Desde hace años, comunidades indígenas de la Meseta Purépecha decidieron constituirse en concejos autónomos. Y tras expulsar a los partidos políticos tradicionales –PRI y PRD–, comenzaron a ser asediados, por lo que ahora sus representantes piden acogerse al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. La dependencia aún no les responde, dicen los afectados.
NAHUATZEN, MICH.– Hostigamientos, amenazas, encarcelamientos, obstáculos judiciales, restricciones presupuestarias y violencia de género son los costos que han pagado los integrantes de concejos indígenas de la Meseta Purépecha tras expulsar a los partidos políticos de sus comunidades. Desde hace años ellos le apostaron a la autonomía y autodeterminación, como lo hicieron sus vecinos de Cherán en 2011.
Hastiadas de la tala inmoderada de bosques, la corrupción de autoridades municipales, la inseguridad y la polarización, las comunidades indígenas de Comachuén, Arantepacua, Sevina y la cabecera municipal, Nahuatzen, recurrieron al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) a partir de 2015 para acabar con esos problemas que los pueblos purépechas atribuyen a los partidos políticos.
No obstante, poco ha valido el reconocimiento de su derecho de autodeterminación ante la trabas del gobierno del perredista Silvano Aureoles, así como al manejo electorero de programas federales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y de la Secretaría de Bienestar, según las denuncias presentadas por autoridades indígenas a integrantes de organizaciones civiles, representantes del gobierno federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes llevaron a cabo una misión de observación por la región entre el 17 y el 20 de febrero.
Para las cuatro comunidades indígenas, que representan 75% de los 28 mil habitantes del municipio de Nahuatzen, considerado el más marginado de Michoacán, el hostigamiento judicial y la violencia política en su contra se agudizó después de las elecciones concurrentes de 2018, proceso que las autoridades autónomas solicitaron cancelar a nivel municipal.
A pesar de que los concejos indígenas solicitaron formalmente a las autoridades electorales, estatal y federal, instalar casillas únicamente para las elecciones federales y estatales, se validó el resultado de poco más de mil 500 votos –15% de la lista nominal de Nahuatzen– y David Otlica Avilés, candidato del PRD, llegó a la alcaldía.
Meses después, en abril de 2019, Otlica Avilés fue asesinado. Mayra Morales, quien fungía como tesorera –y como tal, según los concejales de las cuatro comunidades indígenas, puso trabas a la entrega de recursos públicos ya presupuestados–, ocupó la vacante.
Integrantes de los cuatro concejos comunitarios indígenas comentaron a la reportera durante un recorrido que durante años los alcaldes que se alternaban el poder, del PRI y el PRD, les informaban por medio de los jefes de tenencia o representantes de las comunidades ante el municipio, el monto del presupuesto anual que les correspondía.
La autonomía presupuestal dio la certeza a las comunidades indígenas que durante años los gobiernos emanados de partidos políticos hicieron un uso discrecional de los 112 millones de pesos que se destinan al municipio de Nahuatzen, tres cuartas partes eran para la cabecera, Sevina, Comachuén y Arantapacua.
Así, de los 10 millones que en promedio correspondían legalmente a Arantepacua, sólo se le comunicaba la ejecución de 2.5 millones; de los 13 destinados a Sevina, la comunidad se enteraba sólo de la ejecución de obras por dos millones como máximo; en Comachuén, de los 17 presupuestados, sólo se les avisaba que se ejecutarían tres millones, mientras que de los 32 programados para la cabecera municipal no hay certeza de los montos que se ejercieron realmente.
“En Nahuatzen no vimos obras, sólo vimos cómo los políticos de todos los partidos se hacían de casotas y ranchos”, dice América Huerta Espino, integrante del concejo indígena de Nahuatzen.
Y añade: “Ahora los políticos se unen contra los concejos indígenas porque quieren seguir manejando el dinero. Por eso, desde marzo del año pasado la presidenta municipal nos suspendió la entrega de recursos”.
Cooperaciones voluntarias, minuciosamente registradas y exhibidas en cartulinas en las paredes de las oficinas de los gobiernos comunitarios, han permitido a los concejos de la Meseta Purépecha sortear las suspensiones de fondos por parte del ayuntamiento, el cual ha impugnado las sentencias del TEEM que ordenan la entrega de fondos, siendo el caso extremo el de Sevina, comunidad contra la que el ayuntamiento litigó su autonomía financiera en 15 ocasiones.
El pasado 14 de enero, cuando exigieron los presupuestos a la alcaldesa Morales, los gobiernos indígenas fueron reprimidos por la policía del estado en Nahuatzen. Roberto Lucas Huerta, vecino de la localidad, sufrió heridas de gravedad.
Otra estrategia de amedrentamiento, en la que participan varios actores, es la creación de concejos paralelos. Los forman militantes de partidos políticos que incluso han recurrido al TEEM para impugnar la legitimidad de los auténticos, provocando la imposición de consultas ciudadanas, lo que ha ocurrido en Nahuatzen, Sevina y Comachuén.
Según los concejales indígenas, en esas acciones han detectado a funcionarios federales vinculados con Morena. Ellos, dice, hacen uso clientelar de los de programas de la Secretaría de Bienestar y del INPI, que en la región son coordinados por Elizabeth Torres Magaña, excandidata de Morena a la alcaldía de Nahuatzen; y Celerino Felipe Cruz, originario de Comachuén, respectivamente.
María Eugenia Gabriel Ruiz, coordinadora del primer concejo en Comachuén, cuyo mandato fue relevado precisamente por una consulta ordenada por el TEEM y organizada por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, el domingo 23 de febrero, comenta:
“Celerino y Elizabeth operan en contra de los concejos. Él empezó a registrar en los padrones a gente que simpatiza con los partidos en octubre de 2018.
“Se condiciona a los beneficiaros de los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, a los de Sembrando Vida, a estudiantes del Colegio de Bachilleres, a los adultos mayores, a los padres de familia de las escuelas, para que acudan a las asambleas y actúen en contra de los gobiernos autónomos.”
Durante la gestión de poco más de un año, Gabriel Ruiz y otras dos concejales, Rosa Ramos Vargas y María de Lourdes Cruz Ramos, fueron blanco de ataques por su condición de mujeres.
El 19 de noviembre del año pasado una turba incitada por los opositores al concejo intentó linchar a María Eugenia, mientras Rosa fue encañonada en una asamblea y a María de Lourdes le espetaron que a los hombres de Comachuén “no los iba a gobernar una mujer”.
Acompañadas por la organización local Red Solidaria de Derechos Humanos (RSDH), las tres mujeres y otros cinco integrantes del primer concejo indígena de Comachuén presentaron el año pasado una solicitud para acogerse al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. Aún no les tienen respuesta.
Integrantes de los concejos de Nahuatzen y de Arantepacua también están a la espera de que ese mecanismo de protección los ampare ante una larga lista de agresiones. A ellos los acompañan las organizaciones Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, respectivamente.
En Nahuatzen, el 23 de abril de 2019 opositores al concejo trataron de quemar el espacio donde despacha. Son 26 personas quienes requieren medidas de protección, entre ellos los concejales José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza, presos en el penal de Mil Cumbres.
Ambos fueron detenidos en noviembre de 2019, junto con José Gerardo Talavera Pineda, propietario de la casa comunal. A los tres se les acusó de robo de vehículo, robo calificado y sabotaje en agravio del municipio de Nahuatzen, hechos presuntamente ocurridos el 1 de noviembre. En esa fecha, los dos concejales estaban en Pátzcuaro, en una reunión con autoridades del gobierno estatal, mientras Talavera Pineda estaba en Morelia, donde reside.
En Arantapacua, la lucha por la autonomía indígena estuvo ligada a la exigencia del esclarecimiento de actos de represión de la policía del estado ocurridos el 5 de abril de 2017, que tuvieron como saldo cuatro ejecuciones de ciudadanos, unas 300 personas lesionadas, decenas de domicilios allanados y 10 detenciones arbitrarias, que se sumaron a 38 ocurridas en la víspera.
En la incursión violenta a la comunidad indígena –originada por la exigencia de solución en un conflicto de tierras– habría participado personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Policía Federal, según testimonios y videos registrados por la CNDH, que hasta ahora no ha emitido recomendación por esos hechos.
“La exigencia de justicia fue el motivo para buscar la autodeterminación, y eso nos ha generado hostigamientos y amenazas”, recuerda Simón Jiménez Morales, exintegrante del primer concejo de Arantepacua.
Jiménez, miembro de la Comisión de Justicia, junto con otras cuatro personas, cuenta: “Empezaron a amenazarnos a los tres días de la masacre. Cuando acudimos a una reunión informal en las oficinas de la Policía Federal en Uruapan; desde entonces no han cesado”.
Los cinco buscan el cobijo del mecanismo de protección, ante la falta de garantías de seguridad en Michoacán.
Para Claudia Ignacio Álvarez, de la RSDH, la incorporación de las autoridades indígenas al mecanismo de Protección implica “un reconocimiento muy importante por parte del Estado de que ellos, además de ser autoridades tradicionales en su comunidad, son defensores de los pueblos indígenas. Ellos cuidan los bosques y defienden la libre autodeterminación de la comunidad. A fin de cuentas, tienen el mismo derecho a la protección que una persona defensora que trabaja en una organización no gubernamental”.
