La Auditoría Superior de la Federación descubrió el gasto irregular de al menos 10 mil millones de pesos durante la gubernatura de Graco Ramírez en Morelos. Entre las observaciones destaca el desvío de fondos para obras que beneficiaron a particulares, trabajos inconclusos o que no se hicieron, el pago de salarios de empleados que los auditores no pudieron encontrar y sueldos para “comisionados” ligados al SNTE. También halló anomalías en el uso que dio a los fondos federales destinados para la reconstrucción tras los sismos del 19 de septiembre de 2017.
CUERNAVACA.– El gobierno de Morelos debe responder por el paradero de al menos 10 mil millones de pesos ejercidos en el sexenio del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu (2012 a 2018), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Señalado por diversos personajes como la administración más corrupta del estado, sobre el entonces mandatario de origen tabasqueño y sus colaboradores también pesan 30 carpetas de investigación luego de que el actual gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco interpuso denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos.
La mayoría de esos procesos locales contra Graco están ligados a la “distracción” de recursos de origen estatal; el dinero fue desviado y utilizado para pagar a sobreprecios millonarios obra pública inconclusa o que nunca se realizó.
Por dichas acusaciones se destacan los casos de los exsecretarios Patricia Izquierdo, de Obras Públicas; Topiltzin Contreras, de Desarrollo Sustentable, y Jaime Álvarez, de Turismo. Los dos primeros aprobaron el pago de proyectos que nunca se terminaron; el último funcionario autorizó a sobreprecio el desembolso de al menos 8 millones de pesos para un concierto.
Gasto irregular
De acuerdo con la ASF, el gobierno de Graco usó los 10 mil millones de pesos en rubros ajenos a los que estaban destinados y para pagar a empleados que no fueron localizados (aviadores); también se detectó el desvió de dinero que debió invertirse en la reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, así como la transferencia de recursos a cuentas concentradoras que a la autoridad le impide identificar cómo se gastó.
A detalle, Graco y sus colaboradores deberán aclarar el destino de 6 mil 524 millones de pesos federales correspondientes a 2018, mil 943 millones 400 mil pesos de 2017 y mil 440 millones 800 mil pesos de 2016, años en los que se ha solicitado la promoción de responsabilidad administrativa y fincamiento de responsabilidad resarcitoria.
Los procesos de la autoridad federal contra el manejo del erario en los primeros años de gobierno del tabasqueño van más avanzados, y pese a que se trata de irregularidades que representan montos menores en comparación a otros años, la revisión de la ASF ya se reflejó en una primera denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) correspondiente a 2014, por 84 millones 238 mil 917 pesos con 43 centavos.
De las auditorías se desprende que el gasto irregular en 2013 asciende a 233 millones 600 mil pesos, en 2014 fue de 714 millones 900 mil pesos y en 2015 es de 59 millones 100 mil pesos.
Además, existen 10 procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y 79 casos en los que se han iniciado procedimientos de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria que abarcan de 2012 a 2018.
Beneficio a particulares
Tras la auditoría 1122, correspondiente a la Cuenta Pública 2014 del gobierno de Graco Ramírez, la ASF presentó una denuncia ante la FGR por el presunto uso de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
La autoridad revisora descubrió que dicho fondo fue usado para obras que beneficiaron a particulares y para la irregular construcción de un cuartel.
De acuerdo con la auditoría, el FAFEF fue diseñado para “fortalecer el presupuesto y la capacidad de respuesta de los estados, con la atención de las demandas del gobierno en temas estratégicos y prioritarios en los rubros de fortalecimiento de infraestructura, saneamiento financiero y del sistema de pensiones, protección civil y educación pública”.
Sin embargo, casi 85 millones de pesos el gobierno de Graco presuntamente los usó en la construcción de la sede del 108 Batallón de Infantería, que consta de un cuartel y una unidad habitacional para las familias de los militares, ubicados en la antigua base policial Los Lagartos, en Jojutla.
Se trata de obras que “no corresponden a infraestructura pública del estado ni fortalecen el presupuesto de la entidad, por lo que no son financiables con los recursos” del FAFEF, representando “un probable daño o perjuicio o ambos” al presupuesto.
De esta revisión destaca que cerca de 15 millones de pesos fueron presuntamente utilizados para “ejecutar los programas de Piso y Techo Firme y Cisternas Domiciliarias, acciones que beneficiaron directamente a particulares, las cuales no son financiables con los recursos del fondo”.
En la auditoría 1071 también correspondiente a 2014 se señala el probable daño al presupuesto por 124 millones 400 mil 188 pesos con 43 centavos por el pago de laudos, gastos estatales y ejercicios anteriores, así como por compensaciones y bonos a personal administrativo o comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e, incluso, por liquidar a empleados, gastos que no podían ser cubiertos con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Se halló otro posible daño patrimonial por 125 millones de pesos, también de 2014, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro”, pues se descubrió “una trasferencia interbancaria de la cuenta concentradora del fondo a una cuenta bancaria estatal”, por lo que se “desconoce el ejercicio y aplicación” del dinero. Otra de las irregularidades de ese año asciende a 54 millones 948 mil 693 pesos del FAEB.
Sobre la Cuenta Pública de 2015 se aplicaron 13 auditorías. En la revisión identificada con el número 1101 se presume un daño patrimonial por 38 millones 687 mil 953 pesos. El gobierno estatal explicó que con ese dinero pagó el salario de 101 trabajadores; sin embargo, los auditores no pudieron localizarlos “en 40 centros de trabajo”.
La autoridad revisora también registró que con el dinero federal fueron pagados los salarios de 185 empleados comisionados por parte del SNTE.
La auditoría 1102 sobre el año 2015 reporta un daño patrimonial a la hacienda pública federal por al menos 40 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.
Se trata de un gasto millonario que contrasta con la realidad de Morelos: en 2015 se registraron 480 homicidios dolosos, 15 feminicidios, 32 secuestros, 417 violaciones y 20 mil 564 robos a casa y vehículos, entre otros valores, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Abuso de la emergencia
Morelos fue uno de los estados más golpeados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Por ese motivo recibió cantidades millonarias del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). No obstante, la ciudadanía afectada en Jojutla, Tetela del Volcán, Tepalcingo y Axochiapan, entre otros municipios, no recibió la ayuda para su reconstrucción.
Las auditorías sobre el uso que Graco dio al dinero federal en 2017 y 2018 también revelan irregularidades. La auditoría 1686 sobre Inversiones Físicas en 2017 determinó la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias porque no fue clara la adjudicación de obras, es decir, no fueron licitadas.
La revisión detectó anticipos otorgados de manera irregular por 632 millones 115 mil 273 pesos.
En cuanto a 2018, la auditoría 1037 sobre Cumplimiento a Inversiones Físicas halló que la administración de Graco entregó al menos siete contratos sin licitación por 113 millones de pesos para realizar la reparación y reconstrucción de edificios del Instituto Tecnológico de Zacatepec.
El informe explica que no fueron tramitados la manifestación de impacto ambiental, la licencia de construcción y tampoco estuvo claro quién sería el director responsable de obra. Además, al iniciar los trabajos no había proyecto ejecutivo.
Al final del gobierno de Graco los pendientes derivados del sismo seguían siendo prácticamente los mismos: miles de viviendas dañadas –varias de ellas reconstruidas por los propios habitantes– y decenas de edificios públicos afectados, particularmente escuelas de todos los niveles. El sismo perjudicó mil 342 planteles y la mitad de ellos seguía a la espera de su reconstrucción a la llegada de la administración de Cuauhtémoc Blanco en 2018.
Para Roberto Salinas, codirector del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, las observaciones por al menos 10 mil millones de pesos del gasto federal en el sexenio de Graco Ramírez no son sorprendentes.
“A los morelenses nos gustaría saber qué pasó con los recursos del presupuesto local durante esos seis años, así como de los 7 mil millones de pesos que se dejaron como deuda contratada con bancos públicos y privados”, agrega.
