Pemex ha perdido unos 50 millones de euros en la compra de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras. Esta operación reflotó en España tras la captura del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y tiene repercusiones políticas en ese país: de cara a las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril, los partidos de oposición exigen al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, explicaciones sobre su relación con Lozoya y la venta de unos astilleros que estaban al borde de la quiebra.
Madrid.- La detención de Emilio Lozoya Austin avivó en México y en España el debate sobre la ruinosa compra de 51% de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras por Petróleos Mexicanos (Pemex), que implica a los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
El actual director general de la petrolera, Octavio Romero Oropeza, dijo en la conferencia matutina presidencial del pasado 29 de enero que esa operación provocó pérdidas por aproximadamente 50 millones de euros.
Con este motivo, desde septiembre pasado Pemex presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por el delito de administración fraudulenta. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le da seguimiento con nuevas líneas de investigación, como adelantó su titular, Santiago Nieto, tras la detención de Lozoya.
Además, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que se trataba de una inversión “injustificada”, pues no correspondía a una “actividad sustantiva” de la empresa mexicana y registró pérdidas notables. El miércoles 19 el diario La Jornada informó que la dirección de la petrolera “omitió” aportar información sobre la operación.
La captura de Lozoya también tuvo repercusiones políticas en España, particularmente en Galicia, de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el 5 de abril. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, convocó a dichos comicios anticipados el pasado lunes 10, dos días antes de la caída del exdirector de Pemex en Málaga.
El miércoles 19 toda la oposición gallega exigió a Núñez Feijóo explicaciones sobre su relación con Lozoya Austin y los acuerdos que firmó como presidente de la Xunta de Galicia con Pemex para que en 2012 la petrolera invirtiera en los astilleros que estaban al borde de la quiebra.
Los grupos parlamentarios del Partido Socialista de Galicia, Común da Esquerda, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el grupo Mixto (En Marea) pidieron convocar de forma urgente al pleno del Parlamento gallego para que Núñez Feijóo, del derechista Partido Popular (PP), informara sobre “las relaciones de su gobierno con cargos de Pemex imputados por presunta corrupción”.
El diputado socialista Luis Álvarez sostiene, en un comunicado, que el PP no cumplió sus promesas de campaña de 2012 sobre los planes de trabajo para los astilleros; “lo que sí pudimos ver fueron las fotos de Feijóo junto a un directivo ahora detenido, acusado de soborno y blanqueo de capitales”.
Antón Sánchez, de Común da Esquerda, consideró urgente la comparecencia del presidente gallego porque “la gran solución que presentaba Feijóo para el futuro de Barreras, el acuerdo con Pemex, podría ser parte de un entramado corrupto”, mientras que la diputada del BNG Olalla Rodil exigió que el presidente gallego dé la cara y explique “sus vínculos con Emilio Lozoya, pero también con Carlos Roa o José Manuel Carrera Panizzo”.
Los dos últimos fueron los altos ejecutivos de Pemex que ejecutaron la adquisición del paquete accionario de los astilleros desde PMI Holding, la filial de Pemex en paraísos fiscales.
Acuerdo con el PP de Rajoy
El miércoles 19 el Juzgado Mercantil número 3, con sede en la ciudad gallega de Vigo, emitió un veredicto favorable al plan de reestructuración de los astilleros de Hijos de J. Barreras, basado en el acuerdo que alcanzaron los accionistas mayoritarios.
Pemex (51%) y la compañía atunera Albacora (24.5%) con la sociedad Cruise Yacht 1 –división marítima del gigante de la hotelería The Ritz Carlton– acordaron ceder temporalmente a ésta los derechos sobre los astilleros para concluir la construcción del crucero Evrima, propiedad de The Ritz Carlton.
Esa fue la solución que el domingo 2 encontraron las partes para evitar el concurso de acreedores de los astilleros, e implicó que Cruise Yacht 1 asumiera el sobrecosto de 70 millones de euros en la construcción de su crucero de lujo.
Esto sucedió 13 años después de que Juan Camilo Mouriño, brazo derecho del entonces presidente Felipe Calderón, les prometiera a los empresarios navales jugosos contratos para renovar la flota de Pemex.
Mouriño se reunió con los inversionistas en julio de 2007, durante sus vacaciones, cuando era jefe de la Oficina de la Presidencia (Proceso 1627). Entre los asistentes estaba José García Costas, en aquel tiempo vicepresidente de los astilleros Hijos de J. Barreras, socio de varias empresas del ramo naval y consejero del Real Celta de Vigo, el club de futbol propiedad de Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo Mouriño (Proceso 1875).
García Costas ocupó la presidencia de los astilleros cuando se firmó el acuerdo con Pemex, dirigido por Lozoya, y hasta octubre del año pasado, cuando fue destituido por la dirección de Romero Oropeza tras conocer el resultado de la auditoría que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los grandes acuerdos de las filiales de Pemex afincadas en paraísos fiscales.
Tras la muerte de Mouriño en el avionazo del 4 de noviembre de 2008, la promesa a los astilleros cayó en el olvido. Pero en septiembre de 2011, con la intermediación del empresario de origen gallego Olegario Vázquez Raña, Núñez Feijóo se entrevistó con Calderón y acordaron establecer “una agenda centrada en sectores clave para la economía gallega”, entre ellos el naval.
Sin embargo “fue en la visita oficial del presidente Mariano Rajoy a México, en abril de 2012, a la que se sumó Núñez Feijóo, donde concretaron el rescate de los astilleros (Hijos de J.) Barreras”, reitera el jueves 20 un consultor que ya se lo había dicho al corresponsal en 2012.
“Calderón mandó llamar a Juan José Suárez Coppel (entonces director general de Pemex) a Los Pinos y lo instruyó para que operara directamente el acuerdo con los astilleros gallegos. Éste involucró en el asunto a un alto responsable de PMI Holdings, José Manuel Carrera Panizzo, y contrataron los servicios del despacho español Cuatrecasas para la asesoría legal”, apunta.
En agosto pasado, el gobierno de López Obrador impuso una sanción resarcitoria histórica a Carrera Panizzo, de 4 mil 200 millones de pesos e inhabilitación de 10 años, por su responsabilidad en la compraventa y capitalización de la planta de Agronitrogenados.
El 25 de mayo de 2012 Núñez Feijóo y Suárez Coppel firmaron el “acuerdo estratégico”, que se transmitió en la televisión pública gallega, para el armado de 14 remolcadores con una inversión de 247 millones de euros. El convenio fue parte del programa de renovación de la flota de Pemex-Refinación y Pemex-Producción. Siete remolcadores se armarían en los astilleros gallegos y otros tantos en colaboración con astilleros mexicanos a fin de sortear las normas que obligan a la petrolera a contratar el mayor número de servicios disponibles en el país.
En ese acto, celebrado en Santiago de Compostela, se informó que Pemex contrataría la construcción de dos buques-hotel (floteles) para el apoyo logístico a sus plataformas petrolíferas, con un costo de 300 millones de euros. No obstante, los sobrecostos elevaron el monto a 360 millones.
Asimismo se dio a conocer un plan para instalar una terminal destinada a mezclar hidrocarburos en Punta Langosteira, Galicia, que se convertiría en una base logística de la petrolera mexicana en Europa, con una inversión de 57 millones de euros.
“En el sector petrolero –explica el consultor entrevistado– se vio como una estrategia errónea, porque en una época en la que destaca el outsourcing, tú te afanas en comprar un astillero en estado bastante ruinoso y casi en quiebra para renovar tu flota; no se le ve ningún sentido que no sea otro interés, o político o la obtención de comisiones ilegales. No lo sé, pero no se entiende.”
Apoyo a España
En septiembre de 2012, todavía en el gobierno de Calderón y meses después de que Enrique Peña Nieto fuera declarado triunfador de la elección presidencial, Núñez Feijóo atestiguó en Santiago de Compostela la firma de los contratos entre el consejero delegado de PMI Holdings, Carrera Panizzo, y José García Costas por parte de los astilleros, para construir los floteles: el Reforma Pemex fue asignado a Hijos de J. Barreras, y Cerro de la Pez a la empresa pública Navantia.
La oposición criticó el uso electoral que hizo Núñez Feijóo de esa operación y le exigieron conocer los contratos, pero no lo consiguieron porque Pemex impuso cláusulas de confidencialidad. En aquel tiempo el líder socialista Pachi Vázquez dijo a este corresponsal: “Tenemos que revisar la letra pequeña de los contratos, pues cuando la limosna es tan grande hasta el santo desconfía” (Proceso 1875).
En México, prosigue el consultor, el Consejo General de Pemex cuestionó que Suárez Coppel otorgara ese contrato sin licitación a pesar de los grandes recursos involucrados:
“Los consejeros tronaron contra la dirección de Pemex porque Carrera Panizzo, de PMI Holdings, sólo les envió una nota informativa y no una comunicación oficial al Comité de Estrategia de la paraestatal. Y porque se utilizó a PMI Holdings para no tener que pasar por la autorización del consejo. Se trató de una burda operación de engaño a los órganos directivos de la paraestatal.”
El gobierno priista dio el visto bueno para continuar la operación en Galicia. En su visita a España como presidente electo, en octubre de 2012, Peña Nieto ofreció apoyo “para que España salga de la crisis económica” y envió la señal de continuidad en los contratos con los astilleros (Proceso 1877).
Lozoya concretó los pactos y mantuvo al frente de la operación a Carrera Panizzo. El funcionario de PMI trabó una estrecha amistad con Núñez Feijóo, con quien frecuentemente aparecía en público.
Pese a los beneficios mutuos que le atribuyó el gobierno mexicano, ese convenio tenía graves desventajas para Pemex, accionista mayoritaria, pues la gestión de los astilleros era controlada por los inversionistas minoritarios que encabezaba José García Costas.
Romero Oropeza confirmó, en la ya mencionada conferencia matutina del 29 de enero, que los minoritarios “no sólo tomaron las decisiones importantes, sino el control de la empresa”. Por ejemplo, ese grupo determinó celebrar cuatro contratos de construcción de buques entre febrero de 2017 y 2018, entre ellos el del crucero de lujo de The Ritz Carlton, operación en la que Pemex aportó ocho de los 16 millones de euros requeridos como garantía de la operación.
En noviembre de 2018 PMI rechazó una oferta de compra de sus acciones por parte de los minoritarios, regulada en el leonino Contrato de Inversión, por la cual Pemex no recibía pago alguno y, por el contrario, se le exigía el pago de adeudos.
Ya durante la gestión de Romero Oropeza, la petrolera también rechazó una propuesta de compra de los otros accionistas, quienes ofrecían un euro (20.3 pesos) por cada acción y ampliar el capital para “pulverizar” el paquete accionarial.
El titular de Pemex dejó claro que la petrolera buscará recuperar los 5.1 millones de la compra inicial de los astilleros y los 8 millones que aportó como garantías para la construcción del crucero de The Ritz Carlton.
