Una iniciativa de los diputados Dolores Padierna y Mario Delgado presentada y aprobada en San Lázaro el miércoles 18, libera los candados legales que impiden a la Secretaría de Hacienda abandonar la meta de superávit primario. Con ello el gobierno federal tiene la posibilidad de adquirir millones de pesos en deuda para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.
Con las reformas a las leyes federales de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública impulsadas por el partido Morena en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no sólo elimina la obligación de cumplir con un superávit primario en las finanzas públicas, sino que abre la puerta a la emisión de deuda para enfrentar la emergencia sanitaria.
La deuda pública respecto al PIB se ubica en 45%. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a tocar niveles de 50%, por lo que algunos analistas consideran que la SHCP tendría margen, pero poco tiempo para analizar el tema –como lo pidió el sector privado del país– y emitir bonos respaldados por el gobierno federal para apuntalar la economía y generar empleos.
Una iniciativa de los diputados Dolores Padierna y Mario Delgado, presentada y aprobada en San Lázaro el miércoles 18, le abrió la puerta al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para liberarse de los candados legales que impedían a la dependencia y al equipo hacendario abandonar la meta de superávit primario de 0.7% para 2020, como se estableció en el paquete económico aprobado para este año y que representarían al menos 180 mil millones de pesos, de acuerdo con los cálculos de la iniciativa.
Ese monto, sin embargo, difícilmente podrá alcanzarse debido a que la economía registrará un escenario complejo, por lo que aumentar la deuda pública ronda ya las decisiones que deberá tomar el titular de la SHCP.
Además, la propuesta de Padierna y Delgado introduce un recurso de afirmativa ficta para que, sin autorización del Congreso, Hacienda abandone la meta de superávit primario si en un plazo de cinco días los legisladores no emiten una autorización expresa.
“En el caso de que fuera necesario que el gobierno tomara deuda para disminuir déficit fiscal, defender el empleo y a las empresas, sin duda sería una deuda muy bien utilizada que permitiría una recuperación muy pronto del PIB y que haría que este endeudamiento fuera muy fácil de pagar a la vuelta de uno o dos ejercicios fiscales”, dice a Proceso Delgado, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro.
El miércoles 18 en medio de las demandas del sector privado a la SHCP para que diera a conocer medidas contracíclicas para hacer frente a la turbulencia en los mercados financieros, se presentó la propuesta de Morena para crear el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias con recursos que supuestamente se liberarían del superávit primario, resultado de la diferencia entre ingresos totales menos gastos, sin tomar en cuenta el pago de intereses por deuda pública. En este fondo también se incluirán los remanentes no ejercidos de las prerrogativas ordinarias de los partidos políticos que hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.
La administración de este fondo estará a cargo de la SHCP, previa opinión de un Comité Técnico que estará integrado por al menos un representante de las secretarías de Salud, Economía, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y los que determine el titular del Ejecutivo.
Delgado explica que el objetivo es establecer en la Ley Federal de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública un mecanismo emergente que le facilite al gobierno disminuir la presión sobre las finanzas públicas en aquellos ejercicios fiscales donde se espera un superávit primario pero que, frente a una situación inesperada, se modifica el escenario económico, incluyendo las premisas que se utilizaron para el cálculo de los rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y las finanzas públicas.
“Es justo establecer en la ley un mecanismo para atender estas emergencias que pudieran ser económicas, sanitarias –como las que estamos viendo por el covid-19– y con impacto en la productividad en la economía”, asegura.
Los legisladores de Morena aprobaron esta iniciativa que deberá ser avalada por el Senado por 265 votos.
Registro contable y números alegres
Si bien el gobierno federal asegura que cuenta con finanzas públicas sanas y recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para hacer frente a la crisis sanitaria del covid-19, analistas consultados por la reportera explican que abandonar la meta del superávit primario no es suficiente para consolidar un fondo por 180 mil millones de pesos.
Era un hecho, asegura un operador de fondos, que este año no se iba a alcanzar ese superávit, por lo que parece más un pretexto para abandonar la regla de disciplina fiscal que resultaba inoperante en estos momentos.
Aún más, en 2019 el superávit primario provocó la caída de 0.1% en el PIB, así como problemas para atraer inversión. Ese año, cuando el titular de Hacienda era Carlos Urzúa, se estableció un superávit de 1.1% para las finanzas públicas con respecto al PIB.
Entre subejercicios que frenaron la economía y caída en la actividad económica, esa meta se cumplió parcialmente. En 2018, el superávit primario fue de 0.6%.
Al cierre de esta edición, Citibanamex bajó drásticamente su pronóstico para el PIB, al ubicar una caída de -3% contra un crecimiento previo de 0.7% para el cierre de 2020. Esta circunstancia haría prácticamente imposible consolidar un fondo de 180 mil millones de pesos sin redirigir recursos del PEF y recortar partidas.
Alfredo Coutiño, director de análisis de Moody’s, explica que el gran dilema es que este superávit de 0.7% del PIB estaba basado en una expectativa muy diferente de crecimiento, en un precio del petróleo en niveles de 49 dólares por barril y en otro tipo de cambio del peso frente al dólar.
“Si bien con el tipo de cambio se compensan parcialmente las exportaciones petroleras, el factor más importante es el crecimiento de la economía, que para 2020 fue muy optimista y, por lo tanto, ese superávit primario va a desaparecer si no se ajusta el gasto o se redirecciona el presupuesto de proyectos menos urgentes, como el aeropuerto o Dos Bocas”, dice el analista.
Aún más, agrega, con la declaratoria de recesión en Estados Unidos, es muy probable que la economía mexicana entrará en la misma etapa y eso representará un déficit.
–¿Cómo se consolidará un fondo para emergencias a partir de un superávit que no existirá? –se le pregunta a Coutiño, quien desde Filadelfia dirige el área de análisis económico de Moody’s, donde no se revisan grados de inversión pero sí los escenarios macro para las decisiones de la agencia.
Coutiño considera que en el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias cabría la posibilidad de concentrar los recursos que se obtengan por la emisión de deuda pública. Antes de ello, dice, México necesitaría una regla clara de disciplina fiscal estructural.
Y explica: “Que se establezca claramente en esta regla fiscal estructural que los ingresos del sector público deban estar en función del crecimiento potencial de la economía, no en el estimado; es allí donde entra la controversia”.
Sólo así, asegura el economista, será posible conocer claramente la capacidad de pago de la deuda y la capacidad productiva de la economía.
A su vez, Delgado explica que de ser necesaria la emisión de deuda, el gobierno federal tendría que asegurar la promoción del crecimiento para garantizar la fuente de pago: “Puedes tener un endeudamiento temporal que, con el crecimiento económico, no será una carga demasiado onerosa para la economía del país, siempre y cuando la economía crezca”.
Antes que aceptar que la iniciativa fue pensada para abrir la puerta a la emisión de deuda pública, a pesar de que el gobierno de López Obrador ha destacado que no incurriría en nuevos apalancamientos como los gobiernos neoliberales, Delgado insiste en que el gobierno federal “tiene un escudo porque las finanzas públicas están fuertes, porque tenemos un gobierno ordenado que no gasta más de lo que tiene; que el año pasado cumplió su meta de superávit de 1%, y porque disminuyó el endeudamiento”.
Y agrega: “Este año también se tienen los fondos de estabilización, el gobierno hizo coberturas petroleras y aunque el barril de petróleo se fue por debajo de los 20 dólares, está cubierta buena parte de los ingresos por el petróleo. El tipo de cambio es libre; se tienen reservas por más de 190 mil millones de dólares, una línea de crédito emergente con el FMI por otros 60 mil millones de dólares. En fin, tiene un escudo muy fuerte de defensa el gobierno”.
No obstante acepta que, eventualmente, se van a requerir más recursos en la economía real para preservar empresas y empleos. “Allí serían deseables programas para proteger el empleo y evitar que se destruyan muchas pequeñas y medianas empresas”.
–¿Será necesario emitir deuda? –se le pregunta al legislador morenista, quien fue señalado por partidos de oposición de impulsar la aprobación de esta iniciativa sin entregar el contenido del documento o compartirlo con las fracciones parlamentarias.
Delgado asegura que sí hay un impacto en el PIB, como lo señalaron algunos analistas. El gobierno tendrá que salir a apoyar al sector productivo. “México –dice– no puede echar a andar un programa del tamaño que se propone en Estados Unidos o en Francia para proteger empleos y empresas, pero dentro de sus posibilidades, de sus finanzas, tendrá que acelerar el gasto de inversión y, sobre todo, a aquellas que están vinculadas con insumos y empresas nacionales”.
En el caso de aprobarse esta iniciativa, explica el entrevistado, el gobierno podría usar estos mecanismos y liberar la presión de la tensión fiscal de lograr un superávit, sobre todo para la segunda mitad del año, cuando podría analizarse el impacto en la economía real y un posible impacto en las finanzas públicas.
Coutiño, sin embargo, asegura que el gobierno federal, a través de la SHCP, no tiene un gran margen para esperar al segundo semestre del año para decidir si usará o no deuda pública para impulsar programas contracíclicos. “Si esa minimización en la toma de decisiones tiene el propósito de no incurrir en pánico no se justifica. En realidad, hasta los países con menor ingreso ya declararon una emergencia nacional. En México no se ve que el gobierno responda de manera contundente”.
Y advierte: “Si la economía se desploma, vamos a tener empobrecimiento, pérdidas de trabajo, de mexicanos que viven al día. Volver a los niveles que teníamos antes costará mucho trabajo”.
