Señor director:
Con atento saludo nos dirigimos a este importante medio de comunicación con el propósito de hacer valer el derecho de réplica que se consigna en el primer párrafo del artículo sexto de nuestra Constitución federal.
El motivo de este ejercicio lo constituye el contenido de la columna del periodista Ricardo Raphael de la Madrid, que apareció en este medio el domingo 8, páginas 42 y 43, con el encabezado “Mariguana mexicana, negocio para empresas canadienses”, a la que nos referiremos en los siguientes términos:
Primero, una de las razones de ser del dictamen aprobado en lo general por las comisiones legislativas se identifica en el artículo 5 fracción X que se refiere a los ejes rectores del proyecto de ley para la regulación del cannabis, descrito como: “El empoderamiento de grupos de campesinos, agricultores y comunidades en las actividades relativas a la siembra, plantación, cultivo y cosecha del cannabis y sus derivados”.
Lo anterior se cristaliza en las facultades y atribuciones que este dictamen otorga al Instituto Mexicano del Cannabis, para implementar medidas afirmativas en el otorgamiento de licencias, a fin de procurar la incorporación al mercado lícito de las personas y comunidades que se hayan visto afectadas desproporcionadamente por la prohibición, privilegiando desde los considerandos del proyecto las directrices que el Estado deberá seguir para construir un esquema regulatorio transversal y multidisciplinario, con enfoque de Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, Paz y Seguridad; y Salud Pública.
Ricardo Raphael de la Madrid se equivoca, afirmando –quizá por falta de lectura del documento (en el más inocente de los casos)– que el dictamen aprobado es coincidente con intereses que han dado la espalda a los productores nacionales.
Segundo, paradójicamente, Ricardo Raphael de la Madrid pretende que estas dictaminadoras realicen lo contrario de lo que supuestamente defiende.
Con el vacuo argumento de que la palabra “testable” proviene del idioma inglés, afirma calumniosamente a los lectores de Proceso que en ese detalle se encuentra la prueba del dictamen escrito por cabilderos canadienses.
La primera falsedad radica en que esa palabra no se encuentra en ninguna parte del texto aprobado por esta soberanía.
El término que sí aparece en el proyecto es “testado”, proveniente de la palabra latina testari. El objetivo de incorporar los procedimientos de testado y trazabilidad en el proyecto es que el Estado mexicano mantenga el control y la rectoría en todas las etapas de producción, distribución y comercialización.
¿Para qué necesitamos que el Estado tenga el control? Pues, precisamente, para apoyar a las personas y comunidades campesinas, protegiendo la propiedad industrial de las semillas nativas mexicanas, combatiendo así la biopiratería, cuidando la calidad de los productos derivados del cannabis que adquirirán los mexicanos y, sobre todo, prevenir la actividad ilegal de quién actualmente maneja el mercado del cannabis: el crimen organizado.
Es lamentable escuchar diversas voces que pretenden subinformar y desinformar con el interés de que el Estado claudique de sus funciones regulatorias. Más aún, cuando los procedimientos de control que estas comisiones legislativas incorporan en el dictamen no son nuevos y se utilizan en una amplia variedad de productos (alimenticios, agropecuarios, cigarros, licores, medicamentos, derivados del petróleo). Es más, son obligatorios en el comercio nacional e internacional.
Por lo consiguiente, rechazamos categóricamente sujetar a presiones el trabajo legislativo, vengan de donde vengan, más cuando éstas son patrocinadas por los intereses más obscuros en este debate.
Poner orden y límites en un área que ha sido campo fértil para la delincuencia organizada nos enfrenta con aquellos que desearían mantener ligado este tema al desorden y al caos que han traído tantas desgracias al país.
Que quede claro, los legisladores vamos a anteponer el interés superior de México, aprobando una legislación con impacto social en favor de las personas que menos tienen, regulando y manteniendo la rectoría del Estado siempre, le pese a quien le pese.
Atentamente,
Por las comisiones dictaminadoras, los senadores: Julio R. Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia
Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud
Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
