Mediante alianzas dudosas, como la establecida con los evangélicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está desmantelando el Estado laico, asegura Mariana Molina, representante de República Laica, organización que denuncia los discursos de corte religioso en los que el mandatario ha llegado a compararse incluso con Jesucristo. Molina lamenta que no se le pueda sancionar, pese a que es el principal responsable de socavar la separación entre las iglesias y el Estado.
República Laica, la única organización en México dedicada a defender la laicidad del Estado, empieza a tomar algunas acciones legislativas y políticas encaminadas a contener los atropellos contra el Estado laico que está cometiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su alianza con algunas iglesias evangélicas.
Entre estas acciones figuran una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para castigar a los funcionarios que violen el Estado laico; interponer amparos para frenar el proselitismo evangélico en los programas sociales de gobierno; recurrir a acciones de inconstitucionalidad para bloquear la actual intentona legislativa de darle mayores privilegios a las iglesias, y seguir ejerciendo presión política a través de sus foros de análisis.
Sin embargo, debido al fuero presidencial, a López Obrador no se le puede aplicar ninguna sanción, pese a ser el principal responsable de socavar la tradición liberal iniciada desde la época juarista para salvaguardar la separación entre las iglesias y el Estado.
Mariana Molina, integrante de República Laica y coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez que se imparte en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura categórica:
“En distintos grados López Obrador está cometiendo varias violaciones al Estado laico, empezando por sus discursos de corte religioso, en los que ha llegado a compararse con Jesucristo, pasando por su Cartilla moral y su Constitución Moral, hasta llegar al extremo de incluir a iglesias evangélicas en sus programas sociales de gobierno, lo cual es una violación mucho más grave.”
–¿No se le puede sancionar por estas constantes violaciones?
–No. Por desgracia la ley no establece en este caso sanciones para el presidente de la República, quien goza de fuero. No hay nada fuera de la condena política que su postura pueda acarrearle.
Iniciativa riesgosa
Molina indica que otra preocupación de República Laica es la polémica iniciativa de reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, elaborada por la senadora María Soledad Luévano Cantú, de la bancada de Morena.
Dice Molina: “En esta iniciativa ya se plantea la cooperación abierta entre las iglesias y el gobierno, como en los hechos ya empieza a ocurrir en los programas sociales. Abre espacios para que las iglesias participen en procesos políticos. También plantea que se incluya la materia de religión en las escuelas del gobierno. Lo mismo que los servidores públicos recurran a la objeción de conciencia”.
–¿Qué consecuencias traerá la objeción de conciencia, que ya se aplica al personal médico?
–Sí, los médicos y enfermeras, por ejemplo, ya pueden negarse a practicar abortos porque su religión no se los permite. Pero con esta iniciativa de reforma, la objeción de conciencia se amplía mucho más: un maestro de escuela pública, por ejemplo, podrá negarse a enseñar determinadas materias porque su conciencia no se lo permite; o un servidor público igualmente podrá negarse a atender a los homosexuales por el mismo motivo. En fin, se abre un amplio espectro de posibilidades con esta iniciativa conservadora de la senadora Luévano.
–Ella ha dicho, sin embargo, que no es de Morena la iniciativa, sino elaborada a título personal.
–Sí, es lo que dice. Pero hay que estar alertas, dado el actual contexto de cooperación entre el gobierno y las iglesias. Aquí hay un foco rojo.
Molina supone además que, por ser ambos senadores, del mismo partido y del estado de Zacatecas, hay una relación estrecha entre Luévano y Ricardo Monreal, quien ha estado reuniéndose con líderes evangélicos y jerarcas católicos para escuchar sus propuestas.
Monreal ya se reunió, por ejemplo, con un grupo integrado por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera; el secretario general de la misma, Alfonso Miranda Guardiola, y con el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes.
Cuenta Mariana Molina: “Por nuestra parte, unos 15 representantes de República Laica también nos hemos reunido con el senador Monreal para manifestarle nuestra preocupación por esa iniciativa, pidiéndole que, cuando se discuta en el Senado, se haga en foro abierto.
“En República Laica elaboraremos otra iniciativa de reformas a la misma Ley de Asociaciones Religiosas, pero totalmente opuesta a la de la senadora Luévano. Será una contrainiciativa. Ahí reafirmaremos el régimen de laicidad, regularemos bien las relaciones del Estado con las iglesias y plantearemos sanciones administrativas para los ministros de culto que violen la ley.”
El pastor amigo
República Laica es un amplio colectivo formado por políticos de distintos partidos, legisladores, académicos, masones e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad es preservar y defender la laicidad del Estado mexicano. En 2012 logró que, en el artículo 40 constitucional, se reconociera a México como una república laica.
Desde que López Obrador llegó a la Presidencia con su discurso religioso y empezó a favorecer concretamente a la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) –liderada por su amigo, el pastor Arturo Farela, considerado el “capellán de la Cuarta Transformación”–, República Laica comenzó a realizar foros para alertar que el tabasqueño viola el Estado laico. En el Senado, por ejemplo, en febrero del año pasado realizó un foro para oponerse a la Constitución Moral.
“En México, República Laica es el único colectivo que defiende el régimen de laicidad, el cual ha costado mucho trabajo venir construyendo desde 1857”, señala Molina.
Otra acción en defensa de la laicidad de República Laica es una iniciativa para reformar los artículos 7 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la cual se intenta que los funcionarios respeten el Estado laico.
El cambio propuesto al artículo 7 estipula que los funcionarios deben “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como cumplir con el principio de laicidad en el servicio público; en estricto apego a la separación entre el Estado y las iglesias”.
Mientras que la modificación al artículo 49 exige a los funcionarios “abstenerse de incurrir en cualquier acción que contravenga el principio de laicidad en el servicio público”.
A nombre de República Laica, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, promueve en el Congreso esta iniciativa. En entrevista, explica la legisladora:
“Necesitamos exigir en la legislación que los funcionarios de todos los niveles cumplan con el principio de laicidad. Y ante su incumplimiento, con esta reforma también se pretende castigarlos, tomando en cuenta que estos castigos pueden ir desde la sanción administrativa hasta la destitución del cargo.
“Empezando por el propio presidente de la República hay muchos funcionarios que están violando el Estado laico, lo mismo los legisladores cuando cabildean con representantes de las asociaciones religiosas iniciativas de ley favorables a las iglesias. Estas violaciones provienen de áreas completas de gobierno.”
Señala Tagle que incluso la Secretaría de Gobernación, la instancia gubernamental encargada de sancionar a las asociaciones religiosas que violan el Estado laico, no cumple actualmente con esta función.
“Existen muchos motivos para estar sancionando en estos momentos a ministros de culto y a asociaciones religiosas. Pero Gobernación no hace nada”, dice.
La Secretaría de Gobernación –por instrucciones de López Obrador– actualmente elabora una iniciativa de ley para que las iglesias puedan tener medios de comunicación masiva, tal y como se lo pidió Farela a López Obrador (Proceso 2234).
En este desventajoso contexto –reconoce Tagle–, aunque lleguen a aprobarse sus reformas para sancionar a los funcionarios que atenten contra la laicidad, aún estaría por verse si la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicaría estas sanciones, como le corresponde hacerlo.
Por cierto, el 13 de diciembre pasado, el PRD interpuso una denuncia precisamente ante la SFP contra la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ya que en el programa de esta dependencia Jóvenes Construyendo el Futuro, Confraternice está presuntamente evangelizando a miles de jóvenes valiéndose de la Cartilla moral.
Por su parte, República Laica –adelanta Tagle– prepara justamente una acción legal consistente en interponer amparos para frenar al “ejército evangélico” –como lo llama orgullosamente Farela– que está trabajando en distintos programas sociales y dependencias de gobierno.
“Hay personas que, por no ser creyentes, pueden ser discriminadas en estos programas gubernamentales, de manera que tendrán la posibilidad de recurrir a los amparos, que podrían ser atraídos por la Suprema Corte de Justicia y terminar en jurisprudencia”, comenta la legisladora.
Y advierte que también las mujeres están siendo “discriminadas”, pues esta alianza entre el gobierno y las iglesias evangélicas “impone una concepción conservadora que limita los derechos de las mujeres en salud reproductiva y las restringe a su papel de madre”.
“Integralista”
Dos integrantes de República Laica especializados en temas eclesiásticos, Bernardo Barranco y Roberto Blancarte, en su libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, coinciden al señalar: “Aunque López Obrador gusta de presentarse como un hombre de izquierda, en realidad, personalmente, es un hombre conservador que se opone al aborto, al matrimonio igualitario e incluso al divorcio, como uno de los ‘frutos podridos del periodo neoliberal’. Sus concepciones políticas están impregnadas de elementos religiosos, por lo que se puede afirmar que es un político ‘integralista’, que no separa su visión religiosa de su quehacer político y social”.
Martha Tagle agrega: “Ante el fuero que hace intocable a López Obrador, pues sólo se le puede juzgar por traición a la patria, el único recurso que tenemos es continuar haciendo presión política a través de nuestros foros y también realizar más trabajo de base, pues los mexicanos tenemos bien interiorizada la frase: ‘A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César’. Debemos apelar a ese sentido”.
Molina señala que, ante el ambiente adverso en que están trabajando, donde hasta las instituciones de Estado se alinearon a la política de inspiración cristiana de López Obrador, República Laica intenta aglutinar a más organizaciones sociales para formar una oposición más fuerte.
“Un objetivo nuestro es aglutinar y aglutinar a más personas y organizaciones sociales para que se sumen a la defensa de la laicidad. Hacer presión desde diversas trincheras”, dice.
En el ámbito académico –refiere–, distintas universidades e instituciones educativas realizan cursos y simposios para analizar el aspecto religioso en la Cuarta Transformación. Menciona a la UNAM, al Colegio de Sinaloa, al Colegio Mexiquense, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras instituciones que mantienen contacto académico con República Laica.
“Desde distintas perspectivas se analiza la laicidad desde la época juarista hasta llegar al actual gobierno, que la está desmantelando”, dice.
–¿No es contradictorio el hecho de que López Obrador se asuma juarista y a la vez destruya el legado de Juárez?
–Bueno, a estas alturas el discurso del presidente ya resulta totalmente vacío y sin ninguna consistencia, pues lo mismo que con Juárez, se ha llegado a comparar con Jesucristo, con Gandhi, con Martin Luther King y con cuanto personaje se le ocurre. Puede decir lo que quiera. Aquí lo que importa son los hechos: su gobierno está destruyendo la laicidad del Estado.
