Canadá, como muchos otros países, está en deuda con los pueblos originarios que han sido empujados hacia la pobreza. En un intento por acabar con los rezagos, las autoridades canadienses ofrecen diversos programas que benefician a todo aquel que pertenezca a una tribu y solicite la ayuda. Sin embargo, hay quienes se hacen pasar por indígenas para tener derecho a los apoyos. Presos, ciudadanos comunes y hasta políticos en campaña son algunos de los impostores que han intentado sacar provecho.
MONTREAL.– El colonialismo canadiense no sólo es un asunto reservado a los libros de historia. De hecho, las relaciones entre el gobierno federal y los grupos autóctonos continúan rigiéndose por el “Acta India” de 1876. A su vez, distintos indicadores muestran los rezagos en esferas como la educación, la salud y el empleo para estos pueblos, los más desfavorecidos en el país como resultado de políticas desatinadas y discriminación.
Ottawa y los gobiernos provinciales han puesto en marcha programas para reducir estas brechas. Por ejemplo, becas universitarias, beneficios carcelarios y contratación prioritaria en ciertos puestos.
“No son privilegios otorgados a los grupos autóctonos. Por el contrario, son medidas exiguas de reparación, respaldadas por siglos de abuso y desprecio”, escribió hace unos días Edith Bélanger, columnista perteneciente a la tribu maliseet, en las páginas de Espaces Autochtones, una sección de noticias indígenas de la radio pública canadiense.
Sin embargo, algunas personas se hacen pasar por indígenas para tener acceso a estos programas. “Estos individuos no sólo se están apropiando de una identidad, sino también de recursos destinados a las personas que más los necesitan; son personas cuyas familias han sufrido y siguen sufriendo los efectos devastadores de las políticas colonialistas”,
añadió.
Uno de los casos más sonados ha sido el de Marie-Josée Parent, considerada la primera mujer de origen autóctono en ocupar un cargo en el cabildo de Montreal. Parent, quien decía pertenecer al pueblo Micmac, fungía como enlace oficial con los indígenas afincados en la ciudad. No obstante, una investigación de Radio-Canadá difundida a finales de 2019 desmintió sus dichos.
Expertos en genealogía identificaron un ancestro de dicha tribu, aunque se remontaba a 12 generaciones. Parent renunció a sus funciones de puente con los grupos indígenas, pero sigue trabajando en el cabildo.
El gobierno federal lleva un registro de los miembros de los pueblos autóctonos y expide credenciales como prueba de que cuentan con este estatus, aunque algunas decisiones en el pasado causaron que varios individuos perdieran injustamente dicha categoría.
Por lo anterior, algunas instituciones federales y provinciales permiten la autoadscripción en distintos programas y convocatorias. Aunque, tal y como lo señalan académicos y líderes autóctonos, dicha estrategia favorece a los impostores y mina los principios de autodeterminación. También se han detectado credenciales –muy parecidas a las gubernamentales– emitidas por asociaciones no reconocidas.
Tramposos
El periódico La Presse publicó en mayo último un reportaje en el cual reveló cómo centenares de reclusos se definían falsamente como indígenas para gozar de una serie de beneficios: visitas conyugales más frecuentes y evaluaciones para acelerar sus solicitudes de liberación condicional.
“La manera de determinar si un interno es indígena se basa en el principio de autodeclaración. Es decir, si dice formar parte de esos grupos, debemos considerarlo como tal”, señalaba una de las autoridades entrevistadas por el diario.
Los miembros de los pueblos autóctonos representan 5% de la población canadiense. Sin embargo, 30% de los presos pertenece a estos grupos. El gobierno de Justin Trudeau ha lanzado varias iniciativas para reducir esta cifra, apoyándose en gran medida en la autodeclaración.
Radio-Canadá presentó en febrero otro caso muy comentado. Los expertos que habían estudiado el árbol genealógico de Marie-Josée Parent presentaron sus resultados sobre Alexandra Lorange, una abogada que decía pertenecer al pueblo atikamekw.
En efecto, tenía un ancestro indígena; el mismo que comparten unos 300 mil quebequenses y que data del siglo XVII. Lorange era consejera en el organismo Mujeres Autóctonas de Quebec, se ocupaba de la oficina para alumnos indígenas en la Universidad de Quebec en Montreal y había obtenido una beca reservada a individuos de estos pueblos.
Tras el revuelo mediático, perdió sus cargos laborales, aunque no la beca. En un comunicado, Mujeres Autóctonas de Quebec precisó que valora que personas de distinto origen sean aliadas en su misión, pero que deplora los casos de apropiación cultural.
Otra forma de engaño ha sido por medio de credenciales expedidas –a cambio de 80 dólares– por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Canadá, no reconocida por las autoridades federales y tampoco por las asambleas indígenas del país.
Dichas credenciales –muy parecidas a las que emite Ottawa a quienes aparecen en el registro oficial– han sido utilizadas para engañar a comerciantes, ya que los indígenas registrados pueden ahorrarse el pago de impuestos en ciertos productos.
Rola Tfaili, portavoz del Ministerio federal de Servicios Indígenas, comenta a Proceso que su institución estudia distintas opciones para que los comercios no caigan en esos engaños. “El Ministerio toma muy en serio los casos de estas credenciales. Toda denuncia propicia la apertura de una investigación. Si se confirma el fraude, la información es remitida a las autoridades competentes”, señala.
Algunas personas en Nueva Escocia han revindicado falsos orígenes indígenas para exigir derechos especiales de caza y pesca, contemplados en el Acta India. Asimismo en las pasadas elecciones federales, cuatro candidatos (en Ontario, Quebec y Nueva Escocia) publicitaron supuestas raíces autóctonas. Las acusaciones de apropiación cultural no se hicieron esperar.
Darryl Leroux, profesor en la Universidad Saint Mary’s, publicó en 2019 Distorted Descent (Ascendencia distorsionada), un libro donde explora cómo en el este de Canadá ha sido una práctica frecuente citar a algún ancestro indígena para asumir una identidad autóctona y pedir derechos.
“Uno de los candidatos tenía un ancestro de 1631. De hecho, yo tengo el mismo. Incluso Justin Trudeau tiene un ancestro algonquino que nació en 1610. Esto no vuelve indígena a la persona. En el caso de los candidatos, me parece que sus partidos deseaban sumar capital político al querer mostrarse como más inclusivos”, afirma Leroux a este semanario.
Registro y autodeclaración
El Acta India de 1876, que conduce las relaciones entre el gobierno de Canadá y los grupos autóctonos, ha sido criticado constantemente por su carácter colonialista; indica que las autoridades federales son las únicas encargadas de otorgar el estatus indígena. Las personas pueden solicitar dicho estatus si al menos uno de sus familiares lo tiene (padres, abuelos, tíos, primos) y reciben una credencial como prueba, facilitando así el acceso a programas, convocatorias y reducciones fiscales.
El gobierno federal ha realizado reformas para eliminar ciertas restricciones contempladas anteriormente. Por ejemplo, una mujer indígena que se casaba con una persona que no pertenecía a esos grupos perdía su estatus, al igual que sus hijos nacidos o adoptados antes de septiembre de 1951. Rola Tfaili precisa que, desde que entraron en vigor los cambios (en diciembre de 2017), se han dado unas 6 mil nuevas inscripciones en el registro entre más de 24 mil solicitudes. Por ende, un número considerable todavía no figura en la lista pese a las modificaciones.
Éstas son las principales razones por las que varias instituciones (gubernamentales, ciudadanas, educativas) permiten la autodeclaración, a modo de aplicar la denominada “discriminación positiva”. El proceso normalmente requiere un formulario donde en una parte sólo hay que seleccionar una casilla para identificarse como miembro de los pueblos indígenas.
Iniciativa
El tema de la identidad indígena en Canadá presenta diversos desafíos. El Acta India establece que una persona es autóctona cuando aparece en el registro, o en caso de que tenga derecho a hacerlo. Por su parte, Estadísticas Canadá (la agencia que recopila datos oficiales) incluye a los individuos que figuran en el registro o que declaren ser miembros de un grupo autóctono.
Rola Tfaili subraya que una persona no puede obtener el estatus indígena únicamente por la vía de la autoidentificación. “Por lo tanto, no puede tener acceso automáticamente a los beneficios y ventajas conferidas por el gobierno de Canadá”. No obstante, las investigaciones de los medios de comunicación han demostrado que sí es posible.
“El Acta India no puede ser el único instrumento en términos de identidad. También varios grupos indígenas critican la autodeclaración por los abusos que se han dado. El trabajo de los medios ha sido muy importante al mostrar varios casos.
“Las comunidades quieren participar, pero no es una tarea fácil. Es necesario encontrar mecanismos que sean inclusivos y exclusivos a la vez”, apunta Leroux.
Cuando se dio a conocer que Alexandra Lorange no pertenecía al pueblo atikamekw (obtuvo varias ventajas por medio de la autodeclaración), Paul-Émile Ottawa, jefe atikamekw de la comunidad de Manawan, declaró: “Es totalmente aberrante. El gobierno se ha dado la oportunidad de crear indígenas por todas partes”.
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los grupos autóctonos tienen la libertad de decidir quién pertenece o no a sus comunidades. Al momento de su adopción, en 2007, sólo cuatro países votaron en contra: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Justin Trudeau dio marcha atrás a dicha oposición en 2016.
El Parlamento canadiense había aprobado una propuesta para su ratificación, pero los conservadores la bloquearon en el Senado en junio pasado. Los liberales de Trudeau anunciaron en diciembre que volverán a presentar la iniciativa.
La mayoría de los pueblos indígenas de Canadá llevan registros sobre sus miembros. Su deseo es que puedan servir, entre otros puntos, para luchar contra el proceder de los farsantes. Aunque cabe destacar que los métodos de identificación varían. Por ejemplo, los mohawk de Kanawake (Quebec) y los haudenosaunne de Grand River (Ontario) exigen a la persona que cuente con al menos cuatro bisabuelos que hayan pertenecido a estas naciones. No obstante, académicos y líderes autóctonos han señalado que es necesario dar más peso a experiencias de vida, prácticas culturales y reconocimiento de la comunidad, que a rígidos porcentajes de sangre indígena.
