Este año llegamos al 8 y 9 de marzo con una energía social muy particular, ya que los casos de Abril, Ingrid y Fátima nos han confirmado que en ningún lugar estamos seguras. Mientras el discurso presidencial ha ido en la línea de discutir los privilegios materiales que ha mantenido un régimen político y económico que sostiene la desigualdad, se ha evidenciado la necesidad de discutir de fondo la igualdad de género e incluirla en las políticas públicas.
En este contexto, el feminismo ofrece una comprensión amplia de la precariedad social, tanto como una salida incluyente.
El retiro del Estado
Según el Informe México justo: Políticas públicas contra la desigualdad, de Oxfam, “las 10 personas más ricas de México acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre del país”. La consecuencia no es sólo la pobreza, es la precariedad de la vida: las personas que viven en la periferia, en la marginalidad, en la situación de sobrevivencia o, como diría Achille Mbembe en Necropolítica, como muertos en vida. Son justo estas personas las que son invisibles al Estado.
Desde hace más de 20 años el Estado se retiró de la provisión de derechos, dejándonos a nosotros, como personas, la tutela de nuestro cuidado. Por ejemplo, si queremos jubilarnos, debemos ahorrar para nuestro retiro; si somos mujeres que nos hemos dedicado al cuidado, el Estado nos pasa factura por cumplir ese rol. En aras de la eficiencia el Estado nos dejó hasta el encargo de cuidarnos de no morir.
Sin entrar en un debate sobre “las bondades” de privatizar los servicios públicos, lo cierto es que el Estado dejó de asumir su responsabilidad en la provisión de servicios que nivelan el piso para todas las personas. En este sentido no se apostó por fortalecer las escuelas públicas dándoles mayor calidad, por garantizar un sistema público de salud, por contar con servicios de agua, drenaje o infraestructura básica para las zonas de mayor marginalidad o por una estrategia que incluyera a las personas en el desarrollo.
Como Ariadna Estévez menciona, sumada a esta constante expulsión de las personas de los canales del desarrollo, surgió una economía ilegal y una economía de la muerte, que enaltece el papel de los sicarios como salida de la precariedad y que, según Sayak Valencia, mercantiliza los cuerpos de las mujeres. La violencia expuesta en nuestras vidas cotidianas por los medios nos ha deshumanizado, generando una pedagogía que reproduce los valores de la muerte y que la reafirma como salida de la precariedad, lo que se agudiza en los cuerpos de las mujeres. De otra forma es inexplicable la necesidad de algunos medios de reproducir las imágenes de Ingrid Escamilla.
En contraste con la realidad, el discurso presidencial actual reposiciona en el centro de la discusión a la pobreza como un problema público a resolver. La salida ofrecida por las instituciones no es la de fortalecer los servicios públicos sino la de responsabilizar más a las personas de su cuidado. Así, si bien las becas otorgadas por los principales programas resuelven algunas de las condiciones materiales de las personas que se encuentran en los bordes de la sobrevivencia, una mejora de su calidad de vida supondría contar también con guarderías y estancias infantiles, refugios, medios de transporte adecuados, citas y medicamentos médicos gratuitos, escuela de tiempo completo, etc.
Pongamos el caso de una madre que vive con un salario de 5 mil pesos mensuales y debe trabajar de nueve de la mañana a seis de la tarde, transportándose durante dos horas. ¿Quién puede hacerse corresponsable de las labores de cuidado? ¿Cómo garantizar una vida digna si cuida a algún familiar con discapacidad?
Las formas en que las desigualdades se interrelacionan requiere estrategias estatales complejas, particularmente en relación con el tema de las violencias. Las formas de hacer política pública de la 4T han invisibilizado la forma en que las estructuras sociales y las prácticas cotidianas reproducen la desigualdad. Es en este contexto que el feminismo plantea soluciones para generar políticas de igualdad.
El tiempo del feminismo
Colocar en el centro de la lucha social las condiciones materiales de vida no permite mirar las diferencias al interior de los grupos sociales; es decir, si el discurso oficial sólo aborda las diferencias en las clases sociales excluye las otras desigualdades, entre ellas las de género.
Desde el sur latinoamericano la toma de las calles por el feminismo crece a partir de 2015 con el movimiento #NiUnaMenos y posteriormente se apropia de las redes con el #MeToo. La ola comienza a crecer en 2018, cuando las argentinas tomaron las plazas por un aborto legal, seguro y gratuito, con una pañoleta verde, exigiendo su derecho a decidir. La Marea Verde se desplaza por toda América Latina, pasando por Las Tesis en 2019, y aterrizando con una gran fuerza en México desatada por la furia ante la violencia feminicida.
Las luchas se entrelazan bajo el grito “América Latina será toda feminista”, para destacar que las mujeres no podemos esperar más para la igualdad sustantiva. Ponen un alto contra el retroceso en derechos que los conservadores buscan imponer a través de la “ideología de género” y reconocen que las desigualdades que atraviesan al género se suman a las de clase, raza, pertenencia étnica, por tener alguna discapacidad, preferencia, orientación o identidad sexual, entre otras.
Así, poco a poco nos hemos dado cuenta de que los derechos que creíamos alcanzados se ven cuestionados o no se cumplen en la vida cotidiana: aquella donde los hombres ganan los puestos más altos por no tener que cuidar a los hijos, donde las mujeres dejan sus carreras por labores de cuidado, en donde las jóvenes no se sienten seguras en sus universidades o centros de trabajo, en donde no podemos viajar en el transporte público o donde los cuerpos de las mujeres son expuestos como mercancías.
El feminismo, entonces, se ha convertido en una serie de demandas concretas y urgentes. Tras décadas de buscar el reconocimiento de derechos en la esfera política y económica, la batalla es también por lo social; por el reconocimiento de que las desigualdades de género nos atraviesan y, por tanto, nos interpelan cotidianamente. Es una lucha en la que lo personal es político más que nunca.
Además, el feminismo como opción política retoma una práctica de colectivizar nuestras demandas y generar acompañamiento en lo que todas somos parecidas: nos están matando.
El 8 y el 9 M
El feminismo nos ha hecho reflexionar y repensar nuestros propios discursos, nuestras prácticas, nuestros privilegios y nuestras luchas. A partir de un programa que reconoce lo personal como político, pone sobre la agenda pública la responsabilidad del Estado en encontrar soluciones que permitan a todas las personas vivir en dignidad (y no sólo transitar la existencia sobreviviendo).
El feminismo busca generar soluciones basadas en un esquema de protección social y acceso a la justicia. Para expresarlo en ejemplos concretos, se trata de poner el foco en un esquema público de cuidados, reconocimiento del trabajo no pagado, un trabajo remunerado digno, políticas que se enfoquen en prevenir y eliminar las violencias en razón de género, erradicar la discriminación, proveer salud y educación, etc. También busca traducir prácticas sociales que, entre otras, permitan a las mujeres tener autonomía sobre su cuerpo y sentirse libres en sus elecciones.
Para lograr la igualdad sustantiva para todos se requieren políticas públicas basadas en evidencia y que tomen en cuenta la voz de las personas afectadas, que desmonten los estereotipos de género, etnia, clase, preferencia y orientación sexual o condición de salud y que las monitoreen en su cumplimiento. En este sentido, se necesita reconocer que para que un gobierno pueda acabar con el neoliberalismo, también requiere evidencia, no sólo consignas morales.
* Profesora de la Universidad Iberoamericana y de la FCPyS de la UNAM. Consultora en género y políticas públicas y feminista.
