Señor director:
En relación con la publicación del 16 de febrero de 2020, particularmente sobre los reportajes “Los peñanietistas que inflaron OHL”, “Los cabos sueltos en Suiza y Alemania” y “Su captura, símbolo del derrumbe de un paraíso de corrupción”, consideramos necesario aclarar lo siguiente:
Las declaraciones ahí reportadas en boca de Paulo Díez Gargari forman parte de una campaña difamatoria que esta persona ha sostenido contra Aleatica, para engañar deliberadamente a la opinión pública.
Esta campaña de Díez podría ser delictiva, como ya la calificó la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De hecho, la Fiscalía General de la República ha imputado a Díez por difundir información falsa al mercado sobre la compañía, y continúa el proceso legal en su contra.
En sus nuevas declaraciones, el abogado de Infraiber redobló sus esfuerzos para confundir a la opinión pública sobre las divisiones y subsidiarias que pertenecen (i) al grupo español OHL (Obrascón Huarte Laín) y (ii) a Aleatica, que es una compañía separada y completamente independiente.
Es particularmente revelador que en el contexto actual el abogado dirija sus esfuerzos a hacer imputaciones difamatorias sobre Aleatica, que no recibió contrato alguno durante la gestión de Emilio Lozoya.
Los esfuerzos difamatorios se iniciaron cuando el gobierno del Estado de México revocó un contrato a Infraiber –representada por Díez– que le representarían ingresos por miles de millones de pesos. Este contrato se adjudicó a sólo tres meses de la constitución de Infraiber y sin licitación de por medio y, de acuerdo con distintos analistas y medios de comunicación, con precios significativamente por encima de los parámetros competitivos de mercado.
Otro caso de interés que ha trascendido –y que Proceso documentó– fue el contrato que obtuvo el dueño de Infraiber, Pedro Topete, a través de la empresa Viabilis –de la cual Díez también es representante legal– para la construcción del tramo Río de los Remedios-Ecatepec en la autopista Naucalpan-Ecatepec. En este caso se ha informado en los medios que Viabilis vendió su participación y defraudó a varios de sus socios. Las investigaciones sobre el caso continúan abiertas.
En cuanto a las inconsistencias puntuales en las que incurre Díez, vale la pena destacar:
La relación que existió entre Emilio Lozoya y OHL México se limitó estrictamente a su participación como consejero independiente desde octubre de 2010 hasta abril de 2012.
Durante el plazo en que fungió como consejero independiente, Lozoya no tuvo ningún cargo o responsabilidad ejecutiva y tampoco se originó ninguna nueva concesión. Además, mientras Lozoya fue consejero no ocupó ningún cargo público.
El escrutinio desproporcionado de las concesiones de Aleatica y los señalamientos de supuesta cercanía con los gobiernos del PRI refleja una preconcepción maquinada y equivocada que ha sido activamente impulsada por Díez y sus afiliados.
Esto es particularmente evidente si se considera que, al menos, una veintena de autoridades estatales y federales, así como auditores independientes, han investigado y auditado exhaustivamente las diversas acusaciones contra la compañía.
Mediante un análisis basado en información pública, la compañía ha identificado una serie de concesiones de carreteras de peaje que se han otorgado a diversas empresas durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza como secretario de Comunicaciones del Estado de México y secretario de la SCT.
En resumen, durante los periodos de Ruiz Esparza otras empresas recibieron un mayor número de concesiones. El número de concesiones otorgadas a Aleatica en dichos periodos representa solamente una porción menor del portafolio de activos de la compañía. Aleatica tiene inversiones en siete carreteras de peaje concesionadas en México, que fueron otorgadas bajo distintos gobiernos provenientes de partidos políticos diferentes.
Claramente, más de la mitad de las concesiones de Aleatica fueron otorgadas por gobiernos diferentes a los provenientes del PRI.
En abril de 2019 Aleatica anunció un esfuerzo pionero en su tipo: publicó una versión íntegra de los títulos de concesión de las autopistas Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y Viaducto Elevado Bicentenario (VB) que pueden consultarse en el portal www.transparencia-aleatica.com.mx.
La publicación de los títulos de concesión y sus modificaciones es un acto sin precedentes que supera, significativamente, los estándares y requisitos de divulgación de la legislación aplicable. Es una muestra del compromiso que tiene Aleatica con la transparencia.
En cuanto al Derecho de Vía del Viaducto Bicentenario, la compañía reiteró al mercado que el Título de Concesión cumple en su totalidad con lo establecido para operar la concesión. Es importante señalar que las condiciones para competir por la concesión, proceso en el que la compañía participó de buena fe, se anunciaron y publicitaron ampliamente por el gobierno del Estado de México en su momento.
Ninguna autoridad federal de la Administración del presidente en turno ha expresado objeción alguna o cuestionó el derecho del gobierno del Estado de México para iniciar el concurso.
Respecto del Circuito Exterior Mexiquense los incrementos al costo del peaje son autorizados por el gobierno del Estado de México a partir de un reconocimiento de inversiones adicionales. Estas actividades adicionales están debidamente documentadas y las autoridades de la entidad han supervisado y acreditado cada una de estas obras.
A partir de una revisión con la actual administración y –como se anunció en marzo de 2019–, se ha podido realizar un descuento a la tarifa de vehículos ligeros que se mantendrá este año.
Aleatica también ha informado al mercado que toda la documentación de la carretera Amozoc-Perote está en regla y cumple con lo establecido en el Título de Concesión; la compañía ha cumplido con sus obligaciones, así como con la ley aplicable. La compañía no ha sido notificada de investigación alguna al respecto.
Finalmente, el artículo se refiere a “la compañía constructora OHL, hoy Aleatica”, donde procede aclarar que Aleatica nunca ha sido una empresa de construcción. Aleatica es una operadora de concesiones, principalmente carreteras. La empresa tiene como accionista de control al fondo de inversiones australiano IFM Investors, quien ha integrado a las políticas de la empresa sus más altos estándares de transparencia, gobierno corporativo y código de ética.
Esto ha permitido estar, por dos años consecutivos, en el primer lugar en los rankings nacionales de transparencia y buenas prácticas corporativas.
La compañía constructora OHL es ajena a Aleatica y pertenece a un grupo totalmente diferente de accionistas. Aleatica no tiene ningún vínculo –ni corporativo ni contractual– con dicha constructora.
De hecho, hay negociaciones que han sido reportadas en distintos medios de comunicación que señalan que la familia de apellido Amodio (de México) está en negociaciones, vía la empresa CAABSA, para adquirir el control de la empresa constructora.
Es patentemente claro que se trata de compañías diferentes y confundirlas es un intento deliberado de confundir a la opinión pública. Paulo Díez ha decidido, convenientemente, no mencionar estos hechos para evitar una diferenciación entre OHL y Aleatica.
Atentamente,
Pablo Olivera
Director jurídico de Aleatica
