El Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (Insabi), que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó en sustitución del Seguro Popular, manejará en su primer año 112 mil 538 millones de pesos, una séptima parte de los 792 mil 619 millones de pesos necesarios para financiar una cobertura de salud integral y gratuita a los 75 millones de mexicanos que carecen de seguro social.
Aun cuando el Insabi no tiene reglas de operación que indiquen su población objetivo o las enfermedades que cubrirá, el pasado 3 de enero la Secretaría de Salud (SSA) aseguró que atendería a “todas las personas en el país sin seguridad social” con “medicamentos, análisis, estudios, diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones en su caso; todo de manera gratuita”.
Entre las polémicas que se suscitaron con el nacimiento del Insabi, la incógnita sobre su esquema de financiamiento representa la “mayor preocupación”, opina Judith Senyacen Méndez Méndez, coordinadora del área de Salud y Finanzas Públicas en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Este año, el nuevo organismo contará con un presupuesto equivalente al que tenía el Seguro Popular el año pasado: 72 mil 538 millones de pesos, más otros 40 mil millones retirados de manera puntual de un fideicomiso público. A estos fondos se suman los 103 mil millones que el gobierno federal transferirá a los gobiernos estatales mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Una realidad distinta
En un escenario en el que el Insabi se limitaría a atender con un trato mínimo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las 53 millones de personas inscritas el año pasado en el Seguro Popular y en el extinto programa Prospera, le faltarían 162 mil 73 millones de pesos, de acuerdo con un estudio del CIEP publicado en agosto pasado.
Este representa el más “económico” de 10 escenarios de operación del Insabi elaborados por el CIEP. El presupuesto en los escenarios crece a medida que se amplían las coberturas del nuevo organismo: en caso de atender a las 75 millones de personas sin seguridad social con el paquete mínimo del IMSS, le faltarían 302 mil millones de pesos; en caso de atenderlos acorde con los gastos que reportaron los usuarios del IMSS el año pasado, la suma se elevaría a 905 mil millones.
En entrevista con Proceso, Méndez recalca que “por un lado con el Insabi se incrementa la demanda por afiliados, porque tienes que pasar de 50 a más 70 millones de personas, y en enfermedades cubiertas, pero el presupuesto no se incrementa”.
Si bien afirma que “obviamente la idea de tener un instituto que brinde atención a toda la población que no tiene seguro social y a las personas que no tienen capacidad de pago, evidentemente es algo en lo que nadie podría estar en contra”, insiste en que “no puede existir política pública sin presupuesto, sin una estrategia de financiamiento”.
Méndez recuerda que una cobertura universal no se limita en afiliar a toda la población mexicana a un sistema de seguridad social: también implica que los servicios de salud abarquen un amplio paquete de intervenciones y cuenten con la infraestructura y el personal de salud necesarios, y que todo este sistema cuente con un presupuesto adecuado para financiarlo.
Según Méndez, en un sistema universal de salud eficiente el gobierno mexicano invertiría al menos el 5% del PIB en el Sistema Nacional de Salud (SNS), conformado por seis subsistemas públicos: el IMSS, el ISSSTE, Pemex, los sistemas de las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) y el Insabi. En este escenario, este último recibiría 3.2% del PIB, lo que le permitiría cubrir todas las intervenciones médicas.
Pero la realidad es distinta: de acuerdo con el CIEP, desde hace una década los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y López Obrador invirtieron menos del 2.9% del PIB en la salud, ubicando a México en la cola de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es más: a partir de 2013 la inversión en salud se redujo, y desde 2018 se estancó en un mínimo de 2.5% del PIB, equivalente a 656 mil 927 millones de pesos el año pasado; un monto inferior incluso al que necesita el Insabi para operar de manera eficiente.
Los sucesivos gobiernos redujeron particularmente las aportaciones al sistema de seguro social de Pemex, que pasó de más de 25 mil pesos por afiliado en 2012 a poco más de 11 mil pesos este año; aun así, este sistema es más generoso para sus afiliados que para los del IMSS o del ISSSTE, que rondan los 5 mil pesos por asegurado.
Las promesas
El pasado 29 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual López Obrador reformó la Ley General de Salud: dicha reforma creó el Insabi como sustituto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNSS), que operaba el Seguro Popular, y plasmó la “gratuidad de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social”.
Preguntada sobre el financiamiento del Insabi, Méndez señala que “el gobierno entró con algunas estrategias de eficiencia del gasto y de combate a la corrupción”, pero no cree que sea suficiente. “Si tú tienes un presupuesto tan pequeño, evidentemente los ahorros también van a ser pequeños, y si aparte vas a incrementar la demanda por la población y los servicios que vas a dar, no van a ser suficientes”, precisa.
En su decreto, López Obrador modificó el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud –creado en paralelo del Seguro Popular en 2004–, al que bautizó Fondo de Salud para el Bienestar; acto seguido, ordenó que este fondo transfiera 40 mil millones de pesos de su patrimonio al Insabi, para “destinarse a los fines que en materia de salud determine” el nuevo organismo, entre otros, para invertir en infraestructura.
De un plumazo, el presidente quitó 40% de los recursos totales del fondo, que en el cuarto trimestre de 2019 se elevaban a 103 mil 492 millones de pesos, y envió al Insabi una cantidad de dinero que dicho fondo tardó cuatro años en juntar. Méndez indica que el gobierno pudo sacar estos recursos de manera puntual, pero señala que “no es una fuente recurrente, sólo lo pueden hacer dos años más y ya”.
Dice que el Fondo de Salud para el Bienestar todavía no tiene reglas de operación, y añade: “El fondo, que era para protección ante gastos catastróficos, ahora se va a usar para infraestructura, para completar en la compra de medicamentos o para lo que se necesite. Más bien lo abren a lo que quieran. Pierdes la naturaleza del fondo, la razón para la cual fue creado”.
El pasado 21 de enero, López Obrador aseveró que, en paralelo a la creación del Insabi, al concluirse su administración la SSA basificará a más de 86 mil trabajadores de la salud actualmente contratados por honorarios. El CIEP estimó en 17 mil 991 millones de pesos anuales el costo de la basificación de los 84 mil 779 profesionales actualmente contratados. l
