Reacio a mencionar de manera explícita al expresidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, habla de la corrupción durante la gestión del mexiquense en Los Pinos. Dice que todos los que participaron de esa corrupción tienen un denominador común. Y sentencia: Fue un “ejercicio desmesurado e inmoral del poder”.
Con la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, suman siete los casos por corrupción del sexenio pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó en nueve meses.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, rechaza una y otra vez pronunciar el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto porque, dice, debe ser cuidadoso de los momentos procesales y, en particular, el de extradición que se inició en España sobre Lozoya, y el que se desahoga respecto al magnate acerero Alonso Ancira Elizondo imputado en México en una causa junto con el exdirector de la petrolera.
–Pero hay un común denominador… –se le comenta.
–Es evidente.
–¿Cómo describiría usted ese común denominador?
–Como un ejercicio desmesurado e inmoral del poder.
–Pero estamos hablando de un periodo concreto…
–Sí, por supuesto. Ahí esta definido en su tiempo. Es clarísimo.
–¿El sexenio pasado?
–Sí.
La entrevista transcurre en el despacho de la FGR, al mediodía del viernes 14. El fiscal Gertz Manero ha dado declaraciones en los dos días anteriores, donde acaso admite que esperan vincular a cómplices de Lozoya, pero no quiere profundizar cuando se le mencionan los casos que tienen sujeto a proceso a un sector de la élite peñanietista y que son los siguientes:
A finales de mayo de 2019 la difusión de información sobre el caso que se seguía a Lozoya y Ancira quedó expuesto por una filtración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Ambos salieron del país y mientras Ancira fue detenido en España el 28 de mayo del año pasado y liberado un mes después para enfrentar el juicio de extradición sólo con medidas cautelares, Lozoya se convirtió en prófugo, al igual que otros miembros de su familia.
Presidente de Altos Hornos de México, Ancira Elizondo fue implicado por la venta a sobreprecio de Agronitrogenados, un inoperante complejo chatarra de fertilizantes, durante la gestión de Lozoya en Pemex. Días después, según la UIF, hubo un depósito a una empresa offshore propiedad de Odebrecht, la trasnacional brasileña con casos de corrupción continental que es investigada a su vez por su relación con Lozoya, de donde surgió el caso contra el magnate acerero.
A Lozoya se le relaciona también con los privilegios a la constructora española OHL (hoy Aleatica), ampliamente favorecida en el Estado de México durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador y luego en su gestión presidencial. Fue Javier Coello Trejo, el abogado del exdirector de Pemex, quien ha dicho que su cliente “no se mandaba solo”, una alusión a su relación directa con la figura presidencial.
Para el 9 de julio de 2019, una sorpresiva operación consiguió la captura de Juan Collado, un abogado relacionado con la élite mexiquense y famoso por sus romances en el mundo del espectáculo, a quien la FGR imputa operaciones fraudulentas en Caja Libertad.
El 18 de julio siguiente fue detenido el general Sócrates Herrera Pegueros, quien fue parte del equipo del general Eduardo León Trauwitz, porque se les relaciona con las operaciones de robo de combustible, el llamado huachicoleo, del que se habrían beneficiado mientras estuvieron a cargo de la seguridad de Pemex.
En el caso de León Trauwitz, su cercanía con Peña Nieto es porque fue su jefe de seguridad personal durante la gubernatura en el Estado de México y en la campaña presidencial de 2012.
El caso más sonado hasta ahora es el de Rosario Robles Berlanga, primer titular de una secretaría de Estado en ir a la cárcel (hasta ahora, de manera preventiva y para ser procesada) en cuatro décadas.
En este caso también surgió el nombre del expresidente Peña Nieto de manera fugaz, pues la imputación original fue por omisión en su deber de informar al entonces presidente sobre el desvío de recursos de las dos dependencias que estuvieron a su cargo: La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de manera que en su segunda audiencia, en agosto, dijo que sí había informado para no volver a referirse al asunto.
Los casos se siguen acumulando en el entorno peñanietista: uno es por las imputaciones que pesan sobre Eduardo Medina Mora, relacionadas con operaciones ilícitas (según dijo el presidente López Obrador en enero pasado), cuya defensa habría forzado su renuncia el 3 de octubre de 2019.
Y, finalmente, la FGR acaba de judicializar el lunes 10 la investigación sobre la compra a sobreprecio de una aeronave de lujo que se adquirió durante la gestión de Jesús Murillo Karam para su traslado. Titular de la PGR (hoy FGR) al iniciar el sexenio y con un breve paso por la Sedatu, Murillo Karam fue uno de los operadores políticos que construyeron la candidatura presidencial de Peña Nieto, con quien colaboró hasta mitad del sexenio.
“En este momento yo tengo que ser muy cuidadoso en las informaciones que dé y no puedo actuar de forma irresponsable. En este momento no puedo externar ningún tipo de opinión que pueda ser utilizada para desvirtuar los marcos jurídicos en donde me muevo, sería yo un irresponsable”, dice Gertz Manero.
Y ante la insistencia en los diferentes casos, expone:
“Ustedes tienen toda la información, nosotros estamos integrando procedimientos de imputaciones en caso de que las encontremos. Por lo que usted me plantea, tiene una visión muy clara; déjeme ejercer mi función de litigante para que pueda yo tener un margen y no esté yo acosado por situaciones que puedan desvirtuar mi trabajo.”
Política y filtraciones
Lo que hasta ahora se conoce de los diferentes casos es limitado, excepto por algunas filtraciones y el seguimiento de audiencias como las de Rosario Robles, quien fue imputada por la omisión de informar al presidente y que, ahora se sabe, está ampliada a una eventual implicación porque familiares suyos radicados en Torreón son accionistas de empresas beneficiarias de desvíos de recursos de Sedesol y Sedatu.
El caso fue seguido por el Ministerio Público que lo expuso en la audiencia de apelación del jueves 6. Los datos publicados en ese reportaje (Proceso 2233), una vez confirmados por el Ministerio Público, hasta entonces dieron idea de otra línea de investigación.
Respecto a Ancira Elizondo, existe la presunción de que el delito está prescrito y que enfrenta los cargos para quedar completamente libre de señalamiento. Y en el del general León Trauwitz, su abogado ha asegurado que le imputan una omisión insostenible jurídicamente.
–¿Es posible que los casos estén agarrados con alfileres? –se le plantea a Gertz Manero en la entrevista del viernes 14.
–No sé de dónde sale esa versión. Los jueces han determinado y siguen determinando las presuntas responsabilidades. Es un poder autónomo, independiente, y sólo les queda descalificar al Poder Judicial.
El fiscal se explaya también sobre el caso de Lozoya. Insiste en que no puede dar detalles, pero para avalar esos casos ante las acusaciones de jueces de consigna, advierte que tendría que descalificarse también a los jueces españoles que dictaron la detención de Lozoya y las medidas cautelares para que Ancira enfrente el proceso en libertad.
Los abogados de cada caso de alto impacto han acusado persecución política contra sus clientes: Javier Coello Trejo, el de Lozoya, afirma que es un asunto más político que legal; Robles ha sido insistente en sus comunicaciones al respecto, hasta definirse como “trofeo político”.
–¿Por qué pensar que no son presos políticos? –se le pregunta al fiscal.
–Primero, porque la FGR es un órgano autónomo. Se somete a un procedimiento acusatorio, a una igualdad procesal en donde obtiene –de un poder absolutamente independiente como es el Judicial– todas las determinaciones que han concluido las responsabilidades y el proceso.
“Estamos hablando de delitos concretos, judicializados entre órganos autónomos, ante jueces independientes, en un procedimiento garantista. ¿Qué más necesitan?”
Pública la desavenencia con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, por la supuesta filtración que le permitió a Lozoya evadirse durante meses, se le cuestiona a Gertz Manero en la entrevista.
“Nosotros (la FGR) mantenemos relaciones de carácter institucional. Nos mantenemos informados y mantenemos muy bien informado al secretario de Hacienda de cualquier situación que no nos sea favorable y explicamos las razones; tenemos una relación excelente con la Procuraduría Fiscal, hemos logrado éxitos procesales como nunca en materia de defraudación fiscal, detenido gente como nunca se había detenido. Mis relaciones con la Secretaría de Hacienda, en ese sentido son excelentes. Que haya problemas en otras áreas… le pediría se lo pregunte al secretario de Hacienda.”
El fiscal “acosado”
En total, en los últimos nueve meses la FGR tiene cinco detenidos: Collado, Herrera Pegueros, Robles, Lozoya y Ancira (éste, libre pero sujeto a proceso); un prófugo (el general León Trauwitz) y dos bajo investigación (Medina Mora y Murillo Karam).
La prevención de no ser “acosado”, señalada por Gertz, motiva el planteamiento:
–¿Se ha sentido acosado política, jurídicamente o de algún modo?
–Ha sido una cauda de descalificaciones verdaderamente injustas. Pocas veces se ha visto una persecución así: han dicho que estaba yo muy enfermo, en crisis de salud, No pegó y ese linchamiento ahí quedó. Luego me acusaron de estar peleado con el gobierno y con el presidente, tampoco pegó… Así me han venido acusando. Me acusan de que hago la defensa de retirar un artículo cuando trato de fortalecerlo (feminicidio); me acusan de presentar un proyecto que nunca he presentado… y así puedo seguir.
Según el fiscal general, el cambio de paradigma en la procuración de justicia está motivando reacciones y, particularmente, respecto a hechos de corrupción.
“Es una búsqueda de descalificaciones para ver cómo pararme. Nosotros hemos logrado algo inusitado: reducir el índice de delitos federales en 13% en el país, cuando todos los delitos están subiendo. Pero no hay notas de eso. No les interesó a los linchadores, no es tema.”
–El tema es corrupción y eso tiene un ingrediente político…
–Es la bandera de un movimiento, un presidente y de todos los que estamos en esto y pareciera que eso hay que descalificarlo de algún modo. No vaya a ser que se consolide y no puedan regresar los saqueadores y destructores del país. Por eso es fundamental cambiar un sistema legal que está diseñado para servir al poder y para sujetar y dominar a la población. Eso es lo que queremos y eso es lo que inquieta tanto y no quieren siquiera discutirlo, descalifican.
Y, al cuestionarle si sólo es por el sexenio pasado, el fiscal general responde:
“Sí. No es el único (sexenio), pero es el que estamos analizando en este momento. Y tenemos pruebas.”
