Luego de reducir el gasto en publicidad oficial en más de 500% desde que llegó a la Presidencia, López Obrador hizo un guiño a los concesionarios de radio y televisión el pasado viernes 3 de marzo, cuando anunció que ese mismo día firmaría un decreto para “devolver” los tiempos oficiales que utiliza el poder Ejecutivo en sus estaciones y canales.
Aunque la CIRT celebró la medida como “un importante paso, de manera congruente con su política de ‘devolver al pueblo lo robado’”, organizaciones civiles como Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, la calificaron como “un retroceso” y cuestionaron que se busque afectar “el derecho a la información” de la sociedad.
De acuerdo con el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, López Obrador no se refería a los tiempos del Estado porque son constitucionales, sino a los tiempos fiscales del Poder Ejecutivo.
Según la Ley General de Comunicación Social, corresponden al Ejecutivo el 40 por ciento del total de los tiempos fiscales y el resto se reparten entre el Legislativo, el Judicial y los organismos autónomos.
El artículo 17 de la Ley General de Comunicación Social –reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución y que fue publicada el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto– establece que la Secretaría de Gobernación administrará el uso de los tiempos de Estado y de los tiempos fiscales, salvo en el caso de los tiempos oficiales que en distintos momentos corresponda administrar al INE, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución.
Por ello el mismo viernes 3 el INE pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una explicación de los alcances del decreto, pues de entrada el instituto considera que, en los términos del anuncio, el Ejecutivo estaría invadiendo atribuciones de otros poderes y órganos autónomos. Hasta el cierre de esta edición el INE no había tenido respuesta.
Contradicciones
En entrevista, el consejero del INE Ciro Murayama advierte que los tiempos oficiales, de Estado y fiscales, no son patrimonio de una persona sino parte de un diseño constitucional, del que incluso el propio presidente se benefició cuando fue candidato.
“Por la vía del decreto puede estarse poniendo en riesgo un modelo de comunicación política que ha permitido la equidad de las contiendas electorales y que no se encarezcan más las campañas. Detrás de esto está la posibilidad de que los partidos no tengan que estar pagando a las radiodifusores y televisoras”, explica.
Desde que inician las precampañas hasta que se realiza la jornada electoral, el INE dispone de 48 minutos diarios, distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en todas las estaciones radiofónicas y canales televisivos. Fuera de los periodos electorales, al INE le corresponde el 12% de los tiempos del Estado y debe distribuir la mitad entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria y el resto se destina a las actividades del instituto, como promover la credencialización.
El consejero del INE señala que uno de los mayores riesgos del anuncio para beneficio de “ciertos grupos económicos” es que, si el Ejecutivo renuncia al 40% que le corresponde de los tiempos fiscales, el total de los minutos oficiales disminuye para todos:
“De 35 minutos en radio a 21, y de 18 a menos de 11 en televisión. Eso implica una disminución del tiempo que administra el INE como institución autónoma, porque son porcentajes, si disminuye al total entonces afecta al Poder Judicial, al Legislativo y a los autónomos”.
Además, dice Murayama, de acuerdo con un análisis del INE, de 2015 a 2016 y de enero a abril de 2017, en periodo de precampañas, el entonces dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador apareció en 2 millones 305 mil 513 spots pautados por el INE. Otros dirigentes también aparecieron, como el del PAN, Ricardo Anaya, que apareció en 1 millón 463 mil 174 spots del INE. Pero el que más apareció fue el de Morena.
“Es un modelo –prosigue el consejero– que ha permitido las alternancias de los partidos que no tienen grandes sumas de dinero, para que puedan ser competitivos… como el caso de Morena, que se dio con base en este modelo que puso el énfasis la equidad después de que en 2006 se demostró que los concesionarios cobraban tarifas diferenciadas según los distintos actores políticos. Para evitar eso se construyó desde la Constitución y la ley este modelo que ahora se está cuestionando por el propio Ejecutivo”.
En su anuncio del viernes 3, el presidente dijo que la decisión respondía a un compromiso con los concesionarios, ya que “están pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad como era antes”. Añadió que “con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos”.
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, dijo a Proceso que no se tiene planeado modificar la ley, pues el Ejecutivo está renunciando voluntariamente a su espacio sin modificar la legislación, mediante un decreto.
Pero con el decreto las empresas únicamente podrán ampliar su programación. Para incrementar sus ventas se tendría que modificar la ley, pues el artículo 237 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión limita la comercialización a 18% de las transmisiones de televisión y 40% de las radiofónicas.
El 7 de noviembre de 2019, durante la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión en el World Trade Center, José Luis Aguirre Rodríguez, presidente de la CIRT, pidió a López Obrador reconsiderar los tiempos fiscales en radio y televisión que fijó el expresidente Gustavo Díaz Ordaz a la industria como pago en especie.
“Este es un tributo denominado ‘el decreto mordaza’, impuesto por el gobierno del presidente Díaz Ordaz no en contra de los derechos de la radio y la televisión, sino del derecho a la libertad de expresión y derecho a la información del pueblo de México”, dijo Aguirre Rodríguez.
Pese a que Jesús Ramírez Cuevas expresó el 17 de abril de 2019 que esta administración aprovecharía ese pago en especie porque “normalmente no se utilizaban al 100 por ciento los tiempos oficiales y se contrataba publicidad en medios electrónicos”, el López Obrador le dio la razón a la CIRT.
En su intervención, el presidente respondió que ya había considerado el tema como un pendiente porque se impuso en “uno de los gobiernos más autoritarios” en la historia de México, que “un gobierno democrático no necesita de propaganda”. De acuerdo con una fuente de la Presidencia, “Andrés Manuel no quiere nada que tenga que ver con el expresidente Díaz Ordaz, por eso se quiere deshacer de los tiempos fiscales”.
Sin embargo, el decreto foxista de 2002 señala que “si el Ejecutivo federal no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, a efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión”.
De esta forma, la decisión de López Obrador de no usar los tiempos fiscales ya está contemplada en el decreto vigente.
