Las enormes reservas de oro, bauxita, coltán, diamantes, cobre y hierro venezolano fueron ignoradas durante décadas, opacadas por la fiebre del petróleo. Sin embargo, tras el colapso de los hidrocarburos, el gobierno de Nicolás Maduro se ha volcado a la explotación de esos minerales, pero no lo ha hecho bien. En lugares como Tumeremo la autoridad no es más fuerte que los grupos criminales y guerrilleros que explotan y pelean el control de las minas. Se calcula que en 2018 la extracción ilegal de oro ascendió a 2 mil 800 millones de dólares.
TUMEREMO, Venezuela.– Manuel Fajardo lo llama “barranco”. En la superficie sólo se ve un hoyo, uno entre muchos abiertos alrededor. Sobre el agujero ha sido colocado un artefacto de madera móvil para permitir la entrada; dos bases triangulares sostienen un tronco que un par de hombres con enormes manivelas –los machineros– hacen girar para que la soga eleve o haga descender un pequeño asiento, que no es más que un palo de unos 30 centímetros de largo.
Por ahí se baja cinco, diez o hasta 30 metros. Esto se conoce como “vertical” y la profundidad equivale a un edificio de 10 pisos. Hay varias galerías que son horizontales y pueden tener hasta 50 metros de largo. Aquí desaparecen la luz y el aire fresco. El calor oprime. Se pierde el aliento. Al fondo de una de las cavidades Manuel respira tranquilo mientras con ayuda de una linterna muestra las vetas de oro. Ahí trabaja en turnos de 24 a 48 horas, en equipos de tres personas: alguien pica, otro llena los sacos con tierra y el tercero los manda a la superficie con la ayuda de los dos machineros.
Los pesados bultos extraídos se envían a un molino en el que el material es triturado y lavado hasta que sólo queden pequeñísimos fragmentos de oro, que después serán fundidos con soplete para formar bolitas. Las que pesan un gramo son llamadas gramas y las menores son medidas en puntos hasta sumar 10. O sea que un punto es un décimo de gramo que se vende entre dos y tres dólares, más que un salario mínimo mensual venezolano.
Los mineros esperan ahorrar. De sus 32 años, Manuel lleva cuatro en esta mina de la zona de El Perú, vecina del pueblo de El Callao, en el estado de Bolívar, en lo que el gobierno designó como Arco Minero del Orinoco. Aunque se siente satisfecho de ganar más que en su natal Caracas, no ha juntado mucho porque todo es más caro ahí. Además, hay que pagar “piso” al grupo armado que controla el sitio.
Después, en la carretera Troncal 10 que lleva a Ciudad Guayana, la mayor de la región, hay que sobornar a los militares y guardias bolivarianos en los numerosos retenes.
Los riesgos son grandes. Tras la desaparición del fotógrafo venezolano Wilmer González, en 2018, un grupo de sus amigos periodistas, coordinados por Clavel Rangel, realiza el seguimiento de 39 casos más, cuyas historias se van presentando en la serie Fosas del silencio. El título indica la dificultad de obtener testimonios de “gente que está traumatizada”, dice Rangel. “Contar esto les puede traer la muerte”, agrega.
Los cuerpos son enterrados en tumbas clandestinas. Uno puede morir en una riña, herido en un accidente, atenazado por la malaria, torturado y asesinado por la organización criminal conocida como el sindicato; también la muerte se halla en las manos de la guerrilla colombiana, los militares… O aplastado en un derrumbe.
Manuel explica que nadie se ocupa de coordinar dónde se cavan los “barrancos” ni en qué dirección se abren las galerías. Como en la superficie hay tantos hoyos que parecen madrigueras, estando abajo uno se puede imaginar cómo está el subterráneo: debe tener más perforaciones que un queso gruyere. Es común que las galerías se topen, se encimen. “Arriba es como estar parado sobre el aire”, explica Manuel. “En cualquier momento la tierra cede y ellos caen, y los que estamos aquí no volvemos a salir”. No hay maquinaria de rescate.
El terror del comandante
Pese al riesgo, las mujeres hablan en una casa de una calle céntrica y muy transitada del pueblo de Tumeremo; cada vez que hay un ruido fuerte todas callan un instante y voltean hacia la entrada del lugar, después vuelven a presentar sus casos en voz bien alta.
Por la puerta de ese domicilio ya han ingresado soldados sin pedir permiso. El 10 de mayo de 2019 de aquí sacaron a golpes, frente a sus hijos pequeños, a Víctor Rivera, un mototaxista de 28 años.
Lo recuerda su esposa, Andreína Arcia, una mujer delgada de 22 años, con ojos que se miran grandes pese a que los encoge la tristeza: “Me volví loca, yo no sabía ni siquiera qué hacer. Mis hijos, lo único que yo agarré fueron mis hijos, los metí pa’l cuarto”.
El teniente coronel León Ernesto Solís Mares, comandante del cercano Fuerte Tarabay y del 512 Batallón de Infantería de Selva, acusó a Víctor de ser un “malandro”, un delincuente.
“Fui a la policía, fui a la Técnica Judicial, fui a la Guardia y nada, nadie me da razones”, dice la joven. “Todos los días me paro a ver si viene por ahí por la calle golpeado. Mis hijos preguntan por él, ¿qué les voy a decir? ‘No hijo, tú papá está por allá en la mina’. No puedo mostrar que estoy mal porque se me van a enfermar así como estoy enferma yo.”
Otra mujer, Gladys Pedroza, viene acompañada de su hijo mayor, de 23 años, que hace tres años recibió un tiro en la cabeza –de un policía– y aún muestra las secuelas en sus capacidades motrices y verbales.
A su hijo menor, Rogelio Aguinagalde, de 20 años, lo acaban de matar. Lo detuvieron junto a un amigo, de 19 años, que sobrevivió. La agresión ocurrió el 26 de agosto de 2019 cuando trataban de reparar la motocicleta en la que se transportaban. Ambos fueron llevados a una casa.
Gladys denuncia que el comandante Solís los interrogó llamándolos “malandros”. Al hijo “me lo torturó, me lo arrastró, le desbarató la cabeza a golpes para después darle un disparo”.
El jefe militar –añade la mujer– ha impuesto un régimen de terror. Detuvo a “10 niñas, las violaron y les cortaron los cabellos. Todo el mundo se queda callado; el pueblo no quiere decir nada porque, si a él le da la gana, ahorita aquí entra y se la lleva a ella o me lleva a mí o se lleva a un muchacho… Se lleva a quien le da la gana”.
Así también desaparecieron Ángel Rafael Pérez Pereira y Jesús Rafael Torres, ambos de 28 años, cerca del puesto policial El Corumo, en la ruta que va de Tumeremo a la zona minera de Corregente, cuando trataban de ir a cobrar una deuda, el 1 de febrero de 2019.
Francisca Pereira, madre de Ángel, cree que los responsables son los agentes de la Guardia Nacional. Y, según la interpretación de Gladys Pedroza, el motivo de éste y otros casos es “que los mineros tengan miedo y no vuelvan a la mina”.
Tres meses antes, del 14 al 17 de octubre de 2018, en El Corumo, se produjo una protesta de unas 50 mujeres que exigían saber de sus familiares que trabajaban en minas de Corregente cuando un grupo armado, al que describen como la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), le arrebató el control al sindicato local.
Aunque el Ejército venezolano reportó siete muertos, no inició investigaciones ni acción alguna. En Tumeremo están convencidos de que el ELN actuó como fuerza de choque de las autoridades en su esfuerzo por apoderarse de Corregente, y de que los guerrilleros continúan manejando las minas. La fuerza de trabajo estaría formada, ahora, por indígenas de la cercana región de El Bochinche, fronteriza con Guyana.
Contra el sindicato
La situación equivale a una condena de muerte para Tumeremo. Privados de su fuente de trabajo, hombres y mujeres languidecen en la plaza principal; las motocicletas están paradas y los comercios, cerrados. Como El Callao, Las Claritas, Guasipati y otras poblaciones de la región, Tumeremo vive de las minas.
Quienes no son mineros proveen servicios a los que sí lo son: transporte en mototaxi, barbería, estilismo, comida o placer sexual. Todo se paga en oro. Una comida cuesta dos puntos y con gramas se paga por el derecho de trabajar al grupo armado que tenga el control: sindicatos, guerrilla, Ejército o Guardia Nacional.
Aunque el sindicato está bajo la presión del comandante Solís, William Padilla, un caraqueño que lleva 40 años picando piedra en las minas, reconoce que “con ellos podemos trabajar porque son del pueblo. ‘Oye, no me pegues, quédate tranquilo, te pago 10% y déjame trabajar’, uno puede hablar. Pero el gobierno trajo a esos guerrilleros a sacar a esos malandros. Entonces sacan a los malandros y nos sacan a nosotros”.
Son tiempos de una sangrienta disputa de poder. A los ya viejos conflictos entre los sindicatos y los pranes (jefes criminales), por dominar tal o cual mina, se han sumado la Guardia Nacional y el Ejército, que están tratando de conquistar el territorio peleándolo a tiros.
En el sur del estado, los indígenas de la tribu Pemón, quienes históricamente han realizado minería artesanal, sufrieron varios ataques en 2019. El 22 de febrero de ese año hubo tres muertos y 15 heridos en la aldea de Kuramakapay y el 22 de noviembre el saldo fue de nueve muertos en la mina de Ikabarú. En ambos casos los locales responsabilizan a las autoridades.
La Guardia y el Ejército, sin embargo, rara vez actúan en coordinación porque no faltan los conflictos entre ellos: los oficiales tienen intereses propios, los que derivan de los negocios que realizan fuera de la legalidad y en asociación con los grupos a los que de pronto tienen que combatir.
Generales de negocios
Al gobierno venezolano le resulta muy difícil poner orden. Para asegurar la lealtad de los militares ha sido tan pródigo en ascensos que se calcula que hay más de 2 mil generales, lo que contrasta con los 32 que tiene la vecina república de Colombia. En medio de la grave crisis económica, que ha pulverizado los salarios, los oficiales encuentran poco sentido en medallas que no les garantizan ni siquiera un nivel de vida modesto a sus familias. Lo único de lo que se pueden servir es de su autoridad, como la que tienen en las regiones mineras en actividades ilegales toleradas.
En Caracas, Rafael Uzcategui, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, explica que “esto es lo que el (presidente Nicolás) Maduro llama los ‘Comandantes de la cebolla’: a cada general se le asignó un área de actividad de la que se puede beneficiar”.
La Troncal 10, que va de Ciudad Guayana a Santa Elena del Guairén, en la frontera brasileña, es la única carretera que atraviesa la zona minera y está controlada por numerosos puestos de policía.
Salvo lo que se despacha vía aérea, todo el oro que sale debe atravesarlas, dejando puntos y gramas en manos de los guardias. Lo mismo ocurre con los suministros, especialmente el combustible, quien controla su paso puede decidir qué mina trabaja y cuál no.
Todos los sindicatos tienen que ganarse a los oficiales, aun cuando el gobierno les haya ordenado combatirlos en algunas zonas concretas. El comandante Solís llegó en 2017 y se comportaba bien hasta que en 2018 se transformó por “tantos kilos de oro que le pagaban”, dice la familiar de una víctima.
Plan fallido
Las enormes reservas de oro, bauxita, coltán, diamantes, cobre y hierro fueron ignoradas por décadas en Venezuela, dedicada a explotar el petróleo. Pero en los últimos años la producción de hidrocarburos colapsó al mismo tiempo en que los precios bajaban.
El gobierno se interesó, entonces, por los yacimientos minerales del estado de Bolívar, pero de manera errática.
Vilisa Morón, de la Sociedad Venezolana de Ecología, explica que el fallecido presidente Hugo Chávez incentivó la participación de pequeños mineros en 2008, pero ante el caos resultante introdujo en 2010 el Plan Caura para detener la minería ilegal.
En 2016, Maduro, ya como sucesor de Chávez, anunció la creación del Arco Minero del Orinoco en 111 mil kilómetros cuadrados del estado de Bolívar (es la octava parte del territorio, mayor que el estado de Oaxaca y que la isla de Cuba) y aseguró que empresas de 36 países estaban interesadas en invertir.
Salvo por la creación de una firma conjunta con Turquía, Mibiturven, eso no ha ocurrido. Por requerimiento constitucional, el decreto del Arco Minero debería haber sido sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora. Sin el aval legislativo, el Arco carece de existencia legal.
Además, las compañías extranjeras que invierten en equipos costosos y la seguridad de sus empleados y ejecutivos perciben riesgos demasiado altos ante la minería ilegal, los grupos armados, la corrupción generalizada y los altos niveles de violencia.
Según una investigación de Transparencia Venezuela, la exportación ilegal de oro representó 2 mil 700 millones de dólares en 2018.
En octubre de 2019 el presidente Maduro anunció que cada “gobernación bolivariana” recibirá una mina de oro para financiar su presupuesto, y que se “potenciará” la producción minera en general.
Es difícil ver cómo el gobierno tendrá éxito ahora en lo que tantas veces ha fallado. En el Arco Minero del Orinoco hay tantos hoyos que parecen madrigueras de topos. Es como estar parado sobre el aire.
