El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido dar impulso a la vivienda para las personas de escasos recursos, pero en la práctica alista un recorte de mil 850 millones de pesos al presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el organismo encargado del mejoramiento de la vivienda social en áreas urbanas.
La propuesta para reasignar los recursos a la dependencia fue presentada el pasado 27 de febrero por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Conavi, lo que desató la oposición de otros funcionarios del gabinete y de la propia titular de la Comisión, Edna Elena Vega Rangel.
De acuerdo con documentos consultados por Proceso, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, solicitó eliminar el rubro de vivienda social que maneja la Conavi a través del Programa de Mejoramiento Urbano, con el propósito de transferir mil 850 millones 23 mil 900 pesos al Programa Integral de Barrios que administra la Sedatu.
La transferencia de recursos se pretende realizar mediante la firma de un convenio exprés que obliga a la Conavi a ceder más de 30% de su presupuesto a la Sedatu, convenio que fue impugnado por los representantes de las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Energía (Sener), quienes estuvieron presentes en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Conavi.
Sin embargo, la solicitud para la transferencia de recursos no se concretó por la advertencia del Órgano Interno de Control (OIC) de la Conavi de que la firma del convenio violaría la ley si no se cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y si no se cambian las reglas de operación de la Conavi, pasos que la Sedatu intentó saltar para acelerar el gasto en equipamiento urbano y remodelación de espacios públicos, como parques, centros culturales o deportivos y construcción de calles integrales.
El rechazo de los dos representantes de la SFP fue tajante: el contralor interno, Daniel Alberto Lejarazú, advirtió que la aprobación de la firma del convenio en la sesión extraordinaria, sin cumplir los pasos previos, presentaría una observación de responsabilidad administrativa en caso de que se avalara cualquier acto ilegal por parte de la Junta de Gobierno.
El subdelegado comisario público de la SFP, José Alberto Leónides Flores, también expresó su rechazo al convenio. Advirtió que el recorte de recursos podría “dejar inoperante” a la Conavi, pese a que el impulso a la vivienda social fue declarado prioritario dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Leónides Flores manifestó su preocupación por “saber hasta qué grado puede afectarse la operación de la Conavi con estas determinaciones que van a tomar, porque tal vez a la Conavi la van a dejar inoperante”.
Una semana después de externar su rechazo a la transferencia de recursos, el funcionario fue cesado.
A su vez, el representante de la Sener en la Junta de Gobierno, Alfonso López Alvarado, advirtió que la transferencia de recursos destinados originalmente a la construcción de vivienda social afectaría el dinero etiquetado para la reconstrucción de hogares afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, otra de las prioridades de la administración de López Obrador.
Procedimientos en disputa
La sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Conavi se llevó a cabo en las instalaciones que comparte con la Sedatu en el sur de la Ciudad de México.
Desde el inicio la reunión fue tensa. La subsecretaria Carina Arvizu puso la orden de su jefe sobre la mesa: los mil 850 millones de pesos que Conavi será obligada a ceder se destinarán a obras de equipamiento e infraestructura en los cuadrantes que la secretaría está interviniendo.
“¿En qué se va a usar el recurso que se transfiera? En obras de equipamientos, de infraestructura y temas de movilidad… ¿Esto qué quiere decir? Pues escuelas, bibliotecas, parques, centros de salud”, argumentó Arvizu.
Edna Elena Vega advirtió que el recorte al presupuesto de la Conavi para fortalecer un programa de la Sedatu implica “que el componente de vivienda se cancele” para destinar los recursos a obras diversas.
“Entonces sí implica reducir sustancialmente el recurso de la Conavi a partir de esta decisión presidencial. Eso, sin duda, es un hecho”, insistió.
En la reunión, López Alvarado también cuestionó la operación planteada por la Sedatu y la prisa por transferir los mil 850 millones de pesos. “Este tema de la transferencia de recursos nos toma un poco de sorpresa, dado que en las reuniones anteriores se había planteado… inclusive antes de que empezara 2020 se decía que el presupuesto planteado para la vivienda estaba corto”, sostuvo el director general de Contratos Petroleros de la Sener.
Pero la oposición más fuerte provino de los dos escaños que la SFP ocupa en la Junta de Gobierno de la Conavi: el del comisario público y el del contralor interno o encargado del OIC.
El titular del OIC, Daniel Alberto Lejarazú, advirtió que se violaba la normatividad interna y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que marca en su artículo 58 la obligación de consultar al Congreso de la Unión cualquier reducción de recursos a un programa de atención a grupos vulnerables, rubro que, a juicio del funcionario, incluye la vivienda social.
“Lo que van a hacer en este momento estaría en la ilegalidad. No existe ese supuesto (de la modificación de las reglas de operación y la autorización de la SHCP), no lo hay, puede ser que en un mes exista, pero no están ahorita las condiciones legales para llevarlo a cabo. Nosotros sólo somos los que observamos y vamos a actuar en consecuencia cuando se viole la legalidad”, amagó Lejarazú.
Pese a que la Sedatu pidió un voto de confianza para acelerar la transferencia de recursos, al final la Junta de Gobierno concluyó sin que la medida se aprobara.
Sin embargo, el miércoles 11 la propuesta se volverá a discutir. De aprobarse, el recorte al presupuesto de vivienda social de la Conavi será una realidad y las reglas de operación de sus programas serán modificadas para hacer un traje a la medida de la Sedatu.
Habrá más parques públicos e infraestructura, pero menos recursos para la construcción o mejoramiento de vivienda de los más pobres de este país.
