Arrancaron con diferencia de una semana, tienen nombres de inspiración nórdica, protocolizaron sus respectivas escrituras ante el mismo notario y “cruzaron la meta” el mismo día: el 1 de junio de 2019, cuando ambas comenzaron a facturar por asesorías jurídicas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
De acuerdo con su acta constitutiva, Ostergard Rensen Consultores fue creada el 26 de marzo del año pasado y se protocolizó el 2 de abril siguiente, con un capital de 4 mil pesos. Dos meses después, la Conade le adjudicó de manera directa un contrato por 1.4 millones de pesos por el servicio de “consultoría legal, civil y migratoria”.
Los socios de Ostergard son Jesús Eberth Alonso Ruelas, Rubén Martínez Vega, David González Freyre y María de Lourdes Karime Balut Escartín, quien fue asistente de Ana Gabriela Guevara cuando ésta fue senadora (2012-2018) del Partido del Trabajo.
Además de su actividad empresarial, Balut es actualmente integrante del equipo ejecutivo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeña dentro del área de Comunicación Corporativa.
Bartlett coordinó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado cuando Guevara trabajaba ahí.
Consultada sobre su participación accionaria en la compañía Ostergard, Karime Balut Escartín respondió:
–Yo no soy accionista de ninguna empresa.
Cuando se le preguntó si se trataba de una homonimia, indicó que más tarde se comunicaría, “porque estamos por entrar a una reunión”. Sin embargo, su socio y director de la consultora, Jesús Eberth Alonso, confirmó que la exasistente de Guevara forma parte de la empresa Ostergard que vende servicios a la Conade, aunque descartó un posible conflicto de interés.
–Yo conozco a Karime porque me he dedicado también al derecho migratorio y… ella estaba en la Comisión de Asuntos Migratorios (del Senado, que presidía Ana Gabriela Guevara), e intercambiando puntos de vista hicimos una amistad; ella ni siquiera entró a trabajar a la Conade. No tenemos una comunicación muy fluida, pero hasta donde yo me quedé, iba a entrar a trabajar a la CFE. Entonces, el tema no es que estuviese trabajando en la Conade y que me pudiera ayudar de alguna forma.
Balut laboró al menos desde 2014 en el staff parlamentario de Guevara, de acuerdo con fuentes consultadas, y Quinto Elemento Lab cuenta con copias de los contratos por honorarios firmados con el Senado por la hoy socia de Ostergard, con fechas de febrero de 2016 y de diciembre de 2017.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 50) establece que las dependencias deberán abstenerse de contratar a terceros con los que tenga o haya tenido “relaciones profesionales, laborales o de negocios… durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación”.
En su escritura pública, Ostergard consigna como propósito social actividades tan variadas que van desde la operación de “bares y salones de baile” hasta la “asesoría en licitaciones y subastas de cualquier tipo y materia para todo”.
Aunque se creó legalmente en marzo del año pasado, la fundación de esta consultora se cocinó desde el mes posterior al triunfo electoral de la actual coalición gobernante. Eberth Alonso relató que en agosto de 2018 un contacto que actualmente trabaja en la Secretaría de la Función Pública le habló de la oportunidad de contratos con la futura administración.
“Me dijo: ‘Oye, Eberth, deberías meterte y concursar, porque lo que quiere ahora el nuevo gobierno es darles la oportunidad a despachos nuevos’.
“Me pareció interesante la idea. Le dije: ‘Es que yo estoy constituido como persona física con actividad empresarial’.
“‘Bueno –contestó– pues puedes constituir una empresa, pero con un par de socios para que no nada más sea como, eh… no engañar, sino darle un revestimiento jurídico para poder competir con despachos de más experiencia’.”
Una empresa espejo
Borgelund Consultores México fue fundada con 2 mil pesos el 2 de abril de 2019. El objeto social de esta empresa es exactamente el mismo que el de la consultora Ostergard, casi palabra por palabra y coma por coma, aunque ambas compañías tienen socios diferentes.
El 1 de junio de 2019, la Conade pactó con Borgelund un contrato por asesoría legal laboral por 1.8 millones de pesos, bajo “adjudicación directa federal”, según consta en el expediente 1921714 de Compranet, aunque su administrador aseguró que el contrato se obtuvo vía licitación.
–Soy abogado con 19 años de actividad. He sido contratista de gobierno, fundé la empresa porque ya no se puede concursar como persona física. El contrato fue por licitación… Antes se hacían adjudicaciones directas, pero ya no, dijo Armando Reyes Sánchez, administrador de la compañía.
Cuando se le preguntó sobre la identidad de los miembros de su sociedad comercial que vienen identificados en el acta constitutiva, Reyes Sánchez inicialmente dijo desconocer al comisario de su consejo, Ignacio Manuel Navarrete García, aunque después admitió que “sí lo he visto, pero no está aquí, nos lo asignaron en la notaría”.
Cuestionado al respecto, el notario número 116, Ignacio Morales Lechuga, ante quien se protocolizó Borgelund, negó que las notarías hagan esos nombramientos: “La determinación del comisario es la que indica el solicitante. No tenemos ningún interés en designar administradores, apoderados o comisarios, sino los que los clientes nos dicen”.
A Reyes Sánchez también se le preguntó si conocía a Carmen Sánchez López, otra socia que aparece en el acta de Borgelund.
–¡Claro que la conozco! ¿Cómo no voy a conocer a mis socios? Es una señora que, creo, es pensionada de la UNAM.
Desde el 3 de diciembre de 2019 Quinto Elemento Lab solicitó una entrevista con la titular de la Conade para conocer detalles acerca de las contrataciones de estas dos consultoras, pero no hubo respuesta.
Además de Ostergard y Borgelund hay otra empresa de reciente creación que ha sido favorecida con contratos por parte de la Conade: la firma IPM Investigación Estratégica Social, creada el 7 de enero de 2019 por Porfirio Cruz Vázquez, exdirector general de Opinión Pública de la Presidencia de la República bajo la gestión de Enrique Peña Nieto. Obtuvo dos contratos adjudicados por la Conade relacionados con la campaña del Premio Nacional de Deporte 2019, que suman medio millón de pesos.
