Un funcionario del gobierno mexicano es contundente: “Vamos contra todos. No hay distingos. Es contra todos los corruptos del sexenio pasado y también los del anterior”. La fuente habla de políticos y militares de alto rango que presuntamente tuvieron nexos con el crimen organizado y que Estados Unidos pedirá en extradición. Esa información es confirmada a este semanario por funcionarios estadunidenses.
Washington.– El gobierno estadunidense tiene expedientes judiciales en los que acusa de narcotrá-
fico y corrupción a políticos y militares mexicanos de alto rango que tuvieron puestos públicos en los dos sexenios pasados y que serán solicitados y entregados en extradición, revelan a Proceso funcionarios de México y Estados Unidos.
“Hemos sido informados en avance,
por parte del gobierno del presidente Trump, que tienen expedientes criminales contra altos funcionarios que integraron los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón”, dice al reportero una fuente del gobierno federal mexicano.
“También nos han adelantado que encausarán a generales y almirantes que, al igual que los exfuncionarios, serán acusados de corrupción o narcotráfico”, subraya el funcionario, quien exigió el anonimato.
Funcionarios de los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos –que, como sus contrapartes de México, hablaron a condición del anonimato– corroboran a este semanario la existencia de los expedientes judiciales.
“Es exitosa y notable la colaboración en el combate al narcotráfico y corrupción que tenemos con el gobierno del presidente López Obrador y con la Fiscalía General de la República. El resultado es la elaboración de expedientes criminales bien sustentados”, indica uno de los funcionarios del gobierno estadunidense.
–¿Expedientes criminales contra quiénes y por cuáles cargos? –pregunta el reportero al funcionario del Departamento de Justicia.
–Políticos, exfuncionarios y militares de alto nivel que formaron parte de gobiernos estatales y federales en los últimos años –responde.
El funcionario del Departamento de Estado precisa que se abrieron causas criminales en Estados Unidos por corrupción y narcotráfico contra exsecretarios de Estado, gobernadores y exgobernadores, militares de alto rango en activo y retirados, así como contra funcionarios y exfuncionarios federales y estatales.
Los expedientes criminales se encuentran ya elaborados y sellados en cortes federales estadunidenses en California, Arizona, Texas, Nueva York, Washington y Atlanta, entre otras entidades.
“Vamos contra todos. No hay distingos. Es contra todos los corruptos del sexenio pasado y también los del anterior; aunque en ese nos está costando un poco más de trabajo, porque prescriben los delitos”, subraya otro alto funcionario del gobierno federal mexicano.
“Si hay sustento y se agotan los procesos legales aquí, el acusado se va en extradición a Estados Unidos, como será el caso del general Eduardo León Trauwitz”, añade la fuente del gobierno federal mexicano.
El funcionario rechaza dar detalles del caso del brigadier León Trauwitz y señala que éste sería el primer militar mexicano de alto rango entregado a las autoridades judiciales estadunidenses.
León Trauwitz –quien fuera jefe de seguridad y escolta de Enrique Peña Nieto cuando éste fue gobernador del Estado de México– es acusado por agencias federales de Estados Unidos –como la DEA y el FBI– de colusión y haber brindado protección a Los Zetas, a cambio de sobornos.
En la historia de la colaboración binacional en el combate al trasiego de drogas es inédita la extradición a Estados Unidos de militares, especialmente de efectivos de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Esto está cambiando. El presidente López Obrador va con todo contra los corruptos, los narcotraficantes y quienes hayan colaborado con ellos, sin importar quiénes sean”, acota el funcionario mexicano.
Un general y un exgobernador
Las dos fuentes del gobierno de Donald Trump consultadas por Proceso no corroboran ni desmienten el dato de la eventual extradición por delitos de narcotráfico de León Trauwitz –cuyo paradero se desconoce–, pero anotan que tienen garantías del gobierno de México de que les entregarán a quienes estén coludidos con el crimen organizado.
El general identificado por el funcionario mexicano como seguro primer militar en ser entregado en extradición al gobierno de Trump, era jefe de Servicios de Seguridad Física de Pemex cuando ocurrió la explosión en el edificio B-2 (31 de enero de 2013) de la paraestatal en la Ciudad de México (Proceso 1892).
Protegido y consentido por Peña Nieto –siendo éste presidente– y pese al incidente de la explosión en Pemex, en 2017 León Trauwitz fue asignado a la protección de los ductos petroleros. Comandaba una fuerza de 2 mil 500 efectivos del Ejército y la Marina cuando el 3 de mayo de 2017 se dio el enfrentamiento entre militares y huachicoleros en Palmarito, Puebla (Proceso 2115).
Al brigadier se le implicó también en actos de presión sobre las bancadas legislativas del PRI entre septiembre de 2014 y enero de 2016, para crear una “ley a modo” de combate al robo de combustible, que no incluyera la extinción de dominio ni el aseguramiento de las gasolineras que vendieran hidrocarburos robados (Proceso 2202).
Otro personaje que posiblemente sea extraditado es Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit. El pasado 28 de febrero Mike Pompeo, secretario estadunidense de Estado, apeló a dos leyes de su país para acusarlo de corrupción y vinculación con el narcotráfico.
Evocando la Ley Global Magnitsky de Rendición de Cuentas en Derechos Humanos, Pompeo anunció que le suspendían la visa estadunidense (en caso de tenerla) a Sandoval; a su esposa, Ana Lilia López Torres; a su hija, Lidy Alejandra Sandoval López; y a su hijo, Pablo Roberto Sandoval López.
Esa ley la utiliza el Departamento de Estado para prohibir el ingreso a territorio estadunidense de ciudadanos extranjeros abiertamente corruptos, implicados en violaciones de los derechos humanos y genocidio, entre otros delitos definidos en la Carta Magna de Protección a las Garantías Individuales de la ONU.
Pompeo invocó además la Ley Kingpin del Departamento del Tesoro, que designa a “narcotraficantes significativos”, para señalar los presuntos vínculos de Sandoval con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y con el de los hermanos Beltrán Leyva.
En Estados Unidos es delito grave –obstrucción de la justicia– revelar el contenido de encausamientos judiciales sellados y en posesión de una corte federal. Los expedientes criminales sólo se abren una vez que el acusado, en específico cuando se trata de extranjeros, está en territorio estadunidense bajo la custodia de alguaciles federales y luego de que un Gran Jurado haya avalado los cargos.
Ejemplo de esto es el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, cuyo expediente con las acusaciones de narcotráfico que le imputan sólo se abrió cuando fue detenido y estuvo en custodia de los alguaciles el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, pese a que llevaba varios años viviendo libremente en Estados Unidos.
Otras extradiciones
La decisión sobre la extradición de León Trauwitz no tiene vuelta de hoja, afirma el funcionario del gobierno de AMLO.
“Va para allá (Estados Unidos) como todos los narcotraficantes que han pedido el Departamento de Estado y el de Justicia. Para qué los queremos aquí, si luego resulta que por decisiones extrañas de jueces y por los huecos en nuestras leyes quedan en libertad. Los vamos a extraditar”, sostiene.
Otras fuente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también fue consultada, se abstiene de comentar sobre los presuntos generales y almirantes mexicanos con expedientes criminales en Estados Unidos por narcotráfico u otros delitos.
“Es algo que se ha venido diciendo, cierto, pero yo no sé si ya han notificado oficialmente que tienen casos contra este tipo de militares”, dice el funcionario mexicano con quien se coteja el dato.
En lo que va de la presidencia de López Obrador se han extraditado a Estados Unidos unos 40 individuos relacionados con tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
Acusar a políticos y funcionarios mexicanos de colaboración con los cárteles del narcotráfico y pedirlos en extradición no es un acontecimiento nuevo en la historia judicial de Estados Unidos. Lo nuevo es la determinación del gobierno de López Obrador de entregarlos sin poner reparos.
Hasta antes del triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de 2000, las presidencias priistas –como las de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo– hacían malabares jurídicos para evitar o retrasar la extradición de criminales y narcotraficantes solicitados por Estados Unidos, por temor a que delataran su asociación con presidentes municipales, gobernadores o funcionarios federales de alto nivel, amén de mandos altos y medios de la Sedena.
Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia se incrementaron paulatinamente las extradiciones de criminales y narcotraficantes a Estados Unidos, lo que aumentó en el sexenio de Calderón, como parte de la cooperación bilateral enmarcada en la Iniciativa Mérida.
El 19 de enero de 2017 Peña Nieto no tuvo más alternativa que extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán, líder de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa.
La determinación de enviarlo a Estados Unidos la tomó Peña Nieto al ser informado por la Procuraduría General de la República que la DEA tenía información de que El Chapo ya planeaba huir del centro de detención de alta seguridad en Ciudad Juárez, donde estaba desde su recaptura.
El temor de los gobiernos priistas respecto a los juicios de capos mexicanos en Estados Unidos quedó de manifiesto con el caso del Chapo.
En 2018 ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, en varias audiencias del juicio contra el capo sinaloense salieron a relucir nombres de políticos, gobernadores, secretarios de Estado, policías federales, militares y hasta los de los expresidentes Calderón y Peña Nieto por presunta colaboración con el narcotráfico mexicano.
Ejemplo de esto y sus consecuencias es García Luna, a quien Jesús Zambada García, El Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada –entre otros testigos del gobierno de Estados Unidos para incriminar a Guzmán Loera–, acusó de recibir millones de dólares a cambio de protección e información para el Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva.
