Señor director:
Las impresionantes manifestaciones del 8 y 9 de marzo últimos no van a causar ninguna mella en quienes perpetran los feminicidios; ni siquiera entre quienes, sin ser feminicidas, cometen actos de violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, en quienes sí debieran causar una respuesta coordinada y contundente es entre las distintas instituciones del Estado; es a ellas a quienes estuvieron dirigidas las protestas.
Las acciones que formen parte de esta respuesta deben ir desde lo preventivo hasta la procuración e impartición de justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy insistente en destacar su estrategia –que sí la tiene– en el ámbito de la prevención.
Aunque critican el plan del presidente, somos muchos quienes estamos convencidos de que la promoción de la educación y empleo para los jóvenes, junto con la erradicación de la corrupción, rendirán frutos en el largo y mediano plazos.
Donde parece no haber claridad es en el diseño de las estrategias para la procuración e impartición de justicia, quizá porque estas estrategias exigen la coordinación entre las instituciones del Poder Ejecutivo y fiscalías y órganos judiciales en los planos estatal y nacional, lo cual, se entiende, es una tarea extraordinariamente compleja, pero no por ello eludible.
El domingo 8 escuché en la radio una serie de testimonios desgarradores por parte de familiares de mujeres asesinadas y violentadas que han recibido el apoyo de la periodista Frida Guerrera para enfrentarse, precisamente, a distintas instancias de gobierno y a los órganos encargados de procurar e impartir justicia.
Algunos testimonios coincidieron en afirmar que los funcionarios las atendían cuando estaban acompañados por la periodista, pero cuando acudían solas eran ignoradas o, incluso, agredidas.
La estrategia de mediano y largo plazo del presidente López Obrador debe ser reforzada. El papel de la periodista Guerrera y de activistas como David Mancera, en el Estado de México, me llevan a sugerir los siguientes puntos:
1. Establecer un acuerdo de alto nivel entre la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación del cual deriven acciones para prevenir y agilizar la procuración e impartición de justicia en casos de violencia, desaparición de mujeres y feminicidio. Este convenio debería contar con la firma de los gobernadores que más feminicidios tienen en sus estados.
2. Priorizar la atención a los denunciantes que acuden a las oficinas de los ministerios públicos.
3. Establecer módulos de orientación en las agencias del Ministerio Público ubicadas en los lugares de mayor incidencia de estos delitos. Los módulos serían atendidos por funcionarios, por ejemplo, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) o de la Secretaría de Gobernación, y su papel sería el de acompañar a los familiares de las posibles víctimas en la realización y seguimiento de la denuncia.
4. Las fiscalías y procuradurías deberán asegurar que la atención a estos casos será llevada por profesionales con sensibilidad y respeto hacia las víctimas.
5. Todos los involucrados en un caso de feminicidio, desaparición o violencia hacia alguna mujer, como denunciantes y sus acompañantes del Inmujeres o de la Segob, así como policías y jueces, entre otros, deberán actuar hasta la resolución del mismo.
Sin duda, todos queremos vivir en un país más seguro. No heredemos lo mismo que nos fue entregado. (Carta resumida por razones de espacio)
Atentamente,
José de Jesús Vértiz Ramírez
