En días pasados, la recién nombrada titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la doctora Mara Gómez, apareció en la nota principal de El Universal como la mala de la película: “Critica a las víctimas y no las atiende”, señala el titular de referencia en un inusitado despliegue informativo.
La verdad de las cosas es que la realidad transita por un sendero muy distinto al sostenido en el título de la citada nota y de lo apuntado en líneas posteriores, donde –se supone– debía desarrollarse lo dicho en el citado titular. Las presiones están, pues, al orden del día. Los intereses creados se niegan a morir; buscan, por el contrario, salir inermes con un perfil como el de Mara Gómez en esa responsabilidad: desafecta a la corrupción y pegada al compromiso de dejar un legado de una CEAV que responda al interés público de la sociedad. Nada más, pero nada menos.
Conocí a Mara a su paso por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde realizó sus estudios doctorales, donde pude apreciar sus principios éticos y su compromiso genuino con el interés público. Si algo la caracteriza es la defensa de los derechos humanos y la atención a las víctimas. Me consta, además, su honestidad y su convicción por hacer las cosas lo mejor posible. Y no es, en modo alguno, un cuadro de la 4T, pero sus cartas credenciales facilitaron su designación en un ambiente siempre convulso cuando se trata de ese tipo de nombramientos por órganos colegiados, como lo es el Senado de la República, donde finalmente salió avante.
Celebré que ella fuese nombrada en ese cargo por tres razones: a) Porque es una mujer firme en sus convicciones para servir y no servirse del puesto; b) porque no iba a administrar la CEAV por razones políticas o por no complicarse la vida; y c) porque ha decidido hacer una cirugía mayor de tal modo que el perfil de la CEAV sea compatible con una defensa integral de las víctimas. El estado de cosas heredado, empero, dejó a la CEAV en una frágil circunstancia judicial e institucional.
Si alguien se toma la molestia de leer las observaciones de 2018 formuladas a la CEAV por la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la fiscalización de la cuenta pública de ese año, podrá ver que el asunto es de pronóstico reservado.
Tuvo 15 observaciones. Entre ellas se señala que: a) La CEAV en ese periodo entregó recursos de forma indiscriminada y en forma discrecional, sin tener criterios para entregar montos; b) la propia ASF señaló que no hay evidencia del acceso efectivo de las víctimas a los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral; c) la CEAV se convirtió en una fuente de entrega de recursos, lo que, por ende, no significa una atención integral; d) la ASF apuntó que el Registro Nacional de Víctimas no es una plataforma nacional, sistematizada, completa ni, por ello mismo, confiable, habida cuenta que hay registros duplicados, más de 2 mil 400 expedientes están rezagados y no se han inscrito en el Registro Nacional de Víctimas, a pesar de que el Comité Interdisciplinario Evaluador emitió los dictámenes correspondientes; e) el propio Comité Interdisciplinario Evaluador tiene un retraso de más de 3 mil expedientes; es decir, no se han dictaminado, razón por la cual las víctimas de un delito federal o violaciones a derechos humanos no han tenido acceso a medidas de reparación.
Por otra parte, la CEAV ha caído en incumplimiento de resoluciones judiciales. Asimismo, la CEAV enfrenta ¡459! amparos, de los cuales ¡323! están pendientes de cumplimiento.
Mara me dice que “el problema es que se ha monetarizado la atención a víctimas, cuando se requiere una atención integral no únicamente económica”.
De cara a ese adverso contexto, Mara se ha propuesto crear un nuevo Modelo de Atención a Víctimas, de acuerdo con el cual: a) El Estado debe responder ante las víctimas de manera integral, con atención psicosocial y los mecanismos que permitan a las víctimas recuperar sus respectivos proyectos de vida, con dignidad e independencia económica; y b) el problema, agrega, es que algunos abogados han encontrado en la CEAV una mina de oro porque cobran por sus servicios entre 40% y 50%, haciendo amparos en los que piden entre 10 y 20 millones de pesos para las víctimas, y donde sus honorarios ascienden casi hasta la mitad de esas cantidades. Estos recursos provienen del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Me dice “que hasta el momento me han impuesto seis multas, cada una por 8 mil 400 pesos, las cuales les he impugnado. No obstante, si los jueces o magistrados determinan que debo pagar esas multas, lo voy a hacer con mucho gusto y desde luego ese dinero saldría de mi propio dinero, no del Estado”.
Mara Gómez está regenerando el tejido social, después de un largo proceso de corrupción en la CEAV, en el más amplio sentido, más por acción que por omisión, con la razón y la responsabilidad por delante. Es de reconocer su valentía de cambiar a fondo su entorno y no administrar el problema, que era lo más fácil para ella. No ha optado por esa postura facilista sino que, por el contrario, ha agarrado al toro por los cuernos, lo que es loable en estos tiempos en que los políticos pagan por ver desde la barrera cómo están pasando las cosas.
A grandes males, grandes remedios, como dice la conseja. No está en la naturaleza de Mara fungir como figura decorativa, sino como partícipe del cambio necesario en la CEAV; de ahí mi reconocimiento y solidaridad con ella, porque gente de ese perfil se necesita urgentemente en los diversos niveles de gobierno para mejorar, por aproximaciones sucesivas, el estado de derecho y formular sólidas políticas públicas.
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