban a descuartizar. Después de un rato empezó la tortura sexual: le manosearon los pechos, la desnudaron y la violaron tumultuariamente. Además esto fue grabado (o se simuló que se grababa) mientras ocurría.
Después de un tiempo que le pareció interminable los llevaron a los tres a una oficina de la Dirección de Seguridad Pública, donde los encerraron en un baño. Ahí llegó un personaje que se identificó como actuario del Poder Judicial de la Federación, quien dijo que la madre de Mónica había presentado una demanda de amparo y que la tenían que ratificar para no permanecer en calidad de desaparecidos. Cuando se fue dicho personaje, Mónica fue violada otra vez.
Sin decirles los cargos que pesaban sobre ellos, fueron trasladados (la pareja de ella murió en el camino, por las torturas que recibió) en avión a la PGR, en la Ciudad de México. Un agente del Ministerio Público la amenazó con matar a sus hijitas si no firmaba lo que resultó ser una confesión de delitos, donde se le relacionaba con una banda dedicada al secuestro. Por esas declaraciones autoinculpatorias, extraídas mediante amenazas, Mónica Esparza está siendo procesada en el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, Torreón. Se la acusa de los delitos de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ahora un juez federal deberá analizar el caso y las pruebas.
La CNDH documentó el caso desde los primeros días de la detención y en abril de 2016 emitió la recomendación 15/2016, en la que acredita, luego de un análisis exhaustivo del expediente y la aplicación de un examen basado en el protocolo de Estambul, la existencia de retención ilegal, tortura, violencia sexual y ejecución arbitraria contra Mónica. También hay una recomendación similar para su hermano.
Hace una semana AMLO hizo declaraciones acerca del fin de la tortura en nuestro país. Para que sus palabras sean más que buenos deseos es imperativo que se tomen ya medidas respecto a las personas que están encarceladas por haberse inculpado luego de las torturas. El Centro Prodh ha llevado a cabo un informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, titulado Mujeres con la frente en alto. Los datos, recabados tanto por investigaciones académicas como por organizaciones de la sociedad, y apoyados en cifras oficiales, pintan un panorama desgarrador.
Entre los hallazgos del informe del Centro Prodh destaca que, en un contexto de tortura generalizada, la sexual contra las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia; muchas veces la violación sexual es tumultuaria y la cometen tanto fuerzas de seguridad civiles como castrenses, así como en algunos casos médicos y ministerios públicos de la PGR. El informe ofrece datos tremendos: desde forzarlas a desnudarse y abusar de ellas mediante tocamientos, a violaciones que se llevan a cabo frente a familiares, incluso violencia mediante descargas eléctricas en zonas sexualizadas del cuerpo, Estos actos se llevan a cabo en instalaciones oficiales.
En todos los casos que se denunció la tortura sexual, se impuso la carga de la prueba a las víctimas, y ni ministerios públicos ni jueces realizaron acciones para verificar activamente las denuncias. Hubo encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de la SEIDO. Además, el informe trae una larga lista acerca de las pruebas ilícitas, donde destacan las declaraciones autoinculpatorias producto de torturas o amenazas, con las que se encarcela.
Mónica es una de esas víctimas. Además de haber sido torturada física y sexualmente, presenció la muerte de su pareja y ha sido separada a lo largo de estos infernales siete años de sus hijas y su familia. ¿Qué espera el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna para hacerle justicia?
