Tras la captura de Emilio Lozoya Austin, su abogado, Javier Coello Trejo, declaró que su cliente no se manejaba solo, pues tenía un jefe: el entonces presidente Enrique Peña Nieto. En tanto el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, prepara la petición de extradición del exfuncionario e insiste en que las indagatorias llegarán hasta donde tengan que llegar. Proceso consultó el documento con el que la FGR pretende la extradición y las varias vías para conseguirla.
Con base en documentos que acreditan la probable responsabilidad en un complejo sistema de corrupción que se gestó en 2009 e involucra a empresarios y políticos priistas, la Fiscalía General de la República (FGR) encausará de manera formal ante el gobierno español la petición de extradición de Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien fue director de Pemex entre 2012 y 2016.
De acuerdo con la información consultada por Proceso, Lozoya Austin es considerado autor material del delito de lavado de dinero de los sobornos que operó entre 2009 y 2012 –cuando ya estaba al frente de Pemex, dependencia a la que perjudicó– para posicionar a la empresa de Marcelo Odebrecht en México.
Lozoya fungió como enlace de la firma brasileña con empresarios y políticos mexicanos para asociarse y ganar contratos en varias entidades. Es probable que las indagatorias de la FGR conduzcan al expresidente Enrique Peña Nieto.
En entrevista con Proceso, publicada el 12 de mayo de 2019, interrogado acerca de si la investigación contra Lozoya llegará hasta Peña Nieto, el titular de la fiscalía, Alejandro Gertz Manero, respondió: “Vamos a ir tras quien tengamos que ir. Y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”.
Tras la detención de Lozoya en España, su defensor, Javier Coello Trejo, declaró que su cliente no actuó solo, sino presuntamente por órdenes del entonces presidente Peña Nieto y de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público.
El documento con el que la FGR pretende robustecer la solicitud de extradición señala varias vías para conseguirla:
El 17 de diciembre de 2013, Lozoya, director de Pemex, llevó a cabo un contrato “indebido” para la adquisición de una planta de fertilizantes denominada Agronitrogenados, en Coatzacoalcos, Veracruz. La inversión consistió en un pago de 275 millones de dólares por la compra de la empresa y otros 200 millones para su rehabilitación.
Añade que varios estudios previamente realizados demostraban que la planta llevaba 14 años inactiva y abandonada y los riesgos económicos que implicaba su adquisición eran enormes.
La fiscalía estimó que los 200 millones dólares destinados inicialmente a la rehabilitación y modernización de la planta en realidad fueron 485 millones, a los cuales deben añadirse los 275 millones por su adquisición. En suma, se invirtieron 760 millones de dólares.
Según el documento, el entonces director de Pemex estaba enterado de que la planta no estaba funcionando y que el valor comercial era prácticamente nulo. Pese a ello se “confabuló” con el empresario Alonso Ancira Elizondo –quien actualmente lleva su proceso judicial de extradición en libertad, también en España– para su adquisición a sobreprecio.
“A efecto de presionar en su compra (Lozoya Austin) fue quien solicitó la modificación del avalúo de la empresa mintiendo, para considerarla como negocio en marcha; es decir, que la empresa estaba funcionando”, argumenta la fiscalía.
Las indagatorias de la FGR
Con base en la denuncia presentada el 5 de marzo de 2019, la FGR inició la carpeta de investigación. El Ministerio Público logró demostrar el daño patrimonial en perjuicio de Pemex.
Como resultado de esa indagatoria, el juez de Distrito con sede en el Reclusorio Norte giró la orden de aprehensión del exdirector de Pemex, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con la adquisición indebida de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
En el caso Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll, exejecutivo de la empresa brasileña, declaró –según el documento consultado– que conoció a Lozoya Austin cuando éste ejercía el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina. Desde entonces ambos tuvieron diversas reuniones.
“La FGR descubrió que la constructora Odebrecht realizó pagos al exdirector de Pemex por un monto de 10.5 millones de dólares, con el propósito de que la empresa mencionada le asignara proyectos de gran envergadura en los estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo”, señala el documento.
En julio de 2010 hubo elecciones en esas entidades gobernadas por priistas. Odebrecht, interesada en obtener un buen posicionamiento en los futuros gobiernos estatales, aportó 500 mil dólares a la campaña del veracruzano Javier Duarte de Ochoa. El pago, según los documentos consultados, fue autorizado por Luis Antonio Mameri, entonces director regional de Odebrecht para América Latina.
A petición de la fiscalía, el mismo juez de Distrito con sede en el Reclusorio Norte giró otra orden de aprensión contra Lozoya por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, relacionada con la empresa Odebrecht.
“En esos momentos, una filtración le advirtió de una orden de aprensión, permitiéndole (a Lozoya) huir del país”, señala el documento de la FGR, en referencia a la declaración que sobre el tema hizo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
A partir de mayo de 2019 el gobierno mexicano inició una búsqueda internacional para localizar y detener al exdirector de Pemex, en razón del “altísimo” nivel adquisitivo del fugitivo, así como sus lazos que abarcan desde políticos corruptos hasta “mafiosos” de alto nivel.
El 26 de mayo de 2019, la FGR solicitó a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), la publicación de la ficha roja, que se difundió al día siguiente en 194 países.
Captura en Málaga
En la captura de Lozoya participaron agentes de la Interpol en Inglaterra, Rusia, Alemania y España.
El Grupo de Localización y Fugitivos Internacionales de la Brigada Central de la Policía Nacional hicieron una investigación durante nueve meses. Finalmente localizaron a una mujer de origen ruso, la presunta nueva pareja sentimental de Lozoya, en un barrio de la provincia de Málaga, donde el exdirector de Pemex fue capturado el miércoles 12.
El Juzgado Central de Instrucción 002 de Madrid, durante la Audiencia Nacional de la solicitud de detención internacional de mayo de 2019, para el exdirector de Pemex, señaló que esa audiencia era para enjuiciarlo por delitos de procedencia ilícita con una pena máxima de 15 años
Y expuso: “Emilio Ricardo Lozoya Austin, adquirió un bien inmueble dentro del territorio nacional con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de los recursos o alentar una actividad ilícita con contubernio con los imputados Alonso Anciara (sic) Elizondo y Gilda Susana Lozoya Austin crearon un elaborado esquema destinado a operar recursos de procedencia ilícita dentro del Sistema Financiero Nacional, con la finalidad de ocultar el origen, destino y beneficiario final de los mismos. Lo anterior, en virtud del posible desarrollo de actos de corrupción vinculados con el ofrecimiento de contratos ilícitos a su favor por parte de Petróleos Mexicanos, a cambio de la entrega de un bien inmueble”.
Un día después, al mediodía, tiempo de España, Lozoya fue presentado, vía conferencia, ante el Juzgado Central de Instrucción 002, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española. El juzgado le negó la libertad bajo fianza y lo sometió a procedimiento de extradición en reclusión. El detenido alegó que no aceptaba la extradición.
Con Lozoya en reclusión y su madre, Gilda Austin, bajo arraigo domiciliario en su casa de la Ciudad de México, falta dar con el paradero de la esposa del exdirector de Pemex y su hermana, los familiares con los que presuntamente operó la red de corrupción.
Es probable que el proceso jurídico que se le sigue a Lozoya involucre a políticos del círculo de priistas cercanos a él, como el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
En mayo de 2019, el fiscal Gertz Manero advirtió que a fin de tener un modelo para ejercer acción penal contra quienes en México participaron en el caso Odebrecht, la FGR se basaría en el modelo que empleó Perú, país con “mayor éxito” en sancionar a los implicados en esa trama internacional.
