El jueves 5, luego de una reunión en la que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa entregaron una carta a los presidentes de los poderes Ejecutivo y Judicial, Andrés Manuel López Obrador y Arturo Zaldívar, respectivamente, en la que piden terminar con los pactos de silencio y actuar contra varios exfuncionarios peñanietistas presuntamente implicados en ese caso, ambos funcionarios y el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, firmaron un convenio de colaboración. De inmediato la fiscalía giró una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, quien construyó la “verdad histórica” cuando Jesús Murillo Karam era procurador general de la República.
Nuevas evidencias acreditan la participación activa de miembros del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en presunta complicidad con narcotraficantes, por cuyo ocultamiento y manipulación la Fiscalía General de la República (FGR) ya ejerció acción penal contra Tomás Zerón de Lucio, quien fue el director de la Agencia de Investigación Criminal que construyó la “verdad histórica” del entones procurador Jesús Murillo Karam.
Zerón de Lucio, quien armó la hipótesis de que los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron incinerados en el basurero de Cocula, es uno de los “actores clave” en la nueva investigación, por lo que los padres de los normalistas solicitaron proceder penalmente contra él, “no sólo por el ánimo de que rinda cuentas, sino ante todo para romper los pactos de silencio, de suerte que colabore en el esclarecimiento”.
Y luego de que los padres presentaron personalmente esta petición a los presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la reunión del jueves 5, Proceso confirmó que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, solicitó a un juez la orden de aprehensión contra Zerón.
Esta decisión se deriva del “convenio de colaboración” firmado ese mismo día entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como por la FGR, para esclarecer el caso Ayotzinapa y, “en su oportunidad, hacer del conocimiento de la sociedad la verdad” de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
“Esta ha sido siempre la exigencia de los padres y de las madres: Para romper el pacto de silencio que existe deben ser detenidos el exprocurador Jesús Murillo y Tomás Zerón, quienes fueron los encargados de distorsionar la investigación con su verdad histórica”, subraya Felipe de la Cruz, representante de las familias de los 43 normalistas.
Luego de la reunión del jueves 5, que considera “un hecho inédito en la historia de México”, De la Cruz confía en que se llegue a los más altos responsables del encubrimiento de la desaparición forzada de los jóvenes, incluyendo el expresidente Enrique Peña Nieto.
“Peña Nieto tuvo una velada protección a quienes cometieron este crimen. Él afirmó que los jóvenes habían terminado sus vidas en el basurero de Cocula, cuando científicamente se ha comprobado que eso es mentira. Los implicados son él, Miguel Ángel Osorio Chong y todo el gabinete de seguridad en ese momento.”
–¿Hasta ese nivel se llegará si se rompe el “pacto de silencio”?
–Sí, precisamente. Dice el presidente López Obrador que él no tiene compromisos con nadie y caiga quien caiga. Esperemos que esa frase no se quede en el aire, como cuando Peña Nieto dijo lo mismo.
En un escrito que entregaron a López Obrador, Zaldívar y Gertz, así como a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, los padres de los normalistas también pidieron ir contra los militares que participaron en la noche de Iguala.
En el escrito de tres fojas, del que Proceso tiene copia, los padres de los 43 también exigen “proceder penalmente contra elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones y/o que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos: al menos el capitán José Martínez Crespo, (el) teniente Joel Chávez (y el) soldado Eduardo Mota”.
Le exigen a López Obrador que “reitere sus instrucciones a las Fuerzas Armadas para que colaboren proactivamente, entregando toda la información vinculada directa o indirectamente con el caso y el contexto en que ocurrió, sin encubrir a ningún elemento que haya estado involucrado en la desaparición de nuestros hijos, en la irregular investigación que lo subsiguió, o más ampliamente en la red criminal que operaba en Guerrero al momento de los hechos”.
Y reprochan: “Nosotros hemos tenido la disposición de acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional y al 27 Batallón de Infantería para escuchar a los mandos castrenses, pero no sentimos que en reciprocidad el Ejército y la Marina estén apoyando proactivamente los trabajos de esclarecimiento”.
“Nuevos hallazgos”
Y es que, según información que se ha incorporado a la carpeta de investigación que integra la FGR, miembros del Ejército sí detuvieron a un grupo de estudiantes normalistas y los llevaron a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.
De acuerdo con los nuevos hallazgos de las instituciones involucradas, los militares interrogaron al grupo de normalistas y después los entregaron a miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos, quienes a su vez habían sometido a otro grupo de los jóvenes.
Además de la nueva información que tienen las autoridades federales, la intervención de militares en la noche de Iguala está acreditada en el mismo expediente desde entonces, como la participación del capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, quien llegó acompañado de 12 militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército a la comandancia de la Policía de Iguala.
El juez de barandilla de la base de la Policía Municipal de Iguala, Ulises Bernabé García –a quien Estados Unidos concedió asilo político–, fue el primero en revelar que miembros del Ejército estuvieron antes, durante y después de la desaparición de los normalistas, según los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher (Proceso 1989).
“Hay indicios, datos, elementos que nos hacen establecer que los estudiantes no fueron llevados al basurero de Cocula y que muy probablemente fueron divididos en varios grupos y llevados a algunos lugares”, asegura Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, quien prefiere no entrar en detalles.
“Esto es lo que hoy en día parece delinearse en términos procesales, a partir de la información de las nuevas investigaciones. Pero todavía no queremos decir que esta es la nueva teoría del caso, todavía no, hay que seguir investigando”, aclara el abogado, quien cree que la detención de Zerón de Lucio y eventualmente Murillo Karam es vital para conocer la verdad.
“Los padres han hecho un análisis de que, a partir de la detención de altos funcionarios, vamos a lograr nosotros romper esos pactos de silencio y de impunidad, porque alrededor de ellos se tejió mucho. La prueba más clara de ese encubrimiento, de ese pacto de impunidad, es el tema de la verdad histórica”, subraya.
“Atrás de la verdad histórica están los nudos que pueden llevarnos al esclarecimiento de los hechos, los nudos que hay que desatar para llegar a la verdad. Los que urdieron la verdad histórica son parte de este pacto de silencio y de impunidad que hay. En la medida en que se ejerza acción penal contra ellos, vamos a lograr a romper esos pactos. Esto es de primer orden.”
Acciones prioritarias
Pese a la voluntad de López Obrador por esclarecer el caso, un subsecretario “comprometido con el caso”, un “fiscal especial de probada honestidad” y la asistencia internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los padres de los 43 entregaron una “propuesta de acciones prioritarias para redoblar los esfuerzos en el esclarecimiento de los hechos”.
En la reunión con los titulares de los dos poderes del Estado y la FGR propusieron también elaborar un cronograma de trabajo “que nos permita asegurar la concreción de la voluntad política expresada en metas concretas y medibles que nos permitan evaluar avances”.
Además de ejercitar acción penal contra Zerón de Lucio y los militares José Martínez Crespo, Joel Gálvez y Eduardo Mota, los padres de los 43 piden también a la FGR “proceder penalmente con nuevas acusaciones” contra elementos de las policías municipales de Huitzuco (nueve) y Tepecuacuilco (uno), así como un miembro de la Policía Ministerial de Guerrero y tres de la Policía Federal.
Y sobre los funcionarios del gobierno de Peña, que desde la Procuraduría General de la República construyeron la denominada “verdad histórica”, el documento exige a la fiscalía que encabeza Gertz Manero:
“Proceder penalmente en contra de actores clave de la anterior administración por las irregularidades cometidas en la investigación, aprovechando las determinaciones de la Visitaduría General, comenzando por Tomás Zerón de Lucio, no sólo por el ánimo de que rinda cuentas, sino ante todo para romper pactos de silencio, de suerte que colaboren en el esclarecimiento.”
Los padres solicitan, además, “nuevas acusaciones contra personas que han recuperado su libertad, siendo actores clave en los hechos”, como Gildarlo López Astudillo, Oziel (sic) Benítez Palacios, o que están próximos a ser liberados, como Sidronio Casarrubias, César Nava, Francisco Salgado Valladares, así como la detención de varios fugitivos.
También plantean a la FGR formular nuevas acusaciones contra personas que pueden tener información relevante y que son procesadas por asuntos ajenos a los ataques a los normalistas, como Víctor Hugo Benítez Palacios, Nicolás Nájera Salgado, Alfredo Paz Carranza y Walter Deloya Tomás.
“Agotar la investigación de la dimensión trasnacional de los hechos, interrogando y ofreciendo incentivos a detenidos de Guerreros Unidos en Chicago (caso Pablo Vega Cuevas), así como buscar colaboración con la DEA y Departamento de Justicia (de Estados Unidos) para ahondar en las investigaciones del grupo criminal Guerreros Unidos que puedan ser susceptibles de extradición.”
Los padres de los 43 normalistas también plantean acciones específicas al Poder Judicial, encabezado por Zaldívar:
“Por medio de Acuerdo del Consejo de la Judicatura de la Federación designar a un único órgano jurisdiccional que resuelva los conflictos competenciales entablados alrededor del caso Ayotzinapa y cuya resolución será observada ante nuevas acusaciones que sean presentadas por la Fiscalía General de la República.”
Y es que, según el representante de los padres de los normalistas y el defensor, el Poder Judicial ha formado parte también del “pacto de silencio”, porque ha entorpecido la acción penal contra los implicados.
“Hemos encontrado ciertas trabas de los jueces federales, en el sentido de no querer atraer el caso y se echan la bolita con otros jueces”, subraya De la Cruz. “Los jueces, con criterios sumamente legalistas, se declaran incompetentes”, completa Rosales.
Precisamente por eso, en la reunión del jueves 5, López Obrador, Zaldívar Lelo de Larrea y Gertz Manero firmaron un convenio de colaboración “para el esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa”.
“Primero: Realizar y colaborar en todos los actos que resulten necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente en el estado de Guerrero, fecha en la cual aconteció la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos y la muerte de seis personas, incluyendo a tres normalistas, mejor conocido como el caso Ayotzinapa.
“Segundo: Reparar las violaciones cometidas a los derechos humanos de las víctimas, en concordancia a los principios de un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad a la que tienen derecho todos los mexicanos.
“Tercero: Dar seguimiento de manera puntual y permanente al caso Ayotzinapa, para no dejar en el olvido los hechos derivados del mismo y, en su oportunidad, hacer del conocimiento de la sociedad la verdad.”
En las acciones que le demandan a López Obrador, los padres le piden que reitere a su gabinete la instrucción para que todas las dependencias de la administración pública federal colaboren con la comisión que encabeza Encinas, particularmente las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública.
También piden a López Obrador que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que investigue la situación financiera de personas implicadas en la desaparición, como los exfuncionarios federales, estatales y municipales, así como presuntos criminales.
“Instruir a la Unidad de Información Financiera (sic) que colabore estrechamente con la Covaj y la FGR para investigar a detalle la situación financiera de personas prioritarias que pueden estar involucradas en los hechos (hermanos Casarrubias Salgado, hermanos de Benítez Palacios, Abarca, María de los Ángeles Pineda) y/o en las irregularidades cometidas en la investigación (Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio, Gualberto Ramírez Gutiérrez).”
Y concluyen: “Señor presidente, si bien reconocemos su disposición para no dejar de atender nuestra legítima demanda de justicia, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por el hecho de que siga pasando el tiempo sin que la desaparición forzada de nuestros hijos se haya aclarado.
“Estamos en un momento en el que, si usted no instruye acciones extraordinarias y no trabajan todas las instituciones coordinadamente, no romperemos los pactos de silencio que hoy nos impiden conocer el paradero de nuestros hijos.”
