A finales del mes pasado, los diputados de Veracruz y los medios locales señalaron que la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Gaidáns, era prima hermana de Guadalupe Hernández Herviz, una operadora de Los Zetas en el sur de la entidad. La funcionaria se deslindó diciendo que ella no escoge a sus familiares, mientras que el gobernador morenista Cuitláhuac García asegura que él, como ingeniero, se basa en resultados… y, afirma, su colaboradora está dando resultados.
XALAPA, VER.- Desde hace varias semanas, luego de que el Congreso local citó a comparecer a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Gaidáns, para que aclarara su parentesco con Guadalupe Hernández Herviz, La Jefa –operadora de Los Zetas en el sur de Veracruz–, la funcionaria mantiene un bajo perfil y redujo al mínimo sus apariciones públicas.
Ante los legisladores veracruzanos, la fiscal Hernández Gaindáns admitió que es prima hermana de La Jefa: “No voy a negar un parentesco que existe, a la familia no se le elije. Afortunadamente a los amigos sí, pero ni por los amigos ni por la familia puedo yo responder”.
Les dijo también que desde hace más de tres décadas perdió contacto con los integrantes de esa rama familiar, aun cuando su padre, Diego Hernández, tenía una empresa de autotransportes llamada Tepango en la que era socio de Othón Hernández, el padre de La Jefa.
El propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez tuvo que intervenir para defender a su colaboradora. Explicó que el empresario Othón Hernández falleció hace 30 años. Desde entonces, dijo el mandatario morenista, Hernández Gaidáns se deslindó de esa rama familiar, aunque no aclaró quién se quedó con la empresa.
Entrevistado por el corresponsal, García Jiménez admitió que “no sabía” del parentesco entre su colaboradora y La Jefa, aun cuando al principio de su gestión Hernández Gaidáns fue directora jurídica de la Secretaría de Gobierno. Y expuso, de manera atropellada, que él, como ingeniero que es, se basa en resultados… “Y la hoy fiscal da resultados y está limpia; no como el anterior fiscal, Jorge Winckler Ortiz, quien protegía delincuentes”.
Desde su creación en 2015, a la FGE se le ha relacionado con bandas delincuenciales, como Los Zetas, pero sobre todo con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que controla las actividades ilícitas en 70% del territorio veracruzano.
Suspicacias
A principios de septiembre de 2019, el Congreso estatal tomó protesta a Hernández Gaidáns como titular de la FGR, tras la remoción de Winckler Ortiz.
Apenas tenía dos semanas como fiscal cuando su prima hermana, La Jefa, operadora criminal de Los Zetas en el sur de Veracruz, salió de prisión mediante un amparo federal.
Hernández Herviz fue detenida el 22 de septiembre de 2017 y se le procesó por delincuencia organizada y secuestro, pero recuperó su libertad el 18 de septiembre del año pasado. Gracias a su colaboración, las autoridades lograron capturar a Hernán Martínez Zavaleta, Comandante H, un líder de Los Zetas en Cárdenas, Tabasco, ese mismo año.
Hernández Herviz, quien fue informante de la Secretaría de Seguridad Pública en el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares, tiene abiertas dos carpetas de investigación en la fiscalía que hoy encabeza su prima hermana: los oficios de colaboración 23/2017 y 22/2017.
Ambas querellas son por el delito de secuestro cometidos en febrero de 2017 en la capital del estado al dueño del bar Marshall y a un empresario florista (FED/SEIDO/UEIDMS-TAB/0000612/2017).
El 26 y 27 de octubre pasado ocho comerciantes fueron víctimas de desaparición forzada en el municipio de Ixtaczoquitlán, cuya policía municipal ya fue desmantelada por el gobierno de García Jiménez.
Los familiares de los agraviados señalaron que la oficina central de la FGE decidió “quitarles” a la fiscal investigadora regional Zona Centro, Martha Lidia Pérez Gumersindo, la única que había logrado una orden de cateo y las aprehensiones de dos municipales cuyas claves son El Bam y El Chino.
Vía telefónica, parientes de los comerciantes desaparecidos, José y Joel Reyes, aseguran que la encargada de la Unidad de Desaparecidos en la Fiscalía Regional de Córdoba, Fabiola Melo, es cómplice del CJNG. Según ellos, ella presuntamente dio “el pitazo” al director de Seguridad Pública municipal de Ixtaczoquitlán, Octavio Alejandro Pérez, hoy prófugo de la justicia, y a otros policías municipales.
La aprehensión de Pérez, dicen, será vital para dar con el paradero de sus familiares.
La “complicidad” de Winckler
Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno en la administración de Cuitláhuac García, acusa al anterior fiscal de Veracruz, Jorge Winckler –quien se encuentra prófugo desde el 22 de septiembre pasado– de presunta protección al CJNG en las masacres de La Potra, en Minatitlán, y en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos.
Según Burgos, durante la gestión de Winckler “se escondieron” más de 100 carpetas de investigación criminal para “proteger” a dos delincuentes de esa organización criminal: El Lagarto y El 50.
El 30 de julio pasado, Cisneros y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez, presentaron una denuncia ante la FGR contra Winckler en la que lo acusan de “proteger a delincuentes” y por “dilación de la justicia”. Hasta el cierre de edición, la FGR no ha informado de los avances de esa querella.
Winckler fue separado de su cargo por no tener certificado su examen de control y confianza, una vez que el juicio político derivó en su remoción y en una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro de Francisco Zárate, chofer y exescolta del fiscal Luis Ángel Bravo durante el sexenio del priista Javier Duarte.
El proceso penal 296/2019 que se le sigue a Winckler también incluye órdenes de aprehensión contra el fiscal de la Unidad de Procuración de Justicia, Manuel Medel Hernández; el exfiscal de desaparecidos y fiscal regional de Xalapa, Luis Eduardo Coronel Gamboa; el fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres; el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Roberto Mora Mil; así como a los policías ministeriales Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González.
Tras la detención del Comandante H el 23 de junio de 2017, policías ministeriales del sur de Veracruz revelaron a Apro la amistad entre el capo y el entonces fiscal regional, Jorge Morales Carrasco –propuesto por Jorge Winckler–, quien tuvo que renunciar a la corporación apenas un par de días después de la detención del líder zeta.
Winckler nunca abrió una carpeta de investigación en contra de Morales Carrasco.
Durante una década, El Comandante H cultivó amistades poderosas en el PRI, el PAN, la clase empresarial y la propia FGE. En Coatzacoalcos fue el dueño del lujoso restaurante The Port House, así como de gimnasios y bares. Era frecuente ver su fotografía en periódicos y en redes sociales al lado del empresario priista José Antonio Chagra Nacif y de la secretaria de Mujeres del Comité Municipal del PVEM, Genoveva Beba Chagra.
En el PAN, el Comandante H también tejió amistades con el empresario y excandidato del PAN-PRD a la alcaldía de Coatzacoalcos, Jesús Moreno, con quienes asistía a partidos de futbol y de beisbol profesional en la región. También patrocinaba convites de la militancia panista en Cosoleacaque. Con él, el municipio de Coatzacoalcos vivió sus momentos más críticos de violencia, de los cuales aún no se recupera.
El prófugo y el arraigado
En enero de 2015, durante la gestión de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras se convirtió en el primer titular de la FGE, un organismo que el entonces mandatario priista llamaba autónomo.
Dos años y medio después, Bravo fue detenido por policías ministeriales en una plaza comercial de la colonia Anzures, en la Ciudad de México, acusado por el delito de desaparición forzada y encubrimiento de mandos de la SSP, entre ellos su amigo Arturo Bermúdez Zurita, entonces titular de la dependencia (carpeta de investigación 439/2018).
Junto con Bravo cayeron el propio Bermúdez –bautizado como Capitán Tormenta al interior de la corporación–, la directora de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario Zamora, La Chacala, y el entonces director de la Fuerza Civil, Roberto González, El Teniente Meza.
El maxiproceso que se les siguió –motivo de cobertura por parte de medios nacionales y extranjeros– fue por la desaparición sistemática y privación de la vida, en algunos casos, de al menos 15 personas (jóvenes en su mayoría) presuntamente ligados a Los Zetas.
En declaraciones que el entonces fiscal regional Luis Eduardo Coronel Gamboa dio al periódico El País, Bermúdez y policías de élite “desaparecían” a los halcones de Los Zetas para “limpiarle el camino” al CJNG. Coronel Gamboa –quien fue funcionario en las administraciones de Duarte y Yunes Linares– es prófugo de la justicia.
El exfiscal Bravo Contreras, Bermúdez y Zamora se encuentran en prisión domiciliaria, pues los jueces veracruzanos encargados de sus casos no consideraron “graves” sus delitos. La nochebuena de 2019 El Teniente Meza fue liberado.
El Colectivo de Desaparecidos de la región Córdoba-Orizaba, que encabeza Araceli Salcedo, acusó en su momento que Bravo Contreras –quien salió de prisión en mayo de 2019– protegió al Capitán Tormenta en cientos de desapariciones forzadas en Veracruz por órdenes de su jefe, Javier Duarte.
En uno de sus últimos tuits, Duarte –actualmente preso en el Reclusorio Varonil Norte en la Ciudad de México– anunció que Bravo se uniría a su equipo de abogados para intentar sacarlo de prisión, donde purga una condena de nueve años.
El exsubprocurador general de justicia, Marco Antonio Lezama Moo, también fue señalado de pertenecer a una red de funcionarios que “facilitaban” la liberación de integrantes de Los Zetas a cambio de una compensación mensual de 50 mil pesos (Proceso 1881).
Junto con Lezama, una decena de funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia servían a intereses de Los Zetas en la región a cambio de estar en la nómina delincuencial.
Lezama Moo dejó de pertenecer a la entones procuraduría en 2014, cuando fue investido –a propuesta de Duarte– como magistrado, cargo que aún ostenta. Incluso en la reciente renovación del Poder Judicial del estado, en diciembre de 2019, Lezama, integrante del Consejo de la Judicatura, propuso a Sofía Martínez Rivera como nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
