Una peligrosa secuela del confinamiento domiciliario durante la actual emergencia sanitaria es el incremento de la violencia intrafamiliar, particularmente contra las mujeres. Defensoras de las víctimas de estas agresiones relatan cómo se ha intensificado su trabajo en los refugios, pese a que la responsabilidad de proteger la integridad de las ciudadanas es del Estado, cuyas autoridades escatiman presupuesto, atención a las denuncias y medidas de protección.
Después de años de agresiones de su marido, de haberlo denunciado ante el Ministerio Público por lesiones y de haber sido orillada a la conciliación, M. comprendió que no saldría viva del encierro obligatorio por la emergencia sanitaria.
Con 27 años y dos niños, radicada en la Ciudad de México, M. mantenía vínculos con la organización Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, que le proporcionaba asesorías legales y psicológicas.
La última semana de marzo, después de una golpiza de su pareja, M. pensó: “Estando en casa todos los días, ahora sí mi marido me va a matar”.
Tomó la pequeña maleta que le recomendaron preparar las asesoras de Espacio Mujeres, aprovechó el momento en que su agresor se bañaba, llamó a sus dos hijos y con sigilo huyeron del domicilio familiar.
M. llamó a una de sus hermanas para que la esperara en una estación del Metro y la acompañara a Espacio Mujeres para internarla a ella y a sus pequeños.
Una semana después del ingreso de M. al refugio, llegó T., de 23 años, con su hijo de siete. Salió a tirar la basura y ya no regresó a la vivienda que compartía con su pareja, su agresor, quien, tras decretarse la alerta sanitaria, la golpeaba con más saña y frecuencia.
Días después llegó J. tras un operativo de rescate; tuvo que ser transferida a los pocos días a otro estado, a un espacio similar, pues su golpeador, su esposo, es de alta posición económica y podría dar con ella si se mantuviera escondida en la Ciudad de México.
“Esas mujeres llegaron muy golpeadas, algunas con golpes internos que tienen que ser valorados por especialistas; son sobrevivientes del encierro obligatorio y que tuvieron la oportunidad de salir. A una ya le dábamos seguimiento, una se comunicó por Facebook y otra nos la envió una organización hermana. ¿Qué será de aquellas que no tienen acceso a redes sociales o a redes de apoyo?”, se pregunta Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, que forma parte de la Red Nacional de Refugios (RNR), conformada por 69 organizaciones.
En tiempo de coronavirus, casos como los mencionados muestran el incremento de agresiones a las mujeres en su propio domicilio, y se tiene previsto que se multipliquen como una de las secuelas del confinamiento, tomando en cuenta que la violencia feminicida cobró la vida de 164 mujeres en el primer bimestre de este año.
Esta cifra supera los 140 feminicidios registrados durante el mismo periodo del año pasado, que fue el más violento para las mujeres desde 2015, con la apertura de 983 carpetas de investigación por ese delito, de acuerdo con los registros de las 32 entidades federativas sistematizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Según el último reporte sobre violencia contra las mujeres –que abarca hasta el pasado 29 de febrero y concentra información de incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911–, han aumentado las agresiones. En los primeros meses del año se abrieron 466 carpetas de investigación por homicidios dolosos, contra 433 del mismo periodo del año pasado, y 9 mil 941 por lesiones dolosas, 501 más que en el primer bimestre de 2019.
En cuanto al servicio de emergencia al 911 en todo el país, cuyos reportes no siempre se traducen en querellas, entre enero y febrero se hicieron 40 mil 910 llamadas por violencia contra la mujer, cantidad que supera en 14 mil 303 las llamadas recibidas en el mismo periodo de 2019, año en que el sistema 911 levantó 197 mil 693 reportes por ese motivo.
El registro se incrementa de forma exponencial en las llamadas para denunciar “violencia familiar”, definida por el SESNSP como “hecho o acción que incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario realiza en forma reiterada y continua actos de violencia física, verbal, moral o psicológica en contra de algún miembro de su familia”.
En el primer bimestre de 2020 se reportaron 105 mil 356 llamadas por violencia familiar, mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron 98 mil 578 y en todo ese año se registraron 718 mil 019.
El trabajo en los refugios
Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, advierte en entrevista con Proceso que el incremento de la violencia contra la mujer en México se refleja en los ingresos de víctimas a los refugios especializados.
De igual forma, en las últimas cuatro semanas en que lanzaron la campaña #AislamientoSinViolencia, la RNR ha duplicado sus actividades de asistencia cotidiana a mujeres, que incluye asesoría jurídica, psicológica y de contención, entre otras, al pasar de 60 comunicaciones diarias a 120.
La Red también registra movimientos al alza en rescates de víctimas. “En los dos primeros meses tuvimos 30 ingresos, lo cual es inusual porque a principios del año solemos tener menos familias refugiadas por la influencia de la temporada navideña y después el mito del amor romántico en febrero… En las últimas dos semanas tuvimos siete ingresos más”.
Cuenta que en los primeros 15 días de la campaña, “80% de las llamadas eran de mujeres que identificaron que podían estar en riesgo si el aislamiento se decretaba y su pareja se quedaba en casa”, por comentarios “burlones” e incluso amenazantes de sus agresores,
En principio, añade, “les recomendamos hacer uso de sus redes de apoyo. Algunas mujeres pudieron salir de sus casas por las redes de apoyo con que cuentan, sus familiares o amigos, planteando la separación no como una medida para evitar violencia, sino para distraer a sus hijos, lo que ayudó a disminuir el estrés”.
La directora de RNR admite que muchas mujeres resistieron en sus casas “ante las amenazas de sus parejas de que las van a demandar por secuestro si se llevan a sus hijos, pero les hemos insistido que estar en aislamiento no significa que tengo que quedarme si no se garantiza mi seguridad y la de mis hijos e hijas”.
Relata que algunas mujeres golpeadas no recibieron atención médica en los centros de salud, bajo el argumento de que “en estos momentos la prioridad son los enfermos de covid-19”, ni fueron atendidas en agencias del Ministerio Público “porque sólo había personal de guardia y consideraban que sus casos no eran urgentes”.
A quienes gracias a sus redes de apoyo lograron salir del infierno que significa convivir con su agresor, la RNR les da seguimiento e invita a asesorías psicológicas, igual que a las mujeres rescatadas que ya se encuentran en los refugios, explica Figueroa Morales.
Pese a la contingencia por el covid-19, la defensora sostiene que hasta ahora no hay ningún caso detectado en ninguno de los 69 refugios, que están preparados para recibir a las mujeres y sus hijos en caso de emergencia.
Por el momento, refugios afiliados a la RNR en Guanajuato Aguascalientes, dos de Ciudad Juárez, Estado de México y Colima, “están a 110% de su capacidad, y otros más al 85%. Estamos utilizando toda la infraestructura que tenemos: la casa de emergencia, el refugio y la casa de transición con que cuenta cada uno de nuestros espacios para apoyar a las mujeres”.
Desafíos ante el confinamiento
Ante un previsible incremento de violencia doméstica, “como ha ocurrido en otros países en cuarentena, como China, España, Argentina, según nos han referido organizaciones hermanas”, dice Figueroa Morales, la RNR enfrenta retos no sólo por la falta de espacios, sino de recursos, situación que no impidió que en 2019 diera 18 mil 500 servicios de atención externa y apoyara a 7 mil 500 mujeres, niñas, niño y adolescentes en las casas de emergencia, casas de transición y refugios.
El año pasado, luego del amago de gobierno de Andrés Manuel López Obrador de suprimir el suministro de fondos para refugios, “las organizaciones logramos que se nos devolvieran los fondos, pero empezamos a recibirlos a partir de julio, en agosto y octubre. Por la crisis tres refugios cerraron y se llegó a recortar hasta 50% del presupuesto para servicios profesionales”.
Este año, después de un trabajo de incidencia con legisladores, la RNR logró un presupuesto de 405 millones de pesos, pero aún no ha sido canalizado, por lo que Figueroa Morales urge a que se distribuya lo más pronto posible. Enfatiza que los refugios administrados por la sociedad civil son “coadyuvantes, pero quien es responsable de la vida y seguridad de las mujeres es el Estado”.
La amenaza del incremento de la violencia contra mujeres durante el confinamiento llevó a la organización civil Equis Justicia para las Mujeres a revisar las “medidas que están tomando los jueces y qué podrían hacer”, apunta Ana Lucía Díaz Azcúnaga, responsable del informe (Des) Protección Judicial en tiempos del Covid-19.
En ese documento se establece que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “la mayor parte de violencia que sufren las mujeres se lleva a cabo en los hogares, y cuando implementas una política de contingencia, puede ocurrir que aumente el estrés por la incertidumbre económica o la crisis económica; que las mujeres que ya vivían una situación de violencia, ahora tienen que convivir con su agresor más tiempo, porque para muchas mujeres el hogar no es un lugar seguro, en tanto que las redes de apoyo también podrían disminuir cuando uno tiene que aislarse”.
El informe surge ante el anuncio de los poderes judiciales del país de reducir los servicios de impartición de justicia a casos de urgencia, “para mitigar los efectos de la pandemia de covid-19”, situación que para la organización civil “puede agravar la violencia contra las mujeres”.
El estudio revela que los poderes judiciales mejor calificados para respaldar a las mujeres en la contingencia son los de Querétaro, Nuevo León, Colima, Michoacán, Baja California Sur y Yucatán.
De acuerdo con Díaz Azcúnaga, se llegó a esa conclusión mediante la revisión de comunicados, acuerdos y órdenes que han emitido los poderes judiciales de las entidades federativas sobre las medidas a tomar frente a la pandemia, como la emisión de órdenes de protección y medidas cautelares en materia familiar y penal; medidas para garantizar el pago de la pensión alimenticia; la suspensión o no de las reuniones de convivencia familiar entre padres e hijos que se llevan a cabo en Centros de Convivencia Familiar, entre otras.
La defensora apunta que un ejemplo claro de lo que pueden hacer los poderes judiciales por las mujeres violentadas durante la contingencia es emitir órdenes de protección, “una herramienta jurídica que tiene carácter de urgente y se encuentra regulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no está condicionado a que exista una denuncia o un proceso judicial iniciado previamente, que permiten detener la violencia, proteger y prevenir más daño, proporcionar asilo en albergue y evitar represalias”.
La violencia intrafamiliar es tan probable que ya fue señalada incluso por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres, que pusieron a disposición en sus páginas en internet los contactos de Centros de Justicia para Mujeres.
Díaz Azcúnaga insiste en que, ante lo inevitable, los jueces “tienen herramientas que son bastantes útiles para proteger a niñas y mujeres, y es muy importante que actúen en conjunto con otras instituciones con policía o Ministerio Público. Lo que las mujeres necesitan son respuestas inmediatas para proteger su vida”.
